Alfredo Montiel Meneses

Expediente 595/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
595/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
23/06/2022

Partes del expediente

  • Alfredo Montiel Meneses

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 595/2022-V. . Puebla, Puebla, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de siete de junio de dos mil veintidós, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y al Oficial Judicial A del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo de este expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Carátula del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá certificar la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Devolución de constancias exhibidas por la parte quejosa. Se pone a disposición de la parte quejosa, las documentales que exhibió en este juicio, las cuales deberá de recoger dentro del plazo de noventa días, contados a partir del día siguiente en el cual surta efectos la notificación de este proveído. Para ello, deberá agendar una cita en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional, con credencial oficial vigente con fotografía y una copia simple de la misma, así como dejar razón de recibo en autos para constancia. Se le apercibe que, de no comparecer en el plazo señalado, las documentales que exhibió en este juicio serán destruidas. Lo anterior, con fundamento en el artículo 20 fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese; de forma personal al quejoso en su domicilio procesal

  2. Principal

    SE DEJO AVISO DE NOTIFICACION A LA PARTE QUEJOSA, POR LO TANTO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA JUICIO DE AMPARO 595/2022-V. . Puebla, Puebla, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de siete de junio de dos mil veintidós, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y al Oficial Judicial A del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo de este expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Carátula del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá certificar la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Devolución de constancias exhibidas por la parte quejosa. Se pone a disposición de la parte quejosa, las documentales que exhibió en este juicio, las cuales deberá de recoger dentro del plazo de noventa días, contados a partir del día siguiente en el cual surta efectos la notificación de este proveído. Para ello, deberá agendar una cita en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional, con credencial oficial vigente con fotografía y una copia simple de la misma, así como dejar razón de recibo en autos para constancia. Se le apercibe que, de no comparecer en el plazo señalado, las documentales que exhibió en este juicio serán destruidas. Lo anterior, con fundamento en el artículo 20 fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese; de forma personal al quejoso en su domicilio procesal

  3. Principal

    ..JUICIO DE AMPARO 595/2022-V. Puebla, Puebla, siete de junio de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, signada por el quejoso ++++por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Alta Incidencia (FEIDAI) de la Fiscalía General del Estado de Puebla, y otra autoridad responsable. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno con el número correspondiente, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Lo anterior, en términos del Acuerdo General 21/2020 (reformado en el periodo de vigencia por su similar 9/2022), del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia producida por el virus SARS-CoV-22 -que causa la enfermedad COVID-19-. Exhortación para el seguimiento del juicio en línea. Debido al fenómeno de salud pública que existe en la República Mexicana, ante la presencia del virus SARS-CoV-2, y las acciones extraordinarias tendentes a afrontarlo, se exhorta al quejoso a que continúe la tramitación del presente asunto en el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Sobre todo porque la tramitación del juicio bajo dicha modalidad, le permitirá la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones por la misma vía (electrónica), a través de su autorizado en términos amplios. Es necesario destacar, que de conformidad con el artículo 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el acceso otorgado a las partes o sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos, no implica el permiso para notificar resoluciones judiciales de manera electrónica. De ahí que para tramitar el presente juicio bajo el esquema de "juicio en línea", no basta que se solicite la consulta del expediente electrónico, pues para ello, es indispensable que en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del referido acuerdo general, se solicite expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a través del "nombre de usuario" creado para acceder al portal. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo3 , establece que la jueza de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO".4 En el presente caso, se observa que la demanda recibida, debe subsumirse en la hipótesis normativa del artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. De la demanda de amparo se advierte que el quejoso señala como autoridad responsable (entre otras), al Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Alta Incidencia (FEIDAI) de la Fiscalía General del Estado de Puebla, y le atribuye los siguientes actos reclamados: ".A) La violación sistemática y reiterada de mis derechos humanos previstos en los artículos 20, Apartado 13", fracción VI, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 113, fracción VIII, y 218, párrafo tercero, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales; traducidos en LA NEGATIVA INJUSTIFICADA DE DAR A MI DEFENSOR PARTICULAR EL ACCESO A LOS REGISTROS QUE INTEGRAN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN número ++++; pues aunque simula mediante un acuerdo ministerial que ha acordado favorablemente su expedición y entrega, lo cierto es que de facto de sigue negando a dar acceso a la Carpeta de Investigación y más aún de expedir copias que le han sido requeridas. B) La injustificada e ilícita pretensión de dejar transcurrir el tiempo restante del plazo decretado judicialmente para el cierre de la investigación complementaria, SIN DAR -DE FACTO- ACCESO A LA DEFENSA a los registros de Investigación y sin expedir a las copias al Defensor Particular, a las que tiene derecho para el debido ejercicio de la defensa del imputado. C) La negativa injustificada, sin fundamentación ni motivación, a reconocer dentro de los registros de la Carpeta de Investigación, el carácter de Defensor Particular a mi abogado ++++ D) La obstinada pretensión de revictimizarme, al pretender el Ministerio Público delincuente forzarme a que exclusivamente sea el suscrito quien pueda tener acceso a la Sede ministerial a recibir las copias (teniendo en realidad la pretensión de tener contacto conmigo para intimidarme), violando flagrantemente mis derechos como víctima de delito y víctima de violación a derechos humanos. E) La no excusa del Licenciado +++++, agente del Ministerio Público, no obstante de que, habiendo sido ya DENUNCIADO PENALMENTE POR EL SUSCRITO por lo que existe un conflicto de interés que afecta la imparcialidad de su actuación, hasta el día de hoy sigue estando a cargo de la integración de la Carpeta de Investigación y sigue interviniendo en la Causa Penal como Ministerio Público de litigación. F) La pretensión de "venderme" un Procedimiento Abreviado, que es en sí la finalidad de haberme fabricado el delito en el que ilícitamente se me relacionó, por parte de los Policías aprehensores en contubernio con el agente del Ministerio Público a cargo de la Carpeta de Investigación. G) La violación al debido proceso que se deriva de la afectación a mi derecho humano a la Defensa y que se deriva de los anteriores actos reclamados. H) El incumplimiento de su obligación contenida en el párrafo tercero del artículo V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa a proteger, respetar y garantizar mis derechos humanos, aún a sabiendas de que dicha conducta tipifica el delito de abuso de autoridad a incumplimiento de un deber legal, previsto por el artículo 419, fracción IV, del Código Penal para el Estado de Puebla. Ahora, en los antecedentes de la demanda el quejoso señaló bajo protesta de decir verdad lo siguiente: Que el veinticinco de febrero de dos mil veintidós, fue puesto a disposición del Ministerio Público, y se inició la carpeta de investigación ++++, por el delito de posesión simple de metanfetaminas, determinando el ejercicio de la acción penal o judicialización de la carpeta. Así, se radicó la causa penal ++++, en la cual se le vinculó a proceso al aquí quejoso. Asimismo, refiere el quejoso los siguientes antecedentes en su demanda: ".Desde el día catorce de abril del presente año, solicité al Licenciado +++++, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en delitos de alta incidencia (FEIDAI), de la Fiscalía General del Estado de Puebla, que me tuviera designando nuevo Defensor Particular ante esa Representación Social y que diera a mi nuevo Defensor acceso a los registros que componen la Carpeta de Investigación, así como me expidiera las copias de la misma, a las que tengo derecho. Aunque el Ministerio Público emitió un acuerdo ministerial de fecha dieciocho de abril de dos mil veintidós, en el que aparentemente accede a la expedición de copias de la Carpeta de Investigación en mi favor, lo cierto es que de facto sigue hasta el día de hoy sin dar cumplimiento a su propio acuerdo ministerial, pues NO HA HECHO ENTREGA DE LAS COPIAS NI AL SUSCRITO NI A MI DEFENSOR. y si bien manifiesta que únicamente me las ha de entregar a mí, el suscrito NO DESEO TENER NINGÚN CONTACTO PERSONAL CON ÉL, PUES ÉL TAMBIÉN ME VEJÓ Y ME TORTURÓ PSICOLÓGICAMENTE DURANTE EL TÉRMINO DE CUARENTA Y OCHO HORAS QUE ME TUVO A SU DISPOSICIÓN; y dentro de mis derechos de víctima se encuentra el de no tener contacto con mi victimario, ni ser revictimizado; careciendo de sustento jurídico y de motivación la pretensión del Licenciado ++++ de querer entregar las copias al suscrito en sus oficinas y seguir desconociendo y bloqueando a mi Defensor Particular. He acudido ya en diversas ocasiones por escrito ante la Jueza de Control señalada aquí como autoridad responsable, para que ejerza el CONTROL JUDICIAL sobre a omisión del Ministerio Público de darme el acceso a la Carpeta de Investigación a través de mi Defensor Particular y para que se entreguen a mi Defensor las copias de los registros de investigación que componen la carpeta; sin embargo, la actuación de la Jueza no ha sido contundente para proteger, respetar y garantizar mi derecho humano. No obstante, con las veces que he acudido ante ella, he agotado el principio de definitividad, por lo que mi única opción para la defensa de mis derechos humanos vulnerados es la presente vía de amparo. Asimismo, la Jueza hoy señalada como autoridad responsable, emitió en la Causa Penal +++++ un acuerdo de fecha seis de mayo del año en curso, en el que ordenó darme vista con las manifestaciones del Ministerio Público contenidas en el Oficio número +++++ signado por el Licenciado ++++++++, agente del Ministerio Público; vista que mi Defensor desahogó mediante escrito fechado y recibido el día diecinueve de mayo del año en curso, en la Oficialía de Partes del Centro de Justicia Penal en el Estado de Puebla, en el que mi Defensor Particular le comunicó a la Jueza que el Licenciado ++++++, agente del Ministerio Público, injustificadamente no ha entregado a esta Defensa las copias cotejadas que se le ordenó judicialmente expedir, ya que sin fundamentación ni motivación se niega a reconocer e carácter de defensor a mi abogado particular. Sin embargo, al día de hoy; hasta el momento de la firma del presente escrito inicial de demanda de amparo, no he sido notificado, ni directa ni a través de mi Defensor Particular aquí mencionado, de resolución judicial alguna que hubiera recaído a dicho escrito, por lo que la Jueza viola también mi derecho de petición; pero más allá de ello, viola mi derecho de acceso a la Justicia al denegarme el control judicial sobre las omisiones en que flagrantemente viene incurriendo el Ministerio Público, al no convocar a una audiencia en la que le exija a la autoridad investigadora el cumplimiento de su obligación de entrega inmediata de las copias a que tengo derecho, transcurriendo así para el suscrito lo que resta del plazo para el cierre de la investigación, sin que el suscrito me pueda defender.". Ello, permite visualizar la actualización de una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual resulta de relacionar la fracción XXIII5 del numeral 61, con la fracción II6 del diverso 5°, ambos de la Ley de Amparo, respecto de la autoridad responsable denominada Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Alta Incidencia (FEIDAI) de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Conforme a dichos preceptos legales, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos u omisiones, normas generales o tratados internacionales que en el mismo se reclamen, provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por lo tanto, se considera que autoridad para efectos del juicio de amparo es aquella que cuenta con las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, que tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Sin embargo, el Ministerio Público señalado como responsable, según el numeral 105, fracción V, último párrafo, del Código Nacional de Procedimiento Penales, es un sujeto del procedimiento penal y acusatorio, consecuentemente le otorga la calidad de parte en todos los procedimientos previstos en el mencionado cuerpo normativo. Tiene aplicación al caso, la tesis 2020930 de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo III, Noviembre de 2019, página 2171, de rubro: "ABSTENCIONES, OMISIONES O DILACIONES ATRIBUIDAS AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. NO CONSTITUYEN ACTOS DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARODO". También, tiene aplicación al caso, jurisprudencia 2022071 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, Septiembre 2020, página 239, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA DE MANERA MANIFESTA E INDUDABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 5, FRACCIÓN II (INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU) AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA NEGATIVA DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, DE REDUCIR LA PENA PREVISTA PARA EL DELITO DE QUE SE TRATE DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL ABREVIADO". Por lo tanto, no puede tener la calidad de autoridad responsable para este juicio conforme a los actos combatidos, al tener la calidad de parte, dentro de un procedimiento penal y acusatorio. Por tanto, de conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda, respecto de la autoridad señalada como responsable denominada: Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Alta Incidencia (FEIDAI) de la Fiscalía General del Estado de Puebla, porque este encontró una causa de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas con antelación. Por otra parte, también se observa que la demanda recibida, debe subsumirse en la hipótesis normativa del artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia, respecto de los actos reclamados a la jueza responsable. El quejoso reclama a la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro con sede en Puebla, los siguientes actos: ".A) La omisión de proteger, respetar y garantizar mis derechos humanos, respecto de las violaciones que se reclaman en los puntos anteriores a la diversa autoridad responsable Agente del Ministerio Público; mismas que ya por escrito le han sido hechas de su conocimiento a la autoridad judicial aquí señalada como responsable, con antelación; así como el consentimiento tácito de que tales violaciones de derechos humanos, atribuidas al agente del Ministerio Público señalado como autoridad responsable, se prolonguen indefinidamente en mi agravio, al NO hacerlas cesar ni aplicar medidas de apremio al agente del Ministerio Público para que cesen, dejando que se consuma el plazo restante para el cierre de la investigación, sin que el suscrito pueda ejercer mi derecho a la defensa. B) La violación a mi derecho de petición, mediante la omisión de emitir acuerdo y pronunciarse respecto a las peticiones de mi Defensor Particular contenidas en el escrito dirigido a ella, fechado y presentado el día diecinueve de mayo del año en curso, en la Oficialía de Partes del Centro de Justicia Penal en el Estado de Puebla (SE ANEXA ACUSE DE RECIBO ORIGINAL); pues, bajo protesta de decir verdad, hago de su conocimiento que hasta el momento de la firma del presente escrito inicial de demanda de amparo, no he sido notificado, ni directa ni a través de mi Defensor Particular aquí mencionado, de resolución judicial alguna que hubiera recaído a dicho escrito, a través del cual mi Defensor Particular hizo del conocimiento de la autoridad judicial hoy responsable, que el Licenciado MARINO JIMÉNEZ DÍAZ, agente del Ministerio Público, injustificadamente no ha entregado a esta Defensa las copias cotejadas que se le ordenó judicialmente expedir, ya que sin fundamentación ni motivación se niega a reconocer su carácter de defensor a mi abogado particular. C) La negativa de mi derecho como víctima de un delito al conocimiento de la verdad, que se prevé en la legislación de protección a las víctimas del delito y víctimas de violación a derechos humanos; pues más allá de la alternativa que se me pone al alcance de una salida alterna, como lo es la Suspensión Condicional del Proceso, además de SUJETARME A CONDICIONES A LAS QUE EL SUSCRITO NO TENDRÍA POR QUÉ QUEDAR SUJETO, PUES NINGÚN DELITO COMETÍ, NI DEBO RECONOCER NI SIQUIERA TÁCITAMENTE HABER COMETIDO, el suscrito se encuentra sumamente lastimado por la actuación corrupta del Ministerio Público y de sus cómplices y lo que el suscrito desea es el derecho de tener un verdadero ACCESO A LA JUSTICIA, en el que, por una parle se reconozca que el suscrito NO HE COMETIDO DELITO ALGUNO, debiendo terminar el proceso penal con un desistimiento por parte del Ministerio Público o un sobreseimiento por desvanecimiento de datos; y por otra parte la aplicación de un castigo ejemplar a los servidores públicos que han incurrido en actos de corrupción en mi agravio; ya que, de dejarlos impunes, seguirán realizando esa conducta de manera impune y reiterada en agravio de otros miembros de la Sociedad, a la que deberían servir y no abusar de Ella.". Pero de la lectura integral de la demanda y el acuse de un escrito que adjuntó a la misma, se advierte que en realidad reclama lo siguiente: A la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro con sede en Puebla, el siguiente acto: La omisión de dar contestación al escrito recibido el diecinueve de mayo de dos mil veintidós -en el cual le hizo del conocimiento a la jueza responsable, que el Agente del Ministerio Público no le ha entregado las copias cotejada que la citada juzgadora le ordenó expedir, y que se niega a reconocer el carácter de defensor de su abogado particular-. Tales actos derivan de un escrito presentado por el quejoso a la jueza responsable, el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, según lo manifestó aquél en sus antecedentes, -en el cual le hizo del conocimiento a la jueza responsable, que el Agente del Ministerio Público no le ha entregado las copias cotejada que la citada juzgadora le ordenó expedir, y que se niega a reconocer el carácter de defensor de su abogado particular-. De hecho, el referido escrito fue adjuntado a la demanda, al parecer en copia simple. Sin embargo, esta juzgadora considera que antes de ejercer la acción de tutela constitucional, el quejoso debe agotar el medio ordinario de defensa previsto en la ley que rige los actos combatidos, ya que al no hacerlo así, se actualiza de momento la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas...". Esa causal de improcedencia se actualiza en el caso, porque el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece una ruta ordinaria de impugnación para cualquier omisión de trámite en que incurran los jueces de control, respecto de solicitudes presentadas por alguna de las partes, como sigue: "Artículo 135. La queja y su procedencia Procederá queja en contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por este Código. La queja podrá ser promovida por cualquier parte del procedimiento y se tramitará sin perjuicio de las otras consecuencias legales que tenga la omisión del juzgador. La queja será interpuesta ante el Órgano jurisdiccional omiso; éste tiene un plazo de veinticuatro horas para subsanar dicha omisión, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitir el recurso y dicho informe al Órgano jurisdiccional competente. La autoridad jurisdiccional competente tramitará y resolverá en un plazo no mayor a tres días en los términos de las disposiciones aplicables. En ningún caso, el Órgano jurisdiccional competente para resolver la queja podrá ordenar al Órgano Jurisdiccional omiso los términos y las condiciones en que deberá subsanarse la omisión, debiéndose limitar su resolución a que se realice el acto omitido". Del precepto legal transcrito se desprende que cualquier omisión procesal del juzgador de primera instancia, como la falta de acuerdo a una petición escrita de las partes, puede ser impugnada a través del recurso ordinario de queja. Además, el mencionado recurso está habilitado para todas las partes en el procedimiento, y se tramitará con el objeto de reparar la omisión de trámite en que haya incurrido el juez de control, sin perjuicio de las demás consecuencias legales que tenga esa omisión. Luego, es válido afirmar que el quejoso en su carácter de imputado, debe agotar el recurso ordinario de queja previsto en el artículo 135, del Código Nacional de Procedimientos Penales, contra la falta de respuesta al escrito que presentó al juez responsable el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, -en el cual le hizo del conocimiento a la jueza responsable, que el Agente del Ministerio Público no le ha entregado las copias cotejada que la citada juzgadora le ordenó expedir, y que se niega a reconocer el carácter de defensor de su abogado particular-. Sobre todo porque el mencionado recurso de queja, está previsto para cualquiera de las partes, entre las cuales se ubica el quejoso por tener el carácter de imputado, y puede hacerlo valer contra la jueza responsable porque no ha realizado un acto procesal, como el acuerdo de respuesta a los mencionados escritos. Entonces, resulta indudable que antes de acudir a esta instancia de amparo, el quejoso estaba en condiciones de interponer el mencionado recurso de queja ante la jueza de control que señaló como responsable, con el propósito de reparar la falta del acuerdo que responda la solicitud que realizó mediante escrito presentado el diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 113 de la ley de la mantera, procede desechar de plano la demanda de amparo, al actualizarse la improcedencia estudiada, en forma indudable y manifiesta. Ello, porque el quejoso decidió promover el juicio de amparo indirecto, aun cuando tuvo la posibilidad de interponer el recurso de queja contra la jueza de control responsable, para que este dicte el acuerdo de respuesta al mencionado escrito. Dicho de otro modo, promovió este juicio de amparo indirecto sin agotar el recurso previsto en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a pesar de que tiene a su alcance ese medio ordinario de impugnación, al grado de poder interponerlo a la presente fecha dado que no existe un plazo para ello, por tratarse de la omisión de un acuerdo de respuesta. Luego, debe operar la improcedencia en este juicio por la desatención al principio de definitividad, consagrado en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Es aplicable en lo conducente y por las razones que la integran, el criterio emitido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, contenido en la jurisprudencia I.6o.C. J/37 de rubro y texto: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Sólo resta decir que la desatención del quejoso, a la impugnación ordinaria de los actos combatidos en la demanda, no encuentra alguna circunstancia extraordinaria para justificarla y conducir a la procedencia del sumario constitucional. Máxime que resultan ajenas al caso, las hipótesis de gravedad previstas en el artículo 15 de la Ley de Amparo, porque la falta del acuerdo de respuesta a los mencionados escritos, de ninguna forma encuadra en los actos de peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, incomunicación, entre otros de similar gravedad que prevé el artículo invocado. Por lo que se sostiene que aquél debe agotar el recurso ordinario antes de promover el juicio de tutela, porque los lineamientos actuales del bloque de constitucionalidad, permiten imponer los requisitos de procedencia al extremo de sostener la obligación de que las personas agoten los medios de defensa existentes, en los procedimientos de instancia donde pueden intervenir como partes. Ello de conformidad con la tesis jurisprudencial 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, página 487, titulada: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XVIII del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que presentó el quejoso, porque los actos que pretende reclamar actualizaron una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas con antelación. Decisión que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis7 del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y al oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Consulta física del expediente. Se hace saber al quejoso, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 (reformado en el periodo de vigencia por su similar 9/2022), del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, que podrá registrar en la agenda del portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes o de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programada para el día en que venza dicho plazo-. Sin embargo, en el caso de las diligencias y audiencias, las partes podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia. Presentación de promociones físicas. Se comunica al quejoso que la recepción de todas las promociones que desee presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física o exhibir documentos (incluidas garantías). Toma de fotografías. Se autoriza desde este momento la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia, pero bajo los lineamientos para el ingreso a los órganos jurisdiccionales, que implican obtener una cita en los términos delimitados por el Consejo de la Judicatura Federal. Publicación de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se informa al quejoso el derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Pero de cualquier forma se habrán de salvaguardar sus datos personales y la información reservada, como lo exigen los lineamientos actuales en materia de acceso a la información. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones, el inmueble que señaló para ese propósito al inicio de su demanda (ubicado en el municipio Puebla). Por otro lado, queda autorizado en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo, el profesionista de nombre ++++++que designó aquél, porque le otorgó facultades amplias y éste tiene registrada su cédula profesional, en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. En cambio, quedan autorizados en términos restringidos las restantes personas señaladas en la demanda de amparo. Expediente electrónico El quejoso solicita la el acceso al expediente electrónico, con el nombre de usuario +++++. Por tanto, se instruye al secretario encargado del presente asunto que habilite al quejoso el acceso al expediente electrónico, con el nombre de usuario que proporcionó. Sobre todo porque ese nombre se encontró registrado desde el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Comunicación con el quejoso. Asimismo, para establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del invocado Acuerdo General 21/2020 reformado en cuanto a su vigencia por su similar 9/2022, se le requiere al quejoso para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la notificación de este acuerdo, señale un correo electrónico y un número telefónico, como medios de contacto. Se hace la precisión que los referidos medios electrónicos de comunicación, sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran. Pero las notificaciones que en derecho le correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Indicación a la actuaria. Pero deberá observar de manera estricta el "Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID 19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF", y utilizar el Kit de seguridad que se le ha proporcionado para salvaguardar su integridad física, en la situación actual de contingencia sanitaria. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto8 a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se instruye a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que revise las anotaciones correspondientes a las partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos capturados en el sistema estén correctos y completos. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional (pronta, oportuna y expedita). Integración de la demanda original al expediente. Además, debido a las circunstancias de logística adoptadas ante la presencia de la enfermedad COVID- 19, se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente, que una vez recibida la demanda de amparo -de manera física-, sin ulterior acuerdo glose a los autos el documento original respectivo. Respuesta al quejoso respecto En último lugar, no pasa desapercibido para esta juzgadora que el quejoso señaló en su demanda que el agente del Ministerio Público realizó el siguiente acto: ".La pretensión de venderme un procedimiento abreviado.". Al respecto, se le hace saber que puede acudir ante el Ministerio Público correspondiente, para presentar su denuncia o querella por los hechos que señala en su demanda, pues la investigación por los posibles hechos de algún delito, obedece al mandato que tiene el Ministerio Público de esclarecer los hechos delictivos, como lo ordena el artículo 21 de la constitución federal. Notifíquese; de forma personal al quejoso en su domicilio procesal.

  4. Principal

    -SE DEJO CITATORIO A LA PARTE QUEJOSA.-. ..JUICIO DE AMPARO 595/2022-V. Puebla, Puebla, siete de junio de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, signada por el quejoso ++++por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Alta Incidencia (FEIDAI) de la Fiscalía General del Estado de Puebla, y otra autoridad responsable. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno con el número correspondiente, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Lo anterior, en términos del Acuerdo General 21/2020 (reformado en el periodo de vigencia por su similar 9/2022), del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia producida por el virus SARS-CoV-22 -que causa la enfermedad COVID-19-. Exhortación para el seguimiento del juicio en línea. Debido al fenómeno de salud pública que existe en la República Mexicana, ante la presencia del virus SARS-CoV-2, y las acciones extraordinarias tendentes a afrontarlo, se exhorta al quejoso a que continúe la tramitación del presente asunto en el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Sobre todo porque la tramitación del juicio bajo dicha modalidad, le permitirá la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones por la misma vía (electrónica), a través de su autorizado en términos amplios. Es necesario destacar, que de conformidad con el artículo 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el acceso otorgado a las partes o sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos, no implica el permiso para notificar resoluciones judiciales de manera electrónica. De ahí que para tramitar el presente juicio bajo el esquema de "juicio en línea", no basta que se solicite la consulta del expediente electrónico, pues para ello, es indispensable que en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del referido acuerdo general, se solicite expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a través del "nombre de usuario" creado para acceder al portal. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo3 , establece que la jueza de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO".4 En el presente caso, se observa que la demanda recibida, debe subsumirse en la hipótesis normativa del artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. De la demanda de amparo se advierte que el quejoso señala como autoridad responsable (entre otras), al Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Alta Incidencia (FEIDAI) de la Fiscalía General del Estado de Puebla, y le atribuye los siguientes actos reclamados: ".A) La violación sistemática y reiterada de mis derechos humanos previstos en los artículos 20, Apartado 13", fracción VI, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 113, fracción VIII, y 218, párrafo tercero, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales; traducidos en LA NEGATIVA INJUSTIFICADA DE DAR A MI DEFENSOR PARTICULAR EL ACCESO A LOS REGISTROS QUE INTEGRAN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN número ++++; pues aunque simula mediante un acuerdo ministerial que ha acordado favorablemente su expedición y entrega, lo cierto es que de facto de sigue negando a dar acceso a la Carpeta de Investigación y más aún de expedir copias que le han sido requeridas. B) La injustificada e ilícita pretensión de dejar transcurrir el tiempo restante del plazo decretado judicialmente para el cierre de la investigación complementaria, SIN DAR -DE FACTO- ACCESO A LA DEFENSA a los registros de Investigación y sin expedir a las copias al Defensor Particular, a las que tiene derecho para el debido ejercicio de la defensa del imputado. C) La negativa injustificada, sin fundamentación ni motivación, a reconocer dentro de los registros de la Carpeta de Investigación, el carácter de Defensor Particular a mi abogado ++++ D) La obstinada pretensión de revictimizarme, al pretender el Ministerio Público delincuente forzarme a que exclusivamente sea el suscrito quien pueda tener acceso a la Sede ministerial a recibir las copias (teniendo en realidad la pretensión de tener contacto conmigo para intimidarme), violando flagrantemente mis derechos como víctima de delito y víctima de violación a derechos humanos. E) La no excusa del Licenciado +++++, agente del Ministerio Público, no obstante de que, habiendo sido ya DENUNCIADO PENALMENTE POR EL SUSCRITO por lo que existe un conflicto de interés que afecta la imparcialidad de su actuación, hasta el día de hoy sigue estando a cargo de la integración de la Carpeta de Investigación y sigue interviniendo en la Causa Penal como Ministerio Público de litigación. F) La pretensión de "venderme" un Procedimiento Abreviado, que es en sí la finalidad de haberme fabricado el delito en el que ilícitamente se me relacionó, por parte de los Policías aprehensores en contubernio con el agente del Ministerio Público a cargo de la Carpeta de Investigación. G) La violación al debido proceso que se deriva de la afectación a mi derecho humano a la Defensa y que se deriva de los anteriores actos reclamados. H) El incumplimiento de su obligación contenida en el párrafo tercero del artículo V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa a proteger, respetar y garantizar mis derechos humanos, aún a sabiendas de que dicha conducta tipifica el delito de abuso de autoridad a incumplimiento de un deber legal, previsto por el artículo 419, fracción IV, del Código Penal para el Estado de Puebla. Ahora, en los antecedentes de la demanda el quejoso señaló bajo protesta de decir verdad lo siguiente: Que el veinticinco de febrero de dos mil veintidós, fue puesto a disposición del Ministerio Público, y se inició la carpeta de investigación ++++, por el delito de posesión simple de metanfetaminas, determinando el ejercicio de la acción penal o judicialización de la carpeta. Así, se radicó la causa penal ++++, en la cual se le vinculó a proceso al aquí quejoso. Asimismo, refiere el quejoso los siguientes antecedentes en su demanda: ".Desde el día catorce de abril del presente año, solicité al Licenciado +++++, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en delitos de alta incidencia (FEIDAI), de la Fiscalía General del Estado de Puebla, que me tuviera designando nuevo Defensor Particular ante esa Representación Social y que diera a mi nuevo Defensor acceso a los registros que componen la Carpeta de Investigación, así como me expidiera las copias de la misma, a las que tengo derecho. Aunque el Ministerio Público emitió un acuerdo ministerial de fecha dieciocho de abril de dos mil veintidós, en el que aparentemente accede a la expedición de copias de la Carpeta de Investigación en mi favor, lo cierto es que de facto sigue hasta el día de hoy sin dar cumplimiento a su propio acuerdo ministerial, pues NO HA HECHO ENTREGA DE LAS COPIAS NI AL SUSCRITO NI A MI DEFENSOR. y si bien manifiesta que únicamente me las ha de entregar a mí, el suscrito NO DESEO TENER NINGÚN CONTACTO PERSONAL CON ÉL, PUES ÉL TAMBIÉN ME VEJÓ Y ME TORTURÓ PSICOLÓGICAMENTE DURANTE EL TÉRMINO DE CUARENTA Y OCHO HORAS QUE ME TUVO A SU DISPOSICIÓN; y dentro de mis derechos de víctima se encuentra el de no tener contacto con mi victimario, ni ser revictimizado; careciendo de sustento jurídico y de motivación la pretensión del Licenciado ++++ de querer entregar las copias al suscrito en sus oficinas y seguir desconociendo y bloqueando a mi Defensor Particular. He acudido ya en diversas ocasiones por escrito ante la Jueza de Control señalada aquí como autoridad responsable, para que ejerza el CONTROL JUDICIAL sobre a omisión del Ministerio Público de darme el acceso a la Carpeta de Investigación a través de mi Defensor Particular y para que se entreguen a mi Defensor las copias de los registros de investigación que componen la carpeta; sin embargo, la actuación de la Jueza no ha sido contundente para proteger, respetar y garantizar mi derecho humano. No obstante, con las veces que he acudido ante ella, he agotado el principio de definitividad, por lo que mi única opción para la defensa de mis derechos humanos vulnerados es la presente vía de amparo. Asimismo, la Jueza hoy señalada como autoridad responsable, emitió en la Causa Penal +++++ un acuerdo de fecha seis de mayo del año en curso, en el que ordenó darme vista con las manifestaciones del Ministerio Público contenidas en el Oficio número +++++ signado por el Licenciado ++++++++, agente del Ministerio Público; vista que mi Defensor desahogó mediante escrito fechado y recibido el día diecinueve de mayo del año en curso, en la Oficialía de Partes del Centro de Justicia Penal en el Estado de Puebla, en el que mi Defensor Particular le comunicó a la Jueza que el Licenciado ++++++, agente del Ministerio Público, injustificadamente no ha entregado a esta Defensa las copias cotejadas que se le ordenó judicialmente expedir, ya que sin fundamentación ni motivación se niega a reconocer e carácter de defensor a mi abogado particular. Sin embargo, al día de hoy; hasta el momento de la firma del presente escrito inicial de demanda de amparo, no he sido notificado, ni directa ni a través de mi Defensor Particular aquí mencionado, de resolución judicial alguna que hubiera recaído a dicho escrito, por lo que la Jueza viola también mi derecho de petición; pero más allá de ello, viola mi derecho de acceso a la Justicia al denegarme el control judicial sobre las omisiones en que flagrantemente viene incurriendo el Ministerio Público, al no convocar a una audiencia en la que le exija a la autoridad investigadora el cumplimiento de su obligación de entrega inmediata de las copias a que tengo derecho, transcurriendo así para el suscrito lo que resta del plazo para el cierre de la investigación, sin que el suscrito me pueda defender.". Ello, permite visualizar la actualización de una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual resulta de relacionar la fracción XXIII5 del numeral 61, con la fracción II6 del diverso 5°, ambos de la Ley de Amparo, respecto de la autoridad responsable denominada Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Alta Incidencia (FEIDAI) de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Conforme a dichos preceptos legales, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos u omisiones, normas generales o tratados internacionales que en el mismo se reclamen, provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por lo tanto, se considera que autoridad para efectos del juicio de amparo es aquella que cuenta con las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, que tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Sin embargo, el Ministerio Público señalado como responsable, según el numeral 105, fracción V, último párrafo, del Código Nacional de Procedimiento Penales, es un sujeto del procedimiento penal y acusatorio, consecuentemente le otorga la calidad de parte en todos los procedimientos previstos en el mencionado cuerpo normativo. Tiene aplicación al caso, la tesis 2020930 de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo III, Noviembre de 2019, página 2171, de rubro: "ABSTENCIONES, OMISIONES O DILACIONES ATRIBUIDAS AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. NO CONSTITUYEN ACTOS DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARODO". También, tiene aplicación al caso, jurisprudencia 2022071 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, Septiembre 2020, página 239, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA DE MANERA MANIFESTA E INDUDABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 5, FRACCIÓN II (INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU) AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA NEGATIVA DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, DE REDUCIR LA PENA PREVISTA PARA EL DELITO DE QUE SE TRATE DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL ABREVIADO". Por lo tanto, no puede tener la calidad de autoridad responsable para este juicio conforme a los actos combatidos, al tener la calidad de parte, dentro de un procedimiento penal y acusatorio. Por tanto, de conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda, respecto de la autoridad señalada como responsable denominada: Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Alta Incidencia (FEIDAI) de la Fiscalía General del Estado de Puebla, porque este encontró una causa de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas con antelación. Por otra parte, también se observa que la demanda recibida, debe subsumirse en la hipótesis normativa del artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia, respecto de los actos reclamados a la jueza responsable. El quejoso reclama a la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro con sede en Puebla, los siguientes actos: ".A) La omisión de proteger, respetar y garantizar mis derechos humanos, respecto de las violaciones que se reclaman en los puntos anteriores a la diversa autoridad responsable Agente del Ministerio Público; mismas que ya por escrito le han sido hechas de su conocimiento a la autoridad judicial aquí señalada como responsable, con antelación; así como el consentimiento tácito de que tales violaciones de derechos humanos, atribuidas al agente del Ministerio Público señalado como autoridad responsable, se prolonguen indefinidamente en mi agravio, al NO hacerlas cesar ni aplicar medidas de apremio al agente del Ministerio Público para que cesen, dejando que se consuma el plazo restante para el cierre de la investigación, sin que el suscrito pueda ejercer mi derecho a la defensa. B) La violación a mi derecho de petición, mediante la omisión de emitir acuerdo y pronunciarse respecto a las peticiones de mi Defensor Particular contenidas en el escrito dirigido a ella, fechado y presentado el día diecinueve de mayo del año en curso, en la Oficialía de Partes del Centro de Justicia Penal en el Estado de Puebla (SE ANEXA ACUSE DE RECIBO ORIGINAL); pues, bajo protesta de decir verdad, hago de su conocimiento que hasta el momento de la firma del presente escrito inicial de demanda de amparo, no he sido notificado, ni directa ni a través de mi Defensor Particular aquí mencionado, de resolución judicial alguna que hubiera recaído a dicho escrito, a través del cual mi Defensor Particular hizo del conocimiento de la autoridad judicial hoy responsable, que el Licenciado MARINO JIMÉNEZ DÍAZ, agente del Ministerio Público, injustificadamente no ha entregado a esta Defensa las copias cotejadas que se le ordenó judicialmente expedir, ya que sin fundamentación ni motivación se niega a reconocer su carácter de defensor a mi abogado particular. C) La negativa de mi derecho como víctima de un delito al conocimiento de la verdad, que se prevé en la legislación de protección a las víctimas del delito y víctimas de violación a derechos humanos; pues más allá de la alternativa que se me pone al alcance de una salida alterna, como lo es la Suspensión Condicional del Proceso, además de SUJETARME A CONDICIONES A LAS QUE EL SUSCRITO NO TENDRÍA POR QUÉ QUEDAR SUJETO, PUES NINGÚN DELITO COMETÍ, NI DEBO RECONOCER NI SIQUIERA TÁCITAMENTE HABER COMETIDO, el suscrito se encuentra sumamente lastimado por la actuación corrupta del Ministerio Público y de sus cómplices y lo que el suscrito desea es el derecho de tener un verdadero ACCESO A LA JUSTICIA, en el que, por una parle se reconozca que el suscrito NO HE COMETIDO DELITO ALGUNO, debiendo terminar el proceso penal con un desistimiento por parte del Ministerio Público o un sobreseimiento por desvanecimiento de datos; y por otra parte la aplicación de un castigo ejemplar a los servidores públicos que han incurrido en actos de corrupción en mi agravio; ya que, de dejarlos impunes, seguirán realizando esa conducta de manera impune y reiterada en agravio de otros miembros de la Sociedad, a la que deberían servir y no abusar de Ella.". Pero de la lectura integral de la demanda y el acuse de un escrito que adjuntó a la misma, se advierte que en realidad reclama lo siguiente: A la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro con sede en Puebla, el siguiente acto: La omisión de dar contestación al escrito recibido el diecinueve de mayo de dos mil veintidós -en el cual le hizo del conocimiento a la jueza responsable, que el Agente del Ministerio Público no le ha entregado las copias cotejada que la citada juzgadora le ordenó expedir, y que se niega a reconocer el carácter de defensor de su abogado particular-. Tales actos derivan de un escrito presentado por el quejoso a la jueza responsable, el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, según lo manifestó aquél en sus antecedentes, -en el cual le hizo del conocimiento a la jueza responsable, que el Agente del Ministerio Público no le ha entregado las copias cotejada que la citada juzgadora le ordenó expedir, y que se niega a reconocer el carácter de defensor de su abogado particular-. De hecho, el referido escrito fue adjuntado a la demanda, al parecer en copia simple. Sin embargo, esta juzgadora considera que antes de ejercer la acción de tutela constitucional, el quejoso debe agotar el medio ordinario de defensa previsto en la ley que rige los actos combatidos, ya que al no hacerlo así, se actualiza de momento la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas...". Esa causal de improcedencia se actualiza en el caso, porque el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece una ruta ordinaria de impugnación para cualquier omisión de trámite en que incurran los jueces de control, respecto de solicitudes presentadas por alguna de las partes, como sigue: "Artículo 135. La queja y su procedencia Procederá queja en contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por este Código. La queja podrá ser promovida por cualquier parte del procedimiento y se tramitará sin perjuicio de las otras consecuencias legales que tenga la omisión del juzgador. La queja será interpuesta ante el Órgano jurisdiccional omiso; éste tiene un plazo de veinticuatro horas para subsanar dicha omisión, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitir el recurso y dicho informe al Órgano jurisdiccional competente. La autoridad jurisdiccional competente tramitará y resolverá en un plazo no mayor a tres días en los términos de las disposiciones aplicables. En ningún caso, el Órgano jurisdiccional competente para resolver la queja podrá ordenar al Órgano Jurisdiccional omiso los términos y las condiciones en que deberá subsanarse la omisión, debiéndose limitar su resolución a que se realice el acto omitido". Del precepto legal transcrito se desprende que cualquier omisión procesal del juzgador de primera instancia, como la falta de acuerdo a una petición escrita de las partes, puede ser impugnada a través del recurso ordinario de queja. Además, el mencionado recurso está habilitado para todas las partes en el procedimiento, y se tramitará con el objeto de reparar la omisión de trámite en que haya incurrido el juez de control, sin perjuicio de las demás consecuencias legales que tenga esa omisión. Luego, es válido afirmar que el quejoso en su carácter de imputado, debe agotar el recurso ordinario de queja previsto en el artículo 135, del Código Nacional de Procedimientos Penales, contra la falta de respuesta al escrito que presentó al juez responsable el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, -en el cual le hizo del conocimiento a la jueza responsable, que el Agente del Ministerio Público no le ha entregado las copias cotejada que la citada juzgadora le ordenó expedir, y que se niega a reconocer el carácter de defensor de su abogado particular-. Sobre todo porque el mencionado recurso de queja, está previsto para cualquiera de las partes, entre las cuales se ubica el quejoso por tener el carácter de imputado, y puede hacerlo valer contra la jueza responsable porque no ha realizado un acto procesal, como el acuerdo de respuesta a los mencionados escritos. Entonces, resulta indudable que antes de acudir a esta instancia de amparo, el quejoso estaba en condiciones de interponer el mencionado recurso de queja ante la jueza de control que señaló como responsable, con el propósito de reparar la falta del acuerdo que responda la solicitud que realizó mediante escrito presentado el diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 113 de la ley de la mantera, procede desechar de plano la demanda de amparo, al actualizarse la improcedencia estudiada, en forma indudable y manifiesta. Ello, porque el quejoso decidió promover el juicio de amparo indirecto, aun cuando tuvo la posibilidad de interponer el recurso de queja contra la jueza de control responsable, para que este dicte el acuerdo de respuesta al mencionado escrito. Dicho de otro modo, promovió este juicio de amparo indirecto sin agotar el recurso previsto en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a pesar de que tiene a su alcance ese medio ordinario de impugnación, al grado de poder interponerlo a la presente fecha dado que no existe un plazo para ello, por tratarse de la omisión de un acuerdo de respuesta. Luego, debe operar la improcedencia en este juicio por la desatención al principio de definitividad, consagrado en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Es aplicable en lo conducente y por las razones que la integran, el criterio emitido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, contenido en la jurisprudencia I.6o.C. J/37 de rubro y texto: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Sólo resta decir que la desatención del quejoso, a la impugnación ordinaria de los actos combatidos en la demanda, no encuentra alguna circunstancia extraordinaria para justificarla y conducir a la procedencia del sumario constitucional. Máxime que resultan ajenas al caso, las hipótesis de gravedad previstas en el artículo 15 de la Ley de Amparo, porque la falta del acuerdo de respuesta a los mencionados escritos, de ninguna forma encuadra en los actos de peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, incomunicación, entre otros de similar gravedad que prevé el artículo invocado. Por lo que se sostiene que aquél debe agotar el recurso ordinario antes de promover el juicio de tutela, porque los lineamientos actuales del bloque de constitucionalidad, permiten imponer los requisitos de procedencia al extremo de sostener la obligación de que las personas agoten los medios de defensa existentes, en los procedimientos de instancia donde pueden intervenir como parte. Ello de conformidad con la tesis jurisprudencial 1a./J. 10/2014 10a, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, página 487, titulada: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XVIII del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que presentó el quejoso, porque los actos que pretende reclamar actualizaron una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas con antelación. Decisión que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis7 del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y al oficial judicial A del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Consulta física del expediente. Se hace saber al quejoso, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 (reformado en el periodo de vigencia por su similar 9/2022), del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, que podrá registrar en la agenda del portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema Agenda OJ, donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes o de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programada para el día en que venza dicho plazo-. Sin embargo, en el caso de las diligencias y audiencias, las partes podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia. Presentación de promociones físicas. Se comunica al quejoso que la recepción de todas las promociones que desee presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física o exhibir documentos incluidas garantía. Toma de fotografías. Se autoriza desde este momento la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia, pero bajo los lineamientos para el ingreso a los órganos jurisdiccionales, que implican obtener una cita en los términos delimitados por el Consejo de la Judicatura Federal. Publicación de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se informa al quejoso el derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Pero de cualquier forma se habrán de salvaguardar sus datos personales y la información reservada, como lo exigen los lineamientos actuales en materia de acceso a la información. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones, el inmueble que señaló para ese propósito al inicio de su demanda (ubicado en el municipio Puebla). Por otro lado, queda autorizado en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo, el profesionista de nombre ++++que designó aquél, porque le otorgó facultades amplias y éste tiene registrada su cédula profesional, en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. En cambio, quedan autorizados en términos restringidos las restantes personas señaladas en la demanda

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