Alfredo Valero Carranza

Expediente 1769/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 31 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1769/2021
Año
2021
Actuaciones
31
Última actuación
26/07/2022

Partes del expediente

  • JAVIER VALERO CARRANZA y Otros.
  • Alfredo Valero Carranza
  • ALFREDO VALERO CARRANZA y Otros.
  • Javier Valero Carranza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 31.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiséis de julio de dos mil veintidós. Causa estado auto de sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos y al advertirse que no se interpuso recurso de revisión en contra del auto de veintinueve de junio de dos mil veintidós, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA QUEDADO FIRME. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido...". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Finalmente, devuélvanse al Juez Quinto de lo Familiar del Estado de Puebla los dos anexos que remitió a este Juzgado Federal; lo anterior, en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.

  2. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE TERCERA INTERESADA *** NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 29 DE JUNIO DE 2022, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Vistos los autos que forman el presente juicio de amparo y su estado procesal, se desprenden los siguientes datos: Litis constitucional. Parte quejosa. ************* Autoridades responsables. Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla y Juez Quinto Auxiliar de lo Familiar del Estado de Puebla. Acto reclamado. La resolución interlocutoria del ocho de septiembre de dos mil veintiuno por la que se declaró sin materia el incidente de remoción de albacea provisional promovido en el juicio sucesorio intestamentario ************, y su orden de notificación. Ahora bien, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Atento a lo anterior, este Juzgado Federal advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Al respecto, resultan aplicables los siguientes criterios sostenidos por el Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que disponen lo siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Es útil también la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Ahora, para dar mayor claridad de la actualización de la causa de improcedencia en estudio, se estima conveniente realizar una breve relatoría de la sustanciación del juicio de origen, al tenor siguiente: Por escrito presentado el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, *********** y ************ denunciaron sucesión intestamentaria a bienes de *****************. Por cuestión de turno, le correspondió conocer del juicio sucesorio al Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla y el cinco de marzo de dos mil diecinueve, lo radicó con el número ************** de su índice y nombró como albacea provisional a *****************. El cuatro de marzo de dos mil diecinueve, el juez responsable ordenó a la Diligenciaria de su adscripción que se constituyera en el domicilio de los presuntos herederos, entre ellos el quejoso, para que se les hiciera saber la existencia del juicio sucesorio. El ocho de agosto de dos mil diecinueve, se tuvo a *********** apersonándose a la sucesión intestamentaria a bienes de ******** en su carácter de nieto de la de cujus e hijo del presunto heredero *************. El ocho de febrero de dos mil veintiuno, los quejosos promovieron incidente de remoción de albacea provisional, por auto de dieciocho siguiente se admitió a trámite y el dieciséis de junio del mismo año se llevó a cabo la audiencia incidental. El nueve de julio de dos mil veintiuno, se ordenó turnar los autos en el expediente principal para dictar la resolución en el juicio sucesorio. El veinte de agosto de dos mil veintiuno, el Juez Quinto de lo Familiar de Puebla remitió los autos del juicio principal al Juzgado Quinto Auxiliar de Puebla para que dictara la resolución sobre la declaratoria de herederos. El ocho de septiembre de dos mil veintiuno, el Juez Quinto Auxiliar de lo Familiar del Estado de Puebla, resolvió en el siguiente sentido: "(.) PRIMERO. Se califica la presente concesión como legítima o Intestamentaria y se reconoce los derechos hereditarios de R*************, el primero de los meniconados en su carácter de cónyuge supérstite y los restantes como hijos de la autora de la presente intestamentaria *************. SEGUNDO. Se declara como ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS dentro de la presente Sucesión Intestamentaria a ***************** el primero de los mencionados en su carácter de cónyuge supérstite y los restantes como hijos de la autora de la presente intestamentaria ****************, en el entendido de que el último de los herederos mencionados, deberá ser representado a través de quien legalmente represente sus intereses. TERCERO. Se nombra como Albacea Definitiva dentro de la presente Sucesión Intestamentaria a **************, a quien se le requiere para que comparezca debidamente identificada, dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente en que cause estado esta resolución, a aceptar y protestar el cargo conferido y hecho que sea lo anterior se autoriza expedir para que acredite su representación, tantas cuantas copias certificadas solicite. CUARTO. No son de aprobarse y por tanto se reprueban los inventarios y Avalúos exhibidos por ************** y Otro en su escrito de denuncia, en razón a lo asentado en el considerando IX de esta resolución. QUINTO. (sic) SEXTO. Procédase glosar la presente resolución al expediente en que se actúa y mediante atento oficio, devuélvase a la brevedad posible al Juzgado de su procedencia (compuesto de dos piezas, Expediente Principal e Incidente de Remoción de Albacea), a fin de que en su oportunidad el titular de este último ordene a quien corresponda notifique a los interesados el contenido de este fallo en términos de ley." El mismo ocho de septiembre de dos mil veintiuno el propio Juez auxiliar dictó la interlocutoria en el incidente de remoción de albacea provisional en el sentido de declararlo sin materia, debido a que en la resolución de declaratoria de herederos, se nombró albacea definitivo. El veinte de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo a Enrique Rojas Valero apersonándose al juicio sucesorio [quien solicitó, en términos del artículo 769, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, la nulidad de todo lo actuado dado que no se le llamó como heredero] y se ordenó dar vista a los demás interesados para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera. Por auto del diez de enero de dos mil veintidós, el Juez Quinto Familiar de Puebla, debido a las omisiones del albacea y con la finalidad de no vulnerar los derechos de los demás herederos, al presumir la mala fe del denunciante de la sucesión, en términos del artículo 769 del Código de Procedimientos Civiles, ordenó dejar nulo todo lo actuado con posterioridad al auto del ocho de agosto de dos mil diecinueve, como se desprende de la siguiente imagen: Establecido lo anterior, se recuerda que la parte quejosa reclama la resolución interlocutoria del ocho de septiembre de dos mil veintiuno por la que se declaró sin materia el incidente de remoción de albacea provisional promovido en el juicio sucesorio intestamentario ************ y su orden de notificación. Al respecto, se considera que se actualiza la causa de improcedencia invocada, toda vez que, como quedó establecido en los antecedentes señalados, por auto del diez de enero de dos mil veintidós, el Juez Quinto de lo Familiar e Puebla ordenó dejar nulo todo lo actuado con posterioridad al auto del ocho de agosto de dos mil diecinueve. En este sentido, si el diez de enero de dos mil veintidós se declaró nulo todo lo actuado con posterioridad al auto del ocho de agosto de dos mil diecinueve, y la interlocutoria reclamada es del ocho de septiembre de dos mil veintiuno, resulta evidente que se encuentra dentro de las actuaciones declaradas nulas por el juez responsable. De esta manera, al tenerse acreditado que se declaró nulo todo lo actuado con posterioridad al auto del ocho de agosto de dos mil diecinueve, lo que incluye la interlocutoria reclamada [incluso la declaratoria de herederos y el nombramiento de albacea definitiva con motivo del cual se dejó sin materia el incidente de remoción de albacea provisional], es que se considera que los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación aducida, como si se hubiera concedido el amparo. En consecuencia, los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. Por tanto, se concluye que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y, por ende, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2ª/J 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Finalmente, cabe señalar que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la procedencia del juicio constitucional, no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas. Sirven de apoyo a lo anterior las tesis aisladas CCLXXVI/2012 (10a) y CCLXXV/2012 (10ª), ambas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." En esas circunstancias, al haberse sobreseído en el juicio de amparo, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada. Finalmente, dese de alta el presente sobreseimiento en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa, personalmente al tercero interesado ***********, y por lista a los diversos terceros interesados.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Vistos los autos que forman el presente juicio de amparo y su estado procesal, se desprenden los siguientes datos: Litis constitucional. Parte quejosa. ************* Autoridades responsables. Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla y Juez Quinto Auxiliar de lo Familiar del Estado de Puebla. Acto reclamado. La resolución interlocutoria del ocho de septiembre de dos mil veintiuno por la que se declaró sin materia el incidente de remoción de albacea provisional promovido en el juicio sucesorio intestamentario ************, y su orden de notificación. Ahora bien, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Atento a lo anterior, este Juzgado Federal advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Al respecto, resultan aplicables los siguientes criterios sostenidos por el Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que disponen lo siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Es útil también la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Ahora, para dar mayor claridad de la actualización de la causa de improcedencia en estudio, se estima conveniente realizar una breve relatoría de la sustanciación del juicio de origen, al tenor siguiente: Por escrito presentado el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, *********** y ************ denunciaron sucesión intestamentaria a bienes de *****************. Por cuestión de turno, le correspondió conocer del juicio sucesorio al Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla y el cinco de marzo de dos mil diecinueve, lo radicó con el número ************** de su índice y nombró como albacea provisional a *****************. El cuatro de marzo de dos mil diecinueve, el juez responsable ordenó a la Diligenciaria de su adscripción que se constituyera en el domicilio de los presuntos herederos, entre ellos el quejoso, para que se les hiciera saber la existencia del juicio sucesorio. El ocho de agosto de dos mil diecinueve, se tuvo a *********** apersonándose a la sucesión intestamentaria a bienes de ******** en su carácter de nieto de la de cujus e hijo del presunto heredero *************. El ocho de febrero de dos mil veintiuno, los quejosos promovieron incidente de remoción de albacea provisional, por auto de dieciocho siguiente se admitió a trámite y el dieciséis de junio del mismo año se llevó a cabo la audiencia incidental. El nueve de julio de dos mil veintiuno, se ordenó turnar los autos en el expediente principal para dictar la resolución en el juicio sucesorio. El veinte de agosto de dos mil veintiuno, el Juez Quinto de lo Familiar de Puebla remitió los autos del juicio principal al Juzgado Quinto Auxiliar de Puebla para que dictara la resolución sobre la declaratoria de herederos. El ocho de septiembre de dos mil veintiuno, el Juez Quinto Auxiliar de lo Familiar del Estado de Puebla, resolvió en el siguiente sentido: "(.) PRIMERO. Se califica la presente concesión como legítima o Intestamentaria y se reconoce los derechos hereditarios de R*************, el primero de los meniconados en su carácter de cónyuge supérstite y los restantes como hijos de la autora de la presente intestamentaria *************. SEGUNDO. Se declara como ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS dentro de la presente Sucesión Intestamentaria a ***************** el primero de los mencionados en su carácter de cónyuge supérstite y los restantes como hijos de la autora de la presente intestamentaria ****************, en el entendido de que el último de los herederos mencionados, deberá ser representado a través de quien legalmente represente sus intereses. TERCERO. Se nombra como Albacea Definitiva dentro de la presente Sucesión Intestamentaria a **************, a quien se le requiere para que comparezca debidamente identificada, dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente en que cause estado esta resolución, a aceptar y protestar el cargo conferido y hecho que sea lo anterior se autoriza expedir para que acredite su representación, tantas cuantas copias certificadas solicite. CUARTO. No son de aprobarse y por tanto se reprueban los inventarios y Avalúos exhibidos por ************** y Otro en su escrito de denuncia, en razón a lo asentado en el considerando IX de esta resolución. QUINTO. (sic) SEXTO. Procédase glosar la presente resolución al expediente en que se actúa y mediante atento oficio, devuélvase a la brevedad posible al Juzgado de su procedencia (compuesto de dos piezas, Expediente Principal e Incidente de Remoción de Albacea), a fin de que en su oportunidad el titular de este último ordene a quien corresponda notifique a los interesados el contenido de este fallo en términos de ley." El mismo ocho de septiembre de dos mil veintiuno el propio Juez auxiliar dictó la interlocutoria en el incidente de remoción de albacea provisional en el sentido de declararlo sin materia, debido a que en la resolución de declaratoria de herederos, se nombró albacea definitivo. El veinte de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo a Enrique Rojas Valero apersonándose al juicio sucesorio [quien solicitó, en términos del artículo 769, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, la nulidad de todo lo actuado dado que no se le llamó como heredero] y se ordenó dar vista a los demás interesados para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera. Por auto del diez de enero de dos mil veintidós, el Juez Quinto Familiar de Puebla, debido a las omisiones del albacea y con la finalidad de no vulnerar los derechos de los demás herederos, al presumir la mala fe del denunciante de la sucesión, en términos del artículo 769 del Código de Procedimientos Civiles, ordenó dejar nulo todo lo actuado con posterioridad al auto del ocho de agosto de dos mil diecinueve, como se desprende de la siguiente imagen: Establecido lo anterior, se recuerda que la parte quejosa reclama la resolución interlocutoria del ocho de septiembre de dos mil veintiuno por la que se declaró sin materia el incidente de remoción de albacea provisional promovido en el juicio sucesorio intestamentario ************ y su orden de notificación. Al respecto, se considera que se actualiza la causa de improcedencia invocada, toda vez que, como quedó establecido en los antecedentes señalados, por auto del diez de enero de dos mil veintidós, el Juez Quinto de lo Familiar e Puebla ordenó dejar nulo todo lo actuado con posterioridad al auto del ocho de agosto de dos mil diecinueve. En este sentido, si el diez de enero de dos mil veintidós se declaró nulo todo lo actuado con posterioridad al auto del ocho de agosto de dos mil diecinueve, y la interlocutoria reclamada es del ocho de septiembre de dos mil veintiuno, resulta evidente que se encuentra dentro de las actuaciones declaradas nulas por el juez responsable. De esta manera, al tenerse acreditado que se declaró nulo todo lo actuado con posterioridad al auto del ocho de agosto de dos mil diecinueve, lo que incluye la interlocutoria reclamada [incluso la declaratoria de herederos y el nombramiento de albacea definitiva con motivo del cual se dejó sin materia el incidente de remoción de albacea provisional], es que se considera que los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación aducida, como si se hubiera concedido el amparo. En consecuencia, los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. Por tanto, se concluye que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y, por ende, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2ª/J 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Finalmente, cabe señalar que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la procedencia del juicio constitucional, no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas. Sirven de apoyo a lo anterior las tesis aisladas CCLXXVI/2012 (10a) y CCLXXV/2012 (10ª), ambas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." En esas circunstancias, al haberse sobreseído en el juicio de amparo, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada. Finalmente, dese de alta el presente sobreseimiento en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa, personalmente al tercero interesado ***********, y por lista a los diversos terceros interesados.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintidós de junio de dos mil veintidós. Parte quejosa informa. ********* [parte quejosa], manifiestan que al segundo de los nombrados fue designado como albacea provisional a bienes de ************ [aquí tercero interesado] y para tal efecto exhiben el nombramiento expedido por la Secretaria de la Unidad de Gestión Judicial del Juzgado Segundo de lo Familiar en la Ciudad de Puebla, en el juicio sucesorio intestamentario **********, por lo que solicitan se siga con el procedimiento. En virtud de lo anterior y visto el estado procesal que guardan los presentes autos, dígasele a los promoventes que por auto de veintitrés de mayo del presente año, se ordenó la reanudación del presente juicio de amparo. En ese orden, mediante proveído del veintiséis de mayo siguiente, se tuvo a ********, informando la existencia del juicio sucesorio intestamentario *********, a bienes de *********** [aquí tercero interesado] y exhibió copias certificadas del auto de catorce de febrero de dos mil veintidós, donde fue nombrado albacea provisional del tercero interesado antes precisado, cuyo cargo fue ratificado mediante diligencia de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, por lo que de conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se ordenó su emplazamiento al presente asunto, lo cual ocurrió pasado dos de junio. Por lo anterior, se le informa a los promoventes que la representación del cujus ********** [tercero interesado], ya se encuentra acreditada en autos, y no es dable reconocer tal carácter al quejoso *************. Máxime que, no es posible reconocer esa calidad a ***********en este amparo, toda vez que no puede tener un doble carácter de parte en el juicio constitucional, esto es, como quejoso y como representante legal de la sucesión del multicitado tercero interesado, porque estas calidades en el juicio de amparo, conforme a su naturaleza jurídica son antagónicas, en tanto sus pretensiones en este juicio son incompatibles. Sirve de fundamento, la tesis aislada: "TERCER PERJUDICADO EN EL AMPARO CIVIL. ********* Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa.

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