Alfredo Nahum Vásquez Urdiales

Expediente 247/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
247/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
19/04/2023

Partes del expediente

  • Alfredo Nahum Vásquez Urdiales

Actuaciones

  1. Principal

    MESA IV A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Archivo del expediente Con fundamento en artículos 8, fracción I y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Relevancia documental Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en comento. Destrucción del expediente Toda vez que se desechó la demanda de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, será destruido dentro de los treinta días siguientes, conforme a lo establecido en el artículo 21, inciso b), penúltimo párrafo, del Acuerdo invocado. Anotaciones carátula Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notificación a la parte quejosa. Toda vez que el quejoso se encuentra internado en el Centro Penitenciario número tres de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquesele personalmente este proveído por conducto del Actuario adscrito conforme al calendario de salidas a tal institución penitenciaria, a fin de agilizar el procedimiento, y los subsecuentes que sean de carácter personal. Por último, se ordena al Actuario Judicial de la adscripción encargado de la notificación encomendada, que deberá abstenerse de recibir documentos y objetos, de las personas que se encuentran privadas de su libertad en los centros penitenciarios, pues, tales actos escapan de las funciones que tiene legalmente establecidas y se encuentra impedido para realizar cualquier tipo de gestión o encargo a particulares, por lo que de hacer lo contrario, incurriría en responsabilidad administrativa, conforme a lo establecido en el oficio ********************, de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, suscrito por el Visitador General de la Visitaduría Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el lugar de su reclusión.

  2. Principal

    MESA IV A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Vista la razón de cuenta, asentada por el Actuario de este Juzgado, de la que se aprecia que no fue posible notificar personalmente a la parte quejosa ******, el acuerdo de dieciséis de marzo del año en curso, en virtud de que no señaló domicilio para ser notificado. En tales condiciones, en virtud de que del escrito inicial de demanda se advierte que el quejoso se encuentra privado de su libertad en el Centro Penitenciario número tres de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, se ordena al actuario adscrito, para que, conforme al calendario de salidas a dicha institución penitenciaria, notifique al citado justiciable el proveído de dieciséis de marzo último, así como los subsecuentes de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones. Asimismo, se ordena al Actuario Judicial de la adscripción encargado de la notificación encomendada, que deberá abstenerse de recibir documentos y objetos, de las personas que se encuentran privadas de su libertad en los centros penitenciarios, pues, tales actos escapan de las funciones que tiene legalmente establecidas y se encuentra impedido para realizar cualquier tipo de gestión o encargo a particulares, por lo que de hacer lo contrario, incurriría en responsabilidad administrativa, conforme a lo establecido en el oficio CJF/VJ/3439/2017, de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, suscrito por el Visitador General de la Visitaduría Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.

  3. Principal

    MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta secretarial que inmediatamente antecede, se provee: Registro del expediente Con el escrito de demanda de amparo, promovida por********************, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, fórmese expediente electrónico e impreso (éste último con las promociones físicas que presenten las partes, así como con las actuaciones que resulten indispensables para el impulso del asunto), regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 247/2023. Análisis de la demanda En principio, conviene señalar que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama del Juez de Control de Pochutla, Oaxaca; del Fiscal General de Justicia del Estado de Oaxaca; del Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Control de Pochutla, Oaxaca, y del Director del Centro de Reinserción Social 03 con sede en Miahuatlán, Oaxaca, lo siguiente: En su carácter de ordenadoras: a) Del Juez de Control de Pochutla, Oaxaca: La inminente imposición de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva que pretende imponerle dentro de las causas penales ******************** y ******************** de su índice b) Del Fiscal General de Justicia del Estado de Oaxaca: La solicitud en las causas penales ******************** y ********************, del índice del Juzgado de control de Pochutla Oaxaca, de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada, c) Del Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Control de Pochutla, Oaxaca: La solicitud en las causas penales ******************** y ********************, del índice del Juzgado de control de Pochutla Oaxaca, de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada. d) Del Director del Centro de Reinserción Social 03 con sede en Miahuatlán, Oaxaca: El cumplimiento que trata de dar a la misma. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional considera procedente desechar la demanda de amparo promovida contra los aludidos actos reclamados, al advertir motivos que son manifiestos e indudables de improcedencia. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo que, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, con los diversos 5 y 6 de dicha legislación, en los cuales se dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.).". "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.". Del primero de los artículos antes transcritos, se advierte que la improcedencia del juicio de amparo deriva no sólo de las causales establecidas en las fracciones anteriores del numeral de referencia, sino también de las demás que se establezcan en la propia ley o en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, en el segundo artículo, se advierte que tiene el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1, de la Ley de la materia, y con ello se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El tercer numeral en mención dispone que el juicio de amparo sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique la norma general o el acto reclamado, pudiéndolo hacer por sí, por su representante legal o por su apoderado. Así, el juicio de amparo requiere, como requisito de procedencia, la existencia de un menoscabo u ofensa concreta en una persona física o moral determinada y, que sin ser necesariamente patrimonial, sea apreciable objetivamente, es decir, se requiere que la afectación sea real, así como actual y no subjetiva; que su realización sea pasada, presente o inminente y no simplemente eventual, aleatoria, posible o hipotética, y que sea esa persona quien ejerza la acción. De esta forma, el acto reclamado en el juicio de amparo debe ser capaz de producir, en perjuicio del quejoso, una afectación personal, directa, real y actual de algún derecho tutelado por un ordenamiento legal; lo que en el caso no sucede. En la especie, como quedo establecido en párrafos anteriores, la parte quejosa reclama del Juez de Control responsable, la probable imposición de una medida cautelar consistente en prisión preventiva justificada, que se le pretende imponer en las causas penales ******************** y ********************; ello en atención a la posible solicitud por parte del Fiscal General de Justicia del Estado de Oaxaca, y del Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Control de Pochutla, Oaxaca. Sin embargo, hasta la fecha de presentación de la demanda dicha determinación, no le depara perjuicio alguno, pues a su propio decir, aquello no ha ocurrido, esto es, hasta este momento no ha existido una variación en la medida de prisión preventiva oficiosa fijada al imputado de referencia. Cierto, los actos a que aduce o bien hace referencia el quejoso, son futuros y de realización incierta, pues del contenido del ocurso que nos ocupa, no se advierte dato objetivo alguno que haga presumir que la medida cautelar a que se alude, la autoridad judicial responsable resolverá necesariamente en el sentido de conceder una medida cautelar de prisión preventiva justificada. En efecto, tal inferencia la realiza a partir de una expectativa o posibilidad de que tal resultado se produzca, pero que no necesariamente sucederá así; pues el acto reclamado en cita mantiene una naturaleza de tiempo futuro, esto es, la demanda se fija como una posibilidad, que la autoridad emitirá algún acuerdo, ello basándose en hechos posibles, mas no seguros. Así, resulta evidente que lo que aduce la parte quejosa es, en todo caso, una situación hipotética, pues no existe certeza alguna de que los actos que nos ocupan se emitirán en el sentido que teme la parte quejosa, dadas las facultades del juez penal para resolver en uno u otro sentido (conceder o negar la modificación de la prisión preventiva oficiosa). Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la Jurisprudencia con número de registro 196072, visible en la página cinco del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1998, Tomo VII, Novena Época, Materias Penal, Común, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado" (lo destacado es propio). Cabe mencionar que se puede acceder a la vía constitucional de manera excepcional contra actos en juicio, siempre que éstos se encuentren emitidos o sea inminente su materialización, lo que precisamente en este acto en estudio no acontece. Asimismo, la tesis publicada en la página 135, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, volumen 199-204, Materia Común, Séptima Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de su anterior integración, de rubro y texto: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCION DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará." También es ilustrativa, por su identidad jurídica, la tesis XI.P.13 P (10a.), del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro digital 2012688, Libro 34, septiembre de 2016, Tomo IV, Materias Común y Penal, página 2626, que dice: "APERCIBIMIENTO DE REMOCIÓN DEL CARGO DE DEFENSOR EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 121 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. AL SER LA NATURALEZA DE DICHO ACTO DE REALIZACIÓN FUTURA E INCIERTA, EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La procedencia del juicio constitucional no es irrestricta, sino que deben observarse ciertas reglas y principios fundamentales sobre los cuales ha sido estructurado el juicio de amparo, uno de los cuales está previsto en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, relativo a que el acto reclamado produzca una afectación al interés jurídico del quejoso, en términos de su artículo 5o., fracción I, al causarle una afectación actual, real y directa. En ese sentido, cuando se reclama el apercibimiento de remoción del cargo de defensor en términos del artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debe partirse de la base de que, por regla general, ese apercibimiento sólo produce la probabilidad de la consecuencia señalada por la autoridad emisora; de ahí que la naturaleza de dicho acto es de realización futura e incierta, pues esa remoción dependerá de la conducta asumida por el defensor, esto es, no existe certeza de que el apercibimiento se haga efectivo. Por ello, contra ese acto es improcedente el juicio de amparo indirecto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 citado, en relación con el diverso 5o., fracción I, de la propia ley". Por otro lado, el suscrito también estima que en el caso se actualiza en forma manifiesta e indudable la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.).". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.).". La primera norma transcrita, como ya se precisó en líneas precedentes, admite la actualización de una causa de improcedencia que, sin encontrarse expresamente prevista en las primeras fracciones del propio numeral, derive de otra disposición del mismo ordenamiento o de la Carta Magna. Una de esas causas de improcedencia es la que deriva de la segunda norma reproducida, pues conforme a dicho precepto, el juicio de amparo indirecto contra actos en juicio procede sólo si éstos son de imposible reparación. En ese supuesto, es requisito indispensable para la procedencia del amparo biinstancial respecto de actos dictados dentro de juicio, que éstos tengan una ejecución que sea de imposible reparación, esto es, que revistan la característica de que la afectación que producen dentro del procedimiento judicial, en el que fueron emitidos, trascienda materialmente a los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal, así como en los tratados internacionales que el Estado Mexicano tenga suscritos, y no que solamente tengan una consecuencia procesal, para de ahí determinar la ejecución de imposible reparación a que se refiere el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Esto es, el segundo de los preceptos transcritos establece dos factores fundamentales para identificar los actos de imposible reparación; primero, la afectación material que producen, con exclusión de la meramente formal o aparente; y, segundo, los derechos sustantivos en los cual recaen, con exclusión de los derechos adjetivos o procesales, que pueden quedar reparados con una sentencia favorable. Así, tenemos que, en principio, dicha porción normativa establece que los actos dentro de juicio (procesales), para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no solo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no llegue a trascender al resultado del fallo. Esto es, tal lesión debe recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, es decir, bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de leyes adjetivas; es así, que se concluye que de dicho numeral derivan dos condiciones para promover el juicio amparo indirecto contra actos de imposible reparación: a) Que afecten materialmente derechos, lo que significa que el acto de autoridad impida el ejercicio de algún derecho en forma actual o inmediata; b) Que esos derechos afectados sean de naturaleza sustantiva. Esto se afirma, pues dicho precepto señala qué debe entenderse por actos de imposible reparación, a saber, aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Así, se tiene que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar materialmente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución o los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otras, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, dado que la gravedad de la violación impide en forma actual el ejercicio del derecho involucrado. En cambio, las meras violaciones procesales no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia o concluya una etapa procesal, en la medida en que influyan para que el fallo o el auto con que culmine la etapa sea adverso a los intereses del agraviado. No se inadvierte que la evolución jurisprudencial llevó a ampliar el concepto de los actos de imposible reparación, para incluir los que, aun afectando derechos adjetivos o procesales, tuvieran consecuencias que perjudicaran a las partes en grado predominante o superior. Sobre esos conceptos, es ilustrativa la tesis P. LVII/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9, Tomo XX, octubre de 2004, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". Sin embargo, el criterio que antecede interpretaba, entre otras disposiciones, el artículo 114, fracción IV, de la abrogada Ley de Amparo; el cual, sólo establecía la procedencia del juicio de garantías contra los actos en juicio de imposible reparación, pero no definía lo que se entiende por tales. Pero el precepto 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor no adolece de tal omisión, pues expresamente define a los actos de imposible reparación como los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En consecuencia, para interpretar el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, son inaplicables las tesis aisladas y de jurisprudencia en las que, para identificar los actos de imposible reparación, se acudía al criterio complementario de la afectación en grado predominante o superior, pues no cumplen con el requisito previsto en el artículo transitorio sexto del Decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, consistente en que la jurisprudencia integrada conforme a la ley abrogada pueda seguirse aplicando sólo si no se opone a la nueva legislación. En el caso, los actos reclamados participan de la naturaleza de actos procesales que no generan la afectación material a derechos sustantivos, como los antes referidos, para que de este modo sea procedente el juicio de amparo indirecto. Esto se afirma, pues del contenido integral del escrito inicial de demanda se advierte que el juez de control responsable no ha emitido la medida cautelar de prisión preventiva justificada en las causas penales ******************** y ********************, y ni el Fiscal General del Estado de Oaxaca, ni el Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Control de Pochutla, Oaxaca, han realizado solicitud alguna al respecto. De ahí que no son actos que afecten material y actualmente derechos sustantivos del quejoso, tutelados por la Constitución, como la vida, libertad, propiedad, posesión, patrimonio o salud, sino que se trata de actos procesales ejecutables dentro de la etapa del juicio oral, de manera que no pueden considerarse como determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto, ya que resulta indudable que se trata de actos meramente intraprocesales. Por tanto, se insiste en que los actos reclamados necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no solo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que pudiera no llegar a trascender en la esfera del quejoso en caso de que, por cualquier motivo, sean tomadas en consideración y con ello se vea afectada la situación jurídica del quejoso. En efecto, lo reclamado por la parte quejosa no es de imposible reparación en la medida de que, el alcance de la modificación de la medida cautelar, aún se encuentra supeditado en principio, que la solicite el representante social, y posteriormente, al examen de proporcionalidad e idoneidad que realice la autoridad judicial; por lo tanto, luego de escuchar el debate de las partes, la autoridad pudiera llegar a la conclusión de que no es procedente la modificación de la medida cautelar solicitada. De ahí que, resulta claro que no existe afectación material sobre algún derecho sustantivo reconocido en la Constitución o en los Tratados Internacionales, que amerite de inmediato el análisis constitucional de los actos reclamados. Por tanto, esta potestad estima actualizada la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V de la Ley de Amparo, pues no se reclaman actos concretos que afecten derechos sustantivos del quejoso, sino una serie de violaciones al procedimiento que, a criterio del quejoso, han sido cometidas en su contra. Resulta aplicable al caso, por la identidad jurídica que desarrolla, la jurisprudencia I.1o.A.E. J/4 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la República, visible en la página 1903, libro XX, tomo III, abril de dos mil dieciséis, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "ACTOS O VIOLACIONES INTRAPROCESALES PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. SUS CARACTERÍSTICAS. Tratándose de actos o violaciones intraprocesales, lo decisivo para exigir una inmediata impugnación en el amparo indirecto es la imposible reparación en razón de una afectación material -real y actual- a derechos sustantivos, a diferencia de la lesión o agravio formal a disposiciones adjetivas o procedimentales. Por tanto, más que la modalidad o tipo de acto (intraprocesal o terminal), lo relevante son los efectos y agravio que puedan producir en situaciones y circunstancias concretas; esto es, pueden reclamarse de manera inmediata cuando se esté en presencia de aquellos denominados de imposible reparación o, en su caso, junto con el acto terminal al que han trascendido, y siempre que hayan generado indefensión." En consecuencia, la probable solicitud e imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, en los autos de las causas penales ******************** y ********************, reclamadas por el quejoso, no constituyen actos de imposible reparación, pues no afectan actual y materialmente y por sí, algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, se dice lo anterior, si se atiende a que su única consecuencia es que el órgano jurisdiccional abra debate sobre la subsistencia de las condiciones o circunstancias, que se tomaron en cuenta para imponer la medida cautelar y la necesidad, en su caso, de mantenerla y resolver en consecuencia. A mayor abundamiento, es oportuno destacar la facultad con que cuenta la autoridad judicial de la causa para conceder o bien, el negar una medida cautelar, conforme a lo dispuesto por el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales que a la letra establece: "Artículo 161. Revisión de la medida. Cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de una medida cautelar, las partes podrán solicitar al Órgano jurisdiccional, la revocación, sustitución o modificación de la misma, para lo cual el Órgano jurisdiccional citará a todos los intervinientes a una audiencia con el fin de abrir debate sobre la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida y la necesidad, en su caso, de mantenerla y resolver en consecuencia.". Como se ve, conforme a ese numeral, procede la revisión de la Medida Cautelar con el objeto de su revocación, sustitución o modificación, cuando haya variado objetivamente las condiciones que justificaron su imposición, pudiendo las partes solicitar esa revisión, para lo cual el Juez citará a todos los intervinientes a una audiencia en la que se abrirá el debate sobre la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponerla y la necesidad en su caso de conservarla. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causas de improcedencia analizadas, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Autorizado Téngase como autorizado únicamente para recibir notificaciones, a ********************por no encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y no proporcionar su número de cedula profesional a fin de verificarla en el Registro Nacional de Profesiones. Correo electrónico y número telefónico Respecto al correo electrónico y número telefónico que proporciona, toda vez que de autos no se advierte que la parte quejosa tenga acceso a actuar desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, instrúyase al Actuario que podrá emplear dichos medios como comunicación procesal, debiendo en estos casos certificarse la confirmación de recepción de la comunicación respectiva. Habilitación de días y horas inhábiles En caso de que se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Autorización de constancias de autos Se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos. Notifíquese personalmente.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · 12,210 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano