Alfredo Pérez Jiménez

Expediente 614/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 10 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
614/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Alfredo Pérez Jiménez
  • Othoniel Hernández Cano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Incidental

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. FORMACIÓN DEL INCIDENTE Como está ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con fundamento en los artículos 128 de la Ley de Amparo y 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, con copia de la demanda de amparo, fórmese y tramítese por separado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 614/2023, promovido por Alfredo Pérez Jiménez y Othoniel Hernández Cano, por conducto de su defensor particular Luis Enrique González Lira, por propio derecho, contra actos del juez de control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Papantla de Olarte, Veracruz y otras autoridades, por violación a los artículos 1, 14, 16, 17, 19 y 20 Constitucionales. Asimismo, se tiene como prueba de la parte quejosa, el disco versátil digital que anexa a escrito; sin perjuicio de hacer relación de lo anterior en la audiencia respectiva. En lo conducente, cobra aplicación por su sentido y consideraciones, la jurisprudencia siguiente: Época: Décima Época Registro: 2004362 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 43/2013 (10a.) Página: 703 VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. REQUERIMIENTO DE INFORME PREVIO Con apoyo en los artículos 138, fracción III y 140 de la Ley de Amparo, por oficio, con copia simple de la demanda, pídase a la autoridad responsable su informe previo que deberá rendir dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS; con el apercibimiento que de omitir rendirlo dentro del término señalado, se presumirá cierto el acto reclamado y con fundamento en el artículo 260, fracción I y 238 de la ley de la materia, se le impondrá una multa por el equivalente a cien días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). AUDIENCIA INCIDENTAL Se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia incidental. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO De la integralidad de la demanda de amparo, en un sentido congruente con todos sus elementos, y atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, se advierte que el quejoso reclama el acto siguiente: La medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta a los quejosos Alfredo Pérez Jiménez y Othoniel Hernández Cano, el diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, dentro del proceso penal J-14/2022 y su acumulado J-15/2022, del índice del juzgado de proceso y procedimiento penal oral, con residencia en Papantla de Olarte, Veracruz. CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN Tomando en consideración que la parte quejosa solicita la suspensión provisional respecto del acto reclamado consistente en la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta a los quejosos, dentro del proceso penal J-14/2022 y su acumulado J-15/2022 del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Papantla, Veracruz, que se instruye en su contra, la cual implica la privación de su libertad derivado de un mandamiento judicial, con fundamento en el artículo 166, fracción I de la Ley de Amparo, se CONCEDE la suspensión provisional, para que el quejoso quede a disposición de este Juzgado Decimoprimero de Distrito, en cuanto a su libertad personal en el lugar en el que se encuentra recluido, y a la del juez responsable para la continuación del procedimiento penal que se le instruye, hasta en tanto se notifique a las responsables la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva. Lo anterior, por así ordenarlo expresamente el numeral 166 de la ley de la materia, que dispone: "Artículo 166. Cuando se trate de orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, se estará a lo siguiente: I. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; II. Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido, bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional de amparo estime necesarias a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal. Cuando el quejoso ya se encuentre materialmente detenido por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en la fracción I de este artículo. Si el quejoso incumple las medidas de aseguramiento o las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable. En el caso de órdenes o medidas de protección impuestas en cualquiera de las etapas de un procedimiento penal se estará a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 128." Ahora bien, no pasa inadvertido que la parte quejosa solicitó la suspensión con efectos restitutorios, como tutela anticipada; sin embargo, no es procedente su petición, toda vez que los efectos de la suspensión se encuentran regulados expresamente en la Ley de Amparo, esto es, cuando la parte quejosa está materialmente detenida al momento de pronunciarse sobre la suspensión provisional. De modo que no es factible que se acuda al apartado general de la normativa concerniente a la medida cautelar en amparo, y que incluso, se conceda esa suspensión con efectos restitutorios, porque además de que tal operación sobrepasa lo previsto en la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, también impacta en los principios que rigen al Sistema Penal Acusatorio, ya que automáticamente puede implicar una afectación al orden público, pues ese adelantamiento o restitución provisional proveniente de un órgano jurisdiccional de amparo, se sitúa en una posición precaria de conocimiento de las particularidades sobre la imposición de prisión preventiva oficiosa, con que sólo el juez de control responsable cuenta. Dichos razonamientos se encuentran inmersos en lo resuelto por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Sur, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, el nueve de noviembre de dos mil veintitrés dentro de la contradicción de tesis 46/2023. REQUISITO DE EFECTIVIDAD Esta medida cautelar surte sus efectos de inmediato y sin necesidad de otorgar garantía alguna dada la naturaleza del acto que en la especie se reclama. APERCIBIMIENTO EN CASO DE NO CUMPLIR CON LA SUSPENSIÓN Esta suspensión debe ser acatada por las autoridades responsables, apercibidas que en caso de desobediencia se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. NOTIFICACIÓN AL TERCERO INTERESADO Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley de Amparo, notifíquese por oficio el presente acuerdo a los fiscales terceros interesados. Notifíquese; y mediante oficios a los fiscales terceros interesados. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Alfredo García Ríos, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito electrónico del defensor particular de los quejosos; y en atención a su contenido, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 128 de la ley de la materia y 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; con copia del escrito y por separado, tramítese el incidente de suspensión, sin necesidad de formar duplicado. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Alfredo García Ríos, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito electrónico del defensor particular de los quejosos; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes y téngasele aportando el domicilio para emplazar a la tercera interesada víctima de identidad resguardada ********************/2020/PC; sin embargo, dicho domicilio es el mismo que obra en autos y donde no se logró localizar a las mismas. No obstante lo anterior, y atendiendo a las manifestaciones hechas por el promovente, y ante la imposibilidad de obtener datos para la localización de la referida tercero interesada, conforme lo dispone el artículo 27, fracción III, inciso b) de la ley de la materia, toda vez que el acto reclamado emana de un procedimiento judicial, requiérase a la autoridad responsable juez de control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Papantla de Olarte, Veracruz, para que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, proporcione el último domicilio que la tercera interesada víctima de identidad resguardada ********************/2020/PC, haya señalado en el proceso penal ********************/2020 de su índice; asimismo, informe si a la fecha ya remitió su informe justificado y de ser así la fecha en que lo hizo. Bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, o de no manifestar el impedimento legal que tengan para hacerlo, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, se harán acreedores de una medida de apremio consistente en una multa por el equivalente a cincuenta días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Alfredo García Ríos, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el informe justificado de la autoridad responsable director del centro penitenciario de Coatzacoalcos, Veracruz; agréguese al sumario para que surta sus efectos legales correspondientes y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido y dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga; sin perjuicio de hacer relación de ello en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Fernando Cervantes Ruvalcaba, que autoriza y da fe.

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