Alfredo Jorge Colin Huerta
Expediente 223/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 35 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 223/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 35
- Última actuación
- 19/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Alfredo Jorge Colin Huerta
- Subfiscal Regional para la Huasteca Norte (En auto de 2/07/2019 se tuvo como no responsable)
Actuaciones
Las 4 más recientes de 35.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Única de Tramitación Común, con residencia en el municipio de Tamuin, San Luis Potosí, mediante el cual acusa recibo del oficio por el que se le remitieron las constancias que acompañó a su informe justificado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, tomando en consideración el sentido de la determinación final dictada en autos del juicio de amparo en que se actúa, en cumplimiento al punto vigésimo primero fracciones I, II y III del acuerdo en cita, se estima que el expediente en que se actúa es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Por otro lado, como en los autos del incidente de suspensión se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva; el original del incidente de suspensión es susceptible de DEPURACIÓN. Por lo que ve al duplicado del incidente de suspensión es DESTRUIBLE en términos de la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo General. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, los cuales deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, diez de septiembre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, se provee: toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra la sentencia de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó en el presente sumario constitucional. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA la misma, para todos los efectos legales. No obsta a lo anterior, el hecho de que este juzgado no haya realizado el computo a efecto de saber si ya transcurrió el término a las autoridades responsables y la tercera interesada, para la interposición del recurso de revisión que prevé el citado numeral 86 de la Ley de la Materia, lo anterior, en atención a que se determinó sobreseer el presente juicio; por tanto, dicha resolución no les irroga perjuicio alguno. Resulta aplicable por identidad de razón la tesis número I.1o.A.37 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada el viernes 10 de Agosto de 2018 en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2017556, que a la letra dice: "LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. LAS AUTORIDADES RESPONSABLES CARECEN DE ÉSTA CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO NEGÓ LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL RESPECTO DE LOS ACTOS QUE SE LES ATRIBUYERON. Conforme al artículo 87, primer párrafo, de la Ley de Amparo, las autoridades responsables podrán interponer el recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que se les reclame. Así, de la interpretación de esa disposición se colige que cuando el Juez de Distrito niega la protección de la Justicia Federal respecto de los actos que a aquéllas se atribuyeron, carecen de legitimación para instar el medio de defensa indicado, pues esa determinación no les depara perjuicio. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que los agravios propuestos estén encaminados a demostrar la improcedencia del juicio, ya que aun cuando se pudiera considerar que el sobreseimiento tendría consecuencias jurídicas de diversa naturaleza que les reportarían un beneficio distinto, ese examen sólo sería posible si el quejoso interpone el recurso para impugnar la negativa del amparo, supuesto en el que las responsables estarán en posibilidad de hacer valer, vía revisión adhesiva, motivos de improcedencia o robustecer los que abordó y desestimó el juzgador, en virtud de que, de prosperar los alegatos del promovente, se dejaría insubsistente la decisión que, en principio, les favoreció." Del mismo modo, es aplicable a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 6/2017, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 556, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, con número de registro 2013630, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal." Por otra parte, devuélvase al Titular de la Agencia del Ministerio Público de Tramitación Común, con residencia en Tamuín, San Luis Potosí, la copia certificada de la carpeta de investigación número CDI/FGE/VII/D06/00872/19, de su índice; solicitando el acuse respectivo. Finalmente, una vez que obre el acuse de recibo de las referidas constancias, se proveerá lo relativo al archivo del presente asunto. Notifíquese.
- Principal
S E N T E N C I A V I S T O S para resolver, los autos del juicio de amparo número 223/2019-IV, promovido por Alfredo Jorge Colín Huerta, contra actos del Fiscal General del Estado de San Luis Potosí y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el trece de junio de dos mil diecinueve, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, turnado a éste órgano jurisdiccional, el catorce siguiente; Alfredo Jorge Colín Huerta, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos de las autoridades responsables que en su denominación correcta se citan a continuación: A U T O R I D A D E S R E S P O N S A B L E S: 1.- Encargado de la Subdirección de Zona Huasteca Norte de la Dirección General de Métodos de Investigación, en esta ciudad. 2.- Vicefiscal Jurídica de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí. 3.-. Titular de la Agencia del Ministerio Público de Tramitación Común, con residencia en Tamuín, San Luis Potosí. 4.- Titular de la Coordinación de Apoyo Legal de la Dirección General de la Policía Ministerial del Estado. 5.- Encargado de Grupo de la Policía de Métodos de Investigación del Estado Destacamentado en Tamuín. 6.- Encargado de la Subdirección Operativa de la Dirección General de Métodos de Investigación. Ahora, respecto a los actos reclamados que la quejosa señaló, estos consisten en: "IV.- EL ACTO RECLAMADO: De las autoridades descritas como ORDENADORAS se le reclaman los siguientes actos: a) El libramiento de una orden de comparecencia y/o detención y/o presentación y/o citación en contra del suscrito. b) El libramiento de una orden de comparecencia y/o detención y/o presentación y/o citación por conducto de la fuerza pública en contra del suscrito. e) Una orden de cateó y/o revisión y/o pesquisa y/o inspección y/o intromisión del Predio Rustico denominado "EL ALGODONAL", ubicado en el municipio de Tamuin, San Luís Potosí, con superficie de 171-67-20 ciento setenta y una hectárea ssesenta y siete areas, veinte centiareas. con las siguientes colindancias: Al norte: en dos líneas con terrenos del señor rosendo barrios y jose cano. Al sur en una linea con el lote de la señora angela nales viuda de gomez. Al oriente con el río tamuin. Al poniente con el río tamuín. d) Orden de investigación sobre el inmueble Predio Rustico denominado "EL ALGODONAL", ubicado en el municipio de Tamuin, San Luís Potosí, con superficie de 171-67-20 ciento setenta y una hectarea ssesenta y siete areas, veinte centiareas, con las siguientes colindancias: Al norte: en dos lineas con terrenos del señor rosendo barrios y jose cano. Al sur en una linea con el lote de la señora angela nales viuda de gomez. Al oriente con el rio tamuin. Al poniente con el río tamuin. e) Una orden de investigación y/o revisión del interíor del inmueble Predio Rustico denominado "EL ALGODONAL", ubicado en el municipio de Tamuin, San Luís Potosí, con superficie de 171-67-20 ciento setenta y una hectarea sesenta y siete areas, veinte centiareas con las siguientes colindancias: Al norte: en dos lineas con terrenos del señor rosendo barrios y jose cano. Al sur en una linea con el lote de la señora angela nales viuda de gomez. Al oriente con el rio tamuin. Al poniente con el río tamuin. Así como de los bienes muebles y seomovientes que en el se encuentren. f) Una orden de investigación abierta en contra del suscrito y/o sobre el inmueble Predio Rustico denominado "EL ALGODONAL", ubicado en el municipio de Tamuin, San Luís Potosí, con superficie de 171-67-20 ciento setenta y una hectarea ssesenta y siete areas, veinte centiareas, con las siguientes colindancias: Al norte: en dos lineas con terrenos del señor rosendo barrios y jose cano. Al sur en una linea con el lote de la señora angela nales viuda de gomez. Al oriente con el rio tamuin. Al poniente con el río tamuin. Así como de los bienes muebles y seomovientes que en el se encuentren. g) Una orden de individualización abierta en contra del suscrito y/o sobre el inmueble Predio Rustico denominado "EL ALGODONAL", ubicado en el municipio de Tamuin, San Luís Potosí, con superficie de 171-67-20 ciento setenta y una hectarea ssesenta y siete areas, veinte centiareas. Con las siguientes colindancias; Al norte: en dos lineas con terrenos del señor rosendo barrios y jose cano. Al sur en una linea con el lote de la señora angela nales viuda de gomez. Al oriente con el rio tamuin. Al poniente con el río tamuin. Así como de los bienes muebles y seomovientes que en el se encuentren. h) Una orden de movilización y/o acarreo y/o arreo y/o cualquier acto tendiente movilizar el ganado y semovientes que se encuentren dentro del inmueble Predio Rustico denominado "EL ALGODONAL", ubicado en el municipio de Tamuin, San Luís Potosi, con superficie de 171-67-20 ciento setenta y una hectarea ssesenta y siete areas, veinte centiareas, con las siguientes colindancias: Al norte: en dos lineas con terrenos del señor rosendo barrios y jose cano. Al sur en una linea con el lote de la señora angela nales viuda de gomez. Al oriente con el rio tamuin. Al poniente con el río tamuin. i) Un acto de molestia en contra del suscrito ylo bienes ylo derechos de cual el suscrito es titular De la autoridades descritas como EJECUTORAS se le reclaman los siguientes actos: a) La detención ylo asegurameinto ylo presentación ylo privación de libertad (en cualquiera de sus modalidades ylo temporalidades) ylo custodia ylo detención del suscrito como consecuencia de los actos emitidos por las autoridades ordenadoras. b) Cualquier acto que tenga como objetivo la privación de mi libertad, derivado de los actos reclamados a las autoirdades ordenadoras. e) Cualquier acto de ejecución de los actos reclamados a las autoridades ordenadoras." (sic) (fojas 3 a 5 del expediente de amparo). En ese ocurso, el quejoso narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados, los contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 17, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, por auto de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, se admitió a trámite; se formó el expediente y se registró con el número 223/2019-IV; se solicitó el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación, quien sí formuló alegatos con el pedimento 196/2019 (fojas 54 y 55). Asimismo, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, se celebró, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 35, párrafo primero, 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y los diversos numerales 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como lo dispuesto en los Acuerdos Generales 3/2013 y 35/2011, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el primero publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; el segundo, a la competencia, jurisdicción territorial e inicio de funciones del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en Ciudad Valles, así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación del actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis número P.VI/2004 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 181810, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Igualmente, se invoca la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, foja 32, con número de registro 192097, que es del tenor: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados consisten en: -La orden de cateo, de investigación, movilización, revisión e individualización sobre el inmueble denominado "EL ALGODONAL", la orden de investigación y de individualización que pudiera ejecutar que el Ministerio Público, así como la orden de comparecencia, detención, presentación o citación girada en contra del quejoso, y su ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables en su denominación correcta Encargado de la Subdirección de Zona Huasteca Norte de la Dirección General de Métodos de Investigación, con residencia en esta ciudad; Vicefiscal Jurídica de la Fiscalía General del Estado; Titular de la Agencia del Ministerio Público de Tramitación Común, con residencia en Tamuín, Titular de la Coordinación de Apoyo Legal de la Dirección General de la Policía Ministerial del Estado en suplencia del Comisario de la Dirección General de Métodos de Investigación; Encargado de Grupo de la Policía de Métodos de Investigación del Estado Destacamentado en Tamuín y Encargado de la Subdirección Operativa de la Dirección General de Métodos de Investigación, todos del Estado de San Luis Potosí, al rendir sus informes justificados, respectivamente, negaron la existencia de los actos reclamados. En congruencia con lo anterior, es obvio que no les asiste obligación de exponer razonamiento alguno al respecto y tampoco es posible imponerles la carga procesal de remitir las constancias a las que hace alusión el artículo 117 de la Ley de Amparo, para justificar su negativa, toda vez que, al no haber nacido a la vida jurídica la actividad autoritaria que reclama el quejoso, es evidente que no puede haber rastros de su existencia, ni documentos que la apoyen. Tiene aplicación al caso, la tesis VI.2o.32 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, página 763, tomo III, junio de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 201964, que al respecto establece: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa". Ahora bien, una interpretación correlacionada de los artículos 63, fracción IV, 117 y 124 de la Ley de Amparo, indica que el contenido negativo de los informes con justificación no es de suyo determinante de la inexistencia de los actos reclamados, toda vez que las partes a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley, pueden demostrar lo contrario, o incluso, su existencia puede ser advertida, directamente, de las constancias de autos, por el juzgador. En ese sentido, la carga de la prueba corresponde al quejoso Alfredo Jorge Colín Huerta, a más de que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a acreditar, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable, la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional. Funda lo anterior considerado, la jurisprudencia 553, publicada en la página 369, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394509, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados". Luego, con el propósito de verificar la certeza o falsedad de los actos atribuidos a las autoridades responsables, se atiende al contenido del sumario, de su detallada revisión se advierte que, no obra en él, medio de convicción alguno del que se evidencie la existencia de los actos que se reclaman. En consecuencia, dado que la negativa informada por las responsables no fue desvirtuada por el quejoso, ni demostrado en el cuaderno de amparo, con evidencia alguna de la existencia de los actos reclamados antes indicados, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que literalmente establece: "ARTÍCULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y". Apoya lo anterior, la jurisprudencia con número de registro 1002350, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 305, Tomo II, Sexta Época, Procesal Constitucional 1, Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, Materia Común, Apéndice de 2011 del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto establecen: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". En tales condiciones, toda vez que el sobreseimiento decretado constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, no procede el análisis de los conceptos de violación, pues esto impide el examen de constitucionalidad del acto reclamado. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia número V.2o. J/15, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en la página 115, Tomo IX, Enero de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro 220705, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado". Finalmente, no es factible hacer pronunciamiento alguno respecto del alegato ministerial hecho valer en el pedimento 196/2019 del Representante Social de la Federación adscrito (fojas 54 y 55), dado que éste no forma parte de la litis en el juicio constitucional. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número III.1o.A. J/1 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página 2071, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2011344, que a la letra dice: "PEDIMENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. NO ES OBLIGATORIO ATENDERLO EN LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El órgano jurisdiccional constitucional no está constreñido a atender en su resolución el pedimento del Ministerio Público Federal, porque la representación social es parte en el juicio de amparo; de ahí que su pedimento únicamente constituye una manifestación que está sujeta a la apreciación del acto reclamado que se realice en la sentencia." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo número 223/2019-IV, promovido por Alfredo Jorge Colín Huerta, en contra de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, por las razones precisadas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese.
- Incidental
se: R E S U E L V E ÚNICO. Se niega a Alfredo Jorge Colín Huerta, la suspensión definitiva en contra de los actos atribuidos a las autoridades responsables precisadas en el resultando primero y por las razones precisadas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese.
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