Alfredo Martinez Vilchis

Expediente 1399/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1399/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
18/12/2017

Partes del expediente

  • Alfredo Martinez Vilchis

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que no se recurrió la determinación dictada por acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete dentro del término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO, el auto por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Alfredo Martínez Vilchis contra actos que reclamó del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cincuenta y Cinco con residencia en Pachuca de Soto, Hidalgo; para todos los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 01/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que el cuaderno principal es destruible. Notifíquese.

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por Alfredo Martínez Vilchis, contra actos que reclama del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 55, con sede en la Ciudad de Pachuca; y, REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 1399/2017-4, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DETERMINACIÓN JUDICIAL Con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de derechos por ser notoriamente improcedente; esto es, por surtirse la causal de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V, contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: "El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al Juzgador a desechar de plano una demanda de derechos, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En el entendido de que, la demostración del motivo indudable y manifiesto de improcedencia, se debe tener por acreditado con las manifestaciones bajo protesta de decir verdad del promovente, expresadas en la demanda de amparo, en su ampliación si la hubiera, los escritos aclaratorios o los anexos que se hayan exhibido. Acorde con dichos parámetros, en el presente asunto, se demuestra una causa notoria e indudable de improcedencia del juicio de amparo, con las manifestaciones de la parte quejosa rendidas bajo protesta de decir verdad; en este caso, la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en lo que interesa, establece: "El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Igualmente, el artículo 107 fracción V, de la Ley de la Materia, prevé: "El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)" Ahora bien, de la lectura integra de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en el auto de cinco de octubre de dos mil diecisiete, en el expediente 402/2015-55, por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 55 con sede en la Ciudad de Pachuca, Hidalgo, por el que se determinó no acordar de conformidad la solicitud de caducidad del juicio natural por inactividad procesal propuesta por el aquí promovente del amparo. Ahora bien, es importante destacar que respecto a los actos de ejecución de imposible reparación la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió, sino que una vez actualizadas aún con la obtención de un fallo favorable, queden irreparablemente consumadas. Ello es así, si se toma en consideración que los actos que tienen una ejecución de imposible reparación, son aquellos que de una manera inmediata lesionan el interés jurídico de una de las partes en el juicio, en que se pronuncie o bien haga imposible la prosecución del procedimiento y por tanto el fallo definitivo cause a una de las partes un agravio no reparable, es decir, los actos que tienen una ejecución de imposible reparación son aquellos que generan efectos materiales sobre los derechos sustantivos de los gobernados. En cambio, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación, se caracterizan porque la afectación respectiva solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener resolución favorable, por lo que al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos al gobernado y, en caso de que no sea así, es decir, que el quejoso no obtenga un fallo favorable al resolverse el laudo, estará en condiciones de hacerlas valer como tales en el amparo directo que se intente contra esa sentencia que pondrá fin al juicio. Así las cosas, el acto reclamado no es un acto dictado dentro del juicio que tenga efectos sean de imposible reparación, en términos de lo preceptuado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu; pues, en todo caso, solamente produce efectos intraprocesales, sin que la misma traiga aparejada una afectación directa y actual a sus derechos sustantivos o adjetivos, en grado predominante o superior. En efecto, el concepto de imposible reparación, presupuesto indispensable para la procedencia de la vía constitucional, consagrado en el artículo 107, fracción III inciso b), de la legislación de amparo, resulta ser una violación insustituible en la esfera jurídica del agraviado; y a manera de ejemplo, son actos que tienen una ejecución de imposible reparación: el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordene la intervención de la correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el que conmine a una parte para que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, pues en los primeros tres casos se pueden afectar las propiedades y posesiones, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo, y en el séptimo la de tránsito; y ninguna de estas afectaciones se podrá reparar en una actuación posterior durante el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad y no dejan huella en la esfera jurídica del afectado. Por otro lado, es preciso señalar que cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo como ya se citó siempre que tales violaciones afecten las defensas de la parte quejosa trascendiendo al resultado del fallo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 34 de la Ley de Amparo; pero existen una serie de excepciones en las que procederá el amparo indirecto ante el Juez de Distrito que señala el mismo artículo 107, fracción III, incisos b) y c), Constitucional y que precisa el diverso numeral 107, fracciones III y IV, de su Ley Reglamentaria, entre otras, cuando se trate de actos en el juicio cuya afectación sea en grado predominante o superior que sea de imposible reparación, y cuando afecten a personas extrañas a la controversia. Lo anterior evidencia que no todas las violaciones cometidas dentro de un procedimiento son susceptibles de impugnarse por la vía constitucional, pues si se trata de aquéllas que lesionen las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y que de manera enunciativa señala el artículo 172 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, procederá el amparo directo; o bien, el indirecto si se actualizan las que tienen una ejecución de imposible reparación en grado predominante o superior o afecten a personas extrañas a juicio. En síntesis, los actos dentro de juicio son de imposible reparación en los supuestos siguientes: a) Cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate. b) Complementario de lo anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la tesis P. LVII/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Octubre de 2004, visible a página 9, de rubro siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Ahora, el acto reclamado, en el presente juicio consiste en el auto dictado el cinco de octubre de dos mil diecisiete, en el expediente 402/2015-55, por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 55 con sede en la Ciudad de Pachuca, Hidalgo, que recayó al ocurso del quejoso mediante el cual solicitó la caducidad de la instancia por inactividad procesal en el juicio natural. En ese sentido, primeramente cabe mencionar que dicho acto reclamado no es de aquellos que le causen una afectación de imposible reparación, razón por la que en ese estado, no es procedente el amparo indirecto ya que no le causa una afectación de imposible reparación el acto que aquí reclama, aunado a que puede ser favorable la sentencia que se dicte y de no ser así, puede hacer valer como violación procesal el acto que aquí reclama al momento de promover el medio de defensa procedente, o en su caso, en amparo directo. En efecto, las consecuencias del acto reclamado deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada por la autoridad responsable. Ilustra lo anterior, a contrario sensu, el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la tesis P/J. 1/2016, Tomo, Materia Común, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, Libro 29, abril de 2016, visible en la página 15, cuyo rubro dispone: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, PORLO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." En consecuencia, se desecha de plano por improcedente, la presente demanda de derechos, conforme a los artículos 61 fracción XXIII, y 113 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1° y 107 fracción V, aplicado en sentido contrario del mismo cuerpo de leyes, así como lo establecido en la fracción I del numeral 103 Constitucional. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Instancia: Tribunal Colegiado de Circuito, tomo: XIV, agosto de 2001, tesis: I.13o.A.4 K, página: 1318, la cual es de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa los estrados de este juzgado federal. Y como autorizado en términos amplios a Pedro Lara Arias, toda vez que si se encontró registro de su cédula profesional en el Módulo de Consulta del Consejo de la Judicatura Federal, no así de las demás personas que se indican en el escrito de demanda. Notifíquese personalmente.

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