ALFREDO NAHUM VASQUEZ URDIALES y Otros.
Expediente 973/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 973/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- ALFREDO NAHUM VASQUEZ URDIALES y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA IV B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Toda vez que del cómputo secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto dictado el ocho de septiembre del actual, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Archivo del expediente Con fundamento en los artículos 1, 14, 15 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecisiete de marzo de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, en vigor el veintiséis de marzo de la misma anualidad, archívese el presente asunto como concluido. Relevancia documental Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del acuerdo en comento. Destrucción del expediente Toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este juzgado durante tres años, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del expediente y remitirá el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Anotación en la carátula Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Incidente de suspensión En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Notifíquese.
- Incidental
MESA IV B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, toda vez que en auto dictado en esta fecha en el juicio de amparo "......"", del que deriva este incidente de suspensión, se ordenó determinar su destino; por lo que se provee en los siguientes términos: Sentido de la medida cautelar En principio, se toma en consideración que en este cuaderno incidental una parte, se negó y, por otra se concedió la suspensión definitiva. Base normativa En tales condiciones, con fundamento en los artículos 1, 12, 14, 20, fracción II, inciso a), 18, fracción I, inciso a), y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional de diecisiete de marzo de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, en vigor el veintiséis de marzo de la propia anualidad; en relación con las directrices plasmadas en el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados aprobado por el Consejo de la Judicatura mediante oficio SEPLE./ADM./004/2598/2020 de veintiséis de agosto de dos mil veinte, específicamente en sus puntos 7.1, 7.1.1 y 2. Destrucción del expediente único Toda vez que el presente cuaderno único se formó con copias certificadas que remitió el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta población, con motivo de la separación de autos decretada en el juicio "....."" de su índice; y por haberse negado y concedido la suspensión definitiva, fenecido el plazo de tres años y dentro de los noventa días siguientes procédase a su depuración, posteriormente, transfiérase a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Anotaciones en carátula y libro Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la determinación de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, dictada en el juicio de amparo 233/2021 del registro del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta población, promovido por ***, por el que ese órgano jurisdiccional declaró procedente la separación de autos, además, ordenó remitir copia certificada del referido juicio de amparo y del incidente de suspensión, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta población y a su vez, turnado a este órgano jurisdiccional, con motivo de que estimó que se trata de actos distintos, para que este Juzgado se avoque únicamente al acto reclamado consistente en la orden de aprehensión dictada por el Juzgado de Control del Circuito Judicial de la Costa, sede San Pedro Pochutla, Oaxaca, en su calidad de autoridad responsable ordenadora en la causa penal ***; y en su calidad de autoridades responsables ejecutoras al Comandante General de la Región Costa, residente en Puerto Escondido, San Pedro Mixtepec, Juquila; Comandancia de la Agencia Estatal de Investigaciones, con sede en Puerto Escondido, San Pedro Mixtepec, Juquila; Comandancia en Pochutla de la Coordinación General de la Agencia Estatal de Investigaciones, con sede en San Pedro Pochutla, Oaxaca. Fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 973/2021. En ese orden, este órgano de control constitucional comparte las consideraciones del Juzgado declinante por lo que se avoca al conocimiento del presente asunto, al respecto acúsese recibo. Se convalidan las actuaciones del juez de Distrito declinante. Solicitud de disponibilidad de expediente electrónico Con motivo de que este Juzgado se avocó al conocimiento del juicio de amparo antes mencionado, y para efectos de integrar debidamente el expediente electrónico, solicítese al titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, -que si no estima hay algún inconveniente-, haga disponible el expediente electrónico del referido juicio, a fin de que este órgano jurisdiccional pueda vincular el expediente electrónico de este juicio con el de origen. Lo anterior, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 3º del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, "que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo". Incidente de suspensión En virtud de que mediante interlocutoria dictada el nueve de julio de dos mil veintiuno, el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, por una parte, negó y, por otra concedió la medida cautelar; por tal motivo, a la copia certificada del cuaderno incidental que remite, únicamente asígnesele el número que les corresponde. Audiencia constitucional Sin que haya lugar a señalar fecha para la celebración de la audiencia constitucional atento a lo que enseguida se acuerda. Causal de improcedencia De las copias extraídas de la página de intranet (mismas que se ordenan agregar a este expediente), se advierte existe diverso juicio de amparo 212/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, promovido contra la orden de aprehensión librada el veintiuno de mayo de dos mil quince, en contra del quejoso ALFREDO NAHÚM VÁSQUEZ URDIALES, en la causa penal **, por el Juez de Control del Circuito Judicial de Pochutla, Oaxaca y su ejecución; en el cual mediante proveído de veintiocho de abril de dos mil diecisiete, se sobreseyó fuera de audiencia en dicho juicio, porque el quejoso no compareció para que se le hiciera entrega de los edictos para emplazar a la tercera interesada Angélica Pinacho Hernández, y en diverso acuerdo de veintidós de mayo del mismo año, quedó firme dicho proveído y se ordenó el archivo del mismo. Por lo que en el caso se actualiza un motivo de improcedencia, por lo que procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo, de conformidad con la fracción V, del artículo 63 de la ley de la materia. Es aplicable la jurisprudencia 10/2003, que emitió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 26/2002-PL., cuyo rubro y texto dicen: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Así es, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 17 del mismo ordenamiento legal, que establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.). Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. La causa de improcedencia que alberga el precepto primeramente invocado, parte del principio de que no pueden ser materia de estudio en el juicio de garantías aquellos actos que para los efectos del amparo se consideran consentidos tácitamente, es decir, porque al no haberse reclamado en esa vía dentro de los plazos señalados en la ley de la materia, opera lo que el legislador estableció como una presunción de que el gobernado ha consentido en forma tácita la emisión o ejecución de los actos reclamados. Sobre tal base, es importante mencionar que la interpretación literal del segundo de los artículos transcritos, revela que por regla general el término para promover la demanda de amparo es de quince días, salvo los supuestos siguientes: a) Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b) Hasta ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En el caso, el acto reclamado en esta instancia constitucional lo constituye la orden de aprehensión librada el veintiuno de mayo de dos mil quince, en contra del quejoso ***, en la causa penal ***, por el Juez de Control del Circuito Judicial de Pochutla, Oaxaca y su ejecución; por tanto, es evidente que la impugnación de su constitucionalidad a través del juicio de amparo está sujeta al plazo genérico de quince días, previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Ahora, a efecto de determinar el momento en el cual comienza a correr el plazo para presentar la demanda de amparo, debe destacarse lo que dispone el artículo 18 de la Ley de Amparo: Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Conforme a lo anterior, el plazo para promover el amparo se contará desde el día siguiente: 1. Al en que surta sus efectos conforme a la ley que rige el acto la notificación al quejoso de la sentencia, resolución o acuerdo que reclame; 2. Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o 3. Al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos. Como es evidente, el precepto en consulta hace una clara distinción en los momentos en que imperativamente debe promoverse la acción constitucional, pues las hipótesis que previenen se encuentran relacionadas mediante la conjunción "o", de lo que válidamente se concluye que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia, pues de haberlo querido así el legislador hubiese señalado su orden de prelación. Ahora bien, de las copias extraídas de la página de intranet, se advierte existe el diverso juicio de amparo 212/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, promovida contra la orden de aprehensión librada el veintiuno de mayo de dos mil quince, en contra del quejoso ****, en la causa penal ***, por el Juez de Control del Circuito Judicial de Pochutla, Oaxaca y su ejecución, en el cual mediante proveído de veintiocho de abril de dos mil diecisiete, se sobreseyó fuera de audiencia y en diverso acuerdo de veintidós de mayo del mismo año, quedó firme dicho proveído y se ordenó el archivo del mismo. De lo que se advierte que el promovente del amparo tuvo conocimiento en ese asunto del mandamiento de captura reclamado en este expediente, por lo menos, desde el veintidós de mayo de dos mil diecisiete, fecha del auto por el que causó estado el diverso de veintiocho de abril de ese mismo año, que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en dicho juicio, sin necesidad de realizar cómputo alguno, es evidente que transcurrió en exceso el plazo genérico de quince días previsto en el artículo 17 de la ley de la materia para promover el juicio de amparo. Es así, atento que al presentarse la demanda de amparo el diez de marzo de dos mil veintiuno, ante el buzón de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, según el sello fechador de recibido, es claro que fue presentada cuando ya había fenecido el término legal de quince días con el que contaba la parte quejosa para promover el juicio de amparo en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo en vigor; y en esa virtud, tal conducta jurídicamente revela conformidad con el acto reclamado, por así estar dispuesto en el artículo 61 fracción XIV de la ley de la materia, lo que hace imposible encausar la inconformidad del impetrante en este medio de control, si previamente consintió. Por las relacionadas consideraciones, al actualizarse la causal de improcedencia analizada, procede sobreseer en el presente juicio, con base en el diverso 63, fracción V, del propio ordenamiento legal. Lo anterior, impide examinar la constitucionalidad del acto reclamado, puesto que ello constituye el problema de fondo, como se especifica en la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, de rubro y contenido: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado. Desde luego, cabe puntualizar que el sentido de esta determinación comprende el acto de ejecución atribuido a las autoridades responsables ejecutoras, en virtud de que el acto que se les reclama no se combate por vicios propios, sino que su alegada inconstitucionalidad se hace depender del acto de ordenamiento del cual deriva. Notificaciones a las autoridades responsables por medio de lista Con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia 2ª./J.176/2012 (10a), de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se indica a las autoridades responsables, que en los casos no previstos en la precitada norma, las notificaciones deben realizarse por medio de lista que se pública en los estrados de este Juzgado; por ello, se estima innecesario girar oficios para hacerles del conocimiento los diferimientos de la audiencia constitucional, pues no es necesaria su notificación por oficio, -como si se tratara de una notificación personal-; además, están en aptitud de consultar dichas determinaciones a través de la lista de acuerdos de este Juzgado, así como en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea). Por tanto, se ordena notificar a las responsables los subsecuentes acuerdos que se encuentren dentro del referido supuesto, por medio de lista de acuerdos. Envío de comunicaciones oficiales A fin de agilizar el procedimiento, se pone a disposición exclusiva de las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, el correo oficial de este Juzgado 1jdo13cto@correo.cjf.gob.mx y el telefax número 951 50 2 38 70, para que por tales vías puedan enviar comunicaciones oficiales. Autorización de constancias de autos Se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos, excepto, cuando en el informe justificado se exhiba información clasificada como reservada o confidencial, lo que de ser el caso, se proveerá en el momento procesal oportuno. Exhortación a las partes para promover con firma electrónica En términos del artículo 22, fracción I, en relación con el diverso 29 del mencionado Acuerdo General 21/2020, se invita a las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, a fin de que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea; para lo cual, deben solicitar la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que este órgano jurisdiccional deberá haber autorizado previamente. La actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Quienes no tengan autorizada la actuación por medios electrónicos podrán solicitar, por sí o por conducto de las personas antes mencionadas, a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Así, quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar hacia el modelo de juicio en línea. Por otra parte, también se exhorta a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar "comunicaciones no procesales", cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Cómo obtener la Firel Se hace del conocimiento de las partes materiales y formales que pueden solicitar su firma electrónica (Firel) en la página de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/SolicitaFirely concluir el trámite de la firma electrónica (Firel) en línea a través de la aplicación FiREL en línea, mediante un trámite remoto, por lo que ya no es necesario asistir a los módulos físicos que se encuentran en las entidades federativas de la República Mexicana. Domicilio para recibir notificaciones y autorizaciones Se tiene como autorizado para recibir notificaciones sin las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***, porque no se encuentra registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, y a las diversas personas para tales efectos, por así solicitarlo expresamente el promovente. Por otra parte, respecto a que se autorice para que pueda recibir las notificaciones que deriven del mismo, proporcionando para tal objeto el registro de usuario **; en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; con fundamento en los artículos 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, 6, 34, 35, 36, 37, 38 y 40, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula "la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo", se otorga autorización al usuario para que reciba por dicha vía las notificaciones que deriven del presente asunto. En razón de lo anterior, realícense el alta correspondiente del citado usuario para que pueda recibir las notificaciones correspondientes. Ahora bien, respecto del correo electrónico y número telefónico que precisa; con fundamento en los artículos 22, fracción II y 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal "relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19", reformado mediante los diversos Acuerdos 25/2020, 37/2020 y 1/2021 en relación al periodo de vigencia, que establece que las partes pueden proponer formas especiales y expeditas de contacto (como correo electrónico, servicio de mensajería instantánea, número telefónico), dígase al Actuario que de resultar necesario establezca contacto con dicha parte quejosa a través de tales medios, para lograr el éxito de actuaciones procesales. Con independencia de lo anterior y toda vez que el quejoso también señala domicilio físico para recibir notificaciones personales; por tanto, se le precisa que las notificaciones que se ordenen practicar en ese domicilio, únicamente se efectuaran ante una eventual imposibilidad material de notificarle vía electrónica o dada las circunstancias del caso así lo amerite, ya que por la actual pandemia mundial generada por el virus denominado Covid-19, se está privilegiando el uso de las herramientas tecnológicas. Habilitación de días y horas inhábiles En caso de que se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Lineamientos en notificaciones que impliquen contacto personal En términos del artículo 23, fracción I, del invocado Acuerdo General 21/2020, se ordena al Actuario que las actuaciones que practique y que impliquen contacto personal, las desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar tanto su integridad y salud, como el de las personas justiciables. Firma electrónica de las determinaciones judiciales En términos de los artículos 3° de la Ley de Amparo y 3º del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, se precisa que este proveído y las subsecuentes determinaciones judiciales se firmarán mediante el uso de la FIREL del titular del Juzgado y secretario; ello, con motivo de que se labora de manera presencial con personal limitado y horario restringido, por lo que se está privilegiando en mayor medida el uso de las herramientas tecnológicas para el trabajo a distancia por parte del personal adscrito. Publicación de la resolución Hágase del conocimiento de las partes que la versión pública de esta resolución, se deberá poner a disposición del público, -en cumplimiento a lo establecido en el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública-, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado. Notifíquese personalmente.
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