Alfredo Ramírez Martínez
Expediente 613/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 11 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 613/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 26/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Alfredo Ramírez Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el seis de mayo de dos mil veintiuno, mediante la cual se SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Sin que haya necesidad de esperar que todas las autoridades responsables se encuentren debidamente notificadas de la resolución referida; en razón de que las mismas carecen de legitimación para interponer recurso de revisión, ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 87 de la Ley de Amparo, toda vez que su sentido no les causa ningún agravio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 474, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 315, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice mil novecientos noventa y cinco, que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable cuando el fallo del juez de Distrito le ha sido favorable y no afecta los actos de ellas reclamados, según lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, PUES EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN POR UNA PARTE SE CONCEDIÓ Y POR LA OTRA SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el seis de mayo de dos mil veintiuno, mediante la cual se SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Sin que haya necesidad de esperar que todas las autoridades responsables se encuentren debidamente notificadas de la resolución referida; en razón de que las mismas carecen de legitimación para interponer recurso de revisión, ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 87 de la Ley de Amparo, toda vez que su sentido no les causa ningún agravio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 474, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 315, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice mil novecientos noventa y cinco, que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable cuando el fallo del juez de Distrito le ha sido favorable y no afecta los actos de ellas reclamados, según lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, PUES EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN POR UNA PARTE SE CONCEDIÓ Y POR LA OTRA SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente.
- Principal
En Córdoba, Veracruz, siendo las diez horas del seis de mayo de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 613/2021, promovido por. con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la licenciada. Jueza Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en la ciudad de Córdoba, quien actúa con la licenciada. secretaria que autoriza y da fe, la declaró abierta sin la comparecencia de las partes, ni representante de ellas. A continuación, la Secretaria relaciona las constancias que obran en el expediente: escrito de demanda de amparo presentado por. con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, y las constancias remitidas como justificación del informe rendido por la 1. Juez de Control y Enjuiciamiento, licenciada Liliana Hernández García, con sede en la congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz. Acto seguido, la Jueza acuerda. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. Abierto el período probatorio, la Secretaria da cuenta con las constancias remitidas como justificación del informe rendido por la. Juez de Control y Enjuiciamiento. con sede en la congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz. Acto continuo, la Jueza acuerda. Con fundamento en el artículo 123 la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas las pruebas detalladas en el párrafo que antecede, dada su propia y especial naturaleza; luego, al no haber más pruebas que relacionar, se da por concluida esta etapa. Abierto el periodo de alegatos, la Secretaria hace constar que por auto de diez de noviembre del año en curso, se tuvo al autorizado de la parte quejosa, realizando manifestaciones a título de alegatos, y que las demás partes no formularon alegato alguno. A lo anterior la Jueza acuerda. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de la Materia, se tiene al autorizado de la parte quejosa formulando manifestaciones a título de alegatos, para los fines legales procedentes; luego, al no existir alegatos formulados por las demás partes, ni diligencia pendiente por desahogar, se da por concluido este periodo procesal. Con lo que concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia constitucional, por lo que se levanta esta acta para debida constancia. Vistos, para resolver, en los autos del juicio de amparo número 613/2020 promovido por. contra actos de. otras autoridades, los cuales consideró violatorios de sus derechos fundamentales consagrados en los artículo. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el nueve de octubre de dos mil veinte, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, y turnado el trece de octubre siguiente a la Oficialía de Partes del Juzgado Décimo Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos de la 1. Juez de Control y Enjuiciamiento, licenciada Liliana Hernández García, con sede en la congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, y otras autoridades, de quienes reclamó. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por acuerdo de catorce de octubre de dos mil veinte, el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe con justificación, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Inexistencia de Autoridad. Mediante proveído de veintinueve de octubre de dos mil veinte, el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, tuvo por inexistente a la autoridad señalada como responsable 9. Delegado de la Secretaría de Seguridad Pública Zona Centro, con residencia en Córdoba, Veracruz. CUARTO. Incompetencia. Por auto de treinta de noviembre de dos mil veinte, el Juez Décimo Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto y ordenó remitir el mismo a este órgano jurisdiccional; y por auto de tres de diciembre del mismo año, este juzgado aceptó la competencia planteada y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. QUINTO. Celebración de la audiencia constitucional. Se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos. de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este juzgado federal según el Acuerdo General. del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de técnica jurídica, en este considerando se delimitará el acto reclamado por la parte quejosa, en acato a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los que consisten en la orden de aprehensión y su ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables. todos Jueces de Control y Enjuiciamiento, con sede en la congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz; Fiscal Novena Investigadora Encargada del Despacho de la 5. Fiscalía de Distrito, 6. Fiscal Auxiliar del Fiscal Regional Zona Centro- Córdoba, ambos con residencia en Córdoba, Veracruz, Fiscal Novena de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XIV Distrito Judicial de Córdoba, comisionada en la 10. Fiscalía Investigadora de Tezonapa, Veracruz; así lo manifestaron al rendir sus informes justificados, sin que el quejoso ofreciera prueba alguna tendente a desvirtuar esa negativa. De ahí que los actos que se les atribuyen resulten inexistentes; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio respecto a las autoridades responsables a que hace referencia este considerando. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Las autoridades responsables. Juez de Control y Enjuiciamiento. con sede en la congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, 7. Comisario de la Delegación Regional de la Policía Ministerial Zona Centro Córdoba, con sede en esta ciudad, y 11. Policía Ministerial acreditable Encargado de la Jefatura de Detectives de la Policía Ministerial de Tezonapa, Veracruz, al rendir sus respectivos informes previos reconocieron la existencia de los actos reclamados, consistentes en. Lo que además se acredita con la copia autentificada de la citada orden de aprehensión deducida de la causa penal. la cual cuenta con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Por su parte, las autoridades responsables ejecutoras 8. Encargado de la Comandancia de la Policía Ministerial de Córdoba, Veracruz y 12. Primer Comandante de la Policía Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tezonapa, Veracruz, al rendir sus informes justificados negaron la existencia de los actos que se le reclaman; sin embargo, dada la certeza del acto reclamado a la autoridad ordenadora. Juez de Control y Enjuiciamiento, licenciada Liliana Hernández García, con sede en la congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, dicha negativa se desvirtúa al ser inminente la ejecución que se les atribuye. De ahí que se tengan por ciertos los actos reclamados a las autoridades indicadas. QUINTO. Improcedencia. En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, previo al análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados, procede analizar las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. En el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que a la letra dice. En el caso, el quejoso. reclama en este juicio de amparo número 613/2020, la orden de aprehensión librada el siete de abril de dos mil quince, en la causa penal. del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en la congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, y su ejecución. Sin embargo, dicha orden de captura ya fue materia de análisis en el juicio de amparo 555/2015, promovido por el propio quejoso. en el cual por sentencia dictada el veintitrés de octubre de dos mil quince, por una parte se sobreseyó en el juicio, y por la otra, se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; lo que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2º, toda vez que dicha sentencia se encuentra capturada y almacenada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por tanto, si el quejoso. combate los mismos actos consistentes en la orden privativa de libertad y sus consecuencias legales, contra las mismas autoridades; entonces se actualiza el supuesto de cosa juzgada, ya que existe identidad jurídica en el presente juicio 613/2020, con el diverso juicio 555/2015, cuya sentencia ha quedado firme. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el diverso 63, fracción V del ordenamiento jurídico invocado. En esas circunstancias, no es jurídicamente posible emprender el examen de los conceptos que se dirigen a combatir las violaciones a las garantías establecidas en los artículos 14 y 16 constitucionales en contra de las autoridades responsables, por estar vinculadas con el fondo del asunto. SEXTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que por auto de tres de diciembre de dos mil veinte, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no hacían manifestación alguna, se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, al no existir manifestación alguna de las partes, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además en los artículos 61, 63, 73, 74, 75 de la Ley de Amparo vigente, se resuelve. ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por. contra los actos reclamados de las autoridades precisadas en los considerandos tercero y cuarto, por los motivos expuestos en los considerados tercero y quinto de esta sentencia. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de esta sentencia.
- Principal
Córdoba, Veracruz, siete de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable 11. Policía Ministerial Acreditable encargado de la Jefatura de Detectives, con sede en Tezonapa, Veracruz, y dese vista a las partes por el término de ocho días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene a la autoridad responsable que su denominación correcta es Jefatura de Detectives de la Policía Ministerial, con sede en Tezonapa, Veracruz.
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