Alfredo Rivera López, cond Tomás Luna Romero

Expediente 883/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
883/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
27/07/2018

Partes del expediente

  • Alfredo Rivera López, cond Tomás Luna Romero

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintisiete de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    EN ESTA FECHA NOTIFICO POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL SIGUIENTE ACUERDO: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; doce de julio de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo que promueve***, en contra de los actos reclamados al Juez Primero en Materia Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas y secretario de su adscripción. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 883/2018-XIIl. DESECHAMIENTO Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda, este juzgador advierte que la demanda de amparo es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, De los numerales transcritos se observa, que dentro de las veinticuatro horas siguientes a partir de que fue recibida la demanda de amparo por el órgano de control constitucional, dictará el auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedecia y, b) Que sea manifiesto y también indudable. Lo manifiesto, se materializa cuando se advierte en forma patente, absolutamente y clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios, de ampliación a la misma cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable, es la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en la hipótesis de estudio. Analizado que fue el escrito de demanda, se aprecia que la parte quejosa reclama en esta vía constitucional lo siguiente: ". La sentencia interlocutoria de fecha siete de junio de dos mil dieciocho, dictada en el expediente número***, con motivo del RECURSO DE REVOCACIÓN, promovido por mi parte, específicamente los puntos resolutivos guiados por sus considerandos.". (SIC) Se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el diverso 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; preceptos que a la letra señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". De la lectura de los preceptos legales transcritos, se advierte que el juicio de amparo indirecto procede excepcionalmente contra actos dentro de juicio cuando su ejecución sea de imposible reparación, mismos que tuvo a bien definir el legislador como aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales signados por el Estado Mexicano. Cabe señalar que con anterioridad a la promulgación de la actual Ley de Amparo, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, había establecido como criterios orientadores para determinar lo que debía entenderse por actos de imposible reparación, los siguientes: a) Como regla general, se estableció que los actos dictados dentro de juicio tenían una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias afectaban de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos del gobernado (vida, libertad, propiedad o posesión, etcétera); y, b) De manera complementaria, se consideró que los actos procesales tenían una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias afectaban a las partes en grado predominante o superior (por ejemplo: cuando se decidía una cuestión de personalidad o competencia, entre otros). En efecto, hasta antes del tres de abril de dos mil trece, en que entró en vigor la actual Ley de Amparo, el criterio prevaleciente sobre el alcance de la procedencia del amparo indirecto en tratándose de actos de ejecución irreparable fue que si bien era acertada la distinción entre actos dentro del juicio que afectaran de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución, y aquéllos que solo afectaran derechos adjetivos o procesales, como un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trataba de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución era de imposible reparación, mientras que la segunda hipótesis, por no tener esas características, debían reservarse para ser reclamadas en amparo directo; también era cierto que se consideró que tal criterio no era absoluto pues debía aceptarse de manera excepcional, que el amparo indirecto procedía contra algunas violaciones formales, adjetivas o procesales (como las cuestiones de personalidad), cuando afectaran a las partes en grado "predominante" o "superior"; afectación que se consideró debía determinarse objetivamente. Sobre ese criterio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció un número considerable de pautas que introdujeron orden y seguridad en esta materia. Por vía de ejemplo, se incluyeron como violaciones procesales que podían considerarse como de ejecución irreparable en amparo indirecto, diversos temas como la denuncia de juicio a terceros, la competencia y la personalidad, entre otros. El sustento de estos criterios emanaba de la consideración genérica de que al no prever el legislador un concepto determinado sobre la irreparabilidad de los actos, se dejaba al arbitrio de los Tribunales Federales el determinar el alcance de ese concepto. Empero, esta situación ya no es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Por tanto, es claro que la jurisprudencia sustentada sobre la interpretación de la Ley de Amparo abrogada, que carecía del concepto de "actos de imposible reparación", dejó de tener vigencia, en tanto que se opone al texto expreso de lo que debe entenderse por un acto de ejecución irreparable, contenido en la legislación vigente; ello, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo. En el caso, de la demanda de trato se aprecia que el quejoso bajo protesta de decir verdad, manifestó que interpuso recurso de revocación en contra del auto de catorce de marzo del año en curso, emitido en el juicio ejecutivo mercantil***, del índice de la autoridad responsable, a través del cual tuvo por rendido en tiempo y forma el dictamen pericial requerido al perito designado por la parte demanda en el expediente de origen. En relación con lo anterior, el juez responsable mediante resolución interlocutoria de siete de junio del año en curso, relativo al recurso de revocación que interpuso el aquí quejoso***, en el juicio natural, resolvió que no ha lugar a revocar el auto de catorce de marzo del actual, emitido en el citado sumario, y debe regir en sus términos. De donde se infiere que el aquí promovente del amparo es parte actora en el juicio ejecutivo mercantil***, de la estadística del Juzgado Primero en Materia Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y que dicho juicio se encuentra en trámite. De ahí que la resolución de siete de junio de esta anualidad, por la que el juez responsable resolvió que no ha lugar a revocar el auto de catorce de marzo del actual, que constituye aquí el acto reclamado, no tiene sobre el solicitante de amparo, una ejecución que sea de imposible reparación, requisito indispensable para la procedencia del amparo biinstancial. Ello, porque en su caso, sólo se podrían afectar los derechos procesales de la parte quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros, pues es evidente que el efecto que produce tal resolución del recurso de revocación interpuesto en el expediente de origen, del índice del juzgado responsable, es el que se continúe con el procedimiento natural en sus etapas y se dicte la sentencia correspondiente, la cual puede resultarle favorable, y de serle adverso, podrá combatirlo, al momento de impugnar dicho fallo en el amparo directo. Por tanto, en virtud de que el acto reclamado no afecta materialmente derechos sustantivos, es válido concluir que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por la aludida razón de que con la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo, la procedencia del juicio constitucional indirecto contra actos dentro de juicio, sólo es dable cuando éstos afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos del agraviado, es decir, aquellos actos que puedan generar una ejecución de imposible reparación y, que desde luego, ameriten su impugnación mediante la acción constitucional del amparo indirecto, sin estar obligados a reclamar dichos actos como una violación procesal, sino hasta que se reclame la sentencia definitiva o laudo en amparo directo. Dicho de otro modo, por exclusión, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación las determinaciones con las que se relaciona el reclamo de la parte quejosa en su demanda de amparo, referente a la resolución interlocutoria de siete de junio del año en curso, relativa al recurso de revocación interpuesto en los autos del juicio ejecutivo mercantil***, del índice del Juzgado Primero en Materia Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, puesto que dicho acto no produce una afectación de manera directa e irreparable a su persona o bienes, sino que constituye derecho de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales y que, al presentarse, se colocan en una posibilidad latente y constante de desaparecer, o bien, resultan jurídicamente intrascendentes en cuanto al fondo, si se dicta resolución una resolución favorable. En consecuencia, la determinación adoptada por el juez responsable en el recurso de revocación intentado por el aquí quejoso en el juicio de origen, sólo constituye, se reitera, una violación procesal reclamable a través del juicio de amparo directo en contra de la resolución de fondo, si ésta fuere desfavorable para el quejoso. No es óbice a lo anterior, que el acto que en esta vía se combate se trate de una resolución interlocutoria dentro de un recurso de revocación, en virtud de que como se relató en párrafos que anteceden, el mismo fue interpuesto en contra de un auto que fue emitido con motivo al desahogo de las pruebas ofrecidas por las parte, es decir, dicho sumario se encuentra en trámite, por lo que tal recurso fue resuelto dentro del procedimiento. En tales condiciones, como ya se dijo, al no ser un acto -el reclamado- que afecte materialmente derechos sustantivos, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis contemplada por el numeral 107, fracción V, de la ley en la materia, para poder ser impugnado, de inmediato, a través del juicio de amparo indirecto. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, éste último en concordancia con el diverso 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en lo establecido por el artículo 113 de la citada ley, se desecha de plano esta demanda de amparo por notoria improcedencia. Finalmente, es menester destacar que el análisis de las causas de improcedencia, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; además, las causas de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. Hágase las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda; y por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***y, en términos restringidos a***, en virtud de que sus cédulas no se encuentran en el registro y consulta de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, en el entendido que una vez que cumpla con tal requisito, podrán solicitar que se acuerde lo conducente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el Juez José Antonio Lozano Batarse, titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido de la secretaria que autoriza, Elda Karen Carral Chávez, quien certifica que la promoción que generó este acuerdo y el proveído mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez · 10,116 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano