Alfredo Olivar Espinoza

Expediente 923/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
923/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
12/09/2022

Partes del expediente

  • Alfredo Olivar Espinoza

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 923/2022-III. Puebla, Puebla, doce de septiembre de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO AUTO DE DESECHAMIENTO Vista la certificación de cuenta y el estado procesal del presente expediente, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo; sin embargo, la parte quejosa no se inconformó contra el auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, dictado en este juicio, mediante el cual se tuvo por desechada la demanda de amparo. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, se declara que el referido auto ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. ARCHIVO En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve-, el presente expediente constituye un asunto concluido, por ende se ordena su archivo. VALORACIÓN DOCUMENTAL. En atención a la facultad conferida por los artículos 6 fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo; pues, se trata de una resolución en donde sin haber decidido el juicio en lo principal lo dio por concluido. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS A LAS PARTES. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a quien hubiera presentado la demanda. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En virtud de que en el presente juicio no se aperturó incidente de suspensión con relación a los actos reclamados, debido a que se tuvo por desechada la demanda, se descarta realizar mayor pronunciamiento al respecto. RESGUARDO DEL EXPEDIENTE. Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deberá destruirse. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. CARÁTULA DEL EXPEDIENTE. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá certificar la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. ANOTACIONES EN LOS LIBROS DE GOBIERNO. Se instruye a la oficial judicial A para efectos de que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como en el libro de gobierno. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la caratula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- sean coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). REVISIÓN DEL EXPEDIENTE. Por último, se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el presente expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3, párrafo octavo de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Ahora, dado que ha fenecido el plazo de tres días concedido al quejoso en auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, a fin de que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad o zona conurbada, pues fue notificado el uno de septiembre del presente año, sin que lo hubiera hecho; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar por lista a la parte quejosa las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal; si las hubiere. Se tienen como autorizados en los términos amplios del artículo 12 de la ley de amparo a. NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO. Si la parte quejosa, deseara conocer el estado de este juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se habrá de notificar a por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 923/2022-III. Puebla, Puebla, seis de septiembre de dos mil veintidós. DESPACHO DEVUELTO Se agrega al expediente el oficio y anexo del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, por el cual devuelve diligenciado el despacho 221/2022, con número de orden 324/2022, del índice de este juzgado federal, por el cual se solicitó notificar el proveído de treinta y uno de agosto del presente año al quejoso por el cual se desechó la demanda de amparo, el cual le fue notificado en su lugar de su reclusión el uno de septiembre de los corrientes. En consecuencia, se ordena dar de baja el despacho de mérito en el libro de gobierno que corresponda y en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), y realizar las anotaciones correspondientes. Además, de las constancias recibidas se desprende que aún no ha fenecido el plazo de tres días concedido al quejoso en auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, a fin de que éste señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad o zona conurbada, pues fue notificado el uno de septiembre del año en curso; por tanto, una vez que fenezca dicho término sin mayor pronunciamiento se hará efectivo el apercibimiento y se tendrá como domicilio de su parte para oír y recibir notificaciones, las listas. Notifíquese.

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 923/2022-III Puebla, Puebla, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. RADICACIÓN DEL EXPEDIENTE. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales presentada por, por propio derecho, contra actos del Juez de Ejecución adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Puebla. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). INTEGRACIÓN DE LA DEMANDA ORIGINAL AL EXPEDIENTE. En virtud de las cuestiones de logística adoptadas ante la presencia de la enfermedad COVID-19, se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que, una vez recibida la demanda de amparo -de manera física-, sin ulterior acuerdo glose a los autos el documento original respectivo. EXHORTACIÓN PARA LA TRAMITACIÓN DE JUICIO EN LÍNEA. Debido a la enfermedad producida por el virus SARSCoV-2, que ha generado una contingencia sanitaria en todo el país, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o l Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Sobre todo porque la tramitación del juicio bajo dicha modalidad les permitirá la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones por la misma vía (electrónica). Es necesario destacar que, de conformidad con el artículo 39, del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el acceso otorgado a las partes o sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos no implicará permisos para notificarse electrónicamente de resoluciones judiciales. De ahí que para estar en aptitud de tramitar el presente juicio bajo el esquema de "juicio en línea", no basta que se solicite la consulta del expediente electrónico; pues, para ello, es indispensable que, en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, se solicite expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a través del "nombre de usuario" creado para acceder al portal. DESECHAMIENTO. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 , establece que la jueza de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO".2 En el presente caso, se observa que la demanda recibida, debe subsumirse en la hipótesis normativa del artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. Para demostrarlo, se hace notar que la lectura integral efectuada a la demanda, permitió detectar que el reclamo planteado por el quejoso, comprende en esencia lo siguiente: ".Lo es la resolución dictada en audiencia de fecha once de agosto del dos mil veintidós, resolución que negara el beneficio preliberacional en su modalidad de libertad condicionada dentro del, dentro del derivado de la causa penal ." Tal acto deriva de un escrito presentado por la parte quejosa a la autoridad responsable, el dos de junio de dos mil veintidós, en la que solicitó un beneficio preliberacional en su modalidad de libertad condicionada. Por lo que se apertura el, dentro del, derivado de la causa penal y se fijó audiencia en la que debatiría sobre la procedencia de la solicitud el día once de agosto del presente año a las dieciocho horas con cuarenta minutos en el Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Puebla. En esas circunstancias, a criterio de esta juzgadora, se actualiza la causal de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, relativa al principio de definitividad, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, La fracción XVIII del mencionado artículo contiene la causa de improcedencia que descansa ante la falta del quejoso de agotar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, el cual consiste en que previo a la promoción de amparo, es necesario agotar el recurso o medio de defensa ordinario que por el cual el acto combatido de origen, pueda ser modificado, revocado o nulificado. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 1100, Tomo VII, Octubre de 1998, Novena Época, de rubro: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL" En ese tenor, de los antecedentes expuestos por el quejoso en la demanda -bajo protesta de decir verdad- se advierte que no combatió el acto reclamado a través del medio ordinario de defensa previsto en el artículo 131, en relación con los diversos 132, fracción II, 134 y 135, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, De preceptos legales transcritos se desprende que el recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna. Asimismo, dicho medio ordinario de impugnación tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. El indicado recurso de apelación procede en contra de las resoluciones que se pronuncien en la que, como en este caso, modifique la pena. Además, después de interponerse el recurso, el Juez de Ejecución correrá traslado a las partes para que en el plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga, y en su caso, ejerciten su derecho de adhesión. Una vez realizado el traslado, la unidad de gestión remitirá dentro de las veinticuatro horas siguientes las actuaciones al tribunal de alzada que corresponda. Ahora bien, el tribunal de alzada en el auto que se tengan por recibidas las actuaciones enviadas por el Juez de Ejecución, determinará si el recurso fue interpuesto en tiempo, si la persona tiene derecho de recurrir y si el auto impugnado es apelable. Si fuese necesario el desahogo de una audiencia, el tribunal de alzada en el auto que tuvo por recibidas las actuaciones, señalará día y hora para la celebración de la misma dentro de los cinco días siguientes. En este caso, el tribunal de alzada resolverá el recurso de apelación dentro de los tres días siguientes a la celebración de la audiencia. En caso de no darse el supuesto a que se refiere el párrafo anterior el tribunal de alzada resolverá el recurso de apelación dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto que tuvo por recibidas las actuaciones. En esas circunstancias, la resolución reclamada al juez responsable negó el beneficio preliberacional en su modalidad de liberad condicionada dentro de la, dentro, derivado de la causa penal que se instruyó en su contra por los delitos contra la salud en su modalidad de posesión simple del narcótico denominado como cannabis sativa L., comúnmente conocido como marihuana, previsto y sancionado en el artículo 195 Bis, en relación con el 193 del Código Penal Federal, en relación con los diversos 234, 235 y 237 de la Ley General de Salud, así como el delito de posesión de petrolífero en el caso Pemex Diesel, previsto y sancionado por el artículo 9, fracción II, incido d) de la Ley para Prevenir y Sancionar los delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos, sentencia en la que se le aplicó una pena de ocho años de prisión. Es de las que pueden ser combatidas a través del recurso de apelación previsto en los artículos 131 y 132, fracción II, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, al tener por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Por consiguiente, ese recurso debió haber sido agotado, previo al ejercicio de la acción de amparo. Máxime que el aquí quejoso es parte en el incidente o carpeta de ejecución del Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de Puebla, y por ello estuvo en aptitud de interponer ese recurso de apelación, pero al haberlo omitido, se actualiza la causa de improcedencia aquí analizada. En tales condiciones, si el quejoso no agotó en contra del acto reclamado en esta vía el medio de impugnación a través del cual pudo lograr su revocación o modificación, el juicio de amparo en su contra resulta improcedente, pues no se satisface el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, pues al estar vinculado al juicio natural por ser el imputado dentro de la causa generadora, sí estaba en aptitud de interponer dicho recurso en todo aquello que lo afectara al abordar dicho aspecto. En ese sentido, es indudable que la demanda de amparo que se provee resulta improcedente al no haberse agotado el principio de definitividad, dado que a través de la interposición del referido medio ordinario de impugnación se puede modificar, revocar o nulificar el acto que ahora se reclama, el cual estaba obligada a agotar al no ser extraño al proceso natural y no tratarse de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ni de los previstos en los incisos b) y c) de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, razón por la cual no opera en su favor la excepción a que se refiere éste último ordenamiento legal. Lo anterior encuentra apoyo en la Tesis 3497, consultable a página mil seiscientos cuarenta y ocho, del Tomo II, Penal, P.R. TCC, Materia Penal, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, Apéndice 2000, con el rubro: "ACTO RECLAMADO NO COMPRENDIDO EN LAS EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD". También resulta aplicable a lo antes expuesto la Jurisprudencia número 447, consultable a foja cuatrocientos cuarenta y siete, del Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Pleno, Quinta Época, Apéndice de 1995, con el rubro siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS". Y la Jurisprudencia VI.2o.C. J/260, publicada a página mil ochocientos dieciséis, del Tomo XXIII, Marzo de 2006, Materia Común, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA". Finalmente, es necesario resaltar la actual tendencia de los criterios emitidos por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, relativos al principio de definitividad en relación con los recursos ordinarios previstos en el Nuevo Sistema de Justicia Penal (aplicable en el caso por tramitarse conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal), pues estos últimos han sido considerados idóneos para resolver las inconformidades de los justiciables. Un claro ejemplo de ello se encuentra en la tesis 1a. XXIV/2021 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 117, FRACCIÓN III, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ES EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNARLA, AUN CUANDO EL AFECTADO NO TENGA UNA RESOLUCIÓN TANGIBLE QUE RECURRIR Y, POR TANTO, DEBE AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD" En éste, la Primera Sala consideró que la controversia judicial, regulada en los artículos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es el medio de defensa idóneo para combatir la orden de traslado que se emite sin autorización judicial previa, porque ese recurso tiene potencial para confirmar, modificar o revocar la determinación de traslado, con lo que se abandonó el pensamiento que permitía la procedencia inmediata del juicio de amparo indirecto. Lo mismo ocurre con el recurso innominado previsto por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; éste, sostuvo también la Primera Sala en la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.)5, es idóneo para combatir las omisiones del ministerio público en la etapa de investigación, por lo que debe agotarse de manera previa a la promoción del juicio de amparo indirecto. En esa línea de pensamiento, se insiste, en el presente caso el quejoso debió promover el recurso ordinario que tenía a su alcance (apelación) previo a promover el juicio de amparo indirecto. En consecuencia, al no haberse agotado el principio de definitividad, rector del juicio constitucional, mediante la previa interposición del recurso de revocación aludido por parte del promovente del amparo, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, circunstancia que obliga a desechar de plano la demanda en estudio por resultar notoriamente improcedente, con fundamento en el diverso artículo 113 de la invocada Ley de la materia. ANOTACIONES INTERNAS. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE. Se hace saber a los intervinientes en este sumario constitucional que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 (reformado en su periodo de vigencia por el similar 16/2022), el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes o, de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita se programará para el día en que venza dicho plazo-. Lo anterior, sin perjuicio de que las partes, en el caso de las diligencias y audiencias, podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia. PRESENTACIÓN DE PROMOCIONES FÍSICAS. Se comunica a las partes que la recepción de promociones de manera física, será en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física o exhibir documentos (incluidas garantías), así como por las autoridades responsables cuando rindan su informe justificado (o cualquier otro requerimiento) y éste no pueda ser remitido en vía electrónica AUTORIZACIÓN PARA TOMA DE FOTOGRAFÍAS. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Toda vez que el domicilio que señala la parte quejosa en su escrito de demanda se encuentra fuera de la residencia de este juzgado de distrito, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se publiquen en este juzgado. Lo anterior, de conformidad con el Código de Procedimientos Civiles aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, las partes, en su primer escrito, deben designar casa ubicada en la población en que tenga su sede el tribunal, para que se les hagan las notificaciones personales y cuando no se cumpla tal requisito, las notificaciones personales se realizaran conforme a las reglas para las notificaciones que no deban ser personales, esto es: por lista Además, se tienen como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la ley de la materia solo para oír y recibir notificaciones los licenciados Mariano Chávez Juárez y/o Juan Noe Sánchez Letra, porque la parte quejosa omitió conferirles las facultades amplias del citado numeral. NOTIFICACION POR DESPACHO Toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez, Puebla, es decir, fuera de la ciudad donde este juzgado tiene su residencia, con fundamento en los artículos 297, 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena girar despacho al Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, para que en auxilio de las labores de este juzgado federal, dentro de los tres días siguientes a la recepción de la comunicación oficial en comento, ordene a quien corresponda, incluso en días y horas inhábiles, llevar a cabo la notificación del presente proveído al quejoso en el lugar de reclusión. Además, la persona encomendada para dicha notificación deberá levantar el acta circunstanciada correspondiente. Asimismo, deberá requerirlo para que en el plazo de tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación, señale domicilio en esta ciudad o en su zona conurbada (San Andrés Cholula, San Pedro Cholula o Cuautlancingo) para oír y recibir notificaciones de su parte; además, deberá apercibirlo que de omitir hacerlo así en el plazo otorgado para tal fin, las subsecuentes determinaciones, incluso las de carácter personal, se le seguirán notificando por medio de lista, tal y como se determinó en líneas precedentes. Se faculta al funcionario correspondiente, a fin de que pueda practicar la diligencia de notificación ordenada en el presente acuerdo, aun en días y horas inhábiles, para evitar dilaciones innecesarias. Por último, se hace notar al juez requerido que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas, copia certificada de las constancias que acrediten la práctica de la notificación de mérito. Se le apercibe que, de no hacerlo, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización en su valor diario. Para tal efecto, las referidas constancias deberán ser devueltas vía correo electrónico a la dirección oficial de este juzgado: 4jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx. Del mismo modo, se instruye a la actuaria encargada del presente asunto, que el despacho generado con motivo de este acuerdo lo remita vía correo electrónico, ya sea a una dirección oficial o al del personal que se encuentre de guardia. Además, debe confirmar su recepción y levantar razón de ello. COMUNICACIÓN CON LAS PARTES. Con independencia de lo acordado en el apartado precedente y a fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020, se requiere a las partes para que en el plazo de tres días proporcionen un correo electrónico y número de teléfono por medio del cual puedan ser contactadas. Se hace la precisión que los referidos medios electrónicos de comunicación sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran. Pero las notificaciones que en derecho les correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. En ese tenor, se toma conocimiento del correo electrónico proporcionado por la quejosa en la demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. DIGITALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. REGISTRO DE PARTES EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES. Se instruye a la oficial judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes a las denominaciones de las autoridades responsables y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Notifíquese; de manera personal (por despacho) a la parte quejosa.

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