Alfredo Castillo Moran
Expediente 467/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 467/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Alfredo Castillo Moran
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, y atendiendo al contenido de la certificación de cuenta, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que el artículo 98 de la Ley de Amparo establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de queja en contra del proveído de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. Archivo y anotaciones en el libro de control electrónico. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico respectivo y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. De conformidad con el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se desechó la demanda, no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa y no se encuentra dentro de los criterios de valoración para ser calificado de relevancia documental o conservable, ni obra en autos ninguna determinación de información reservada con motivo de alguna solicitud de acceso a la información calificada. Temporalidad para destrucción de expediente. Previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 20 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del citado expediente principal. Anotación de valoración documental y fecha de archivo en carátula de expediente. Inscríbase tal dato, así como la fecha de este acuerdo en la carátula del citado expediente, en observancia a lo dispuesto en el artículo 34, párrafo segundo, del Acuerdo General invocado. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos en que se actúa y la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido mediante proveído de veinte de septiembre del dos mil veintitrés, y notificado el veintinueve siguiente a la parte quejosa, para que señalara ante este órgano jurisdiccional, domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que lo hubiera hecho; por tanto, hágase efectivo el apercibimiento de mérito y, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, hágansele las subsecuentes notificaciones por lista que se fija en las instalaciones de este Juzgado. En el entendido de que aun las de carácter personal se le harán en los mismos términos, hasta en tanto subsane tal omisión. Notifíquese.
- Principal
téngase recibido el oficio de cuenta y anexos que acompaña, mediante el cual devuelve el exhorto 253/2023-V, orden 636/2023 del índice de este juzgado federal, mismo que fue enviado para notificar personalmente al defensor Alfredo Castillo Morán. Anotaciones. Por tanto, agréguese a los presentes autos para los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico respectivo, sin que haya lugar a acusar el recibo de estilo por las razones apuntadas por la autoridad exhortada. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Recepción de demanda. Téngase recibido el oficio suscrito por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en la ciudad del mismo nombre y anexo que acompaña, consistente en el juicio de amparo 1316/2023 de su índice, promovido por ......... quien se ostenta abogado defensor de Daniel Saldaña Torres, contra actos de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social en el Estado de San Luis Potosí, toda vez que mediante proveído de trece de septiembre de dos mil veintitrés, dicho Órgano Jurisdiccional declaró carecer de competencia legal para conocer del aludido juicio de amparo, declinándola a favor de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad, atento a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo. Registro de demanda. Regístrese su ingreso en el libro de control electrónico respectivo bajo el número 467/2023 Identificación de promovente. Vista la demanda de amparo presentada por ......quien se ostenta abogado defensor de .......contra actos de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social en el Estado de San Luis Potosí. Se acepta competencia. En la especie el acto reclamado a la autoridad responsable es el siguiente: La resolución de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, en respuesta a la solicitud de veinticuatro de agosto del año en curso, que negó el traslado del quejoso a un centro de reinserción más cercano al tribunal en donde se lleva su proceso, a su domicilio y a su familia. La Jueza de Distrito declinante considera que corresponde conocer de la presente demanda de amparo al juzgado federal con sede en esta ciudad, conforme a la primera regla contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, porque si en la especie la parte quejosa reclama la respuesta dada a la petición realizada el veinticuatro del mismo mes y año, a través de la cual se negó a Daniel Saldaña Torres su traslado del Centro de Reinserción Social en el Municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí, a uno diverso más cercano a su domicilio familiar, consecuentemente, dicha de terminación tiene como efectos que continúe su permanencia en el lugar de reclusión en el que actualmente se encuentra, esto es, en el Municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí, el cual se encuentra dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. En consecuencia, con apoyo en los artículos 37 y 48 de la ley de la Ley de Amparo, se acepta la competencia que se plantea en virtud del límite territorial a que se refiere el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y este Juzgado se avoca al conocimiento de la misma, acúsese el recibo de estilo correspondiente, vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Desechamiento. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, al efectuar el análisis correspondiente de la demanda se advierte que procede desechar de plano la demanda de cuenta, al advertir esta juzgadora un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, tal y como se indica a continuación. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, ya que el aquí inconforme, antes de acudir en demanda de amparo, estaba obligado a agotar el medio ordinario de defensa previsto en la ley que rige el procedimiento, a través del cual puede ser modificado, revocado o nulificado el acto que reclama. Al respecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece: ............ De la transcripción anterior se desprende que para la procedencia del juicio de amparo indirecto por regla general previo a instar la acción constitucional el quejoso tiene el imperativo de agotar el medio de defensa que, en su caso, prevea la ley que rige el acto para impugnarlo a fin de generar su modificación, revocación o nulidad. Por tanto, ante el reclamo de algún acto en juicio de amparo indirecto, el órgano constitucional está obligado a verificar que el demandante haya cumplido con la observancia del principio de definitividad, mediante el agotamiento del recurso ordinario de defensa, en caso que lo prevea la ley de la materia, que tenga como finalidad su modificación, revocación o anulación. Exigencia de procedencia que solamente es excusable cuando se reclama alguno de los actos de excepción estrictamente delimitados por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; es decir, aquellos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal; así como órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos en los que se establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resoluciones que nieguen la libertad bajo caución o que establezcan los requisitos para su disfrute, aquellas que decidan sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Es decir, para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, en principio, la autoridad jurisdiccional debe constatar que la parte solicitante de la protección constitucional haya agotado el recurso ordinario de defensa que, de ser el caso, esté previsto en la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto la modificación, revocación o nulidad del mismo; salvo que como se dijo el acto reclamado constituya una de las hipótesis de excepción al precitado principio de definitividad que rige la acción constitucional de amparo. En el caso, resulta necesario puntualizar, que el principio de definitividad atiende a la naturaleza del juicio de amparo como medio de control constitucional de carácter extraordinario, que consiste en la obligación del quejoso, a previamente instar la acción de amparo, de agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios mediante los cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o confirmado. Implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. Un medio ordinario de defensa, es aquel que se encuentra establecido dentro del procedimiento regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar dicho acto, en el caso, la Ley Nacional de Ejecución Penal. Al respecto, la citada legislación en su artículo 1, fracción II, prevé los procedimientos para resolver controversias que surjan con motivo de la ejecución penal; y en su ordinal 2, el ámbito de aplicación de la normatividad en comento, que incluye a todas las personas privadas de la libertad, sin importar el estado procesal en que se encuentren. En lo que interesa, el capítulo V del Título Segundo, de la ley en consulta, relativo a los traslados, establece tres modalidades en que puede darse el referido movimiento administrativo: a) El traslado voluntario, consiste en aquél que solicita el propio interno, ante la autoridad jurisdiccional competente. En este supuesto, la autorización será mediante resolución que en su momento emita la autoridad judicial ante quien se encuentre a disposición la libertad personal de la persona privada de la misma. b) El traslado involuntario tanto de procesados como sentenciados, regulado por el artículo 51 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es aquél que debe ser autorizado previamente en audiencia pública por el juez de control o de ejecución, según se trate. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En este supuesto, la autorización judicial deberá ser previa al acto del traslado. c) El traslado urgente o excepcional, tiene su origen cuando la autoridad penitenciaria, sin autorización previa del juez, por cuenta propia y en los casos expresamente permitidos en la ley, emite una resolución administrativa en la que ordena y ejecuta el traslado de alguna persona privada de la libertad. Sin embargo, el ordinal 52 de la citada ley, le impone la obligación de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado; quien a su vez, calificará la legalidad de la determinación administrativa dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a su notificación, de modo tal que se está en presencia de un control jurisdiccional oficioso, pues las autoridades actúan bajo el imperio de la ley. Dicho numeral es del tenor literal siguiente: .......... De lo anterior se obtiene que los traslados, cualquiera que sea su naturaleza, siempre tienen aparejado el control judicial por el órgano jurisdiccional competente. En el caso, la Ley Nacional de Ejecución Penal, brinda los medios de defensa a las personas privadas de su libertad, contra el traslado en cualquiera de las modalidades establecidas con antelación, es decir, se puede combatir a través de una controversia judicial. Ello se advierte de los artículos 116, fracción I, 117, fracciones I, III y último párrafo del ordenamiento en cita, que establecen: ........... De dichos preceptos legales, se advierte que la parte quejosa cuenta con un medio de defensa previo a la promoción del juicio de amparo; así, de una interpretación sistemática de dichos preceptos legales se infiere, que corresponde a las autoridades administrativas la emisión o negativa de las órdenes de traslados, ya sea voluntariamente o por razones urgentes relacionadas con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, determinación que no requerirá autorización previa del Juez de Ejecución y, dicha determinación puede ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada, en términos de la fracción III, del citado artículo 117, que establece que los sujetos legitimados para interponer peticiones administrativas, también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados, acción que podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente. Asimismo, los artículos 120 a 129 de la Ley Nacional de Ejecución penal disponen lo siguiente: ........... De dichos preceptos legales, se advierte que la tramitación de la acción judicial prevista en la fracción III, del artículo 117, de la Ley en cita, se encuentra regulada en los citados artículos, de los que se advierte en lo que aquí interesa que podrán intervenir como partes procesales de acuerdo a la naturaleza de la controversia, entre otros, la persona privada de la libertad (como en la especie acontece; en virtud, que .......se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social en el Municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí, por lo que se encuentra legitimado a promoverla. Al margen de lo anterior, es evidente que tratándose de una negativa de orden de traslado la persona privada de su libertad tiene la posibilidad de reclamarla mediante un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, con los mismos alcances pretendidos y posibles como si intentara la acción de amparo; por ende, si el interno promueve la acción constitucional contra dicho acto, sin que previamente hubiera agotado el recurso ordinario previsto, el juicio de amparo se torna improcedente. En esas condiciones, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la demanda de amparo de que se trata, con apoyo en el invocado numeral 113, de la ley de la materia en cita. Se cita como apoyo, el criterio 1a. XXIV/2021 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 2, Junio de 2021, Tomo IV, página 3506, registro digital 2023190, de rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 117, FRACCIÓN III, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ES EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNARLA, AUN CUANDO EL AFECTADO NO TENGA UNA RESOLUCIÓN TANGIBLE QUE RECURRIR Y, POR TANTO, DEBE AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD." Así como las jurisprudencias 1a./J. 27/2021 (10a.) y 1a./J. 79/2018 (10a.), ambas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registros digitales 2023736 y 2018548, respectivamente, de rubros: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL.": y, "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Domicilio. No ha lugar a tener al defensor del directo quejoso por señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ......toda vez que, se encuentra fuera del lugar de residencia y jurisdicción de este juzgado. En ese sentido, por única ocasión se ordena realizar la notificación que se derive del presente proveído en el domicilio de referencia; por tanto, con fundamento en los artículos 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición del artículo segundo de la Ley de Amparo, envíese atento exhorto electrónico a la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que genere la boleta respectiva y lo envíe al órgano jurisdiccional que por turno corresponda, con el objeto que de no existir inconveniente legal alguno y en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda con copia autorizada del presente proveído, notifique personalmente al defensor ........y lo requiera para que dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación de este proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en Ciudad Valles, San Luis Potosí, apercibido que en caso de no hacerlo dentro del referido término, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal se le harán por medio de lista que se publican en los estrados de este juzgado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles para la práctica de notificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Digitalización. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el expediente en el sistema electrónico, a efecto de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, oficial judicial "A" y oficiales judiciales "c" que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. Transparencia y protección de datos personales. Con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tomando en cuenta lo previsto en los artículos 1, 9, 16, 68, 113, fracción l, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 23 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción Vlll, 43, 46 y 47, fracción ll, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en el entendido que aun cuando no se opongan expresamente a tal publicación, en la versión pública de la sentencia respectiva y demás resoluciones que se dicten en el presente juicio de amparo, así como de las diversas constancias, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener. Notifíquese; hágase por oficio a la autoridad declinante.
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