Alfredo Mejia Reyes
Expediente 771/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 771/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/06/2023
Partes del expediente
- Alfredo Mejia Reyes
Actuaciones
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. I. Causa estado. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto de quince de junio de dos mil veintitrés, en que se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que tal determinación ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Archivo y destino del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 20, fracción IV, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. III. No existen documentos originales. Se hace la aclaración que la parte quejosa no allegó al juicio principal algún documento original que por sus características amerite proveer su devolución. IV. Devolución de constancias. En virtud de lo anterior, devuélvase a la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro el toca familiar ....(constante de un tomo), y a la Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, un legajo de copias certificadas. Sin que se estime necesario solicitar el acuse de recibo, en consideración que la constancia de notificación hace las veces de acuse. Notifíquese; y por oficio al Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro y a la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, quince de junio de dos mil veintitrés. I. Recepción de demanda de amparo. Téngase por recibido el oficio proveniente del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Vigésimo Segundo Circuito en Querétaro, mediante el cual remite la demanda de amparo y la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo directo 334/2023, así como el toca familiar ***** y un tomo de pruebas en copia certificada. Acúsese recibo. En consecuencia, este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ****** por propio derecho. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que, el oficio antes relacionado será debidamente digitalizado para su consulta a través del expediente electrónico; sin embargo, de conformidad con el artículo 23 del Acuerdo General conjunto del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al tratarse de una excepción, debido a la voluminosidad de las constancias remitidas por la autoridad, estas quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado, para su consulta. II. Expediente y registro. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 771/2023, procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 6, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio primero. III. Forma de integración de expediente. Se hace del conocimiento que, de conformidad con los artículos 253, 263 y sexto transitorio del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, el expediente físico debe contener únicamente los documentos recibidos en esa vía, mismos que deberán coincidir con su respectiva digitalización en el expediente electrónico. En el entendido de que si tales documentos, por su voluminosidad, protección a su integridad o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. De igual modo, se hace del conocimiento que se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, pues será el expediente electrónico el que tenga validez para la consulta de las partes. IV. Desechamiento. En atención al contenido del escrito inicial presentado por la parte quejosa, se procede al estudio de dicha demanda, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable que haga improcedente el juicio, lo desechará de plano. En este tenor, es claro que el órgano de control constitucional puede desechar la demanda, cuando de su contexto, se adviertan los siguientes elementos: a) Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Que ese motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, y c) Que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Entendiéndose por tales extremos, que el motivo es patente y absolutamente claro del contexto de la demanda; y, que se tiene la certeza plena de que esa circunstancia que motivó la improcedencia no puede variar en modo alguno, durante la secuela del juicio. Al caso es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Primer Circuito, publicada en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (registro 196196), que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". V. Precisión del acto reclamado. Apreciada de manera íntegra la demanda de amparo y sus anexos, se advierte que la solicitante del amparo, reclama de la autoridad responsable lo siguiente: "(.) La sentencia que resuelve el número de TOCA *********, de fecha 24 veinticuatro de marzo de marzo de 2023, en el cual, la autoridad Ordenadora confirma la interlocutoria de fecha 11 de noviembre del 2022, teniendo por procedente la excepción de incompetencia. (.)" Como se adelantó, se advierte que en el particular se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, éste último a contrario sensu, que estatuyen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. "Artículo 107: El amparo indirecto procede: (.) VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto;" Ahora, el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación determinó que procede el juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, tal como se establece en la fracción descrita, pero siempre que sean definitivos, porque sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además porque deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Como se ve, a partir de la Ley de Amparo vigente desde el tres de abril de dos mil trece, el legislador, precisó qué debe entenderse por acto de imposible reparación, lo cual no se regulaba en la ley anterior, lo que permitió que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como los Tribunales Colegiados, fueran desarrollando tal concepto a fin de determinar la procedencia del juicio de amparo, lo que en la actualidad no puede ser así, por lo que el acto que se reclame debe afectar de manera material algún derecho sustantivo; y en es hasta que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta, o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada. En congruencia con lo anterior, de la interpretación del artículo 107, fracción VIII de la Ley de Amparo, ya descrito, debe estimarse que procede el juicio de amparo indirecto en contra de la resolución definitiva que desecha o desestima la competencia planteada por el órgano declinante, pues ésta se traduce en que la autoridad que conoce del asunto, al considerarse competente, siga conociendo de él y lo tramite hasta su resolución, lo cual podría traer como resultado que un procedimiento se siga por una autoridad incompetente, o incluso con reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde, lo que podrá tener consecuencias no reparables ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable. En el caso, del análisis integral de la demanda, se advierte medularmente reclama por esta vía constitucional la sentencia de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, la cual confirmó la sentencia interlocutoria de once de noviembre de dos mil veintidós, mediante la cual, la autoridad responsable declaró su legal incompetencia para resolver del juicio de origen, por lo que remitió el expediente al Juzgado que por turno corresponda, Competente en Materia Familiar de Xalpatlahuac, Guerrero, por ser el órgano jurisdiccional al que corresponde conocer el asunto. Así es, como ya se dijo, del invocado artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, se sigue que el juicio de amparo indirecto es procedente contra los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que dichos actos sean definitivos, entendiéndose por tales, aquellos en los que la autoridad a favor de la que se declina competencia la acepta, o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (según se trate de declinatoria o inhibitoria), porque es en ese momento cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada, en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. En consecuencia, la sentencia de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, no constituye un acto definitivo en el trámite de la competencia declinada, ya que como se expuso en párrafos precedentes, a la fecha no se tiene conocimiento de la determinación tomada por la autoridad responsable; por tanto, el auto que acepte o no la competencia declinada se constituirá como acto definitivo, ya que incidirá en la esfera jurídica de la quejosa, al someter bajo su jurisdicción la obligación de litigar el asunto ante ella. En consecuencia, se actualiza manifiesta e indudablemente la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción VIII, a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar la plano la demanda de amparo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
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