Alfredo Hernández Domínguez
Expediente 945/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 945/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 22/08/2018
Partes del expediente
- Alfredo Hernández Domínguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
MESA VII. Vista la certificación precedente, se evidencia que dentro del plazo estipulado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no interpuso recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley mencionada, contra el auto de tres de agosto del año en curso (fojas 63 a 65), por el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, se declara que dicho auto ha causado estado para los efectos legales conducentes. Así las cosas, en cumplimiento al punto décimo primero, segundo párrafo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, fracción I). 2. El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración pues se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva de los actos reclamados (punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo de dicho Acuerdo General). 3. El duplicado de dicho cuaderno es susceptible de destrucción, (punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo en mención). 4. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Ahora bien, se hace la precisión que no existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII del Acuerdo de referencia). Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 11; fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Asimismo, se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Finalmente se hace la precisión que los cuadernos incidentales serán remitidos por separado al archivo físico junto con el cuaderno principal. Notifíquese.
- Principal
MESA VII. Con fundamento en el ordinal 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso del ordinal 2 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, mediante el cual en cumplimiento a lo ordenado el treinta y uno de julio del año en curso remite copias certificadas de los autos de diecinueve y veinticinco de junio último dictado en la causa penal 208/2014. Ahora bien, de las constancias remitidas se advierte que en la presente contienda constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Cabe precisar, que la demanda de amparo y constancias remitidas por la responsable, se advierte que de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo el acto reclamado se hace consistir en: La orden de aprehensión de veintiuno de junio de dos mil diecisiete, librada contra el quejoso en la causa penal 208/2014 del índice del Juzgado Penal de Primera Instancia de Cuautitlán, Estado de México y su ejecución. De la precisión realizada se arriba a la conclusión de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto tildado de inconstitucional; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. En esas condiciones, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo cual implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así de la interpretación de dicho ordinal y fracción, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) Por revocación; y, b) Por sustitución. El primer supuesto, se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Así, partiendo de la base que en términos generales, un acto reclamado cesa en sus efectos cuando con posterioridad a su emisión se suscita una circunstancia de hecho o de derecho que elimina toda afectación que éste produjo con su existencia; tal situación es aplicable al caso en estudio. Ciertamente, de las constancias remitidas por el Juez de Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, señalado como autoridad responsable ordenadora, consistente en copias certificadas de diversas actuaciones relativas a la causa penal 208/2014; las que merecen valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2º de la Ley de Amparo,se advierte que mediante proveído diecinueve de junio de dos mil dieciocho se decretó el sobreseimiento por prescripción de la pretensión punitiva a favor del hoy quejoso Alfredo Hernández Domínguez, por el delito de fraude, cometido en agravio de Camionera Diesel Cuautitlán, Sociedad Anónima de Capital Variable, representada por Julián Rosas León; y por diverso acuerdo de veinticinco de junio de dos mil dieciocho, se ordenó la cancelación de la orden de aprehensión librada el veintiuno de junio de dos mil diecisiete. De lo anterior, se advierte que en el juicio de amparo deviene improcedente, en virtud de que cesó en sus efectos la orden de aprehensión constituida como acto reclamado en el presente juicio, al haberse cancelado dicha orden, situación que impide a este resolutor de amparo abordar el estudio del citado acto reclamado, pues ningún caso práctico tendría el analizarlo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo IX, Junio de 1999, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De ahí que, en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ello, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia, debe decretarse el sobreseimiento en este juicio de amparo. Es ilustrativa, por los razonamientos que contiene, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO". En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta y cinco minutos del diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, sin que ello implique dejar al quejoso en estado de indefensión, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la constitución general de la república, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
MESA VII. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese para que obre como corresponda, el telegrama mediante el cual la Secretaria en Funciones de Juez del Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, informa que no es posible dar cumplimiento con lo ordenado en proveído de veinte de julio del año en curso, en virtud de que se encuentra actuando como encargada del despacho, con dos testigos de asistencia los cuales no se encuentran facultados para certificar las copias que se le requieren; circunstancia de la que este Juzgado toma conocimiento. Ahora bien, mediante vía telegráfica requiérasele a la autoridad oficiante para que una vez que el Titular de dicho Juzgado reanude sus labores, remita a este órgano jurisdiccional las copias certificadas de las constancias requeridas por auto de veinte de julio del año en curso, apercibida que de no hacerlo, se le hará afectiva la multa con que fue conminada en el presente juicio. Notifíquese.
- Principal
MESA VII. Vista la certificación que antecede y el estado procesal de autos, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra señalada para el día de hoy, a las diez horas con cuarenta minutos; sin embargo, no es posible su desahogo toda vez que por acuerdos de **************************, se requirieron diversas constancias al Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán y al Juez Décimo Primero de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, sin que las mismas hayan sido remitidas y las cuales son necesarias para el estudio del presente juicio; en esas condiciones, no se está en posibilidad de celebrar la audiencia constitucional prevista para el día de hoy; por lo que se ordena diferirla y se señalan las diez horas con cincuenta y cinco minutos del diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, para que tenga verificativo el desahogo de la misma. No obstante lo anterior, solicítese vía telegráfica al Juez Penal responsable, para que remita copias certificadas de las constancias relativas de los autos de ******************************, apercibido que en caso de omisión se hará efectiva la multa con que fue conminado en auto de *******************************. Notifíquese.
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