ALFREDO POLICARPO ANTONIO y Otros.
Expediente 228/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 228/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- ALFREDO POLICARPO ANTONIO y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA V A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de abril de dos mil veintitrés. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Archivo del expediente Con fundamento en artículos 8, fracción I y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Relevancia documental Por otra parte, se estima que este expediente es de relevancia documental, en virtud de que se ubica en el supuesto previsto en el artículo 15, fracción X, del Acuerdo en comento. Hágase del conocimiento de las partes que este expediente se conservará en este órgano jurisdiccional y será transferido una vez que cumpla tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, al Depósito documental, que es el área destinada a la organización, conservación y consulta del archivo judicial, dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Anotaciones carátula Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.
- Principal
MESA V A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de marzo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta secretarial que inmediatamente antecede, se provee: Registro del expediente Con el escrito de demanda de amparo, promovida por ***...***, Presidente, Secretario y Tesorero, respectivamente del Comisariado de Bienes Comunales de San Miguel del Valle, Díaz Ordaz, Tlacolula, Oaxaca, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, fórmese expediente electrónico e impreso (éste último con las promociones físicas que presenten las partes, así como con las actuaciones que resulten indispensables para el impulso del asunto), regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 228/2023. Acto reclamado y autoridad En principio, conviene señalar que de la lectura integral de la demanda se advierte que los promoventes reclaman del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Número Veintiuno, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, lo siguiente: ? La determinación decretada en la audiencia de ley celebrada con fecha veintidós de febrero de dos mil veintitrés, en el expediente agrario número 675/2022, promovido por los ciudadanos ***...*** Y OTROS en contra de la comunidad de San Miguel del Valle, municipio de villa de Díaz Ordaz, Distrito de Tlacolula, Oaxaca, por conducto de su comisariado de bienes comunales, mediante el cual nos niega la asignación de un defensor que conozca nuestra cultura indígena zapoteca y que hable esa lengua y también el idioma español, para que nos asesore en dicho juicio agrario. Desechamiento ***...*** 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.b9.73 30/08/23 23:32:38 Contra ese reclamo, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal y el diverso 107, fracción V, del primer ordenamiento citado, los cuales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]. Los dos últimos preceptos transcritos, interpretados a contrario sensu, conducen a sostener que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Aunado a lo anterior, cabe señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/20141, sostuvo que 1 PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y LORENA CARRERA MARTÍNEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.b9.73 30/08/23 23:32:38 Página 3 de 7 a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios.(Semanario Judicial de la Federación, publicación: viernes 06 de junio de 2014 12:30 h, Materia(s): (Común). Décima Época. -Registro: 2006589-). ***...*** 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.b9.73 30/08/23 23:32:38 impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, el mencionado Tribunal Pleno estableció que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: ?La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y ? La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Con base en esas directrices, en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia antes referida, dado que la parte demandante del amparo señaló como acto reclamado la determinación decretada en la audiencia de ley celebrada con fecha veintidós de febrero de dos mil veintitrés, en el expediente agrario número 675/2022, promovido por los ciudadanos ***...*** Y OTROS en contra de la comunidad de San Miguel del Valle, municipio de Villa de Díaz Ordaz, Distrito de Tlacolula, Oaxaca, por conducto de su comisariado de bienes comunales, mediante el cual nos niega la asignación de un defensor que conozca nuestra cultura indígena zapoteca y que hable esa lengua y también el idioma español, para que nos asesore en dicho juicio agrario. La cual, indudablemente no afecta un derecho sustantivo conforme a los lineamientos antes expuestos, debido a que, como se ve, se refiere a aspectos procesales relacionados con el procedimiento agrario de origen, sin que trascienda a la persona o bienes de la parte quejosa más allá de lo meramente procedimental; por lo que únicamente puede ***...*** 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.b9.73 30/08/23 23:32:38 Página 5 de 7 constituir una violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales; de esa manera, es incuestionable que tal determinación no constituye un acto dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, dado que en aquélla no se impide el libre ejercicio de algún derecho sustantivo en forma presente. En efecto, puesto que su derecho sustantivo de adecuada defensa se encuentra protegido en razón a que de la transcripción que la parte quejosa realizó de la parte conducente del acto reclamado se aprecia que la autoridad responsable en cumplimiento al artículo 179 de la Ley Agraria2, solicitó al Encargado de la Oficina de Representación de la Procuraduría Agraria en el Estado se sirva designar a un licenciado en derecho que los patrocine; por tanto, dicho defensor es quien se encargará de asesorarlos y establecer su defensa técnica, sin que con ello se le impida que durante el procedimiento agrario puedan estar asistidos o asesorados de alguna persona que conozca su lengua indígena, ya que la propia Ley Agraria impone al órgano jurisdiccional en los procedimientos agrarios considerar sus usos y costumbres, así como su lengua indígena y asignarles un traductor que conozca su cultura, hable su lengua y el idioma español para que le explique el alcance y consecuencias del proceso. Lo anterior, en términos del numeral 164 de la Ley Agraria3. Por tanto, el acto reclamado no produce una afectación directa a los derechos sustantivos de la parte peticionaria del amparo de forma actual, pues aquél no implica la vulneración material a ninguno de sus derechos sustantivos de manera inmediata y directa, ya que ese actuar 2 Artículo 179.- Será optativo para las partes acudir asesoradas. En caso de que una de las partes se encuentre asesorada y la otra no, con suspensión del procedimiento, se solicitarán de inmediato los servicios de un defensor de la Procuraduría Agraria, el cual, para enterarse del asunto, gozará de cinco días, contados a partir de la fecha en que se apersone al procedimiento. 3 Artículo 164.- En la resolución de las controversias que sean puestas bajo su conocimiento, los tribunales se sujetarán siempre al procedimiento previsto por esta ley y quedará constancia de ella por escrito, además observarán lo siguiente: I.- Los juicios en los que una o ambas partes sean indígenas se considerarán los usos y costumbres de los pueblos o comunidades indígenas a los que pertenezcan mientras no contravengan lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta ley; II.- Las promociones que los pueblos o comunidades indígenas, o los indígenas en lo individual hicieren en su lengua, no necesitarán acompañarse de la traducción al español. El tribunal la hará de oficio por conducto de persona autorizada para ello; III.- Los juicios en los que una o ambas partes sean indígenas y no supieran leer el idioma español, el tribunal realizará una versión sintetizada de los puntos esenciales de las actuaciones y de la sentencia dictadas por él, en la lengua o variantes dialectales de la que se trate; debiendo agregarse en los autos constancia de que se cumplió con esta obligación. En caso de existir contradicción entre la traducción y la resolución, se estará a lo dispuesto por ésta última; IV.- El tribunal asignará gratuitamente a los indígenas un defensor y un traductor que conozca su cultura, hable su lengua y el idioma español, para que se le explique, en su lengua, el alcance y consecuencias del proceso que se le sigue. Los tribunales suplirán la deficiencia de las partes en sus planteamientos de derecho cuando se trate de núcleos de población ejidales o comunales, así como ejidatarios y comuneros. ***...*** 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.b9.73 30/08/23 23:32:38 jurisdiccional únicamente depara consecuencias dentro del propio procedimiento -al afectarse su derecho procesal de designarle de inicio un defensor que conozca su cultura indígena zapoteca y que hable esa lengua y también el idioma español, para que los asesore en dicho juicio agrario-, lo que implica, en su caso, solo la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales, que pueden ser reparados durante el propio procedimiento agrario e incluso si la parte quejosa obtiene sentencia favorable en cuanto al fondo del asunto, puesto que es parte en el procedimiento de origen, y de no obtenerla esta en aptitud de reclamar dicha violación de trascender al resultado del fallo. En efecto, dicho acto procesal puede ser reclamado en caso de trascender al resultado del fallo en términos del artículo 172, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo. Como se ve, en los juicios tramitados ante los tribunales agrarios se consideraran violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo cuando se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo4. Es así, el reclamo de la parte quejosa se estima análogo a los establecidos en las distintas fracciones del numeral indicado. De ahí que si el acto aquí reclamado de naturaleza procesal trasciende al resultado del fallo, el quejoso estará en aptitud de reclamarlo 4 I. No se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley; II. Haya sido falsamente representado en el juicio de que se trate; III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; IV. Se declare ilegalmente confeso al quejoso, a su representante o apoderado; V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad; VI. No se le concedan los plazos o prórrogas a que tenga derecho con arreglo a la ley; VII. Sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes; VIII. Previa solicitud, no se le muestren documentos o piezas de autos para poder alegar sobre ellos; IX. Se le desechen recursos, respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzcan estado de indefensión; X. Se continúe el procedimiento después de haberse promovido una competencia, o la autoridad impedida o recusada, continúe conociendo del juicio, salvo los casos en que la ley expresamente la faculte para ello; XI. Se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del juez o se practiquen diligencias judiciales de forma distinta a la prevenida por la ley; y ***...*** 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.b9.73 30/08/23 23:32:38 Página 7 de 7 en caso de resultarle adversa la sentencia, a través del juicio de amparo directo. En esas condiciones, se desecha de plano la demanda de que se trata. Domicilio para recibir notificaciones y autorizaciones Se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indican los promoventes en el escrito de demanda, y por autorizados para recibir notificaciones con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***...***, por así solicitarlo y tratarse el presente asunto de naturaleza agraria. Correo electrónico y número telefónico Respecto al correo electrónico y número telefónico que proporcionan, toda vez que de autos no se advierte que los promoventes tengan acceso a actuar desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales5, instrúyase al Actuario que podrá emplear dichos medios como comunicación procesal, debiendo en estos casos certificarse la confirmación de recepción de la comunicación respectiva, en su caso, lo acepte la parte promovente. Habilitación de días y horas inhábiles En caso de que se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Notifíquese personalmente.
- Principal
NOTIFICAICON PERSONAL POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA MESA V A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de marzo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta secretarial que inmediatamente antecede, se provee: Registro del expediente Con el escrito de demanda de amparo, promovida por ***...***, Presidente, Secretario y Tesorero, respectivamente del Comisariado de Bienes Comunales de San Miguel del Valle, Díaz Ordaz, Tlacolula, Oaxaca, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, fórmese expediente electrónico e impreso (éste último con las promociones físicas que presenten las partes, así como con las actuaciones que resulten indispensables para el impulso del asunto), regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 228/2023. Acto reclamado y autoridad En principio, conviene señalar que de la lectura integral de la demanda se advierte que los promoventes reclaman del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Número Veintiuno, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, lo siguiente: ? La determinación decretada en la audiencia de ley celebrada con fecha veintidós de febrero de dos mil veintitrés, en el expediente agrario número 675/2022, promovido por los ciudadanos ***...*** Y OTROS en contra de la comunidad de San Miguel del Valle, municipio de villa de Díaz Ordaz, Distrito de Tlacolula, Oaxaca, por conducto de su comisariado de bienes comunales, mediante el cual nos niega la asignación de un defensor que conozca nuestra cultura indígena zapoteca y que hable esa lengua y también el idioma español, para que nos asesore en dicho juicio agrario. Desechamiento ***...*** 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.b9.73 30/08/23 23:32:38 Contra ese reclamo, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal y el diverso 107, fracción V, del primer ordenamiento citado, los cuales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]. Los dos últimos preceptos transcritos, interpretados a contrario sensu, conducen a sostener que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Aunado a lo anterior, cabe señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/20141, sostuvo que 1 PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y LORENA CARRERA MARTÍNEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.b9.73 30/08/23 23:32:38 Página 3 de 7 a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios.(Semanario Judicial de la Federación, publicación: viernes 06 de junio de 2014 12:30 h, Materia(s): (Común). Décima Época. -Registro: 2006589-). ***...*** 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.b9.73 30/08/23 23:32:38 impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, el mencionado Tribunal Pleno estableció que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: ?La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y ? La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Con base en esas directrices, en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia antes referida, dado que la parte demandante del amparo señaló como acto reclamado la determinación decretada en la audiencia de ley celebrada con fecha veintidós de febrero de dos mil veintitrés, en el expediente agrario número 675/2022, promovido por los ciudadanos ***...*** Y OTROS en contra de la comunidad de San Miguel del Valle, municipio de Villa de Díaz Ordaz, Distrito de Tlacolula, Oaxaca, por conducto de su comisariado de bienes comunales, mediante el cual nos niega la asignación de un defensor que conozca nuestra cultura indígena zapoteca y que hable esa lengua y también el idioma español, para que nos asesore en dicho juicio agrario. La cual, indudablemente no afecta un derecho sustantivo conforme a los lineamientos antes expuestos, debido a que, como se ve, se refiere a aspectos procesales relacionados con el procedimiento agrario de origen, sin que trascienda a la persona o bienes de la parte quejosa más allá de lo meramente procedimental; por lo que únicamente puede ***...*** 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.b9.73 30/08/23 23:32:38 Página 5 de 7 constituir una violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales; de esa manera, es incuestionable que tal determinación no constituye un acto dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, dado que en aquélla no se impide el libre ejercicio de algún derecho sustantivo en forma presente. En efecto, puesto que su derecho sustantivo de adecuada defensa se encuentra protegido en razón a que de la transcripción que la parte quejosa realizó de la parte conducente del acto reclamado se aprecia que la autoridad responsable en cumplimiento al artículo 179 de la Ley Agraria2, solicitó al Encargado de la Oficina de Representación de la Procuraduría Agraria en el Estado se sirva designar a un licenciado en derecho que los patrocine; por tanto, dicho defensor es quien se encargará de asesorarlos y establecer su defensa técnica, sin que con ello se le impida que durante el procedimiento agrario puedan estar asistidos o asesorados de alguna persona que conozca su lengua indígena, ya que la propia Ley Agraria impone al órgano jurisdiccional en los procedimientos agrarios considerar sus usos y costumbres, así como su lengua indígena y asignarles un traductor que conozca su cultura, hable su lengua y el idioma español para que le explique el alcance y consecuencias del proceso. Lo anterior, en términos del numeral 164 de la Ley Agraria3. Por tanto, el acto reclamado no produce una afectación directa a los derechos sustantivos de la parte peticionaria del amparo de forma actual, pues aquél no implica la vulneración material a ninguno de sus derechos sustantivos de manera inmediata y directa, ya que ese actuar 2 Artículo 179.- Será optativo para las partes acudir asesoradas. En caso de que una de las partes se encuentre asesorada y la otra no, con suspensión del procedimiento, se solicitarán de inmediato los servicios de un defensor de la Procuraduría Agraria, el cual, para enterarse del asunto, gozará de cinco días, contados a partir de la fecha en que se apersone al procedimiento. 3 Artículo 164.- En la resolución de las controversias que sean puestas bajo su conocimiento, los tribunales se sujetarán siempre al procedimiento previsto por esta ley y quedará constancia de ella por escrito, además observarán lo siguiente: I.- Los juicios en los que una o ambas partes sean indígenas se considerarán los usos y costumbres de los pueblos o comunidades indígenas a los que pertenezcan mientras no contravengan lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta ley; II.- Las promociones que los pueblos o comunidades indígenas, o los indígenas en lo individual hicieren en su lengua, no necesitarán acompañarse de la traducción al español. El tribunal la hará de oficio por conducto de persona autorizada para ello; III.- Los juicios en los que una o ambas partes sean indígenas y no supieran leer el idioma español, el tribunal realizará una versión sintetizada de los puntos esenciales de las actuaciones y de la sentencia dictadas por él, en la lengua o variantes dialectales de la que se trate; debiendo agregarse en los autos constancia de que se cumplió con esta obligación. En caso de existir contradicción entre la traducción y la resolución, se estará a lo dispuesto por ésta última; IV.- El tribunal asignará gratuitamente a los indígenas un defensor y un traductor que conozca su cultura, hable su lengua y el idioma español, para que se le explique, en su lengua, el alcance y consecuencias del proceso que se le sigue. Los tribunales suplirán la deficiencia de las partes en sus planteamientos de derecho cuando se trate de núcleos de población ejidales o comunales, así como ejidatarios y comuneros. ***...*** 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.b9.73 30/08/23 23:32:38 jurisdiccional únicamente depara consecuencias dentro del propio procedimiento -al afectarse su derecho procesal de designarle de inicio un defensor que conozca su cultura indígena zapoteca y que hable esa lengua y también el idioma español, para que los asesore en dicho juicio agrario-, lo que implica, en su caso, solo la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales, que pueden ser reparados durante el propio procedimiento agrario e incluso si la parte quejosa obtiene sentencia favorable en cuanto al fondo del asunto, puesto que es parte en el procedimiento de origen, y de no obtenerla esta en aptitud de reclamar dicha violación de trascender al resultado del fallo. En efecto, dicho acto procesal puede ser reclamado en caso de trascender al resultado del fallo en términos del artículo 172, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo. Como se ve, en los juicios tramitados ante los tribunales agrarios se consideraran violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo cuando se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo4. Es así, el reclamo de la parte quejosa se estima análogo a los establecidos en las distintas fracciones del numeral indicado. De ahí que si el acto aquí reclamado de naturaleza procesal trasciende al resultado del fallo, el quejoso estará en aptitud de reclamarlo 4 I. No se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley; II. Haya sido falsamente representado en el juicio de que se trate; III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; IV. Se declare ilegalmente confeso al quejoso, a su representante o apoderado; V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad; VI. No se le concedan los plazos o prórrogas a que tenga derecho con arreglo a la ley; VII. Sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes; VIII. Previa solicitud, no se le muestren documentos o piezas de autos para poder alegar sobre ellos; IX. Se le desechen recursos, respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzcan estado de indefensión; X. Se continúe el procedimiento después de haberse promovido una competencia, o la autoridad impedida o recusada, continúe conociendo del juicio, salvo los casos en que la ley expresamente la faculte para ello; XI. Se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del juez o se practiquen diligencias judiciales de forma distinta a la prevenida por la ley; y ***...*** 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.b9.73 30/08/23 23:32:38 Página 7 de 7 en caso de resultarle adversa la sentencia, a través del juicio de amparo directo. En esas condiciones, se desecha de plano la demanda de que se trata. Domicilio para recibir notificaciones y autorizaciones Se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indican los promoventes en el escrito de demanda, y por autorizados para recibir notificaciones con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***...***, por así solicitarlo y tratarse el presente asunto de naturaleza agraria. Correo electrónico y número telefónico Respecto al correo electrónico y número telefónico que proporcionan, toda vez que de autos no se advierte que los promoventes tengan acceso a actuar desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales5, instrúyase al Actuario que podrá emplear dichos medios como comunicación procesal, debiendo en estos casos certificarse la confirmación de recepción de la comunicación respectiva, en su caso, lo acepte la parte promovente. Habilitación de días y horas inhábiles En caso de que se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Notifíquese personalmente.
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