Alfredo Nahuat Rosado

Expediente 128/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
128/2016
Año
2016
Actuaciones
6
Última actuación
15/04/2016

Partes del expediente

  • Alfredo Nahuat Rosado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vista la primera de las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer recurso de revisión contra el auto dictado el diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, sin que se haya hecho valer dicho recurso; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 86 y demás relativos de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales. Por otra parte, vista la segunda certificación de cuenta, de la que se desprende que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo.

  2. Principal

    (CITATORIO) Toda vez que los terceros interesados no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el citatorio de dieciocho de los corrientes recibido en su domicilio; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de diecisiete de marzo del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Agréguense a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos en funciones de Juez adscrito al Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, así como el anexos que acompaña en copia certificada, mediante el cual rinde informe justificado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan del mismo y manifiesten lo que a su derecho convenga. A las constancias que anexa al oficio de cuenta consistentes en copia certificada de la sentencia definitiva de catorce de marzo de dos mil dieciséis, dictada dentro del expediente 1058/2013, relativo al Juicio Ordinario Civil, se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, atento a lo previsto en el diverso precepto legal 2°. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto dicen: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Una vez establecido lo anterior, cabe precisar que el análisis de las causales de sobreseimiento, al ser de orden público, es de estudio preferente, por lo que es obligación del juez de amparo que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga procedente el sobreseimiento en el juicio de amparo analizarla de oficio. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7o.P.13 K, sustentada por Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, materia común, página 1947, cuyo rubor y texto dicen: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto." Es oportuno precisar que al tratarse de causales de improcedencia manifiesta e indudable, es necesario destacar lo que se debe entender por manifiesto e indudable; en efecto, "manifiesto" es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", es que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, dicho de otra manera, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En el presente asunto, respecto al acto reclamado hecho valer por la parte quejosa, consistente en la omisión de dictar sentencia definitiva en el expediente 1058/2013, relativo al juicio ordinario civil en ejercicio de la acción de nulidad, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, en relación con la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXI del numeral 61, ambos de la Ley de Amparo, los que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Ahora, de los preceptos transcritos se aprecia que prevén el sobreseimiento del juicio de amparo al sobrevenir alguna de las causales de improcedencia, entre otras, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior es así, debido a que cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, en razón de que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, pues conlleva asimismo la desaparición total de los efectos del acto, ya que el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese contexto, de lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, la demanda de amparo se admitió por el acto reclamado siguiente: "ACTOS RECLAMADOS: DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE RECLAMO: La dilación procesal en emitir la correspondiente sentencia definitiva en el expediente radicado con el número 1058/2013 relativo al Juicio Ordinario Civil en ejercicio de la acción de nulidad promovido por el suscrito quejoso en contra de los C.C. PEDRO DAVID VEGA OSALDE, CONSUELO LÓPEZ LÓPEZ, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CUARENTA Y CUATRO CON CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO, DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO, DIRECTOR GENERAL DE NOTARÍAS, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DIECISÉIS CON CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO, ante la autoridad señalada como responsable en virtud de haber pasado con exceso los términos señalados para tal efecto en la legislación vigente en la materia." Ahora, del análisis de la copia certificada remitida por la autoridad responsable en cita, en apoyo al informe justificado, se advierte que el catorce de marzo del año que transcurre, dentro del juicio de origen dictó sentencia definitiva, en la que resolvió lo siguiente: "JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHETUMAL QUINTANA ROO, A CATORCE DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS.- - - - VISTOS: Para dictar Sentencia Definitiva en los autos del expediente número 1058/2013 relativo al Juicio Ordinario Civil promovido por el ciudadano ALFREDO NAHUAT ROSADO, en contra de los Ciudadanos PEDRO JUAN SOLÍS OSORIO, ANTONIO ESCOBAR DE LA LLATA, PEDRO DAVID VEGA OSALDE, CONSUELO LÓPEZ LÓPEZ, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CUARENTA Y CUATRO, DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO, DIRECTOR GENERAL DE NOTARÍAS DE ESTA CIUDAD y al NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DIECISÉIS, y. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E S U L T A N D O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [.] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C O N S I D E R A N D O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [.] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E S U E L V E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PRIMERO.- Ha procedido la acción ejercitada en el presente Juicio por el ciudadano ALFREDO NAHUAT ROSADO, en contra de los Ciudadanos PEDRO JUAN SOLÍS OSORIO, ANTONIO ESCOBAR DE LA LLATA, PEDRO DAVID VEGA OSALDE, CONSUELO LÓPEZ LÓPEZ, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CUARENTA Y CUATRO, DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO, DIRECTOR GENERAL DE NOTARÍAS DE ESTA CIUDAD y al NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DIECISÉIS y BENITA MANRIQUE MORALES. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEGUNDO.- Se decreta la nulidad de la escritura pública número quince mil seiscientos cincuenta y seis de fecha veintisiete de julio del año dos mil siete, pasada ante la fe del Licenciado JUAN IGNACIO HERNÁNDEZ ORNELAS, así como su cancelación en el protocolo a su cargo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TERCERO.- Se decreta la nulidad de la escritura pública número mil ciento cuarenta y dos, libro tres, página ciento noventa y tres, séptimo volumen, pasada ante la fe del Licenciado SALVADOR TERREZA (sic) CERVANTES, Notario Público número 44 de esta Ciudad, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio 51717 de fecha treinta de enero del año dos mil nueve, así como su cancelación de la misma en el protocolo del notario y ante la dependencia citada. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CUARTO.- Se decreta la nulidad de la escritura pública número mil ciento cuarenta y cinco, libro dos, página doscientos sesenta y tres, séptimo volumen de fecha cinco de diciembre del año dos mil ocho, pasada ante la fe del Notario Público número 44 a cargo del Licenciado SALVADOR TERRAZA CERVANTES, así como su cancelación en el protocolo a su cargo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - QUINTO.- Se decreta la nulidad de la escritura pública número mil trescientos tres, libro cuarto, página doscientos veinte, octavo volumen, de fecha veintiuno de marzo del año dos mil nueve, pasada ante la fe del Licenciado SALVADOR TERRAZA CERVANTES, Notario Público número cuarenta y cuatro con circunscripción territorial en el Estado de Quintana Roo, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio con fecha veintisiete de marzo del año dos mil nueve, bajo el folio real 51717, así como su cancelación en el protocolo del notario y ante la dependencia citada. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEXTO.- Se decreta la nulidad de la escritura pública número mil setecientos diez, libro tres, página doscientos diez, décimo volumen, de fecha treinta de septiembre del año dos mil nueve, pasada ante la fe del Licenciado SALVADOR TERRAZA CERVANTES, Notario Público número cuarenta y cuatro de esta Ciudad, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio con fecha 23 de octubre del año 2009, en el folio real 51717, así como su cancelación ante el protocolo del notario y ante la dependencia citada. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SÉPTIMO.- se ordena al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, inscribir nuevamente la escritura pública número 5600, volumen 28-B, a fojas 183 de fecha 26 noviembre del año 1990, pasada ante la fe del Licenciado Reynaldo Venegas Marín, Notario Público número cinco, de esta Ciudad de Chetumal, Quintana Roo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - OCTAVO.- Se condena a los demandados PEDRO JUAN SOLÍS OSORIO, ANTONIO ESCOBAR DE LA LLATA, PEDRO DAVID VEGA OSALDE, CONSUELO LÓPEZ LÓPEZ y BENITA MANRIQUE MORALES, al pago de los gastos y costas que el presente juicio origine, previa su regulación y comprobación que haga el actor conforme a derecho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NOVENO.- Se absuelve a los codemandados NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CUARENTA Y CUATRO, DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO, DIRECTOR GENERAL DE NOTARÍAS DE ESTA CIUDAD y al NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DIECISÉIS NOVENO (sic), del pago de los gastos y costas que el presente juicio origine por las razones invocadas en el considerando último de esta definitiva. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DÉCIMO.- Notifíquese personalmente y cúmplase.- Así lo Sentenció, manda y firma, el Ciudadano Licenciado LUIS FERNANDO MARRUFO CANTO, Secretario de Acuerdos en Funciones de Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, Ciudadana Licenciada Salomé Antonia Chan López. Doy fe. - - - - - - - - - - - - - [.]" De la transcripción anterior, se advierte que la autoridad responsable el catorce de marzo del año que transcurre, dictó la sentencia definitiva dentro del juicio ordinario civil 1058/2013. En esa tesitura, con lo vertido en párrafos precedentes se satisfacen los incisos a) y b) de las coincidencias para que se actualice la causal de improcedencia invocada, respecto a la parte quejosa. Ello es así, porque en primer lugar queda demostrado que el Juez responsable el catorce de marzo de dos mil dieciséis, dictó la sentencia definitiva dentro del juicio de origen, en segundo lugar, al haber emitido la sentencia definitiva las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional que alegó por esta vía la hoy quejosa; por tanto, cesaron los efectos del acto reclamado. Bajo esas circunstancias, es evidente que cesaron los efectos de los actos reclamados; en consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrita párrafos precedentes. En ese contexto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA, al actualizarse la causal de improcedencia a que alude la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia. Apoya lo dicho la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por lo expuesto, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional la cual estaba fijada para las diez horas con veinte minutos del treinta de marzo de dos mil dieciséis.

  3. Incidental

    R E S U E L V E : ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Alfredo Nahuat Rosado contra el acto de la autoridad precisada en el considerando segundo de esta interlocutoria y por las razones ahí expuestas.

  4. Principal

    (CITATORIO) Toda vez que el tercero interesado Notario Público número dieciséis con circunscripción territorial en el Estado de Quintana Roo, no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el citatorio de cuatro de marzo de dos mil dieciséis, recibido en su domicilio; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifican los proveídos de veintiséis de febrero y uno de marzo del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, en vía de emplazamiento, los cuales en lo conducente señalan: (26/02/2016) Vista la demanda de amparo de cuenta con la que ******, por su propio derecho, solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos que atribuye al Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, con domicilio en esta ciudad; con apoyo en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se manda formar expediente, registrarlo en el Libro de Gobierno bajo número 128/2016, y se admite en sus términos la demanda de que se trata. Dése la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo, en términos de los numerales 107, fracción XV, constitucional y 5, fracción IV, de la ley de la materia. Con fundamento en lo dispuesto por el último párrafo del artículo 128 de la Ley de Amparo, por separado fórmese y tramítese por duplicado el incidente de suspensión que se solicita. Para la celebración de la audiencia constitucional del juicio se fijan diez horas con veinte minutos del treinta de marzo de dos mil dieciséis. De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable que deberá rendirlo dentro del plazo de quince días, en el que expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, acompañando en su caso, copia certificada, legibles, completas y ordenadas de las constancias y actuaciones que sean necesarias para resolver el presente asunto, apercibida que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto se les impondrá una multa. Por otro lado, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene con carácter de terceros interesados a ****, *****, ***** y ****** En consecuencia, con fundamento en el artículo 115 y 116, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a cualquiera de los actuarios adscritos a este Órgano Jurisdiccional a fin de emplazar a los referidos terceros interesados o por conducto de quien legalmente los represente en el domicilio que obra en autos, en la inteligencia que deberán hacerles de su conocimiento el contenido del presente proveído, corriéndoles traslado con copia simple la demanda de amparo; asimismo, deberán hacerles saber el derecho que tiene para comparecer al presente juicio, y a su vez requerirlos para que en ese momento o dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de mérito, señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibiéndolos que en caso de no hacerlo, las subsecuentes las de carácter personal se les harán en el lugar donde se lleve a cabo el emplazamiento. De igual manera, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b), en relación con el 115 de la Ley de Amparo, emplácese por oficio al **** y *****, haciéndoles saber la instauración del presente juicio, así como el derecho que tienen para apersonarse al mismo corriéndoles traslados con copia simple de la demanda de garantías así como con el escrito aclaratorio. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8°, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida; así como para precisar las constancias, que en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto para el segundo párrafo del artículo 6° del ordenamiento legal en cita. (01/03/2016) Vista la certificación secretarial de cuenta y atento a que el presente asunto se encuentra en trámite, se hace del conocimiento de las partes que en sesión ordinaria de veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la adscripción del suscrito Juez Aarón Alberto Pereira Lizama, como titular de este órgano de control constitucional, a partir del uno de marzo del año en curso. Lo anterior, para el efecto de que las partes estén en aptitud de manifestar, de así estimarlo, si se actualiza algún impedimento o excusa legal de los previstos en el artículo 51 de la Ley de Amparo, para conocer del presente asunto.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · 9,407 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano