Alfredo López Morales
Expediente 190/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 17 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 190/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 26/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Alfredo López Morales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; e insértese este acuerdo en el incidente de suspensión. Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, se determina que el presente juicio principal una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto deberá ser DESTRUIDO, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción I, de citado Acuerdo General, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, deberá ser DESTRUIDO, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto por el artículo 20, fracción III, del citado Acuerdo General, pues se negó la suspensión definitiva. Finalmente, se requiere al quejoso para la devolución del billete de depósito número N 949661, expedido a su favor por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de banca de Desarrollo, por la cantidad de $3,700.00 (tres mil setecientos pesos, cero centavos, moneda nacional), lo que deberá realizar dentro del término de dos años que establece para ello el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación; apercibido que de no hacerlo dentro de dicho plazo, prescribirá tal garantía a favor del Erario Federal, esto con fundamento en lo previsto en el primero de los artículos citados. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; e insértese este acuerdo en el incidente de suspensión. Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, se determina que el presente juicio principal una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto deberá ser DESTRUIDO, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción I, de citado Acuerdo General, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, deberá ser DESTRUIDO, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto por el artículo 20, fracción III, del citado Acuerdo General, pues se negó la suspensión definitiva. Finalmente, se requiere al quejoso para la devolución del billete de depósito número N 949661, expedido a su favor por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de banca de Desarrollo, por la cantidad de $3,700.00 (tres mil setecientos pesos, cero centavos, moneda nacional), lo que deberá realizar dentro del término de dos años que establece para ello el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación; apercibido que de no hacerlo dentro de dicho plazo, prescribirá tal garantía a favor del Erario Federal, esto con fundamento en lo previsto en el primero de los artículos citados. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, POR LISTA DE ESTRADOS, ASÍ COMO EN UNA PÁGINA ELECTRÓNICA DEL PORTAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL AUTO QUE DICE Córdoba, Veracruz, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; e insértese este acuerdo en el incidente de suspensión. Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, se determina que el presente juicio principal una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto deberá ser DESTRUIDO, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción I, de citado Acuerdo General, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, deberá ser DESTRUIDO, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto por el artículo 20, fracción III, del citado Acuerdo General, pues se negó la suspensión definitiva. Finalmente, se requiere al quejoso para la devolución del billete de depósito número N 949661, expedido a su favor por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de banca de Desarrollo, por la cantidad de $3,700.00 (tres mil setecientos pesos, cero centavos, moneda nacional), lo que deberá realizar dentro del término de dos años que establece para ello el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación; apercibido que de no hacerlo dentro de dicho plazo, prescribirá tal garantía a favor del Erario Federal, esto con fundamento en lo previsto en el primero de los artículos citados. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Vistos, para dictar sentencia en los autos del juicio de amparo 190/2023 promovido por **************, contra actos del Fiscal Primero en Delitos Diversos de la Unidad Integral de Procuración y Justicia del Distrito de Córdoba, Veracruz, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; que consideró violatorios en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 8, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el trece de marzo de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Córdoba, ************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Fiscal Primero en Delitos Diversos de la Unidad Integral de Procuración y Justicia del Distrito de Córdoba, Veracruz, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, señalando como actos reclamados los siguientes: a) La integración de una carpeta de investigación y proceso penal en su contra. b) La omisión de citarlo a comparecer para entrevistarlo sobre los hechos investigados. c) La solicitud de orden de aprehensión y/o comparecencia. d) La orden de aprehensión y/o comparecencia y su ejecución. SEGUNDO. Admisión a trámite de la demanda de amparo. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, residente en esta ciudad, al que por cuestión de turno correspondió conocer del asunto, mediante auto de catorce de marzo de dos mil veintitrés, admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe con justificación; dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Celebración de la audiencia constitucional. Se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, 35, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en razón de que los actos reclamados, de ser ciertos, tendrían ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este juzgado federal, según el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a determinar la existencia o no de los actos reclamados en esta vía constitucional, se estima necesario precisarlos, esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables lo siguiente: 1. De las autoridades pertenecientes a la Fiscalía General de Justicia del Estado. a) La integración de una carpeta de investigación. b) La omisión de citarlo a comparecer para entrevistarlo sobre los hechos investigados. c) La solicitud de orden de aprehensión y/o comparecencia. 2. De los Jueces de Control del Juzgado de Proceso, Procedimiento Penal y de Enjuiciamiento del XIV Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz. a) La integración de un proceso penal en su contra. b) La orden de aprehensión y/o comparecencia. 3. Del Delegado Regional de la Policía Ministerial Zona Centro Córdoba. La ejecución de la orden de aprehensión y/o comparecencia. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables, 3. Fiscal Cuarta, 4. Fiscal Quinto, 5. Fiscal Sexto en Delitos Diversos, todos de la Unidad Integral de Procuración de Justicia de Córdoba, Veracruz; 11. Fiscal Novena Investigadora de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, Distrito XIV, encargada del despacho de la Fiscalía Investigadora de Fortín, Veracruz; 12. 13. 14. y 15. Licenciada Janet Pérez Caro, Jueza de Control del Juzgado de Proceso, Procedimiento Penal y de Enjuiciamiento del XIV Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, con sede en La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, por sí y en representación de cada una de las salas de control que integra dicho órgano; y 16. 17. y 18. Delegado Regional de la Policía Ministerial Zona Centro Córdoba, negaron la existencia de la totalidad de los actos reclamados que se les atribuyen. La 1. Fiscal Primero, 2. Fiscal Tercera, 6. Fiscal Séptima, 7. Fiscal Octavo en Delitos Diversos, 8. Fiscal con residencia en Cuitláhuac encargada de la Fiscalía Décima, 9. Fiscal Décimo Primera, y 10. Fiscal Décimo Segunda, todos de la Unidad Integral de Procuración de Justicia de Córdoba, Veracruz, al rendir su informe justificado, negaron únicamente la existencia del acto reclamado consistente en la solicitud de orden de aprehensión y/o comparecencia. La parte quejosa únicamente aportó como pruebas copia simple de su credencial para votar, la versión digital de una constancia de clave única de registro de población y copia certificada de un acta de nacimiento, todas expedidas a su nombre; sin embargo, éstas no tienden a evidenciar la existencia de los actos reclamados. En ese entendido, si el peticionario de amparo no aportó medio de convicción que desvirtuara la negativa pronunciada por las autoridades responsables en torno a los actos reclamados, se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el presente juicio. Sustenta lo anterior, la tesis (...) También es aplicable la jurisprudencia número (...) CUARTO. Las autoridades responsables, 1. Fiscal Primero, 2. Fiscal Tercera, 6. Fiscal Séptima, 7. Fiscal Octavo en Delitos Diversos, 8. Fiscal con residencia en Cuitláhuac encargada de la Fiscalía Décima, 9. Fiscal Décimo Primera, y 10. Fiscal Décimo Segunda, todos de la Unidad Integral de Procuración de Justicia de Córdoba, Veracruz, al rendir sus informes justificados, omitieron pronunciarse en cuanto a los actos consistentes en la integración de una carpeta de investigación y la omisión de citarlo a comparecer para entrevistarlo sobre los hechos investigados; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por ciertos. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, procede el relativo a las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. En el caso, este órgano de control constitucional estima que respecto de los actos consistentes en la integración de una carpeta de investigación y la omisión de citarlo a comparecer para entrevistarlo sobre los hechos investigados, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el artículo 5, fracción I, al no acreditar el quejoso contar con el interés jurídico necesario para acudir a esta vía constitucional. En efecto, los artículos 5°, fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." De la interpretación armónica de ambos preceptos, se obtiene que existen dos reglas para acudir al juicio de amparo. Una, que establece que el referido juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien alega ser titular de un derecho (interés jurídico); y otra, que se refiere a un interés legítimo individual o colectivo (interés legítimo); en ambos casos, siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución Federal, y con ello se afecte su esfera jurídica, sea de manera directa (interés jurídico), o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). De no demostrarse esa afectación al interés jurídico o legítimo del quejoso, como lo señala el último precepto transcrito, el juicio de amparo será improcedente. Sentado lo anterior, se precisa que el análisis de procedencia de este juicio se efectuará desde la perspectiva del interés jurídico, toda vez que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que lo que reclama el peticionario de amparo es la integración de una carpeta de investigación y la omisión de citarlo a comparecer para entrevistarlo sobre los hechos investigado. Ahora, es menester precisar que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta al Ministerio Público para investigar los delitos, lo que implica allegarse de los medios que acrediten la participación del imputado en la comisión de las conductas delictivas; así, el valerse de medios para buscar pruebas es una facultad de origen reservada a dicha representación social, pues de no ser así, se obstaculizaría la investigación, aunado a que limitaría esa función, con graves consecuencias, como sería la imposibilidad para acudir a los tribunales a ejercer la acción penal. En consecuencia, es improcedente la demanda de amparo que se promueve en contra de la integración de una carpeta de investigación y la omisión de citarlo a comparecer, dado que el procedimiento de investigación constituye una labor de la institución del Ministerio Público conferida por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para investigar posibles hechos delictuosos; y de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman el presente juicio de amparo, no se advierte algún acto de molestia concreto del que derive en la afectación real y actual a algún derecho subjetivo, que lo legitime a instar este juicio constitucional, pues incluso en el considerando tercero de este fallo se declaró la inexistencia de los actos reclamados tendentes a privar de la libertad al quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia (...) En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, se impone sobreseer en el presente juicio, acorde con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. No pasan inadvertidas las manifestaciones formuladas por el quejoso; sin embargo, resulta innecesario su análisis, pues en nada variaría el sentido adoptado en el presente fallo; además de que, según criterio obligatorio definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no existe obligación de entrar al estudio de los razonamientos expresados por las partes en vía de alegatos. Sirve de apoyo a lo anterior, en términos del sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia (...) SEXTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que en el auto de radicación se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacían manifestación alguna se tendrían por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, se les tiene por inconformes en la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por *********, contra los actos reclamados de las autoridades precisadas en los considerandos tercero y cuarto de este fallo y por los motivos expuestos en el tercero y quinto, de esta resolución. Publíquese la presente resolución en los términos que se indican en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese.
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