Alfredo Marín Gurrola
Expediente 1048/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 18 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1048/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 28/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Alfredo Marín Gurrola
- Magistrado de la Segunda Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra del acuerdo que sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; en tal virtud, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicho auto que sobresee fuera de audiencia el juicio de amparo, ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. En virtud de lo expuesto, háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, se hace la precisión de que en este expediente no existen documentos originales. Por otra parte, atendiendo a que en el presente asunto se otorgó la suspensión de plano, en términos de lo dispuesto en los artículos 17, fracción III, inciso b, y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se declara que el mismo es conservable; cumplido el plazo de conservación de tres años, en términos el numeral 9, del citado acuerdo, deberá remitirse a los depósitos documentales del Área coordinadora de archivos, dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. Este resolutor califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como, no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Conforme lo indica el párrafo segundo, del numeral 34, del citado Acuerdo General, se ordena anotar en la carátula del presente expediente, la fecha de archivo y que es conservable. Notifíquese personalmente.
- Principal
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Visto el oficio de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, sin necesidad de proveer al respecto, toda vez que el trece de junio del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Cúmplase.
- Principal
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, TRECE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio 17999/2022, y anexos que remite la Juez del Tribunal Enjuiciamiento del Sistema Oral Acusatorio licenciada ********************. Ahora, la demanda de amparo fue el licenciado ********************en su carácter de defensor particular del procesado ******************** contra de actos de las autoridades, Magistrado de la Segunda Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, y de la licenciada ********************, Jueza del Tribunal Enjuiciamiento del Sistema Oral Acusatorio licenciada ********************; residentes en esta localidad, y Titular del Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación, residente en Ciudad de México, a quienes reclamó entre otras cosas, la orden de traslado y su ejecución, así como la incomunicación, tortura, aislamiento, segregación, falta de atención médica, raciones insuficientes de comida, de que dice, es objeto el directamente agraviado ********************. En esa asociación de ideas, dicha demanda de amparo, se admitió a trámite, se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables, los cuales ya fueron rendidos y en su oportunidad se mandó exhorto al Juez Primero de Distrito en La Laguna, con sede en Torreón, Coahuila de Zaragoza, dado que el quejoso ******************** manifestó al ser notificado del proveído de fecha veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, que le faltaba que la autoridad ejecutora le brindara una debida atención médica; en tal virtud, se giró exhorto 333/2022-III-A, orden 432/20229, al cual se adjuntó el oficio dirigido al Director del Centro Federal de Readaptación Número 14, "CPS DURANGO", ubicado en Carretera Jiménez - Chihuahua, Kilómetro 30.5, Predio Santa Clara, Ejido 6 de Octubre, en Gómez Palacio, Durango, para que le brindaran a dicho quejoso, la atención médica que requiriera, conforme a sus padecimientos, dicha encomienda fue devuelta por el juez exhortado debidamente diligenciada. Así, con esta fecha a criterio del suscrito resolutor, se estima que en el caso se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XXI y XXII, de la Ley de Amparo, por lo siguiente. En primer término, respecto de los actos reclamados consistentes en la incomunicación, tortura, aislamiento, segregación, falta de atención médica, raciones insuficientes de comida, que dijo padecer el directamente agraviado ******************** han cesado los efectos de los mismos, tal precepto legal dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". En relación con tal causal de improcedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que para su actualización no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado en el juicio de amparo, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, o sea, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, en virtud de que la razón que justifica esa improcedencia no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad reclamado, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, que amerite ser borrada por el otorgamiento del amparo. Tal criterio jurídico está contenido en la tesis de jurisprudencia ciento noventa y ocho, visible en la página doscientos dieciséis del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Con lo anterior se puede apreciar que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el propio acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental vulnerado. En tal tesitura, la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo pronunció deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de su propia insubsistencia. Lo anterior es lógico y jurídicamente razonable sobre todo si se toma en cuenta que tal causal de improcedencia, se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del propio juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciéndose las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo, como en el caso, el de obligar a la autoridad a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que exija. Por tanto, la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, o sea, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. En la especie, se estima que ello ha acontecido, dado que de la información allegada por la licenciada ********************, Jueza del Tribunal Enjuiciamiento del Sistema Oral Acusatorio licenciada ********************; destaca en lo fundamental lo proveído por auto de ocho de marzo de dos mil veintitrés, en el sentido de atendió la solicitud de sobreseimiento que en vía incidental planteó el Defensor Privado, ********************, representante del acusado ******************** quien también se hace llamar ********************, planteada en términos de los artículos 327 fracción V, 344 y 392, del Código Nacional de Procedimientos Penales, argumentando que con la prueba desahogada por la Representación Social, no se acreditaba el elemento de la culpabilidad de su representado. Solicitud, en relación a la cual, tanto la Agente del Ministerio Público como el Asesor Jurídico dejaron a la consideración de ese Tribunal su resolución. Luego, al ocuparse del tema, el Tribunal de instancia consideró que efectivamente de las declaraciones desahogadas en juicio, lo único que quedó probado fue el tipo penal en la cual la Representación Social funda su acusación, toda vez que únicamente se acreditó que alrededor de diecinueve horas del dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en el cruce de las ********************, ********************, perdió la vida, a consecuencia de laceración encefálica secundaria a heridas penetrantes en cráneo por proyectiles de arma de fuego disparados en cráneo. Y al asumir competencia y adentrarse al estudio de lo solicitado por el referido profesionista la juez informante se pronunció en los siguientes términos a saber: ".En relación con la solicitud planteada por el defensor, en el sentido de que la prueba desahogada en audiencia por la representante social resulta insuficiente para acreditar el elemento consistente en la culpabilidad de su defenso, a lo que considera el Tribunal, que no habiendo logrado la comparecencia de la testigo ********************, madre de la víctima, así como del testigo de identidad reservada identificado como número 1, de iniciales ********************sólo comparecieron los funcionarios públicos ********************-primer respondiente- así como el agente investigador ********************y los peritos ********************, médico legista que realizó la necropsia de ley al cadáver de quien en vida respondió al nombre de ******************** que fue levantado en el lugar de los hechos referido, el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, el cual ingresó al Servicio Médico Forense con el número de ********************, criminalista de campo, encargada de procesar la escena del crimen, ********************, perito en Balística Forense, quien realizó el dictamen de los elementos balísticos recolectados por la perito en criminalística de campo, en el lugar donde perdió la vida la víctima, y por el médico legista al practicar la necropsia. Órganos de prueba de los que el Tribunal advierte que efectivamente los dichos de tales atestes no son suficientes para fundar una sentencia condenatoria en contra de [********************], quien también se hace llamar [********************], pues no quedó acreditado más allá de toda duda razonable su participación, puesto que, tanto los peritos, como los agentes policiacos, únicamente dieron cuenta de las actividades que realizaron con motivo de su encargo y en las labores que les fueron encomendadas. Prueba insuficiente para acreditar la participación del justiciable en los hechos acusados. Lo que independientemente de la forma de terminación del proceso, arrojaría el mismo resultado, la exoneración: de la responsabilidad del acusado. III.- Por lo que, en relación con la solicitud planteada por el defensor, el Tribunal con fundamento en los artículos 392, 130, 327 fracción IV en relación a la V, 328. 329 y 358, del Código Nacional de Procedimientos Penales, resuelve: Ha lugar a decretar el sobreseimiento total del juicio Oral ********************, derivado de la causa penal ********************pues efectivamente como lo planteó la defensa, vía incidental, la prueba que en audiencia desahogó la Representación Social consistente en las declaraciones de DIANA CRISTINA MOLINA REYES, LORENZO ANTONIO MACÍAS BURCIAGA, ********************, LINDA ESTRELLA ELIZALDE GUTIERREZ y ********************, son insuficientes para probar los supuestos tácticos en los que fundó su acusación la Fiscalía, pues no obstante que quienes comparecieron a juicio son expertos en sus respectivas materias, sobre las que dieron cuenta al Tribunal, cierto es que los mismos en relación a los hechos base de la acusación nada dijeron, pues únicamente se limitaron a informar, los elementos policiacos, su intervención en los hechos, como primer respondiente y como investigador, respectivamente, y por lo que hace a los peritos, dieron cuenta en relación al contenido de los dictámenes que rindieron, que fue sobre la escena del crimen, el cadáver, y elementos balísticos, sin que hayan proporcionado datos relativos al origen de los mismos, lo que impide al Tribunal determinar que el acusado esté vinculado a los hechos a que se contrae la acusación. Por lo que al advertir que de la escasa prueba desahogada por la Fiscalía no se demuestra más allá de toda duda razonable, la responsabilidad de ********************quien también se hace llamar ******************** en el delito de HOMICIDIO CALIFICADO cometido en perjuicio de quien fue ********************toda vez que la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público, es por lo que la insuficiencia de la prueba aportada por este ha impedido al Tribunal, adquirir la certeza de que el acusado participó como autor material en los hechos atribuidos, de ahí que el Tribunal considera que se tienen los elementos suficientes para decretar el sobreseimiento total de la causa, y como esta determinación tiene efectos de sentencia absolutoria, en términos del contenido del artículo 329 del ordenamiento legal en consulta, en consecuencia, se ordena se levanten las medidas cautelares decretadas en contra de ********************quien también se hace llamar ******************** quien deberá ser puesto en inmediata libertad, siempre y cuando no existan otros motivos que ameriten su retención, para ello envíese oficio al Director del Centro Federal de Reinserción Social Número 14 "CPS DURANGO", así como al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención Social en Materia Penal. REMÍTASE copia certificada de la presente resolución al Departamento de Ejecución de Penas y Prevención Social, al Director del Centro Federal de Reinserción Social Número 14 "CPS DURANGO", al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención Social en Materia Penal y a la Fiscalía General del Estado." Dichos documentos tienen pleno valor probatorio, conforme a la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), Décima Época, con número de Registro 2004362, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, visible en la página 703, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual aparece bajo los siguientes rubro y texto: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darle vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". En consecuencia, como se anticipó, resulta evidente que han cesado los efectos de los actos reclamados consistentes en la incomunicación, tortura, aislamiento, segregación, falta de atención médica, raciones insuficientes de comida, que dijo padecer el directamente agraviado ******************** al haber obtenido su libertad dicho quejoso. En un segundo término, este resolutor de amparo, estima que también debe sobreseerse respecto de la orden de traslado y su ejecución, reclamados, en términos de lo dispuesto por el artículo 61 fracción XXII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". Pues de las propias constancias remitidas por la Jueza del Tribunal Enjuiciamiento del Sistema Oral Acusatorio licenciada ********************; se obtiene de las documentales remitidas y disco óptico DVD, que efectivamente y durante su trámite, el quejoso obtuvo su libertad, según auto decretado en fecha ocho de marzo de dos mil veintitrés, en el sentido de que como quedó asentado en párrafos precedentes, la Jueza de Instancia, atendió la solicitud de sobreseimiento que en vía incidental planteó el Defensor Privado, ********************, representante del acusado ******************** quien también se hace llamar ********************, al haber decretado la libertad del aquí quejoso, de tal forma que de manera indudable y manifiesta se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la ley de la materia. En tales condiciones lo procedente es, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la ley de la materia, sobreseer fuera de audiencia el presente juicio, sin necesidad de esperar la celebración de la audiencia constitucional, ya que considerar lo contrario, sería tanto como retardar la impartición de justicia, en detrimento de la garantía contenida en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis: XIX.1o.11 P (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado Del Décimo Noveno Circuito, Registro digital 2019403, de la Décima Época, Materias Común, Penal, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo III, consultable en la página 2715, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, la cual aparece bajo los siguiente rubro y texto: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO. CUANDO SE RECLAMA EN EL JUICIO DE AMPARO, Y DURANTE SU TRÁMITE, EL QUEJOSO OBTIENE SU LIBERTAD, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXII, DE LA LEY DE LA MATERIA. Cuando el acto reclamado lo constituye la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, y en la secuela del juicio de amparo, el quejoso obtiene su libertad, debe sobreseerse en el juicio de derechos fundamentales, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual requiere el cumplimiento de tres requisitos: a) que el acto reclamado subsista, b) que no pueda surtir efecto legal o material, y c) que lo anterior se deba a que ha dejado de existir el objeto o materia del acto reclamado. Así, el primer punto se cumple en la medida en que la orden de traslado subsiste jurídicamente, por no haber sido declarada sin efectos; el segundo también se cumple, pues esa orden ya no podrá surtir efecto legal o material alguno en el quejoso, por haber obtenido su libertad y, del mismo modo, se satisface el tercer requisito, ya que el objeto de la orden reclamada, consistente en la movilización del reo, también habrá dejado de existir." Es sustento a lo dicho, la jurisprudencia por contradicción número 2ª/J. 10/2003, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra en la página 386, del Tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Novena Época, es del texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En tales condiciones, se deja sin efectos la audiencia constitucional que habría de tener verificativo a las diez horas con treinta minutos del veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido del licenciado Félix Santillanes Cruz, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe. FSC.
- Principal
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Visto el estado procesal de autos, y toda vez que el informe justificado que remitió el Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social, en representación de la autoridad responsable, Comisionado de Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en la Ciudad de México, no fue rendido con la anticipación que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes se impongan de su contenido y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar pruebas, el suscrito Juez de Distrito, con fundamento en el precepto en mención, ordena de oficio, el diferimiento de la audiencia constitucional que habría de celebrarse en esta fecha, y se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la misma Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. XXVI/98, consultable en la página 409, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del mes de marzo de 1998, Novena Época y que textualmente dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON LA OPORTUNIDAD DEBIDA DE OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA, Y NI EL QUEJOSO NI EL TERCERO PERJUDICADO TIENEN PLENO CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo, sino que relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que en su caso estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y a la vez se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario. Razón por la que esta Sala no comparte el criterio sustentado por la Primera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte, al resolver la contradicción de tesis 19/89". Por otra parte, advirtiéndose de autos que mediante oficio 17916/2022, de fecha nueve de mayo del año en curso, la Jueza de Tribunal de Enjuiciamiento Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en la localidad, informó que mediante proveído de dos de mayo del presente año, en audiencia celebrada el ocho de marzo del año en curso, diversa Juez de Enjuiciamiento, decretó el sobreseimiento total del Juicio Oral ******************** por lo tanto, se ordenó la libertad personal del acusado. En tal virtud, requiérase a dicha autoridad, para que en el término de tres días contados a partir de su legal notificación, remita a este Juzgado las constancias obrantes en el Juicio Oral ******************** lo que puede dar lugar al acreditamiento de una causa de improcedencia legal, que motive el sobreseimiento en el juicio de amparo. Lo anterior, a fin de que este juzgador cuente con los elementos necesarios para resolver el controvertido de amparo, atento a lo previsto en el artículo 75, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento al presente mandato judicial, se le impondrá como medida de apremio multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización (103.74 pesos), de conformidad con los artículos 4°, fracción I, II y III, y 5°, de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en concordancia con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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