Alfredo Maldonado Juárez
Expediente 303/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 303/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Alfredo Maldonado Juárez
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinte de julio de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO. Visto el estado que guardan los presentes autos, y atento al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que el artículo 98 de la Ley de Amparo, establece para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de dos de julio de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se emitió un proveído sin decidir el juicio en lo principal, no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE. Previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción, y la fecha de archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del indicado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por...contra actos de Juez Primero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial con sede en esta ciudad, por actos que estima violatorios de los artículos 14 y 16 Constitucionales; regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado relativo al Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 303/2021-IV-P. Desechamiento del escrito de demanda se advierte de modo manifiesto e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en los ordinales 61, fracción XXIII y 107, fracción VI, aplicada en sentido contrario. Así, cuando se promueve un juicio de amparo en el que se reclama el emplazamiento al juicio y la parte quejosa combatió un emplazamiento previo a través de un procedimiento constitucional anterior, en el cual obtuvo una sentencia concesoria, cobra vigencia el motivo de improcedencia previsto en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción VI, aplicada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. En la especie, el accionante reclama la falta de emplazamiento en el juicio 831/2015 y por consecuencia a la audiencia de remate del inmueble identificado como lote 47, manzana 48-B ubicado en calle Juliana, número 516, del fraccionamiento El Carmen, en esta ciudad, registrado bajo el folio registral R06-099280 ante la oficina del Registro Público de la Propiedad y del Instituto Registral y Catastral en esta municipalidad; la cual tendrá lugar a las nueve horas del seis de julio de dos mil veintiuno -conforme al auto dictado en ese juicio el cuatro de mayo del año en curso-, de lo cual señala, tuvo conocimiento el nueve de junio del dos mil veintiuno. Sin embargo, en el apartado relativo a la narración de los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad -a lo que se asigna el valor probatorio de una confesión expresa en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria- que: 1. El veintidós de noviembre de dos mil trece, promovió demanda laboral en contra de José Luis Cedillo Ramos, ante la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en esta ciudad, radicada el veinticinco de noviembre de dos mil trece, bajo el número 3217/2013/JE1-3. 2. Juicio en el que, una vez que se dictó dictó laudo condenatorio en contra de José Luis Cedillo Ramos, en su ejecución se embargó el inmueble identificado como lote 47, manzana 48-B ubicado en calle Juliana, número 516, del fraccionamiento El Carmen, en esta ciudad, registrado bajo el folio registral R06-099280 ante la oficina del Registro Público de la Propiedad y del Instituto Registral y Catastral en esta localidad. 3. Precisó además que se encuentra tramitado un diverso juicio ante el Juzgado Primero Civil de esta ciudad, con número 831/2015, en el que se pretenden cubrir las prestaciones que ahí se reclaman, precisamente con el bien que el quejoso tiene embargado en el juicio laboral ya señalado -3217/2013/JE1-3-. 4. Señala también que el diez de diciembre de dos mil diecinueve, se dictó resolución en el juicio 831/2015, en donde se dejó sin efectos la audiencia de remate respecto del inmueble embargado, ordenándose a la partes del juicio que cualquier cuestión que quieran hacer valer en relación con el inmueble, se llevara a cabo ante la autoridad del trabajo. 5. Y precisa que el diecinueve de agosto de dos mil veinte, tuvo conocimiento que la autoridad responsable en el expediente 831/2015 señaló las nueve horas del veintiocho de agosto de dos mil veinte, para que tuviera verificativo la audiencia de remate sobre el inmueble que garantiza sus créditos laborales y en el que, en virtud de desconocer su domicilio, ordenó su notificación personal por medio de edictos. En este punto, se destaca que el quejoso refiere en el citado capítulo de hechos, que ante ello, promovió el juicio de amparo 255/2020 del que conoce este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, en el cual obtuvo una sentencia concesoria, e inclusive que, en su cumplimiento, se ordenó a la autoridad responsable notificarle personalmente la fecha de la audiencia de remate del bien embargado. Por ello indica, el nueve de junio del año en curso, tuvo conocimiento que fue notificado de esa determinación en el domicilio ubicado en calle Tampaón, número 100, interior 8, de la colonia Norte Residencial en esta ciudad; no obstante que señala, desconoce ese domicilio, pues no lo habita, ni tampoco se ubica ahí su fuente de trabajo. Además, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se encuentra almacenada y capturada la versión electrónica de la sentencia mencionada, de cuya revisión se confirma lo expresado por la parte promovente. Tal documento electrónico es un hecho notorio, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), registro: 2017123;, visible en la página 10, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I; Décima Época; Pleno; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Materia Común;; que dice: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." En esa tesitura, de los antecedentes narrados si bien advierte que el aquí quejoso se duele de que el acto reclamado le irroga perjuicios en su esfera jurídica, pues se dice extraño al procedimiento de remate, aduciendo que es acreedor preferente en virtud del embargo trabado para garantizar sus prestaciones laborales otorgadas en el juicio laboral 3217/2013; lo cierto es que ya no se encuentra inmerso en esa hipótesis normativa -tercero extraño-, merced que dejó de serlo, pues previamente promovió el juicio de amparo 255/2020 del que conoce esta autoridad constitucional -en el que reclamó también la falta de emplazamiento al procedimiento de remate aperturado en el juicio 831/2015-; contradictorio en el que se le concedió el amparo y protección de la justicia de la Unión, para el efecto de que se localizara su domicilio y se le emplazara de conformidad con la ley, evento que sucedió conforme el mismo quejoso lo señala, en el domicilio ubicado en calle Tampaón, número 100, interior 8, de la colonia Norte Residencial en esta ciudad. Luego entonces, conforme con sus propios hechos, el quejoso indica que se le hizo saber que se señaló la audiencia de almoneda, para el día seis de julio de este año, de lo cual se colige que conoce de esa situación. En consecuencia, a juicio de quien esto resuelve, está acreditado que la parte quejosa promueve el presente juicio de amparo ostentándose como tercero extraño, a pesar de que previamente impugnó el primer emplazamiento al juicio de origen mediante un diverso procedimiento de tutela de derechos fundamentales, en el que inclusive se le concedió la protección Constitucional; lo que conlleva a determinar que carece de la calidad de tercero extraño y debido a ello, su demanda resulta notoriamente improcedente, aunado a que en ese conocimiento se encuentra en condiciones de acudir al procedimiento de remate y ejercer los recursos ordinarios que la ley le confiere para tratar de nulificar, modificar o revocar los actos jurídicos que considere le perjudican en su esfera de derechos. Por ende, en el caso, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda de amparo origen del expediente en que se actúa. Domicilio Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda. Habilitación de días y horas inhábiles para la práctica de notificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Digitalización Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. Transparencia y protección de datos personales. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Notifíquese personalmente.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista la determinación de dos de julio de dos mil veintiuno, a la parte quejosa, que dice: "Vista la demanda de amparo promovida por...contra actos de Juez Primero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial con sede en esta ciudad, por actos que estima violatorios de los artículos 14 y 16 Constitucionales; regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado relativo al Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 303/2021-IV-P. Desechamiento del escrito de demanda se advierte de modo manifiesto e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en los ordinales 61, fracción XXIII y 107, fracción VI, aplicada en sentido contrario. Así, cuando se promueve un juicio de amparo en el que se reclama el emplazamiento al juicio y la parte quejosa combatió un emplazamiento previo a través de un procedimiento constitucional anterior, en el cual obtuvo una sentencia concesoria, cobra vigencia el motivo de improcedencia previsto en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción VI, aplicada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. En la especie, el accionante reclama la falta de emplazamiento en el juicio 831/2015 y por consecuencia a la audiencia de remate del inmueble identificado como lote 47, manzana 48-B ubicado en calle Juliana, número 516, del fraccionamiento El Carmen, en esta ciudad, registrado bajo el folio registral R06-099280 ante la oficina del Registro Público de la Propiedad y del Instituto Registral y Catastral en esta municipalidad; la cual tendrá lugar a las nueve horas del seis de julio de dos mil veintiuno -conforme al auto dictado en ese juicio el cuatro de mayo del año en curso-, de lo cual señala, tuvo conocimiento el nueve de junio del dos mil veintiuno. Sin embargo, en el apartado relativo a la narración de los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad -a lo que se asigna el valor probatorio de una confesión expresa en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria- que: 1. El veintidós de noviembre de dos mil trece, promovió demanda laboral en contra de José Luis Cedillo Ramos, ante la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en esta ciudad, radicada el veinticinco de noviembre de dos mil trece, bajo el número 3217/2013/JE1-3. 2. Juicio en el que, una vez que se dictó dictó laudo condenatorio en contra de José Luis Cedillo Ramos, en su ejecución se embargó el inmueble identificado como lote 47, manzana 48-B ubicado en calle Juliana, número 516, del fraccionamiento El Carmen, en esta ciudad, registrado bajo el folio registral R06-099280 ante la oficina del Registro Público de la Propiedad y del Instituto Registral y Catastral en esta localidad. 3. Precisó además que se encuentra tramitado un diverso juicio ante el Juzgado Primero Civil de esta ciudad, con número 831/2015, en el que se pretenden cubrir las prestaciones que ahí se reclaman, precisamente con el bien que el quejoso tiene embargado en el juicio laboral ya señalado -3217/2013/JE1-3-. 4. Señala también que el diez de diciembre de dos mil diecinueve, se dictó resolución en el juicio 831/2015, en donde se dejó sin efectos la audiencia de remate respecto del inmueble embargado, ordenándose a la partes del juicio que cualquier cuestión que quieran hacer valer en relación con el inmueble, se llevara a cabo ante la autoridad del trabajo. 5. Y precisa que el diecinueve de agosto de dos mil veinte, tuvo conocimiento que la autoridad responsable en el expediente 831/2015 señaló las nueve horas del veintiocho de agosto de dos mil veinte, para que tuviera verificativo la audiencia de remate sobre el inmueble que garantiza sus créditos laborales y en el que, en virtud de desconocer su domicilio, ordenó su notificación personal por medio de edictos. En este punto, se destaca que el quejoso refiere en el citado capítulo de hechos, que ante ello, promovió el juicio de amparo 255/2020 del que conoce este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, en el cual obtuvo una sentencia concesoria, e inclusive que, en su cumplimiento, se ordenó a la autoridad responsable notificarle personalmente la fecha de la audiencia de remate del bien embargado. Por ello indica, el nueve de junio del año en curso, tuvo conocimiento que fue notificado de esa determinación en el domicilio ubicado en calle Tampaón, número 100, interior 8, de la colonia Norte Residencial en esta ciudad; no obstante que señala, desconoce ese domicilio, pues no lo habita, ni tampoco se ubica ahí su fuente de trabajo. Además, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se encuentra almacenada y capturada la versión electrónica de la sentencia mencionada, de cuya revisión se confirma lo expresado por la parte promovente. Tal documento electrónico es un hecho notorio, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), registro: 2017123;, visible en la página 10, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I; Décima Época; Pleno; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Materia Común;; que dice: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." En esa tesitura, de los antecedentes narrados si bien advierte que el aquí quejoso se duele de que el acto reclamado le irroga perjuicios en su esfera jurídica, pues se dice extraño al procedimiento de remate, aduciendo que es acreedor preferente en virtud del embargo trabado para garantizar sus prestaciones laborales otorgadas en el juicio laboral 3217/2013; lo cierto es que ya no se encuentra inmerso en esa hipótesis normativa -tercero extraño-, merced que dejó de serlo, pues previamente promovió el juicio de amparo 255/2020 del que conoce esta autoridad constitucional -en el que reclamó también la falta de emplazamiento al procedimiento de remate aperturado en el juicio 831/2015-; contradictorio en el que se le concedió el amparo y protección de la justicia de la Unión, para el efecto de que se localizara su domicilio y se le emplazara de conformidad con la ley, evento que sucedió conforme el mismo quejoso lo señala, en el domicilio ubicado en calle Tampaón, número 100, interior 8, de la colonia Norte Residencial en esta ciudad. Luego entonces, conforme con sus propios hechos, el quejoso indica que se le hizo saber que se señaló la audiencia de almoneda, para el día seis de julio de este año, de lo cual se colige que conoce de esa situación. En consecuencia, a juicio de quien esto resuelve, está acreditado que la parte quejosa promueve el presente juicio de amparo ostentándose como tercero extraño, a pesar de que previamente impugnó el primer emplazamiento al juicio de origen mediante un diverso procedimiento de tutela de derechos fundamentales, en el que inclusive se le concedió la protección Constitucional; lo que conlleva a determinar que carece de la calidad de tercero extraño y debido a ello, su demanda resulta notoriamente improcedente, aunado a que en ese conocimiento se encuentra en condiciones de acudir al procedimiento de remate y ejercer los recursos ordinarios que la ley le confiere para tratar de nulificar, modificar o revocar los actos jurídicos que considere le perjudican en su esfera de derechos. Por ende, en el caso, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda de amparo origen del expediente en que se actúa. Domicilio Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda. Habilitación de días y horas inhábiles para la práctica de notificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Digitalización Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. Transparencia y protección de datos personales. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Notifíquese personalmente. "
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