Alfredo Rey Sosa
Expediente 242/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 15 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 242/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 03/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Alfredo Rey Sosa
- Congreso del Estado de Chihuahua
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, tres de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término establecido por el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes se inconformara con el proveído mediante el cual se declaró enteramente cumplido el fallo protector de garantías, o hayan hecho manifestación alguna al respecto, en consecuencia, se declara que dicho auto causa estado y queda firme para todos los efectos legales. En virtud de lo expuesto, para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los noventa días siguientes, previo acuerdo de desincorporación se deberá depurar este expediente y posteriormente remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que, atendiendo que se concedió la protección constitucional, se ordena previo acuerdo de desincorporación la depuración del presente asunto, dentro de los plazos establecidos en el artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es depurable. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, de los mismos se aprecia que existen elementos suficientes para calificar el cumplimiento que la autoridad ha dado al fallo protector de amparo, razón por la cual se procede a hacerlo así, con base en los elementos que obran en el presente expediente, así como en los aportados por la autoridad responsable, en acatamiento ello a lo dispuesto en la jurisprudencia número 2ª./J. 26/200, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XII, de marzo de dos mil, cuyo rubro y texto expresan: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Ahora bien, en proveído de veintitrés de junio del presente año, causó ejecutoria la sentencia emitida por este Juzgado el veintisiete de mayo de dos mil veintidós, en la cual, por una parte se sobreseyó el juicio y por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: ".Por lo que, con base en las consideraciones precisadas, lo procedente es conceder a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitado. Ahora bien, toda vez que el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que cuando el acto reclamado sea de carácter positivo la sentencia de amparo debe restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; en el caso, debe eliminarse la inseguridad jurídica causada por la violación al principio de legalidad tributaria, en virtud de la imprecisión destacada. Por ello, con la finalidad de precisar los efectos de la concesión decretada, es importante decir que aun cuando no existe un procedimiento o parámetros suficientes establecidos en ley, para determinar cuál de las distintas bases gravables refleja la verdadera capacidad contributiva del propietario o poseedor del inmueble, sí existe certeza de que todo inmueble con las características expresadas en determinado rango, revelan la capacidad contributiva mínima establecida para cada una de ellas. Por ende, la inconstitucionalidad declarada no implica que la parte quejosa deje de pagar el impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintidós, sino que, atendiendo a que la violación constitucional se genera por virtud de la falta de certeza en cuanto a la base aplicable a un determinado inmueble, el efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad consiste en que se le aplique a la parte agraviada el rubro que le corresponda de la tabla de, es decir, conforme al destino del inmueble previamente definido como habitacional, comercial e industrial, atendiendo al uso, tipología y sector, claro está, aplicando el monto de menor cuantía, aun cuando no corresponda a la colonia o fraccionamiento en que se encuentra el inmueble mencionado, sin contemplar alguna otra subclasificación adicional, pues sólo así se puede lograr la restitución en el goce de la garantía constitucional quebrantada, según se establece en el artículo 77 de la Ley de Amparo. En este sentido, debe eliminarse la inseguridad jurídica causada por la violación a la garantía de legalidad tributaria, en razón de que la falta de precisión en cuanto a los criterios aplicables para determinar el valor del terreno y el valor de construcción, para llevar a cabo el cálculo del valor catastral del inmueble, lesiona la garantía de legalidad tributaria de la contribuyente. Ahora, si se toma en consideración que con la declaratoria de inconstitucionalidad que prevé el pago de una contribución, se afecta el mecanismo impositivo esencial y, como consecuencia, se obliga a la parte quejosa al pago de menor cuantía establecido en la categoría de que se trate, resulta inconcuso que en cumplimiento a la ejecutoria, las autoridades ejecutoras deberán restituirle la diferencia que exista entre el total de las cantidades que haya pagado por tal concepto y el que resulte como de menor cuantía. Es necesario precisar que a la cantidad que deba devolverse a la parte agraviada, se deben adicionar las diferencias que resulten por los rubros accesorios al cobro del impuesto predial que se realizaron, ya que la cantidad que pagó por ese tributo representó la base para el cobro de dichos conceptos accesorios. Sin embargo, a fin de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental transgredido, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las responsables deberán reintegrarle la diferencia de la cantidad que cubrió por concepto del Impuesto Predial para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, debidamente actualizada, a fin de darle su valor real al momento en que aquélla se efectuó, y para que la contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago. (.)" . Así mediante oficio TM/CJT/3373/2022, Tesorería Municipal, con residencia en esta ciudad, informó a este Juzgado que se encontraba a disposición del quejoso el cheque 0013817. Por lo anterior, en auto de trece de septiembre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio, se le corrió traslado con dicha documental y se le requirió para que en el término de tres días, manifestara lo que a su interés legal conviniera, sin que lo haya hecho, por lo que, se hace efectiva la prevención que se hiciera mediante proveído de trece de septiembre del presente año, por lo que, bajo ese contexto y al haberse dado cumplimiento a lo ordenado en sentencia, se estima que la autoridad responsable, que ha dado cumplimiento a la ejecutoria concesoria de amparo; por tanto, se declara cumplida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Lo anterior, hágase del conocimiento del quejoso para los efectos del arábigo 80, 201 y 202 de la Ley de Amparo, en la inteligencia que de no inconformarse, se tendrá por consentido. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, trece de septiembre de dos mil veintidós. Visto el oficio y anexo, con el que da cuenta la Secretaría, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda. Téngase a la Tesorera Municipal de Juárez, con sede en esta ciudad, informando que en cumplimiento a lo ordenado por este Juzgado, que el cheque 0013817, se encuentra a disposición del quejoso Alfredo Rey Sosa, valioso por la cantidad de $2,640.48 (dos mil seiscientos cuarenta pesos 48/100 monea nacional), en las instalaciones de dicha tesorería. En tales condiciones, dese vista con lo anterior a la parte quejosa, córrasele traslado con la documental de cuenta y requiérasele para que dentro del término de tres días, computados a partir de la notificación del presente auto, manifieste lo que a su interés legal convenga respecto al cumplimiento dado la responsable, apercibiéndosele que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria en mención, con base en los elementos que obran en el presente expediente, así como con los datos aportados por las autoridades responsables. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis número XXXVIII/99, aprobada por la Segunda Sala el cinco de marzo de mil novecientos noventa y nueve, que con el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Lo resaltado es propio de este Juzgado. De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número IX.1º.33 K, del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, Diciembre de 1999, visible en la página número 728, que a la letra dice: "INFORMES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ OBLIGADO A DAR VISTA CON ELLOS A LA PARTE QUEJOSA. El Juez de Distrito debe de dar vista a la parte quejosa con los oficios por los que las autoridades responsables informen lo relativo al cumplimiento o incumplimiento de una ejecutoria de amparo, trámite que se considera necesario, a fin de que dicha parte manifieste lo que a su interés convenga, dado el derecho que le asiste para promover la ejecución de la sentencia de amparo, incluso para los efectos que contempla el artículo 105, último párrafo de la ley de la materia." Finamente, se solicita a la parte quejosa que una vez que acuda a recibir el cheque en mención lo informe a este Juzgado, apercibida que de no hacer manifestación alguna se procederá a resolver lo conducente al cumplimiento emitido por la autoridad responsable, respecto a la ejecutoria de amparo dictada en el juicio en que se actúa. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto lo de cuenta, agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponda. Así, atento a su contenido se tiene a la Tesorera del Municipio de Juárez, Chihuahua, con sede en la localidad, informando en vía de cumplimiento a la ejecutoria de amparo que se encuentra en trámite la elaboración del cheque correspondiente. Así, como lo solicita en términos del artículo 192, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se le otorga prórroga por diez días, a fin de que esté en aptitud de cumplir con la ejecutoria de amparo, en el entendido de que para el caso de ser omisa al respecto, se hará acreedora a los apercibimientos ya decretados en autos. NOTIFÍQUESE.Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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