Alfredo Morgado Romero

Expediente 614/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 15 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
614/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
07/03/2022

Partes del expediente

  • Víctor Alfonso García Morgado
  • Alfredo Morgado Romero
  • NEFTALÍ CASTILLO GERÓNIMO y Otros.
  • ALFREDO MORGADO ROMERO y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a siete de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, al haber transcurrido el término de diez días a que alude el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra del auto de sobreseimiento fuera de audiencia pronunciado en este asunto, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación; y, tomando en consideración el contenido del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, donde se advierte en el punto 7.4 el tratamiento de los expedientes con suspensión de plano, como acontece en el presente asunto; en esas condiciones, el presente asunto debe ser considerado susceptible de DEPURACIÓN, acorde con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a) del Acuerdo General relativo. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto del incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó incidente alguno. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que el presente asunto no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los siguientes noventa días, se realizará el proceso de depuración y se transferirá a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Alfredo García Ríos, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    (aviso) notificación por lista ala quejosa.- Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a ocho de febrero de dos mil veintidós. Visto el oficio 23/2022 de la Fiscal Especializada en Justicia Penal para Adolescentes, Comisionada en la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia del VI Distrito Judicial, con residencia en Álamo Temapache, Veracruz; agréguese al sumario para que surta sus efectos legales correspondientes y téngasele remitiendo copia autenticada del oficio 166/2021 a través del cual ordenó la libertad del directo quejoso Miguel González Morgado. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS En virtud de lo anterior, de los informes rendidos por las autoridades responsables Fiscal Cuarta de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad y Fiscal Especializada en Justicia Penal para Adolescentes, Comisionada en la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia del VI Distrito Judicial, con residencia en Álamo Temapache, Veracruz, se advierte que es cierto el acto reclamado, lo cual se acredita por así advertirse de sus respectivos informes y de las constancias remitidas como justificación de sus actos; documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme con lo establecido en el precepto 2° de la Ley de Amparo. Esto es, que los directos quejosos Alfredo Morgado Olmedo, Víctor Alfonso García Morgado, Neftalí Castillo Gerónimo y Miguel González Morgado, fueron detenidos por elementos de la Policía Estatal y puestos a disposición del Fiscal Cuarta de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad y Fiscal Especializada en Justicia Penal para Adolescentes, Comisionada en la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia del VI Distrito Judicial, con residencia en Álamo Temapache, Veracruz, y posteriormente los dejaron en libertad, dentro del término constitucional de cuarenta y ocho horas. En razón de lo expuesto, se llega a la convicción de que si se dejó en libertad a los directos quejosos Alfredo Morgado Olmedo, Víctor Alfonso García Morgado, Neftalí Castillo Gerónimo y Miguel González Morgado, es inconcuso que han desaparecido totalmente los efectos del acto reclamado en estudio, sin que se haya dejado huella alguna en la esfera jurídica de los quejosos, debido a que se les restituyó su garantía violada consistente en la privación de la libertad. Ello pues, si lo que se reclamó en el presente juicio fue una privación de la libertad personal y de autos se advierte que los directos quejosos fueron puestos en libertad el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno; es evidente que, en el caso, se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del juicio de amparo, lo que permite que se tenga la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de continuarse con la substanciación del procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, que dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora, en virtud de que las causas de improcedencia en el juicio de amparo son de orden público y estudio preferente, lo aleguen o no las partes, se estima que en el caso se actualiza la prevista en el artículo 61 la fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de amparo que se actualiza cuando cesaron los efectos del acto reclamado. Aquí, resulta pertinente señalar que se considera que cesaron los efectos del acto reclamado y no un cambio de situación jurídica, pues es de advertirse que cuando se presentó la demanda de amparo (treinta de diciembre de dos mil veintiuno) los directos quejosos ya se encontraban a disposición de la autoridad competente, como lo son los fiscales responsables; y fueron dichas autoridades las que con posterioridad ordenaron su libertad. Así, los efectos de un acto reclamado cesan cuando se revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, que dice: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. De este modo, si el acto aquí reclamado lo es la privación de la libertad reclamada a las autoridades responsables y como ya se vio, se dejó en libertad a los directos quejosos Alfredo Morgado Olmedo, Víctor Alfonso García Morgado, Neftalí Castillo Gerónimo y Miguel González Morgado; es inconcuso que han desaparecido totalmente los efectos del acto reclamado en estudio, sin que se haya dejado huella alguna en la esfera jurídica de los quejosos, debido a que se le restituyó su garantía violada consistente en la privación de la libertad. De ahí que han cesado los efectos del acto reclamado, pues se ha destruido en forma inmediata, total e incondicional, el acto reclamado, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Resulta aplicable la tesis 2a. XLVIII/98, que dice: CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad. Asimismo, tiene aplicación al caso la jurisprudencia 2a./J. 9/98, que establece: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Cabe precisar que por criterio jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, procede el sobreseimiento fuera de audiencia por dos razones a saber; porque se encuentra previsto por el inciso d) de la fracción I del artículo 81 de la Ley de Amparo, el cual revela que el sobreseimiento del juicio, además de decretarse en la audiencia constitucional también puede ser decretado en un auto que se emita fuera de la misma, ya que el precepto de referencia establece que procede el recurso de revisión en contra de los autos de sobreseimiento, lo cual significa que se trata de un acto distinto a la sentencia emitida en la audiencia constitucional. Además, cuando la causa de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 10/2003, cuyo contenido es el siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Esta misma razón opera por mayoría de criterio, cuando existe una causa directa de sobreseimiento de las previstas en el numeral 63 de la Ley de Amparo, pues si la improcedencia contemplada en el arábigo 61, de la misma norma genera el sobreseimiento, éste también puede declararse fuera de audiencia cuando sobreviene una causal directa del citado precepto 63, como muerte del quejoso, desistimiento, o bien, como en el caso, la cesación de efectos. En esas condiciones, al quedar plenamente justificada la causa de improcedencia examinada, inmersa en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO FUERA DE AUDIENCIA, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, toda vez que en el particular al acto reclamado se extinguió. En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS.

  3. Principal

    Poza Rica, Veracruz, a treinta y uno de enero de dos mil veintidós Visto; el oficio 1314/2021 del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Tuxpan de Rodríguez Cano, a través del cual devuelve sin diligenciar el exhorto 42/2022 (92/2022), que se envió para que dicha autoridad notificara y entregara a la autoridad Fiscal Especializada en Justicia Penal para Adolescentes de Álamo Temapache, Veracruz, el oficio 171/2022 que contiene inserto el acuerdo de cuatro de enero del año en curso; agréguense a los autos para que surtan sus efectos legales correspondientes y dese de baja en el libro cuatro de comunicaciones oficiales enviadas, sin necesidad de remitir el acuse respectivo, habida cuenta que la vía por la que se recibió lo generó electrónicamente. En virtud de lo anterior, tomando en consideración que del artículo 36 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se advierte que la denominación correcta de dicha autoridad es Fiscal Especializada en Justicia Penal para Adolescentes Comisionada en la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia, con residencia en Álamo Temapache, Veracruz; en esas condiciones, gírese atento oficio a dicha autoridad, para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS remita copia certificada de la boleta de libertad del directo quejoso ******************** e informe lo conducente a este Juzgado Federal; bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se le hará efectiva una multa por el equivalente de cien días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con el artículo 260, fracción II y 238 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintiocho de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que aún no obra la comunicación oficial 42/2022 (92/2022), misma que por razón de turno le correspondió conocer al Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Tuxpan de Rodríguez Cano, a través de la cual se le solicitó notificar y entregar a la autoridad Fiscal Especializada en Justicia Penal para Adolescentes de Álamo Temapache, Veracruz, el oficio 171/2022 que contiene inserto el acuerdo de cuatro de enero del año en curso. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, no se está en posibilidad de celebrar la audiencia constitucional programada para el día de hoy, por lo que se difiere y se señalan para su verificativo las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Por otro lado, visto el alegato ministerial 044/2022 que formula la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, hágase relación de éste en la audiencia constitucional y respecto a la copia certificada que solicita en el tercer punto petitorio, dígasele que en el momento procesal oportuno se le entregará. Notifíquese.

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