Alfredo Lara Santos

Expediente 1245/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 1 actuación registrada, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1245/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Alfredo Lara Santos

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda, signado por********************, por propio derecho; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno con el número ********************2023 y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO A efecto de proveer lo conducente, conviene precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, lo manifiesto se presenta cuando el motivo de improcedencia se desprende en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo y de los documentos que se anexen. Asimismo, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Lo anterior, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que sustenten la causal de improcedencia, dado que lo manifiesto e indudable deriva del ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados por los quejosos y la correspondiente hipótesis normativa, lo que nada impide al operador jurídico sustentar consideraciones profundas o de gran amplitud. En la especie, este juzgador considera que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217 de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para sus Salas, pero no lo será la de ellas para el Pleno. Ninguna sala estará obligada a seguir la jurisprudencia de la otra". Lo anterior, en armonía con lo previsto en el artículo décimo transitorio del decreto de reformas a la Ley de Amparo, publicado el siete de junio de dos mil veintiuno, que en lo conducente dice: "Décimo. Las jurisprudencias que se hubieran emitido antes de la entrada en vigor del presente Decreto mantendrán su obligatoriedad, salvo que sean interrumpidas en los términos que se prevén en el artículo 228 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al momento de la interrupción".." De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente cuando así se disponga en la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, Plenos de Circuito, así como Tribunales Colegiados de Circuito. Ahora, la razón de ser de la causa de improcedencia anunciada se encuentra ilustrada en la jurisprudencia 156/2017, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, el viernes 12 de enero de 2018, registro 2015944, que dice: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil." Para acreditarlo es oportuno precisar el marco normativo aplicable para el caso concreto, para lo cual es destacable la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil trece, a los artículos 25, párrafos primero, quinto y penúltimo, 27, párrafo sexto y 28, párrafo cuarto, los cuales establecen: "Artículo 25. [.] Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación. [.] La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución." "Artículo 27. [.] En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, salvo en radiodifusión y telecomunicaciones, que serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose de minerales radiactivos no se otorgarán concesiones. Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica." "Artículo 28. [.] No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, y la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, en los términos de los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución, respectivamente; así como las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia." De esos preceptos fundamentales se obtiene que la planeación y control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, son actividades exclusivas de la Nación respecto de las cuales no se otorgarán concesiones; sin embargo, podrán celebrarse contratos con los particulares para que participen en las demás actividades de la industria eléctrica. La reforma fue reglamentada en la Ley de la Industria Eléctrica y su Reglamento, así como en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y su Reglamento, donde se fijaron la naturaleza de los actos que emita o resulten imputables a la Comisión Federal de Electricidad, en el contexto mercantil, de la forma siguiente: Ley de la Industria Eléctrica "Artículo 5. El Gobierno Federal, los Generadores, los Transportistas, los Distribuidores, los Comercializadores, los Usuarios Calificados Participantes del Mercado y el CENACE, cada uno en el ámbito de sus competencias y responsabilidades, ejecutarán los actos que resulten necesarios para mantener la integridad y el funcionamiento eficiente del Sistema Eléctrico Nacional. En lo no previsto por esta Ley, se consideran mercantiles los actos de la industria eléctrica, por lo que se regirán por el Código de Comercio y, de modo supletorio, por las disposiciones del Código Civil Federal." "Artículo 7. Las actividades de la industria eléctrica son de jurisdicción federal. Las autoridades administrativas y jurisdiccionales proveerán lo necesario para que no se interrumpan dichas actividades." Ley de la Comisión Federal de Electricidad "Artículo 3. La Comisión Federal de Electricidad se sujetará a lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y las disposiciones que deriven de los mismos. El derecho mercantil y civil serán supletorios." "Artículo 7. Para cumplir con su objeto, la Comisión Federal de Electricidad podrá celebrar con el Gobierno Federal y con personas físicas o morales toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar todo tipo de garantías reales y personales de obligaciones contraídas por sí o por sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, con sujeción a las disposiciones legales aplicables. La Comisión Federal de Electricidad estará facultada para realizar las operaciones relacionadas directa o indirectamente con su objeto. Los contratos y, en general, todos los actos jurídicos que celebre la Comisión Federal de Electricidad para el cumplimiento de su objeto, podrán incluir cualquiera de los términos permitidos por la legislación mercantil y común y deberán cumplir con la regulación aplicable en las materias que corresponda." "Artículo 82. Todos los actos que se desarrollen dentro del procedimiento de contratación que se regula en el presente Capítulo, hasta el momento del fallo, inclusive, serán de naturaleza administrativa. Una vez firmado el contrato, éste y todos los actos o aspectos que deriven del mismo serán de naturaleza privada y se regirán por la legislación mercantil o común aplicable." "Artículo 118. Las controversias nacionales en que sean parte la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias, cualquiera que sea su naturaleza, serán de la competencia de los tribunales de la Federación, quedando exceptuados de otorgar las garantías que los ordenamientos legales exijan a las partes, aun en los casos de controversias judiciales. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias podrán pactar medios alternativos de solución de controversias, cláusulas o compromisos arbitrales, en términos de la legislación mercantil aplicable y los tratados internacionales de los que México sea parte." De la interpretación sistemática de las normas transcritas se constata que el legislador dispuso expresamente que el Gobierno Federal, los Generadores, los Transportistas, los Distribuidores, los Comercializadores, los Usuarios Calificados Participantes del Mercado y el Centro Nacional de Control de Energía, cada uno en el ámbito de sus competencias y responsabilidades, ejecutarán los actos que resulten necesarios para mantener la integridad y el funcionamiento eficiente del Sistema Eléctrico Nacional. En ese orden, la regla general implica que las actividades de generación, transmisión, distribución, comercialización y el control operativo del Sistema Eléctrico Nacional, compuesto por la red nacional de transmisión, redes generales de distribución, centrales eléctricas que entreguen energía eléctrica a las anteriores y equipos e instalaciones del Centro Nacional de Control de Energía, adquieren la naturaleza de administrativos. Sin embargo, también se dispuso como excepción que en lo no previsto por la Ley de la Industria Eléctrica, es decir, los actos diversos a las actividades enumeradas con anterioridad, deben considerarse mercantiles y se regirán por el Código de Comercio y supletoriamente por el Código Civil Federal. De ese modo, la Ley de la Comisión Federal de Electricidad prevé que a los actos que emita les son aplicables las legislaciones mercantil y civil, por lo que serán de esa naturaleza. Excepcionalmente, los actos que emita en el procedimiento de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras tendrán naturaleza administrativa. Por tal motivo, los conflictos nacionales en que participe la Comisión, incluidos los derivados de la interpretación y cumplimiento de los contratos derivados de un procedimiento administrativo, se resolverán en vía mercantil o civil por los tribunales de la Federación, o bien, a través de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Concretamente, los conflictos en los que se involucre a la Comisión Federal de Electricidad, por determinación del legislador, tienen naturaleza mercantil; en efecto, en el contrato de suministro de energía eléctrica dicha empresa productiva del Estado y el particular tienen obligaciones y derechos recíprocos, de ahí que la relación jurídica existente entre las partes corresponde a la de una relación de comercial y de correspondencia entre el interés del organismo subsidiario y el particular usuario del servicio. Luego, tratándose de relaciones contractuales es común que se pacte que la parte que se vea perjudicada por el incumplimiento de su contraparte deje de otorgar las prestaciones a su cargo, pues los contratos, por regla general, se rigen por la voluntad de las partes, así como por la bilateralidad. En ese sentido, del contenido de la ejecutoria que originó la invocada jurisprudencia 156/2017, se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que contra los actos derivados del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica procede la vía ordinaria mercantil. Lo sostuvo así, al exponer que de la interpretación armónica de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil, tal como lo sustentó la propia Sala al resolver el amparo directo en revisión 4729/2014, del cual derivó la tesis 2a.XLII/2015 (10a), registro 2009410, de rubro y texto siguientes: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LA NEGATIVA A DEVOLVER CANTIDADES PAGADAS CON MOTIVO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 (10a.) (*)].La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en criterio mayoritario, determinó en la tesis aludida que los contratos de suministro de energía eléctrica son de naturaleza administrativa. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a interrumpir dicho criterio, para determinar que de la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, se advierte que la negativa a devolver cantidades pagadas con motivo de dicho servicio es una cuestión de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de este tipo de actos deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como que cuando sólo se afecten intereses particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquéllas los Jueces y tribunales del orden común." En el caso, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: "(.) IV. ACTO RECLAMADO. DE LA AUTORIDAD ORDENADORA RECLAMO, LA ORDEN DEL CORTE DE LA ENERGÍA ELECTRICA DE MI DOMICILIO UBICADO EN EL NÚMERO UNO DE MI DEMANDA VIOLANDO MIS GARANTÍAS INDIVIDUALES CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS 14, 16, 19 Y 20 CONSTITUCIONES. DE LA EJECUTORA, RECLAMO LA ORDEN DEL CORTE DE LUZ DEL DOMICILIO ANTES MENCIONADO EN DONDE MANIFIESTAN QUE DICHA CONEXIÓN SE ENCUENTRA MAL INSTALADA, PERO EN DICHO DOMICILIO NO VIVO DESDE HACE MÁS DE UN AÑO, POR LO QUE YO NO PUDE HABER HECHO DICHA CONEXIÓN." Asimismo, de lo manifestado en el capítulo de hechos del citado ocurso se desprende que la parte quejosa manifestó, que al acudir su prima ********************, a las Oficinas de la Comisión Federal de Electricidad fue informada por personal de dicha empresa, que dejaron un escrito en el que le manifestaron el motivo del corte de energía eléctrica, y exhibe el oficio 6257/2022, de ajuste facturación de veinte de diciembre de dos mil veintidós, dirigido a dicho quejoso, relacionado con el servicio que se presta en el domicilio ubicado en ********************, ********************, en el infonavit ********************, a nombre del quejoso********************. En ese tenor, es dable sostener que, a pesar de la manifestación del promovente en el sentido de encontrarse al corriente de los pagos del servicio de energía eléctrica, de las constancias que él mismo aportó, se aprecia que el corte que por esta vía reclama tiene su origen en la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica que emana del contrato que celebró con la Comisión Federal de Electricidad, correspondiente al número de servicio ******************** y al domicilio descrito en el párrafo que antecede. Por tanto, se hace patente que la orden de corte de suministro de energía eléctrica que en este juicio reclama la parte quejosa tiene su origen en la relación contractual que tiene como la Comisión Federal de Electricidad para el suministro del citado fluido; y, en esa medida, la controversia existente sobre ese aspecto debe ventilarse y decidirse en la vía mercantil. De ahí, que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia 156/2017 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por tanto, con fundamento en el artículo 113 de esa la legislación, se desecha de plano de la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Con fundamento en el artículo 27 de la ley reglamentaria de esta instancia, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir toda clase de notificaciones el que indica en su ocurso, y como autorizados con facultades amplias en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Víctor Luis Cruz Guzmán, ya que acreditó estar legalmente facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho a través del registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y/o Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. DATOS DE CONTACTO En ese orden, respecto del número telefónico que proporciona el promovente, se tendrá únicamente como medio de contacto para efectos no procesales, por no estar comprendidos como medios de notificación en la Ley de Amparo. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS. Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO. Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se autoriza al Secretario, bajo criterio limitado y hábil, para que únicamente certifique y agregue a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. Notifíquese personalmente a la promovente. Así lo acordó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de Sandra Alicia Castelán González, secretaria con quien actúa y da fe.SACG/Ecg* Certificación: La secretaria certifica que el expediente electrónico y físico del presente expediente, se integran en los términos establecidos en el artículo 3 de la Ley de Amparo, y el numeral 22 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, conforme a su texto reformado mediante el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Doy fe.

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