ALFREDO NAHÚM VASQUEZ URDIALES y Otros.
Expediente 380/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 29 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 380/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 17/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- ALFREDO NAHÚM VASQUEZ URDIALES y Otros.
- Alfredo Nahúm Vasquez Urdiales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
MESA II A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de octubre de dos mil diecisiete. Toda vez que del cómputo secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto dictado el siete de septiembre del año en curso (fojas 230 a 232), por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Sin que obste para arribar a lo anterior la falta de constancia que acredite que la autoridad responsable Comandante de la Agencia Estatal de Investigación residente en San Pedro Pochutla, Oaxaca, haya quedado notificada del auto que sobreseyó fuera de audiencia en este juicio, toda vez que conforme a lo dispuesto por el artículo 87 del ordenamiento legal antes mencionado, la responsable únicamente puede interponer el recurso de revisión cuando afecte directamente el acto que de ella se hubiera reclamado, y en el caso, esto no ocurre, toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó, la Juez Elizabeth Franco Cervantes, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el Secretario Ernesto Valdivia Vásquez, que autoriza y da fe.
- Incidental
MESA II A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, toda vez que en auto dictado en esta fecha en el juicio de amparo 380/2017, del que deriva este incidente de suspensión, se ordenó determinar su destino; por tanto, en virtud de que en este cuaderno incidental se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año citado, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de esta resolución, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse concedido, la medida cautelar, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración en términos del punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA II A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte han transcurrido los plazos de tres y veinte días que en proveído de veintisiete de julio del año en curso, se concedió a la parte quejosa, para que compareciera al despacho de este juzgado a recoger los edictos a efecto de realizar el emplazamiento de Margarita Ayuso Enríquez, quien es tercera interesada en el presente juicio de amparo, y para acreditar la publicación de dichos edictos, sin que lo hubiese hecho; por lo que este Juzgador procede a proveer lo siguiente: De las constancias que obran en autos, se advierte que por auto de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, este Juzgado se avocó al conocimiento del asunto, donde se tuvo a ... , promoviendo demanda de amparo, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pochutla, Oaxaca, y otras autoridades. Luego, en proveído de veintisiete de julio de dos mil diecisiete, una vez agotada la investigación del domicilio de Margarita Ayuso Enríquez, quien es tercera interesada en el presente juicio de amparo, se determinó realizar su emplazamiento por edictos a costa de la parte quejosa, razón por la que se requirió a ésta para que en el plazo de tres días compareciera al despacho de este Juzgado a recoger los edictos respectivos, debiendo acreditar ante este órgano jurisdiccional el pago de su publicación respectiva, o su imposibilidad, debidamente justificada, para hacerlo, dentro del plazo de veinte días hábiles contado a partir de que se pusiera a su disposición tales edictos; con el apercibimiento que en caso de no justificar esas tres conductas (recoger los edictos, pagar su publicación y acreditarlo) en dicho plazo, se sobreseería en el juicio de amparo, en términos de los artículo 63, fracción ll en relación con el ordinal 27, fracción ll, inciso b) de la ley de la materia (fojas 207 y 208). Por tanto, dado que ha fenecido el plazo que le fue otorgado a la parte quejosa, sin que hubiere cumplido con recoger los edictos, pagar su publicación y acreditarlo ante este Juzgado; se estima cobra actualidad la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación a los diversos 63, fracción II, 27, fracción III, inciso b), y 5, fracción III, todos de la Ley de Amparo, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó." Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: [.] III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: a) Las notificaciones personales al quejoso se efectuarán por lista. b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo. c) Cuando se trate de personas de escasos recursos a juicio del órgano jurisdiccional, se ordenará la publicación correspondiente en el Diario Oficial de la Federación sin costo para el quejoso". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: . III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público; e) El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable". En efecto, la fracción III, inciso b) del artículo 27 de la Ley de Amparo dispone que si el domicilio del tercero interesado resultare inexacto, el juzgador de amparo debe dictar las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue aquél y, si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio, imponer a la parte quejosa la obligación de solventar los gastos necesarios para realizar el emplazamiento por edictos al tercero interesado. En el caso, luego de haber realizado la investigación del domicilio de la parte tercera interesada con diversas autoridades, no se obtuvo resultado favorable; por ello, en auto de veintisiete de julio de dos mil diecisiete, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se ordenó realizar el emplazamiento de la citada parte procesal, por medio de edictos a costa de la parte quejosa, requiriéndola para que compareciera al despacho de este juzgado a recoger, pagar su publicación y acreditarlo, dentro del plazo de tres y veinte días, del cual quedó notificada el tres de agosto pasado; sin que hubiere cumplido. De ahí que, el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a la tercera interesada .... Por tanto, es evidente que el emplazamiento de la tercera interesada que permita tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal, se condicionó a que la quejosa acudiera a este Juzgado a fin de que, dentro del plazo de tres días recogiera los edictos y en veinte días siguientes al en que se pusieran a su disposición, realizara su publicación y acreditara tal circunstancia; sin embargo, no obstante el requerimiento efectuado y del cual quedó debidamente notificado, no acudió siquiera a recoger los citados edictos. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda la tercera interesada en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto procesal. En ese tenor, tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo juicio, en virtud de que las determinaciones que se adopten en el juicio de amparo pueden llegar a afectar la esfera jurídica de la parte tercera interesada, debe estimarse que su emplazamiento a juicio constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento atribuible a la parte quejosa por la falta de comparecer a recoger los edictos y por consiguiente al de acreditar su publicación, o bien, su imposibilidad para acatar esa determinación; impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el respectivo juicio de amparo, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Así las cosas, es claro que al paralizar el juicio constitucional por la no publicación de los edictos a costa de la parte quejosa, para lograr el emplazamiento de la tercera interesada; se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino al propio impetrante del amparo, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la parte quejosa, pues con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídico procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones éstas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. Es importante precisar que el quejoso no realizó manifestación alguna respecto a su imposibilidad de cubrir los gastos del medio de comunicación oficial; de ahí que no se actualiza el criterio sostenido en la Jurisprudencia 2a./J. 108/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 416, Tomo XXXII, Agosto de 2010, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del tenor siguiente: EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo. En tales condiciones, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación a los numerales 63, fracción II, 27, fracción III, inciso b), y 5, fracción III, todos de la Ley de Amparo, así como en el precepto 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia en este juicio de amparo, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia. Lo anterior es así, toda vez que la aludida causal de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, y no se causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aún celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Materia(s): Común, Segunda Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y textos siguientes: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En tales condiciones, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio (foja 222). Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA II-A. Notificación personal por lista. (Quejoso) San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte han transcurrido los plazos de tres y veinte días que en proveído de veintisiete de julio del año en curso, se concedió a la parte quejosa, para que compareciera al despacho de este juzgado a recoger los edictos a efecto de realizar el emplazamiento de Margarita Ayuso Enríquez, quien es tercera interesada en el presente juicio de amparo, y para acreditar la publicación de dichos edictos, sin que lo hubiese hecho; por lo que este Juzgador procede a proveer lo siguiente: De las constancias que obran en autos, se advierte que por auto de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, este Juzgado se avocó al conocimiento del asunto, donde se tuvo a ... , promoviendo demanda de amparo, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pochutla, Oaxaca, y otras autoridades. Luego, en proveído de veintisiete de julio de dos mil diecisiete, una vez agotada la investigación del domicilio de Margarita Ayuso Enríquez, quien es tercera interesada en el presente juicio de amparo, se determinó realizar su emplazamiento por edictos a costa de la parte quejosa, razón por la que se requirió a ésta para que en el plazo de tres días compareciera al despacho de este Juzgado a recoger los edictos respectivos, debiendo acreditar ante este órgano jurisdiccional el pago de su publicación respectiva, o su imposibilidad, debidamente justificada, para hacerlo, dentro del plazo de veinte días hábiles contado a partir de que se pusiera a su disposición tales edictos; con el apercibimiento que en caso de no justificar esas tres conductas (recoger los edictos, pagar su publicación y acreditarlo) en dicho plazo, se sobreseería en el juicio de amparo, en términos de los artículo 63, fracción ll en relación con el ordinal 27, fracción ll, inciso b) de la ley de la materia (fojas 207 y 208). Por tanto, dado que ha fenecido el plazo que le fue otorgado a la parte quejosa, sin que hubiere cumplido con recoger los edictos, pagar su publicación y acreditarlo ante este Juzgado; se estima cobra actualidad la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación a los diversos 63, fracción II, 27, fracción III, inciso b), y 5, fracción III, todos de la Ley de Amparo, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó." Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: [.] III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: a) Las notificaciones personales al quejoso se efectuarán por lista. b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo. c) Cuando se trate de personas de escasos recursos a juicio del órgano jurisdiccional, se ordenará la publicación correspondiente en el Diario Oficial de la Federación sin costo para el quejoso". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: . III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público; e) El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable". En efecto, la fracción III, inciso b) del artículo 27 de la Ley de Amparo dispone que si el domicilio del tercero interesado resultare inexacto, el juzgador de amparo debe dictar las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue aquél y, si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio, imponer a la parte quejosa la obligación de solventar los gastos necesarios para realizar el emplazamiento por edictos al tercero interesado. En el caso, luego de haber realizado la investigación del domicilio de la parte tercera interesada con diversas autoridades, no se obtuvo resultado favorable; por ello, en auto de veintisiete de julio de dos mil diecisiete, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se ordenó realizar el emplazamiento de la citada parte procesal, por medio de edictos a costa de la parte quejosa, requiriéndola para que compareciera al despacho de este juzgado a recoger, pagar su publicación y acreditarlo, dentro del plazo de tres y veinte días, del cual quedó notificada el tres de agosto pasado; sin que hubiere cumplido. De ahí que, el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a la tercera interesada .... Por tanto, es evidente que el emplazamiento de la tercera interesada que permita tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal, se condicionó a que la quejosa acudiera a este Juzgado a fin de que, dentro del plazo de tres días recogiera los edictos y en veinte días siguientes al en que se pusieran a su disposición, realizara su publicación y acreditara tal circunstancia; sin embargo, no obstante el requerimiento efectuado y del cual quedó debidamente notificado, no acudió siquiera a recoger los citados edictos. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda la tercera interesada en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto procesal. En ese tenor, tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo juicio, en virtud de que las determinaciones que se adopten en el juicio de amparo pueden llegar a afectar la esfera jurídica de la parte tercera interesada, debe estimarse que su emplazamiento a juicio constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento atribuible a la parte quejosa por la falta de comparecer a recoger los edictos y por consiguiente al de acreditar su publicación, o bien, su imposibilidad para acatar esa determinación; impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el respectivo juicio de amparo, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Así las cosas, es claro que al paralizar el juicio constitucional por la no publicación de los edictos a costa de la parte quejosa, para lograr el emplazamiento de la tercera interesada; se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino al propio impetrante del amparo, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la parte quejosa, pues con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídico procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones éstas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. Es importante precisar que el quejoso no realizó manifestación alguna respecto a su imposibilidad de cubrir los gastos del medio de comunicación oficial; de ahí que no se actualiza el criterio sostenido en la Jurisprudencia 2a./J. 108/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 416, Tomo XXXII, Agosto de 2010, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del tenor siguiente: EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo. En tales condiciones, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación a los numerales 63, fracción II, 27, fracción III, inciso b), y 5, fracción III, todos de la Ley de Amparo, así como en el precepto 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia en este juicio de amparo, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia. Lo anterior es así, toda vez que la aludida causal de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, y no se causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aún celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Materia(s): Común, Segunda Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y textos siguientes: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En tales condiciones, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio (foja 222). Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Notifíquese personalmente.
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