Alfredo Guiérrez Gómez

Expediente 88/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 12 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
88/2019
Año
2019
Actuaciones
12
Última actuación
29/04/2019

Partes del expediente

  • Alfredo Guiérrez Gómez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintinueve de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos las comunicaciones remitidas por la Jefe de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, promoviendo en su carácter de Vocalía Técnica de la Comisión de Honor y Justicia y en representación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas y Notificador Habilitado de dicha Secretaría, domiciliados en esta ciudad, mediante los cuales informan los actos que realizaron para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con los oficios de cuenta y anexos consistentes en copia certificada de los proveídos de veintitrés y veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, así como auto de admisión de veinticuatro de abril del año en curso, emitidos dentro del expediente administrativo ***************, y la cédula de notificación realizada el veinticinco de abril de dos mil diecinueve, ello, por el plazo de tres días a efecto de que manifieste lo que a su interés convenga; apercibida que de no hacerlo, considerando los elementos que obren en el expediente, así como los datos aportados por las autoridades responsables se resolverá respecto de dicho cumplimiento. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, con los oficios de cuenta y anexos consistentes en los proveídos de veintitrés y veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, auto de admisión de veinticuatro de abril del año en curso, emitida dentro del expediente administrativo ****************, y la cédula de notificación realizada el veinticinco de abril de dos mil diecinueve.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dieciséis de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se acuerda: Como ninguna de las partes recurrió dentro del plazo legal, la sentencia dictada en este asunto, en la que, por una parte se sobreseyó en el juicio y, por otra, se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, al quejoso *********, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales conducentes. Con fundamento en lo dispuesto por el numeral 192 de la Ley de Amparo, requiéranse a las autoridades responsables Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Vocalía Técnica de la Comisión de Honor y Justicia y Notificador Habilitado dependientes a la citada Secretaría, todas con domicilio en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días hábiles contado a partir de que reciba el oficio que al efecto se envíe, remitan copia certificada de las constancias que acrediten el cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio, en la que, por una parte se sobreseyó en el juicio y, por otra, se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, al quejoso, para los efectos siguientes: "SÉPTIMO. EFECTOS DE LA CONCESION. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, una vez que cause ejecutoria esta sentencia o sea confirmada por el superior, la vocalía técnica de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en esta ciudad, deberá: I. Se desincorpore de la esfera jurídica del quejoso ********** el artículo 89 del Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, en el presente o en el futuro, por haber resultado inconstitucional, esto es, para el efecto que no se aplique al quejoso única y exclusivamente en cuanto a la omisión de prever que se corra traslado con el archivo de investigación y de las evaluaciones que integran el resultado del examen de control y confianza, al presunto responsable en el momento de la notificación del inicio del procedimiento administrativo disciplinario y establecer un plazo razonable para el verificativo de la audiencia de ley. II. Asimismo, se concede la protección constitucional a ********* para el efecto que la responsable Vocalía Técnica de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, residente en esta ciudad, a fin de restituir a la parte quejosa en el derecho humano transgredido, haga lo siguiente: a) Deje sin efecto todo lo actuado dentro del procedimiento administrativo disciplinario número ************, a partir del auto admisorio de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, hasta la Audiencia de Ley de catorce de febrero de dos mil diecinueve. b) Emita un nueva determinación en la que ordene la radicación del archivo de investigación instaurado contra el quejoso, siguiendo los lineamientos del Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y lo establecido en esta sentencia, es decir, deberá realizar lo siguiente: 1) Ordenar que al momento de la notificación y emplazamiento, se corra traslado al aquí quejoso ***********, con la totalidad de las copias de las constancias que integran el archivo de investigación ************, incluidas las copias de las evaluaciones de los examenes de control que le fueron aplicados. 2) Fijar un plazo razonable para la Audiencia de Ley, atendiendo a la naturaleza de la imputación, a fin de que pueda preparar adecuadamente su defensa; y, 3) Cerciorarse que el Notificador Habilitado notifique y emplace correctamente al presunto responsable, debiendo cumplir cabalmente con el inciso 1).". Con el apercibimiento que de no hacerlo así o de no informar el impedimento que tengan para ello, este Juzgado se pronunciará sobre el incumplimiento, le impondrá una multa por el equivalente a la suma de cien Unidades de Medida y Actualización, que arroja la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), tomando como base el valor inicial diario equivalente a $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en términos de lo dispuesto en el artículo 238, en relación con el diverso 258, de la ley de la materia y remitirá este expediente al Tribunal Colegiado en la Materia correspondiente del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, para el trámite correspondiente, de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo. No pasa desapercibido para este Órgano de Control Constitucional, que a las autoridades responsables Gobernador del Estado de Chiapas; Secretario General de Gobierno; Consejero Jurídico del Gobernador; y Director de Legalización y Publicaciones Oficiales; todas con residencia en esta ciudad, no se les requiera cumplimiento; toda vez que para los efectos del mismo, conforme a la fracción II del artículo 107 constitucional, establece que sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio; por tanto, no debe de derogarse la ley, sino que el efecto de la ejecutoria de amparo es que las normas declaradas inconstitucionales, no se apliquen en perjuicio de la parte quejosa hasta en tanto no sea modificadas, en tal virtud, las autoridades responsables, que hayan realizado actos materiales para aplicación de la ley declarada inconstitucional, les corresponde, en acatamiento a la ejecutoria de amparo, dejar insubsistentes los actos de aplicación. Lo anterior, tomando en consideración que resulta ocioso pretender el cumplimiento de las sentencias por parte de las autoridades que participan en el proceso de creación de una ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor, porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis CXV/97 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo VI, octubre de 1997, página 414, registro electrónico 197512, de rubro y texto siguientes: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo". Finalmente, dado que en el incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo se concedió la suspensión definitiva y al haber causado ejecutoria en esta propia fecha la sentencia dictada en este sumario constitucional, por tanto, se dejan sin efecto las medidas cautelares decretadas en el referido incidente. Notifíquese.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintisiete de febrero de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que en proveído de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve (fojas 129-130), se puso a la vista de las partes los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Notificador habilitado de la Vocalía Técnica de la Comisión de Honor y Justicia, Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Pleno de la Comisión de Honor y Justicia, Unidad de Apoyo Jurídico en Carácter de Vocalía Técnica de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, todas con residencia en esta ciudad. En tales condiciones, toda vez que no ha transcurrido el término de ocho días para que las partes se impongan del contenido de las constancias de que se tratan y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes, conforme lo establece el numeral 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga lugar su verificativo. Tiene aplicación la jurisprudencia 21/2008 , del texto y rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial". Notifíquese.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticinco de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese con vista a las partes en el juicio de amparo en que se actúa los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Notificador habilitado de la Vocalía Técnica de la Comisión de Honor y Justicia, Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Pleno de la Comisión de Honor y Justicia, Unidad de Apoyo Jurídico en Carácter de Vocalía Técnica de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, todos con domicilio en esta ciudad, a fin de que se impongan de su contenido; y dése nueva cuenta con los mismos en la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 117 de la Ley de Amparo. De conformidad con el precepto 9 de la citada ley, se tienen como delegados de las autoridades responsables a las personas que citan y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que para tal efecto indican. De igual forma, con apoyo en los preceptos 119 y 123, ambos de la ley en la materia, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza las documentales que remiten anexos a su informe justificado consistentes en copia certificada del procedimiento disciplinario ******** y las constancias relativas al proceso de evaluación de control y confianza, mismo que se ordena llevar por cuerda separada, sin perjuicio de hacer relación de ellas el día y hora señalada para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Ahora bien, como lo solicitan las autoridades responsables, téngase la información anexa al informe justificado consistente las constancias relativas al proceso de evaluación de control y confianza, que obra en un sobre cerrado, el cual se resguarda en esta secretaría, como reservada o confidencial, dígase a las partes que el mismo podrá ser consultado las veces que consideren necesario, sin que dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia 26/2015 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 28 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, septiembre de 2015, libro 22, tomo I, que versa: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo." NOTIFÍQUESE.

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