Alfredo Martínez Benitez
Expediente 661/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 661/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 26/06/2019
Partes del expediente
- Legislatura del Estado de México
- ALFREDO MARTÍNEZ BENITEZ y Otros.
- Alfredo Martínez Benitez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA VII. UN ACUERDO CON NOTIFICACION PERSONAL
- Principal
MESA VII. UN ACUERDO CON NOTIFICACION PERSONAL
- Principal
MESA VII. SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE TREINTA Y UNO DE MAYO DE LOS CURSANTES EMITIDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, EN EL CUAL EN ESENCIA SE DETERMINÓ: "Toluca, Estado de México; treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese el escrito signado por la Notaria Pública Número Noventa y Cuatro del Estado de México, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintidós de los cursantes, informa que el once de marzo de dos mil diecinueve, el hoy quejoso, recibió debidamente inscrito ante el Instituto de la Función Registral de esta entidad, el primer testimonio notarial treinta mil (30,000), volumen mil cuarenta y ocho (1,048), de quince de agosto de dos mil dieciocho, por lo que remite en copia certificada la constancia de recibo respectivo; atento a ello téngase por cumplido el requerimiento inserto en el auto de mérito y sin efectos el apercibimiento decretado. En ese sentido, es necesario precisar que de la copia certificada expedida por la Notaria Pública Número Noventa y Cuatro del Estado de México, la cual tiene eficacia probatoria plena de conformidad en lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a ley de la materia, se advierte la fecha en que se entregó al quejoso ******, el primer testimonio notarial treinta mil (30,000), volumen mil cuarenta y ocho (1,048), de quince de agosto de dos mil dieciocho, siendo esta el once de marzo de dos mil diecinueve; por lo que en el caso en estudio, el suscrito estima actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 de dicha legislación, ya que el acto reclamado por los solicitantes del amparo se encuentra consentido tácitamente, al no haber promovido dentro del plazo legal el juicio constitucional. Es aplicable la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, primera parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, Materia Común, con número de registro 394182, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena.". En efecto, para dar claridad a la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 de dicha legislación, es necesario reproducir el contenido de los artículos antes mencionados, los cuales dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" . "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". Como se advierte, los artículos anteriormente citados, establecen las reglas generales para la presentación de la demanda de amparo; esto es, en cuanto a la oportunidad en que debe promoverse. Así, el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, precisa como regla general que el juicio de amparo debe promoverse dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación practicada al quejoso, del acto o resolución que se combate, pero atendiendo siempre a la legislación que la rija o bien, al día siguiente en que el peticionario de amparo haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución o, en su caso, al día siguiente en que el solicitante de amparo se hubiese ostentado sabedor de los actos tildados de inconstitucionales. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del precitado artículo 17 de la Ley de Amparo, establecen las excepciones a la regla general ya mencionada; a saber: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o bien, el procedimiento de extradición. b) Cuando se impugne la sentencia definitiva condenatoria, en un proceso penal que imponga pena de prisión. c) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; o bien, en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Con base en lo antes expuesto, resulta incuestionable que el acto de autoridad que se tilda de inconstitucional no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en razón de que no se está impugnando la vigencia de una ley, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, por el artículo 15 de la Ley de Amparo; finalmente, con la promoción de este juicio constitucional no se pretende defender o salvaguardar derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal. Por lo que hace al tema, el primer acto de aplicación de una norma que establece los elementos de un determinado tributo puede tener su origen tanto en la actuación de una autoridad que, en pleno ejercicio de sus facultades legales, concretice tales hipótesis normativas en perjuicio de un gobernado, como en la actualización que de tales normas realice el contribuyente constreñido a cumplir con la obligación tributaria principal, o bien, cuando un particular que en auxilio de la administración pública aplique tales disposiciones, como acontece con aquellos gobernados a quienes se les encomienda la retención o la recaudación de una contribución. Sirve de apoyo, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 169 del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 205-2016, Primera Parte, Séptima Época, de rubro y texto siguientes: "LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. PROCEDE POR ACTOS PROVENIENTES DE UN PARTICULAR QUE ACTUA POR MANDATO EXPRESO DE LA LEY. Tratándose de juicios de amparo contra leyes, se dan dos supuestos genéricos de procedencia de la acción: el relativo a las leyes autoaplicativas y el que se refiere a las leyes heteroaplicativas, considerando que respeto a las segundas, la demanda debe presentarse dentro de los quince días siguientes al en que se dé el acto de aplicación o al en que se resuelva el recurso interpuesto en dicho acto, conforme a lo establecido en los artículos 21 y 73, fracción XII, de la Ley de Amparo. Sin embargo, la referencia que el artículo 73, fracción VI, de la ley invocada hace en cuanto a que se requiere que el acto de aplicación de leyes que por su sola expedición no causen perjuicio al quejoso, provenga de una autoridad, no debe tomarse en sentido literal; es decir, el acto de aplicación de la ley no debe necesaria y forzosamente efectuarse en forma directa por una autoridad en sentido estricto, sino que su realización puede provenir de un particular que actúe por mandato expreso de la ley. En estos casos, el particular se reputa como auxiliar de la administración pública, sin que sea necesario llamar como responsable al particular que ejecuta el acto de aplicación en su calidad de auxiliar de la administración pública, pues el juicio de amparo no procede en contra de actos de particulares.". De ahí que, para arribar a esa conclusión, es necesario reiterar que la parte quejosa acude a esta vía constitucional, para reclamar el artículo 95 fracción I, inciso c, rango 6 de la tarifa del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente en dos mil dieciocho, así como la fracción II, rango 6, del citado artículo, como primer acto de aplicación. Bajo esa tesitura, resulta indiscutible que la parte quejosa contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda de amparo, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que tuvo conocimiento del acto reclamado, en términos de lo previsto en el artículo 18 del ordenamiento legal en cita. Se arriba a esta determinación, en principio, porque resulta innegable que el acto de autoridad tildado de inconstitucional, como se ha precisado, no se ubica en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo; ya que, se reitera, la parte quejosa no está impugnando una norma general autoaplicativa, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos, enunciados en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Por tanto, de acuerdo con el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, concatenado con el diverso artículo 18 del mismo cuerpo normativo, se insiste, los quejosos contaban con el plazo de quince días para presentar su demanda, a partir del día siguiente en que tuvieron conocimiento del acto que reclaman. Lo anterior, atendiendo a que no basta que la operación sobre adquisición de inmuebles conste en escritura pública para que sea punto de partida para el inicio del plazo para intentar la vía constitucional, sino que debe encontrarse plenamente demostrado a partir de qué momento la parte impetrante tuvo pleno conocimiento de dicho acto, lo que en la especie aconteció el once de marzo de dos mil diecinueve, data en la que el quejoso ****** acudió a la Notaría Pública Número Noventa y Cuatro del Estado de México a recibir el testimonio notarial treinta mil (30,000), volumen mil cuarenta y ocho (1,048), de quince de agosto de dos mil dieciocho; documento en el que se precisó cuál fue la retención realizada por el Notario y su fundamento legal, circunstancia que también se acredita con las constancias exhibidas por los propios quejosos a su demanda de amparo, consistentes en los recibos de pago efectuados con motivo de los derechos de servicios prestados por el Instituto de la Función Registral del Estado de México, en los cuales se describe el concepto de la retención y la aplicación del artículo 95 fracción I, inciso c, rango 6 de la tarifa del Código Financiero del Estado de México y Municipios, así como la fracción II, rango 6, del citado artículo. Cobra sustento, la jurisprudencia 2a./J. 47/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 451/2012, publicada en la página 1238 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 2, Materia Común, Décima Época, que establece: "DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD EN EL ESTADO DE MORELOS. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DE LA ENTIDAD, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE EL NOTARIO PÚBLICO HAGA LA RETENCIÓN CORRESPONDIENTE, SIEMPRE QUE SE ACREDITE QUE EL QUEJOSO TUVO PLENO CONOCIMIENTO DE SU APLICACIÓN. De los artículos 27, 28, 49, 50 y 182 del Código Fiscal; 12 y 57 del Reglamento de la Ley del Registro Público de la Propiedad y de Comercio; 43 y 103 de la Ley de Catastro Municipal y 1o., 2o., 31, fracción VII y 73 de la Ley del Notariado, todos del Estado de Morelos, se desprende que los notarios públicos son auxiliares de la administración pública en la recaudación de los derechos por el Registro Público de la Propiedad, toda vez que pueden retenerlos, hecho lo cual deben enterarlos ante la Secretaría de Hacienda u oficinas autorizadas. En ese sentido, la retención que lleva a cabo el notario público de los derechos previstos en el artículo 77 de la Ley General de Hacienda de la entidad, constituye el primer acto de aplicación de esta disposición para efectos de la procedencia del juicio de amparo; sin embargo, para que dicha retención sirva de base para computar el plazo de 15 días establecido por el artículo 21 de la Ley de Amparo cuando se impugne el citado precepto, es necesario acreditar que el quejoso tuvo pleno conocimiento del acto de aplicación de la norma, es decir, que se pueda deducir sin lugar a dudas cuál fue el concepto de la retención y su fundamento legal.". En el caso, la parte quejosa tuvo conocimiento del primer acto de aplicación de las normas que tilda de inconstitucionales el once de marzo de dos mil quince y surtió sus efectos el doce del mismo mes y año, por lo que el plazo de quince días con el que contaba para presentar la demanda, empezó a contar al día hábil siguiente, es decir, inició el trece de marzo de la presente anualidad y feneció el cuatro de abril de dos mil diecinueve, sin contar los días dieciséis, diecisiete, dieciocho, veintiuno, veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno, de marzo de dos mil diecinueve, por ser inhábiles y no contar términos, esto de conformidad con el numeral 19 de la ley de la materia y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, sí la demanda de amparo se exhibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, hasta el veintitrés de abril de dos mil diecinueve, es evidente que su presentación es extemporánea; de ahí que, resulta irrebatible que se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues se insiste, la demanda de amparo se promovió en forma extemporánea; esto es, fuera del término de quince días a que se refiere el artículo 17 del ordenamiento legal en estudio. Resulta aplicable la tesis: XXI.1o.P.A.117 A, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página 1520, Tomo XXX, Octubre de dos mil nueve 2009, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMA UNA LEY HETEROAPLICATIVA Y EL ACTO DE APLICACIÓN CONSISTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO ESTABLECIDO EN ESA NORMA, PARA DETERMINAR EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE AQUÉLLA, ES INAPLICABLE EL PRIMER SUPUESTO QUE CONTIENE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE LA MATERIA. El primero de los supuestos que contiene el artículo 21 de la Ley de Amparo para determinar el plazo para la presentación de la demanda de garantías, se refiere a que éste comenzará a transcurrir después de que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo respectivo. Así, esta regla es inaplicable cuando se reclama una ley heteroaplicativa y el acto de aplicación consiste en el pago del impuesto establecido en esa norma, puesto que la notificación de un acto constituye una actuación procesal que requiere formalidades y produce su conocimiento, esto es, la notificación se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas. Acorde con lo cual, el pago del impuesto no forma parte de algún procedimiento administrativo regido por una norma procesal en la que se establezca la figura de la notificación para hacer saber al quejoso el acto reclamado, sino que constituye una demostración plena del cumplimiento de una obligación fiscal que únicamente puede hacer la persona que tiene esa carga, por lo que es indudable que en este caso no puede atenderse a las reglas de la notificación de un acto para computar el plazo para la presentación de la mencionada demanda.". Así como la jurisprudencia 14, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del año mil novecientos noventa y cinco, Quinta Época, que establece: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala.". Ante lo expuesto, con fundamento en el diverso numeral 63, fracción IV, con relación al 61, fracción XIV ambos de la Legislación de la Materia, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA este juicio de garantías, por lo que se deja sin efecto legal alguno la hora y día fijados para la audiencia constitucional, misma que fue señalada para las diez horas con cuarenta y cinco minutos del cinco de junio de dos mil diecinueve. Cobra aplicación en el presente asunto, la tesis V.2o.45 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 2503, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, Octubre de 2005, de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO AL ACTUALIZARSE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." Conforme a la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo, para que válidamente pueda sobreseerse en el juicio, debe invocarse alguna fracción del artículo 73 de la propia ley; sin embargo, no necesariamente toda causa de improcedencia puede considerarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías que dé lugar a decretar el sobreseimiento, fuera de la audiencia constitucional, pues para ello es menester que la causa se manifieste con tal notoriedad que la haga aplicable sin ulterior comprobación de datos o elementos que la integren, porque éstos surgen a la vista y, además, se tenga la certeza absoluta de que no existe, ni puede sobrevenir, elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación.". Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, agréguese a los autos sin mayor proveído, el oficio mediante el cual la Presidente de la Diputación permanente de la LX Legislatura del Estado de México, rinde su informe justificado; lo anterior, en virtud de que como se aprecia en párrafos que anteceden, se sobreseyó fuera de audiencia el presente sumario. No obstante, ténganse como delegados de la autoridad oficiante a las personas que menciona en términos del artículo 9° de la ley de la materia. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa."
- Principal
MESA VII Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio mediante el cual el representante legal del Gobernador Constitucional del Estado de México, rinde su informe justificado; por tanto, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional, conforme al diverso 124 del propio cuerpo normativo de leyes. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 9° de la ley de la materia, téngase como delegados de la autoridad oficiante a las personas que menciona. Como lo peticiona el representante del ejecutivo estatal, se le permite la utilización de medios electrónicos para obtener la reproducción de las constancias que obren agregadas en este expediente, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pero se le informa que deberá conducirse con lealtad procesal; lo anterior, sin que implique que la fe pública de la Secretaria quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realicen los interesados; con excepción de la información que se haya remitido por las autoridades responsables clasificada como reservada o confidencial, la cual no podrá ser objeto de reproducción, en términos de lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, devuélvase la documental que refiere, previo cotejo y compulsa que se haga de éste para que obre en autos. Notifíquese.
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