Alfredo Lozada Olvera
Expediente 315/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 12 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 315/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 18/02/2021
Partes del expediente
- Alfredo Lozada Olvera
- Alejandro Leon Guerrero, Juez de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Queretaro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Vista la cuenta, agréguese a los autos el oficio signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, del que se advierte que remitió la vista otorgada por el Tribunal de Alzada en los autos del recurso de queja 80/2020, interpuesto por la parte quejosa, a la Fiscalía General del Estado de Querétaro, al estimar carecer de competencia legal para conocer de la misma; de lo que se toma nota para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veintinueve de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra el auto por el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese.
- Incidental
AUDIENCIA INCIDENTAL. En la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, siendo las nueve horas con treinta y cinco minutos del dieciséis de diciembre de dos mil veinte, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia incidental, encontrándose en audiencia pública, el licenciado Jorge Arturo Landaverde Landaverde, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, con residencia en esta ciudad, Encargado del Despacho por vacaciones de la Secretaria en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, aprobado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintitrés de noviembre de dos mil veinte, comunicado mediante oficio CCJ/ST/2661/2020, quien actúa con la licenciada Cinthya Danaee Romero Iturrios, con fundamento en los artículos 124 y 144, ambos de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia. La Secretaria da lectura al escrito inicial de demanda, y las demás constancias que obran en autos. A lo anterior el Secretario encargado del despacho provee: Téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos a que haya lugar. En el periodo de pruebas. La Secretaria hace constar que ninguna de las partes ofreció medios de convicción. A lo que el Secretario encargado del despacho determina. Al no existir medios de prueba por desahogar, se da por concluido el presente periodo. En periodo de alegatos. La Secretaria hace constar que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. A lo anterior el Secretario encargado del despacho acuerda: Téngase por perdido el derecho de las partes de hacer alegato alguno, por lo que se declara cerrado dicho periodo. Encontrándose debidamente integrado el cuaderno incidental en que se actúa, con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a dictar la resolución que corresponde conforme a derecho. VISTOS para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al 315/2020-IV, promovido por Alfredo Lozada Olvera. R E S U L T A N D O: ÚNICO. Por auto inicial, se ordenó la tramitación de la presente incidencia, derivado del juicio de amparo 315/2020-IV, promovido por Alfredo Lozada Olvera, contra actos del Juez de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Querétaro, se señaló de fecha para la celebración de la audiencia incidental, misma que tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, es legalmente competente para conocer y resolver en el presente incidente de suspensión de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción XI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122, 124 y 131 de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. ACTOS Y AUTORIDADES. Ahora bien, de la interpretación armónica de la fracción I del artículo 128, en relación con el numeral 138, 140 y 141, ambos de la ley reglamentaria, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. En el caso, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en lo siguiente: La parte quejosa señala como acto reclamado, la omisión por parte de la autoridad responsable, de dar respuesta a su escrito presentado el veintisiete de abril de dos mil veinte, en los autos de la carpeta única de ejecución de sentencia en la que el quejoso tiene el carácter de sentenciado, mediante el cual solicitó, de manera destacada, que se le pusiera en libertad por considerar que había cumplido con los requisitos que establece la ley de la materia para la obtención del beneficio sustitutivo de la pena de prisión. Asimismo, el quejoso solicita la suspensión del acto reclamado, para el efecto de que se le ponga en inmediata libertad. Autoridad responsable: Juez de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Querétaro. TERCERO. CERTEZA DE ACTOS. El Juez de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Querétaro, negó la existencia del acto que se le atribuye; sin embargo, es procedente desvirtuar su negativa, debido a las manifestaciones que vierte en su informe previo, de los que se advierte la existencia del acto reclamado a la fecha en que se presentó la demanda de amparo. CUARTO. SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. Ahora, conforme al desarrollo de la institución suspensiva, se puede establecer que actualmente coexisten requisitos legales y jurisprudenciales que el juez debe constatar para otorgar la suspensión, cuando ésta se pida a solicitud de parte, con apoyo en el numeral 128 de la Ley de Amparo, siendo tales por su prelación lógica de estudio: Que la solicite la parte interesada. Haya certidumbre de la existencia del acto respecto del que se pide la suspensión. Quien solicita la medida cuente con interés para obtenerla. La naturaleza del acto reclamado permita suspenderlo. Con su otorgamiento no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Adicionalmente, según sea el caso, debe analizarse, la apariencia del buen derecho. A la luz de tales requisitos, se procede a verificar la actualización de estos en el caso concreto, a fin de comprobar la procedencia de la suspensión solicitada por la parte quejosa. La primera exigencia, se encuentra satisfecha, toda vez que la persona quien insta la suspensión del acto reclamado es precisamente la parte quejosa. En relación con el segundo requisito, también se colma, por los motivos expuestos por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, los cuales refiere bajo protesta de decir verdad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 5/93, con número de registro 206395, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, número 68, agosto de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SUSPENSION PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo." En cuanto al tercer requisito, se encuentra satisfecho, en virtud de que la quejosa, es el sentenciado en la causa de la que derivan los actos reclamados, circunstancia que fue corroborada con el informe del Juez responsable, por tanto, se desprende que la parte incidentista cuenta con interés suspensional para solicitar esta medida cautelar. Sin embargo, por lo que ve al requisito establecido en el cuarto punto, no se colma; se explica. En efecto, considerando a la suspensión del acto reclamado como medida cautelar, se tiene que su objeto primordial es mantener viva la materia del amparo impidiendo que, mientras éste se resuelve en definitiva, el acto reclamado pueda consumarse irreparablemente, caso en el cual ya no habría posibilidades de protección, así como también evitar al quejoso los perjuicios que el acto reclamado pudiera ocasionarle con motivo de la duración del juicio, mediante la anticipación de la tutela, cuando se demuestra la apariencia del buen derecho, no se siga perjuicio al interés social y sea jurídica y materialmente posible restablecer al quejoso en el goce de ese derecho. De igual manera, el segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, prevé la posibilidad de que la medida suspensional, tenga como efecto restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado, mientras se dicta la sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible. De acuerdo con lo anterior, puede apreciarse que la suspensión opera sobre las consecuencias o efectos del acto, para que, por virtud de ella, el quejoso siga gozando de la garantía que pretendía arrebatarle el acto violatorio, mientras se resuelve el juicio de amparo. En la inteligencia de que no solamente, puede actuar mediante la paralización de un estado de cosas para impedir que el acto afectatorio se materialice (medidas conservativas), sino también mediante el restablecimiento al quejoso en el goce de la garantía o derecho afectado con el acto reclamado (tutela anticipada). Establecido que fue lo anterior, se debe tomar en consideración que la suspensión provisional se negó a razón de que en términos del artículo 131, párrafo II, de la Ley de Amparo, en ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto constituir aquellos derechos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda, esto es, para el efecto de que se le ponga en inmediata libertad, aunado a que ello sería materia de la sentencia que se dicte en el expediente principal en que se resuelva sobre el fondo de la controversia y, de ser el caso, en el que se fijen los extremos sobre cómo deberán restituirse los derechos que se concluya fueron indebidamente afectados, tal como dispone el artículo 77 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se obtiene que en el juicio principal del que deriva este incidente de suspensión, el catorce de los corrientes, se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia, debido a lo que en el juicio de origen el quejoso se acogió al beneficio sustituto de la pena de prisión a que fue condenado por sentencia, consecuentemente, fue puesto en libertad el pasado veintinueve de abril de dos mil veinte, por considerarse haber cumplido con las obligaciones derivadas de ese beneficio, y por ello, el diecisiete de septiembre de dos mil veinte, se declaró extinta la pena de prisión por su cumplimiento. Por ende, con el pronunciamiento realizado por el juez responsable, es inconcuso que ya no existe efecto por restablecer al quejoso mediante la medida cautelar, pues sus extremos solicitados mediante ésta, han sido colmados; por tanto, no es jurídica y materialmente posible restablecer al quejoso en el goce del derecho violado, en términos del numeral 147, segundo párrafo de la Ley de Amparo, dado que no es posible restablecer las cosas para que la autoridad se pronuncie respecto de la libertad del citado quejoso, pues como quedó asentado en el párrafo que antecede, ello aconteció el pasado veintinueve de abril de dos mil veinte. En consecuencia, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada. QUINTO. DESTINO ARCHIVISTICO. En términos de lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20 del propio acuerdo; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de seis meses del dictado de la presente resolución, a que se hace mención en dicho punto. Se establece que el cuaderno original de este incidente es susceptible de destrucción en términos del artículo 21, inciso c), del acuerdo citado en el punto resolutivo que antecede. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se NIEGA la suspensión definitiva solicitada a Alfredo Lozada Olvera, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20 del propio acuerdo; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de seis meses del dictado de la presente resolución, a que se hace mención en dicho punto. TERCERO. Se establece que el cuaderno original de este incidente es susceptible de destrucción en términos del artículo 21, inciso c), del acuerdo citado en el punto resolutivo que antecede. Notifíquese. Así lo resuelve y firma electrónicamente el licenciado Jorge Arturo Landaverde Landaverde, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, con residencia en esta ciudad, Encargado del Despacho por vacaciones de la Secretaria en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, aprobado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintitrés de noviembre de dos mil veinte, comunicado mediante oficio CCJ/ST/2661/2020, asistido de la licenciada Cinthya Danaee Romero Iturrios, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, catorce de diciembre de dos mil veinte. INFORME JUSTIFICADO. Agréguese a los autos el informe justificado signado por la siguiente autoridad responsable: Juez de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Querétaro. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado de la referida autoridad, dese vista a las demás partes, para los efectos conducentes. Asimismo, téngase a la autoridad dando cumplimiento al requerimiento formulado en autos, pues a efecto informa sus datos oficiales de localización, de los que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, vistas las constancias de mérito, como lo impone el precepto 62 de la Ley de Amparo, se advierte la improcedencia del juicio constitucional al haber cesado los efectos del acto reclamado que consiste en: La permanencia en el centro carcelario donde se encontraba interno el quejoso con motivo de la negativa de la autoridad responsable de permitirle acogerse al beneficio sustitutivo de la pena de prisión, en la causa judicial ******* derivada del ********, consistente en trabajos en favor de la comunidad, solicitado mediante escrito recibido ante el juez responsable el veinte de abril de dos mil veinte. La disposición jurídica que prevé la causa de improcedencia de que se habla, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Al respecto destaca que la cesación de efectos del acto reclamado se traduce en que lo que dictó, ejecutó o pretende ejecutar la autoridad responsable, deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa al cesar su actuación, es decir, ello implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. La causal de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Luego, de la interpretación de los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio constitucional consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando las cosas han vuelto al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deja huella alguna. Establecido lo anterior, en el caso que nos ocupa, de las constancias que remite la autoridad señalada como responsable, a las que se les confiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de actuaciones de un funcionario público en ejercicio de sus funciones; se advierte que mediante con motivo de la comparecencia de veintinueve de abril de dos mil veinte, el juez responsable tuvo al sentenciado quejoso dando cumplimiento voluntario con lo ordenado en la carpeta judicial ******* del único de causa *********, asimismo, en ese mismo acto, tuvo al procesado acogiéndose al beneficio de la conmutación de la pena de prisión, por trabajos en favor de la comunidad sin remuneración, por el lapso de 150 ciento cincuenta horas, pues al efecto determinó que Alfredo Lozada Olvera, dio cumplimiento de manera satisfactoria con el tratamiento psicológico especializado. Esto es, el acto reclamado traducido en la negativa de concederle el beneficio de conmutación de la pena de prisión por trabajos en favor de la comunidad, ha quedado superado en todos sus efectos negativos, al haberse concedido el mismo en la causa penal de origen por parte del juez responsable, lo que hace patente que a la fecha no existe reclamo vigente por estudiar al haber cesado con lo determinado con motivo de la comparecencia de veintinueve de abril de dos mil veinte, y con el oficio de libertad que emitió el juez responsable el mismo día. Corroborándose la recepción en el centro penitenciario en la propia fecha, según obra el sello visible en el oficio de referencia. Con todo lo anterior, se permite concluir que en el caso ya no existe la negativa y omisión que el promovente del amparo alegó en su escrito de demanda, puesto que a través de la resolución antes aludida, la autoridad responsable determinó lo conducente respecto de su libertad y beneficio sustitutivo de pena de prisión por trabajos en favor de la comunidad. Por ende, es claro que en la especie, han cesado los efectos del acto reclamado, por haberse extinguido la negativa combatida, toda vez que al ser así, la violación atribuida a la autoridad responsable dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso al haberse colmado su pretensión, es decir al existir pronunciamiento respecto al beneficio sustitutivo de la pena de prisión y con ello haber obtenido su libertad por lo que ve a la causa penal ******* derivada del *********. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Sirve de puntual apoyo a lo anterior el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis listada con el número 2a./J. 59/99, página 38, del Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De tal manera, al actualizarse la causal de improcedencia aludida, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la multicitada ley, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, incluso sin esperar la celebración de la audiencia. Lo anterior, atendiendo a que el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante el juicio se materialice un supuesto de improcedencia, y conforme a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que puede sobreseerse en el juicio fuera de audiencia cuando la causa de improcedencia sea manifiesta (cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de forma que con alguna prueba se desvirtúe) e indudable (cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio). Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En las relatadas consideraciones, al haberse actualizado en la especie la causa de improcedencia en el presente juicio, se impone necesario sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63 fracción V de la Ley de Amparo. Por tanto, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y comuníquese lo anterior a la Analista Jurídico SISE. CAPTURA DE PROVEÍDO. En ese sentido, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente determinación, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
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