Alfredo Nahuat Rosado

Expediente 666/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 9 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
666/2016
Año
2016
Actuaciones
9
Última actuación
04/10/2016

Partes del expediente

  • Alfredo Nahuat Rosado
  • Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de esta ciudad.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Vista la primera de las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los que se advierte que feneció el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra el auto dictado el doce de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 43 a 46), en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que hayan hecho valer medio de impugnación la parte quejosa y el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; en consecuencia, con fundamento en el precepto legal en mención, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, toda vez que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo; asimismo, en cumplimiento al artículo Vigésimo Primero, fracción II, del referido acuerdo, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, por haberse sobreseído fuera de audiencia el juicio de amparo, una vez transcurrido el plazo de cinco años. Asimismo, en observancia a lo previsto en el punto Décimo Primero, segundo párrafo, del mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2009, se determina que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso punto Vigésimo Primero, último párrafo, del citado acuerdo; lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, acuérdese lo conducente en los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo en que se actúa, para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    (CITATORIO) Toda vez que los terceros interesados Pedro David Vega Osalde y los Notarios número dieciséis y cuarenta y cuatro, con circunscripción territorial en el estado de Quintana Roo, no acudieron a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante los citatorios de trece de los corrientes recibido en su domicilio; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se les notifica el proveído de doce de septiembre del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Chetumal, Quintana Roo, doce de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos en funciones de Juez adscrito al Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, mediante el cual rinde informe justificado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, anexa como medio probatorio copia certificada de la documental siguiente: Sentencia interlocutoria de treinta y uno de agosto del año en curso, que obra en autos del juicio ordinario civil 1058/2013, de su estadística. A la referida constancia se le otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, atento a lo previsto en el diverso precepto legal 2°. Lo anterior encuentra fundamento en la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto dicen: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Una vez establecido lo anterior, cabe precisar que el estudio de las causales de sobreseimiento es preferente, al ser de orden público, por lo que es obligación del juez de amparo, tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que actualice el sobreseimiento en el juicio, analizarla de oficio. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7o.P.13 K, sustentada por Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, materia común, página 1947, cuyo rubor y texto dicen: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto." Es oportuno precisar que al tratarse de causales de improcedencia manifiesta e indudable, es necesario destacar lo que se debe entender por manifiesto e indudable; en efecto, "manifiesto" es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", es que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, dicho de otra manera, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En el presente asunto, respecto al acto reclamado hecho valer por la parte quejosa consistente en la omisión de dictar la sentencia interlocutoria del incidente de origen, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, en relación con la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, los que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Los preceptos transcritos prevén el sobreseimiento del juicio de amparo al sobrevenir alguna de las causales de improcedencia, en este caso, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior es así, debido a que existe imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, en razón de que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, pues conlleva asimismo la desaparición total de los efectos del acto, ya que el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese contexto, de lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, la demanda de amparo se admitió por el acto reclamado siguiente: ". la omisión de dictar la correspondiente Sentencia Definitiva en el Incidente de Nulidad de Notificaciones promovido en contra de la notificación de la Sentencia Definitiva dictada en autos del expediente radicado con el número 1058/2013 relativo al Juicio Ordinario Civil de Nulidad promovido por el suscrito en contra de la C. BENITA MANRIQUEZ MORALES y otros, en virtud de haber pasado con exceso los términos señalados para tal efecto en la legislación vigente en la materia." Del análisis de la copia certificada enviada por la autoridad responsable en el oficio de cuenta, se advierte que dictó sentencia interlocutoria en el incidente de origen, el treinta y uno de agosto del año en curso, en el que resolvió de la manera siguiente: "-----------------------------------RESUELVE--------------------------------------PRIMERO.- No ha procedido el presente INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIÓN, promovido por la ciudadana SILVIA LETICIA JÚAREZ DÍAZ, en su carácter de apoderada legal de la Ciudadana BENITA MANRIQUE MORALES.----------------------------------------------SEGUNDO.- Notifíquese y cúmplase. Así lo sentenció manda y firma el Ciudadano Licenciado LUIS FERNANDO MARRUFO CANTO, Secretario de Acuerdos en Funciones de Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, asistida de la Secretaria que autoriza y da fe, Ciudadana Licenciada SALOMÉ ANTONIA CHAN LÓPEZ.- Doy Fé.------------------------------" De la transcripción anterior se advierte que el Secretario en funciones de Juez responsable, el treinta y uno de agosto del año en curso, dictó la sentencia interlocutoria en el incidente de nulidad de notificación, el cual se notificó por lista de estrados el uno de septiembre de esta anualidad, tal como se acredita de la copia certificada de dicha resolución. En esa tesitura, con lo vertido en párrafos precedentes se satisfacen los incisos a) y b) de las coincidencias para que se actualice la causal de improcedencia invocada. Ello es así, porque en primer lugar queda demostrado que dictó la sentencia interlocutoria en el incidente de origen, en segundo lugar, al haber realizado su notificación a las partes, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional que se alegó por esta vía; por tanto, cesaron los efectos del acto reclamado. Bajo esas circunstancias, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrita párrafos precedentes. En ese contexto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que alude la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia. Apoya lo dicho la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No se desatiende que por auto de siete de septiembre del año en curso, se ordenó girar oficios de búsqueda del domicilio de la tercero interesada Benita Manríquez Morales, lo que a la fecha no se ha localizado dicho domicilio, motivo por el cual no ha tenido oportunidad de apersonarse en el juicio; sin embargo, al haberse actualizado la causal de improcedencia antes analizada, se produjo el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, razón por la cual la presente determinación en nada perjudica a dicha tercera. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "TERCERO PERJUDICADO FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercero perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio, debe ordenarse la reposición para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada.". Por lo expuesto, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional el día veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis a las diez horas con diez minutos, así como la orden de proporcionar el domicilio de la tercero interesada Benita Manríquez Morales, emitida en auto de siete de septiembre del año en curso, por lo que gírese oficio a las dependencias ahí requeridas a fin de que tengan conocimiento de que se dejó insubsistente el apercibimiento decretado en dicho acuerdo. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, agréguese a los autos los oficios signados por el Coordinador Jurídico de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, y el Apoderado Legal de Teléfonos de México, a través de los cuales dan cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de siete de septiembre de esta anualidad, referente al domicilio de la tercera interesada Benita Manríquez Morales. Lo anterior, sin que se tenga que realizar mayor pronunciamiento, en virtud de lo acordado en párrafos precedentes.

  3. Principal

    Agréguese a los presentes autos el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual da cumplimiento al proveído de treinta de agosto del año en curso, esto informa un domicilio de la tercera interesada Benita Manríquez Morales, siendo el mismo en el que mediante razón actuarial de veintinueve de agosto de la presente anualidad, el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, se cercioró de que no pudo encontrarse a la tercera interesada antes referida. En ese tenor, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que aún no han sido emplazada la tercera interesada Benita Manríquez Morales, en esas condiciones, conforme al apercibimiento formulado en proveído de treinta de agosto de dos mil dieciséis, y en aras de garantizar una justicia pronta y expedita, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, gírese oficio a las dependencias con domicilio en esta ciudad, para que manifiesten si cuentan en sus registros con algún domicilio de la tercera interesada *******. De igual forma, envíese oficio al Encargado de la Policía Federal Ministerial en la Subsede de Chetumal, Quintana Roo, para que comisione a elementos a su cargo, a fin de investigar, averiguar y localizar el domicilio de la aludida tercera interesada y en caso favorable lo proporcione a este Juzgado, debiendo sustentar la investigación en datos debidamente probados. En el entendido que deberá citar en su informe las fuentes consultadas, y comunicar a este órgano jurisdiccional, dentro de los cinco días siguientes al en que reciba el oficio que al efecto se envíe, los medios empleados o las fuentes que solicitó para localizar a la tercera interesada en mención, así como acreditar fehacientemente, tanto la solicitud hecha, como el escrito con el que cada fuente le dé contestación. Se apercibe a las referidas dependencias que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, en el plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, o no informar oportunamente las causas que se los impida, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259, de la ley de la materia, se le impondrá una multa por la cantidad de $3,652.00 (tres mil seiscientos cincuenta y dos pesos, 00/100 moneda nacional), equivalente a cincuenta veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos, en funciones de Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, mediante el cual da cumplimiento al proveído de treinta de agosto del año en curso, esto es, informa el último domicilio de la tercera interesada ******, que tiene registrado en su estadística, siendo el mismo en el que, mediante razón actuarial de veintinueve de agosto del año en curso, el Actuario Judicial Adscrito a este Juzgado, se cercioró de que no pudo encontrarse a la tercera interesada antes referida. Finalmente, en atención a la certificación de cuenta, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa en auto de veintinueve de agosto de la presente anualidad, para que señale domicilio de la tercera interesada, en consecuencia, este Órgano Jurisdiccional queda a la espera de que transcurra dicho término, a fin de estar en posibilidades de proveer lo que en derecho corresponda.

Quedan 5 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · 9,407 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano