Alfredo Martínez Aguilar
Expediente 354/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 354/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Alfredo Martínez Aguilar
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido vía SISE el oficio de cuenta, enviado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila, mediante el cual acusa recibo del oficio con el que se remitieron los autos originales del juicio de amparo 354/2018-II e informa que aceptó la competencia declinada por este juzgado y se avocó al conocimiento de la demanda de garantías promovida por Alfredo Martínez Aguilar, la cual quedó registrada con el número de juicio de amparo 1228/2018, de su índice. En tal virtud, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente cuaderno como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo del referido acuerdo, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto en mención, deberá ser desincorporado y destruido por este juzgado. Por otra parte, téngase por recibido el telegrama de cuenta, remitido por el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 14 "CPS-DURANGO", mediante el cual informa el trato dado a la suspensión de plano concedida en el presente sumario a favor del aquí quejoso. Asimismo, se tienen como delegados de la autoridad responsable de mérito, a las personas que menciona en términos del artículo 9, de la Ley de Amparo y como domicilio procesal el que señala. Finalmente, del estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que en acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, se reservó enviar el original del oficio signado por el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, adscrito al Centro Integral de Justicia Penal de la Cuarta Región, con sede en esta ciudad, hasta en tanto obraran en autos la totalidad de los informes de las autoridades responsables y se tuviera conocimiento del juzgado al que le correspondió conocer de la demanda promovida por el aquí quejoso, circunstancia que ya aconteció; por tanto, remítase vía mensajería acelerada el original la citada misiva y el telegrama que se provee, previa copia certificada que del mismo se deje en este sumario, al Juzgado Segundo de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, a veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, adscrito al Centro Integral de Justicia Penal de la Cuarta Región, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa el trato dado a la suspensión de plano concedida en el presente sumario a favor del aquí quejoso. Por tanto, una vez que este Juzgado Federal tenga conocimiento del órgano de control constitucional que le correspondió conocer de la demanda de amparo promovida por Alfredo Martínez Aguilar, en virtud de la incompetencia planteada y hasta en tanto obren en autos la totalidad de los informes de las autoridades responsables, resérvese remitir el original del citado oficio, previa copia certificada que del mismo se deje en este expediente. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, a dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el escrito de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Alfredo Martínez Aguilar, contra actos que reclama del Juez de Control adscrito al Centro Integral de Justicia Penal en Ciudad Valles, San Luis Potosí y otra autoridad, que considera violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 19, párrafo último y 20 apartado B, fracciones II y VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 354/2018-II. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Precisado lo anterior, y en atención a que la competencia es la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, las cuestiones relativas a ellas constituyen un presupuesto procesal, cuyo estudio es preferente a cualquier otro, por lo que en acatamiento a lo anterior, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, considera que carece de competencia por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo promovida por Alfredo Martínez Aguilar, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo. Para tal efecto, es necesario destacar lo siguiente: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente." Ahora, como se asentó en párrafos precedentes, se aprecia lo siguiente: El acto reclamado se hace consistir en la incomunicación que dice es objeto el quejoso con sus abogados defensores en el Centro Federal de Readaptación Social Número Catorce "CPS Durango", con sede en Gómez Palacios, Durango, lugar de reclusión donde actualmente se encuentra interno, mismo que por su naturaleza requiere de ejecución material. Por tanto, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal inserto se desprenden tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Del precepto legal reproducido se fija que la competencia por territorio en materia de amparo, entendida ésta como el ámbito especial cuya esfera de acción pueden producir los actos y sus efectos jurídicos, obedece a un criterio unitario que lo es la naturaleza del acto reclamado, por lo cual en principio debe calificarse ésta a fin de determinar si posee ejecución material o bien, si se trata de actos meramente declarativos y posteriormente se analizan las características de ejecución. En este sentido, este Juzgador Federal considera que es competente por razón de territorio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el Centro de Reclusión donde se encuentra interno el quejoso, en el caso concreto en el Centro Federal de Readaptación Social Número Catorce "CPS Durango", con sede en Gómez Palacios, Durango, en donde a su vez reside la autoridad ejecutora del acto reclamado, pues al ordenar la realización de alguna conducta, se requiere de ejecución material; por tanto, la autoridad jurisdiccional que reside en La Laguna, con sede en Torreón, Coahuila, resulta competente para conocer del juicio de amparo relativo, el Juez de Distrito en Turno de dicha localidad. En tales condiciones, se actualizan las hipótesis en el numeral 37 de la Ley de Amparo, por lo que esta autoridad carece de competencia por cuestión de territorio para conocer del juicio de amparo que nos ocupa; lo anterior es así, ya que la incomunicación es un evento impugnado de inconstitucional y se lleva a cabo en el centro en el que se encuentra interno el quejoso; por lo que se entiende que se está ejecutando fuera de la jurisdicción de este Juzgado Federal. Por ende, se considera que se surte competencia para conocer de la presente demanda a favor del Juzgado de Distrito La Laguna, con sede en Torreón, Coahuila, en Turno, pues es en su jurisdicción en donde continúa ejecutándose el acto mencionado y como lo señala el quejoso Alfredo Martínez Aguilar es el mismo en donde radica la autoridad ejecutora de la incomunicación reclamada. Tiene aplicación al caso concreto, por identidad jurídica, la tesis aislada número II.2.P.16 K (10.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la página 2093, Libro 32, Julio de 2016, Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, con número de registro 2012019, que a la letra dice: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA NEGATIVA U OMISIÓN DE PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA A UN REO RECLUIDO EN UN CENTRO PENITENCIARIO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE ESE CENTRO. Del artículo 37 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, la negativa u omisión de proporcionar atención médica a un reo recluido en un centro penitenciario es un acto de naturaleza negativa u omisiva, pero con efectos positivos sobre la salud de aquél, pues lo que pretende el quejoso al promover el amparo es recibir ese cuidado profesional, de manera que las consecuencias de la decisión que se efectúe, beneficiarán o perjudicarán su salud, lo que se producirá, invariablemente, en el lugar donde se encuentre interno. En esas condiciones, al tratarse de un acto que sí requiere ejecución, y conforme a la primera regla establecida en el precepto citado, la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en su contra, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique ese centro de reclusión. Asimismo, por su contenido ilustrativo, resulta aplicable en lo conducente, la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, Volumen 74 Cuarta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "COMPETENCIA EN AMPARO.- La competencia en amparo corresponde al juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que ejecuta, o puede ejecutar, los actos que se reclaman, aunque la autoridad de quien emanen las órdenes, resida fuera de la jurisdicción de ese juez. En tal virtud, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, y en consideración con lo dispuesto por el Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, referente a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, se declara que carece de competencia legal para conocer de la presente demanda, declinando la competencia para tal efecto a favor del Juzgado de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón Coahuila, en Turno. Con independencia de lo anterior, con la finalidad de estar en aptitud de proveer lo procedente respecto a la suspensión del acto que reclama, es importante que éstos queden debidamente establecidos, pues de ello depende los términos en que debe decretarse. Entonces, tomando en consideración que la lectura integra del libelo Constitucional se advierte que el acto reclamado consiste en la incomunicación que dice es objeto el quejoso con sus abogados defensores en el Centro Federal de Readaptación Social Número Catorce "CPS Durango", con sede en Gómez Palacios, Durango, lugar de reclusión donde actualmente se encuentra interno, es inconcuso que se trata de un acto que se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 22 Constitucional; por tanto, con apoyo en los arábigos 125 y 126 de la Ley de Amparo vigente, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO por lo que hace a la incomunicación que reclama el quejoso Alfredo Martínez Aguilar, para que cese el mismo y aquél pueda tener comunicación directa con sus abogados defensores en el centro carcelario donde se encuentra interno, hasta en tanto se resuelva el fondo de la presente demanda de amparo, pues de continuar ejecutándose se haría físicamente imposible restituir a los agraviados en el goce de su derecho violado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia publicada en la página 951, del Tomo III, Segunda Parte-2, enero a junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por este, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no esta en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo.". En tales condiciones, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del improrrogable término de veinticuatro horas, contadas a partir de que se les notifique el presente acuerdo, se sirvan informar a este Juzgado de Distrito, el trato dado a la suspensión de oficio otorgada a favor de Alfredo Martínez Aguilar, en el entendido que de no hacerlo, se hará uso en su contra de los medios de apremio que señala la ley. Comuníquese de inmediato el otorgamiento de la presente suspensión de plano a las autoridades responsables, haciéndoles saber que en caso de no obedecer en sus términos la suspensión de oficio otorgada en el presente juicio de amparo, se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 262 fracción III, de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta o quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [.] III.- No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. Para el debido cumplimiento de esta determinación, se ordena la notificación de la autoridad foránea vía telegráfica, sin perjuicio de remitirse vía correo electrónico el oficio por virtud del cual se le notifique la medida suspensional decretada. En ese sentido, se ordena remitir la demanda y sus copias, solicitando atentamente el acuse de recibo respectivo, así como se informe si acepta o no la competencia planteada, dejando cuaderno de antecedentes respectivo. Por otra parte, tomando en consideración que la parte quejosa, señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado Federal, lo que no es técnicamente posible; por tanto, con fundamento en los artículos 26 fracción III, adminiculado con el numeral 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena realizarle las notificaciones a través de lista que se fija en los estrados de este tribunal, aun las de carácter personal. Resulta aplicable a lo anterior, el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 1067, Tomo VIII, Diciembre de 1998, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor literal siguiente: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público." Asimismo, se tienen como autorizados de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Eduardo García Morales e Ignacio Becerra Saucedo, en virtud de cuentan con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito. Por lo que hace a la solicitud de acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo 354/2018-II, toda vez que el usuario "eduardo.13", se encuentra registrado en el FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación); en consecuencia, al advertirse que cumple con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta electrónica del presente expediente, así como la presentación de promociones vía electrónica en el presente juicio de amparo y las notificaciones por la misma vía. Asimismo, hágase del conocimiento de dicha parte procesal, que cuando las partes autorizadas para consultar expedientes electrónicos relativos a uno o más juicios de amparo y se advierta una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en un expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberán hacerlo del conocimiento, por vía impresa, de este Juzgado Federal, o bien, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal, por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación. Ahora, por lo que hace a la solicitud que formula la parte quejosa, se le autoriza para hacer uso de medios electrónicos como cámaras fotográficas, teléfonos celulares con cámaras fotográficas y escáner, siempre y cuando los acuerdos no se traten de aquéllos que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservados, debiendo asentar la razón correspondiente respecto de la actuación objeto de reproducción a través de los citados medios electrónicos, lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en la inteligencia que el uso de los aludidos medios tecnológicos no implica la captación de las firmas que están plasmadas en la resolución correspondiente, dada la facilidad con que pueden confeccionarse. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. De igual forma, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Asimismo, con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo; facultad que debe ser utilizada por el Actuario adscrito a este juzgado, solo en caso de que no le sea posible practicar la notificación encomendada en horas y días hábiles, lo cual deberá estar debidamente razonado. Finalmente, se ordena notificar a las autoridades responsables únicamente aquellas determinaciones que resulten trascendentes dentro del presente sumario constitucional, conforme a lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Notifíquese y cúmplase.
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