Alfredo Moran Herrera

Expediente 145/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
145/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
30/03/2021

Partes del expediente

  • Alfredo Moran Herrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que feneció el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de dos de marzo del presente año, por el cual se desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido. En tales condiciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de garantías y carece de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el treinta de marzo de dos mil veinticuatro. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Ahora, en atención a que obran en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del aludido Acuerdo General, requiérasele para que, dentro del plazo de noventa días hábiles, en día y hora hábil comparezca ante este Juzgado a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el presente expediente. Así, tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este órgano jurisdiccional tiene actualmente asignado el horario matutino de siete horas con cuarenta y cinco minutos a trece horas con cuarenta y cinco minutos, y que a partir del tres de agosto de dos mil veinte, está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecen las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Por tanto, para la devolución de los documentos citados en párrafos precedentes, deberá generar la cita correspondiente a través del proceso automatizado que le otorgará, un código "QR", para el ingreso al órgano jurisdiccional, cumpliéndose previamente los requisitos para pasar los filtros sanitarios y dentro del horario de labores interno fijado para la atención al público en general en días hábiles...

  2. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 30/03/2021, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO C...Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que feneció el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de dos de marzo del presente año, por el cual se desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido. En tales condiciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de garantías y carece de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el treinta de marzo de dos mil veinticuatro. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Ahora, en atención a que obran en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del aludido Acuerdo General, requiérasele para que, dentro del plazo de noventa días hábiles, en día y hora hábil comparezca ante este Juzgado a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el presente expediente. Así, tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este órgano jurisdiccional tiene actualmente asignado el horario matutino de siete horas con cuarenta y cinco minutos a trece horas con cuarenta y cinco minutos, y que a partir del tres de agosto de dos mil veinte, está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecen las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Por tanto, para la devolución de los documentos citados en párrafos precedentes, deberá generar la cita correspondiente a través del proceso automatizado que le otorgará, un código "QR", para el ingreso al órgano jurisdiccional, cumpliéndose previamente los requisitos para pasar los filtros sanitarios y dentro del horario de labores interno fijado para la atención al público en general en días hábiles...

  3. Principal

    Agréguese a los autos para que surta los efectos legales conducentes el escrito de cuenta, signado por Gerson Alejandro Murrieta Escamilla, autorizado de la parte quejosa Alfredo Morán Herrera, en atención a su contenido y al estado de autos, como lo solicita el promovente, previo cotejo y certificación que se haga de las documentales adjuntadas en originales al escrito de demanda, glósese copia en autos, y devuélvase los originales, previa identificación y firma que por su recibo se otorgue en autos. Asimismo, se le indica que en consideración a la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales, con fundamento en el Acuerdo General 25/2020 que reforma su similar 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este órgano jurisdiccional tiene asignado el horario matutino de 7:45 a 13:45 y que a partir del tres de agosto del año en curso, está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecen las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Significándole que para la entrega de los documentos que indica en su escrito de cuenta, deberá generar la cita correspondiente a través del proceso automatizado que le otorgará, un Código QR, para el ingreso al órgano jurisdiccional, cumpliéndose previamente los requisitos para pasar los filtros sanitarios y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles.

  4. Principal

    Vista la demanda de cuenta promovida por Alfredo Morán Herrera; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno bajo el número 145/2021, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito debe analizar ante todo el escrito inicial de demanda y que, en caso de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano. Además, el análisis de las causales de improcedencia del juicio de amparo debe hacerse previamente y de oficio, con independencia de que las hayan invocado las partes, o no, dada su naturaleza de orden público y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de la que, a juicio de este órgano jurisdiccional, se actualiza. En la demanda de amparo, la parte promovente señala como acto reclamado la resolución administrativa de dieciocho de septiembre de dos mil veinte emitida por el Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en la ciudad de Veracruz, Veracruz, relacionado con el recurso de inconformidad interpuesto por el quejoso en contra de la negativa de otorgarle una pensión por cesantía. En tal sentido, con relación a lo reclamado en este juicio constitucional, este juzgado de Distrito advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, los cuales establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por tratados internacionales e los que el Estado mexicano sea parte." Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo.. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía. Modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De lo anterior se advierte que el juicio de amparo es procedente contra de actos de autoridad que sean violatorios de los derechos humanos reconocidos y de las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; esto es, contra normas generales, actos u omisiones de las autoridades, concebidas como órganos pertenecientes al Estado, que desde la perspectiva teórica de las relaciones jurídicas se ubican en un plano de supra a subordinación, puesto que imponen su imperio a los gobernados. Asimismo, la Ley de Amparo posibilita que a través de esa vía se controviertan también, en casos de excepción, los actos de particulares. Por tanto, no basta que en la demanda de amparo se designe como "autoridad" responsable a un particular, para que por ese motivo se estime procedente la acción constitucional. En esas condiciones, la procedencia del juicio de amparo a la luz de la legislación actualmente en vigor, no se define por la naturaleza de la persona u órgano señalado como responsable, sino por la naturaleza y características del acto reclamado que se considere lesivo de derechos fundamentales y que derive del ejercicio de funciones determinadas por una norma general. De tal suerte que, aun cuando los particulares dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto que origine, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, no será procedente el amparo si el acto o la omisión no se actualizan en el contexto de funciones que tengan encomendadas por alguna norma general. Lo anterior es congruente con la naturaleza extraordinaria del juicio de amparo como medio de control de la Constitución, a la que las autoridades deben sujetar su actuación porque si bien los actos de los particulares pueden ser sometidos a través de ese medio al escrutinio del marco fundamental, tal posibilidad encuentra su razón de ser en que, finalmente, el particular al que se considere autoridad, habría actuado por sometimiento del Estado, a partir de la norma general respectiva que determinara las funciones a las que debía sujetar su actuación... Al tomar en cuenta las consideraciones contenidas en el criterio invocado, es dable concluir que una autoridad para efectos del juicio de amparo es la que, teniendo las características de órgano público otorgadas por la norma jurídica, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales, a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Dicho de otro modo, es autoridad aquella persona física o moral perteneciente a la federación, los estados o los municipios, que con facultades de facto o de jure, en uso del poder público de decisión o ejecución, o bien de ambas, de manera unilateral y obligatoria, crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas, de hecho o jurídicas, en perjuicio del gobernado; todo lo cual, válidamente, permite estimar, a su vez, que los elementos necesarios para la conformación de un acto de autoridad, son los siguientes: a) Que su emisor tenga características de órgano público; b) Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar; y, c) Que sea dictado unilateralmente afectando la esfera jurídica del gobernado. En ese tenor, el concepto de autoridad para efectos del amparo excluye los actos de particulares, siempre y cuando no realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en términos de la fracción II del artículo 5º de la Ley de Amparo, sobre los cuales, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo determinan que éste resulta improcedente. Ahora, en relación con esta distinción entre actos de autoridad y actos de particulares, tiene injerencia y relevancia el análisis de la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación que, como se dijo líneas anteriores, resulta necesario tener en cuenta para demostrar plenamente que los actos reclamados en el presente juicio no son de autoridad. Sobre el particular, se tiene que las relaciones de coordinación presuponen un plano de igualdad, en el que las partes, generalmente particulares, se encuentran en un mismo nivel, teniendo que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias; de tal manera que dentro de este tipo de relaciones se encuentran, verbigracia, las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. Por su parte, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado, entre los que destacan, a guisa de ejemplo, el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos. Este último tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece una serie de derechos humanos como limitaciones al actuar del gobernante, siendo entonces las que se vinculan con el entendimiento de los actos de autoridad. En ese contexto es importante destacar que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene reconocido un doble carácter: uno, como organismo fiscal autónomo, en la determinación y recaudación de las cuotas obrero patronales; caso en el cual, actúa como autoridad con atributos propios que la ley le otorga para realizar esos actos, esto es, bajo una relación de supra a subordinación y, otro, como ente asegurador, en sustitución del patrón, como consecuencia del vínculo laboral entre el trabajador y aquél, o con base en un acto jurídico, mediante el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero al asegurado o a sus beneficiarios; caso en el cual actúa en un plano de igualdad con el asegurado y sus beneficiarios, dado que involucra el cumplimiento de ese convenio. En consecuencia, el Instituto Mexicano del Seguro Social no tiene el carácter de autoridad cuando realiza actos que tienen su origen en una relación jurídica con sus asegurados y, por tanto, esos actos no son de autoridad para efectos del juicio amparo. De lo anterior se evidencia que, como se precisó con antelación, el acto reclamado consistente en la resolución administrativa de dieciocho de septiembre de dos mil veinte emitida por el Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en la ciudad de Veracruz, Veracruz, relacionado con el recurso de inconformidad interpuesto por el quejoso en contra de la negativa de otorgarle una pensión por cesantía, no constituye un acto de autoridad para efectos del amparo, pues versa acerca de prestaciones de seguridad social, en una relación jurídica en la cual ni la inconforme (aquí quejosa), por una parte, ni el Instituto Mexicano del Seguro Social, por la otra, están investidos de imperio, ya que este último actúa como ente asegurador, derivado del establecimiento de un vínculo laboral entre el asegurado y su patrón, o con base en el convenio celebrado al efecto. Esto es, se trata de una relación de coordinación, la cual, como ya se dijo, es la entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, cuya nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación, ya que en la especie, tratándose de las prestaciones de seguridad social, el legislador ha considerado que los conflictos que se susciten entre el referido instituto y sus asegurados o sus beneficiarios, corresponden al ámbito competencial de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos de lo dispuesto en los artículos 604 de la Ley Federal del Trabajo y 295 de la Ley del Seguro Social. Artículo 604. Corresponden a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en el ámbito de su competencia, el conocimiento y la resolución de los conflictos de trabajo que se susciten entre trabajadores y patrones, sólo entre aquéllos o sólo entre éstos, derivados de las relaciones de trabajo o de hechos relacionados con ellas. Artículo 295. Las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto sobre las prestaciones que esta Ley otorga, deberán tramitarse ante los Tribunales Federales en materia laboral, en tanto que las que se presenten entre el Instituto y los patrones y demás sujetos obligados, se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. De los numerales transcritos, queda de manifiesto que tratándose de controversias acerca de prestaciones de seguridad social, que se susciten entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y los asegurados o sus beneficiarios, las mismas deben ser resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; por lo que, en estos casos, dicho Instituto no tiene el carácter de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo... En tales condiciones, al no constituir lo reclamado un acto de autoridad para efectos del amparo, dado que su naturaleza y origen versa acerca de prestaciones previstas en la Ley del Seguro Social, derivadas del vínculo jurídico entablado con los asegurados o sus beneficiarios, el Instituto Mexicano del Seguro Social no tiene el carácter de autoridad para efectos del amparo, al tratarse de una relación de coordinación, es decir, entre particulares, por lo cual el juicio constitucional no es procedente en los términos a que se contraen los artículos 103, fracción I, constitucional, 1o., fracción I, 5o., fracción II de la Ley de Amparo... se pone de manifiesto que la actual integración del Más Alto Tribunal de la Nación considera que es autoridad para efectos del amparo, el ente del Estado de hecho o de derecho que en una relación jurídica de subordinación emite actos a través de los cuales impone su voluntad en forma directa y unilateral, por la que crea, modifica o extingue, por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales, ni del consenso de la voluntad del afectado. En ese contexto, es importante destacar que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene reconocido un doble carácter: uno, como organismo fiscal autónomo, en la determinación y recaudación de las cuotas obrero patronales; caso en el cual, actúa como autoridad con atributos propios que la ley le otorga para realizar esos actos, esto es, bajo una relación de supra a subordinación y, otro, como ente asegurador, en sustitución del patrón, como consecuencia del vínculo laboral entre el trabajador y aquél, o con base en un acto jurídico, mediante el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero al asegurado o a sus beneficiarios; caso en el cual actúa en un plano de igualdad con el asegurado y sus beneficiarios, dado que involucra el cumplimiento de ese convenio. Por consiguiente, el Instituto Mexicano del Seguro Social no tiene el carácter de autoridad cuando realiza actos positivos, negativos u omisivos que tienen su origen en una relación jurídica con sus asegurados y, por tanto, esos actos no son de autoridad para efectos del amparo, dado que, en esos supuestos, se conduce bajo una relación de coordinación entablada entre particulares, en la que éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, ya que existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación por tratarse de las prestaciones de seguridad social, respecto de las cuales el legislador ha considerado que los conflictos que se susciten entre el referido instituto y sus asegurados, corresponden al ámbito competencial de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos de lo dispuesto en la fracción XX del artículo 123, apartado A, de la Constitución General de la República, y en el artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo. Sin que sea óbice el hecho de que las últimas tesis invocadas en el presente auto están integradas conforme a la Ley de Amparo abrogada; sin embargo, las mismas no se oponen a la Ley de Amparo vigente, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio del ordenamiento vigente referido. Aunado a que, el contenido de dichos criterios continúan vigentes en el régimen jurídico de la actual Ley de Amparo, pues el Instituto Mexicano del Seguro Social, a la luz de las disposiciones de la Ley de Amparo abrogada y de las contenidas en la vigente, no ha cambiado su naturaleza jurídica y, por ello, no es autoridad para efectos del juicio constitucional, ni realiza actos equiparables a los de autoridad, tratándose de actos en su carácter de ente asegurador. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, lo procedente es desechar de plano la demanda en estudio, con apoyo en el artículo 113 de la aludida ley de la materia...

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