Alfredo Montiel López
Expediente 1621/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1621/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Alfredo Montiel López
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos y en específico la certificación que antecede, se advierte que no se recurrió la determinación dictada por acuerdo de quince de diciembre de dos mil veintiuno, dentro del término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO, la determinación por la cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ********************, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Asimismo, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, al tratarse de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de derechos. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Por ende, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese
- Principal
Vista el escrito de demanda de amparo que promueve ***, por derecho propio, contra actos del Agente del Ministerio Público, titular de la Unidad de Investigación Número Cuatro adscrito a la Subprocuraduría de Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad del Estado de Hidalgo y otra autoridad. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 1621/2021-5, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E.-. Del mismo modo, a fin de cumplir con el artículo 3º de la Ley de Amparo, y con el objeto de facilitar a los justiciables el acceso a los expedientes mediante el empleo de los medios electrónicos fórmese el expediente electrónico relativo. DESECHAMIENTO Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de derechos, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, es: Es decir, que lo que reclama el quejoso a la responsable Agente del Ministerio Público es no resolver su petición de trece de diciembre de dos mil veintiuno, relativa a la solicitud de formulación de audiencia por la negativa de dicha autoridad en la carpeta de investigación 12-2021-10498. Precisado lo anterior, en el caso se reúnen los requisitos establecidos en el numeral 113 de la Ley de la Materia, por advertirse de forma manifiesta e indudable que se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. El precepto legal citado en último orden, prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" De la interpretación conjunta de la parte relativa de los artículos transcritos, se colige que el juicio de amparo es improcedente contra actos dentro del juicio que no tengan una ejecución que sea de imposible reparación, actos que de conformidad con la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)" . Se estableció que para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De acuerdo con lo anterior, son dos las condiciones que se dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, antes o después del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión - esta última- que se opone con la de "formal o adjetiva". En consecuencia, debe entenderse por actos de imposible reparación a aquellos que afectan de forma directa derechos sustantivos tutelados en la Constitución o en los Tratados Internacionales de los que México es parte, lo que significa que excluyó a todos aquellos actos intraprocesal que vulneren prerrogativas procedimentales con independencia del estadio en que esto ocurra. No obstante, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido el criterio de que, tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto admita o dicte providencias tendentes a conocer la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, esto es, aquellos en que las partes tienen derecho a obtener respuesta completa a sus pretensiones. Por tanto, estableció que por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta cuando se promueva contra actos de esta naturaleza intermedia, a menos que se advierta del contenido de la demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o una paralización total de éste, pues en tal caso el juicio será procedente por excepción. Dicho criterio está contenido en la jurisprudencia dispone lo siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS". Esto es, la procedencia del juicio de amparo indirecto en los términos antes precisados, surge para evitar obstaculizar injustificadamente la celeridad de los procedimientos jurisdiccionales, incluyendo su ejecución. Así, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida en un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 14, 16, 17 y 123 de la constitución federal, el acto que reclama no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento seguido por el particular, sino que se origina justamente en éste; que se traduce en falta de respuesta a una petición expresa o falta de prosecución del trámite. En concreto, para que sea procedente el juicio de amparo indirecto, es decir, para estimar que se trata de actos de imposible reparación dictados en el proceso, es necesario que se cumplan las dos condiciones fundamentales precisadas en párrafos precedentes, a menos que, como ya se dijo, se advierta una abierta dilación en el procedimiento o una paralización de éste. En el caso, debe decirse que de la demanda de amparo se advierte que la parte promovente reclama a la responsable Agente del Ministerio Público la omisión de resolver su petición de trece de diciembre de dos mil veintiuno, relativa a la formulación de audiencia por la negativa de dicha autoridad en la carpeta de investigación 12-2021-10498. También se acota que el referido escrito de demanda se presentó el catorce de diciembre del año en curso, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, es decir, a las once horas con veinte minutos (11:20 hrs) del día siguiente. En ese contexto, se transcriben los artículos 129 y 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Artículo 129. Deber de objetividad y debida diligencia (.) Durante la investigación, tanto el imputado como su Defensor, así como la víctima o el ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público dentro del plazo de tres días resolverá sobre dicha solicitud. Para tal efecto, podrá disponer que se lleven a cabo las diligencias que se estimen conducentes para efectos de la investigación. (.). Artículo 216. Proposición de actos de investigación Durante la investigación, tanto el imputado cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como su Defensor, así como la víctima u ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público ordenará que se lleven a cabo aquellos que sean conducentes. La solicitud deberá resolverse en un plazo máximo de tres días siguientes a la fecha en que se haya formulado la petición al Ministerio Público. De los normativos legales se advierte que durante la investigación, el imputado, Defensor, víctima u ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos; y el Ministerio Público resolverá dentro del plazo de tres días sobre dicha solicitud. De igual forma, se precisa sobre el particular, que el "derecho de petición", es la garantía individual consagrada en el artículo 8°, constitucional, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición de manera respetuosa y pacífica ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta congruente con su petición, que debe ser emitida en breve término por la autoridad. Ahora, en el caso tenemos que el quejoso solicitó a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público resolver su petición de trece de diciembre de dos mil veintiuno, relativa a la formulación de audiencia por la negativa de dicha autoridad en la carpeta de investigación 12-2021-10498; y, el catorce de diciembre del año en curso, a las once horas con veinte minutos (11:20 horas) ingresó el escrito de demanda al buzón judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, esto es, al día siguiente hábil, tiempo insuficiente para que la responsable estuviera en posibilidad de emitir contestación alguna. Ello, si bien la citada norma constitucional establece que el derecho de petición debe ser satisfecho con una contestación, la cual debe ser otorgada en breve término, ello de ningún modo implica que ésta deba ser proporcionada al día siguiente al en que se eleve su promoción; puesto que esto, en todo caso, implicaría desatender las labores previas con las que la autoridad cuente, a efecto de satisfacer el "breve término" en el que se deba contestar dicha solicitud. Aunado que los artículos 129 y 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevén que durante la investigación, el imputado, Defensor, víctima u ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos; y el Ministerio Público resolverá dentro del plazo de tres días sobre dicha solicitud, lo que en la especie no ha ocurrido, pues a la fecha de la presentación de la demanda aún no transcurría esa periodicidad, ya que la presentó al día siguiente de su petición ante la responsable de mérito, es decir, que todavía está transcurriendo los tres días para que la responsable acuerde la solicitud que le fue elevada; y, por ello, es que no puede considerarse que el acto combatido, hasta este momento, depare perjuicio alguno a la esfera jurídica del quejoso. Por tanto, el acto reclamado no queda comprendido en el supuesto de procedencia establecido en el citado artículo 107, fracción V, porque no es un acto de imposible reparación, ya que los efectos que produce son meramente adjetivos, esto es, no transgrede ni afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, se estima que el motivo de la improcedencia de la demanda es manifiesto e indudable. En consecuencia, es evidente que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por lo que se procede a DESECHAR DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA de derechos, promovida por ***. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Instancia: Tribunal Colegiado de Circuito, tomo: XIV, agosto de 2001, tesis: I. 13º A. 4 K, página: 1318, la cual es del texto y rubro siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." DOMICILIO AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de cuenta; y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere, en virtud de no tener registrada su cédula profesional en el Sistema de Consulta del Consejo de la Judicatura Federal; sin perjuicio de que durante la tramitación del presente juicio acrediten lo anterior y previa manifestación de la parte quejosa para tenerlo como autorizados en términos amplios. Asimismo, se le tiene proporcionando su correo electrónico froilan_87@hotmail.com y el número telefónico 5526684021, ello para efecto de que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario, conforme lo prevé el artículo 2º, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior para los efectos legales correspondientes. AUTORIZACIÓN PARA TOMA DE FOTOGRAFÍAS Ahora bien, hágase del conocimiento del promovente que en términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, previa cita, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS Igualmente y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de derechos deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en autos como de la persona a notificar, proceda en los términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo levantar acta circunstanciada con las razones conducentes. REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO Y CORREO ELECTRÓNICO En otro orden, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del Acuerdo General, requiérase a las partes a efecto de que proporcionen un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que se establezcan comunicaciones no procesales. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" Por otro lado, SE INVITA A LAS PARTES de conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal previamente señalado PARA QUE TRANSITEN AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA, o bien propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Por lo que deberán solicitar a este Juzgado de Distrito la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, lo cual requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e. Firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del veintisiete de enero del año dos mil diecisiete, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese personalmente
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