Alfredo López Santiago

Expediente 1043/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1043/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
23/09/2022

Partes del expediente

  • Alfredo López Santiago

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Causa estado determinación. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha concluido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del acuerdo dictado el ocho de septiembre de esta anualidad; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Publicación de datos personales. Por otro lado, como las partes en este juicio d amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; no obstante, dése cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Archivo. Ahora, toda vez que en este expediente no existe asunto pendiente por diligenciar, por tanto, con fundamento en los artículos 18, 20 y 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Destino Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, de conformidad con el inciso b), del artículo 21, del referido Acuerdo General y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Se hace constar que, como quedó asentado en la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos originales. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y la carátula. Notifíquese por lista electrónica.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de septiembre de dos mil veintidós. Registro de demanda. Con la demanda de amparo que se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, que promovió * * * * * contra actos del Presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno, con el número 1043/2022. Asimismo, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica y física, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo en mención, por lo cual, deberán digitalizar, integrar y supervisar la captura electrónica de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado. Análisis de la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se procede a examinar la demanda de amparo, y establecer si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. La parte quejosa señala como acto reclamado: "(.)El Acuerdo de Conclusión o Resolución recaído en el Expediente * ** * * * del cual tuve conocimiento el 18 de agosto de 2022, que en su numeral Cuarto del apartado Análisis del Asuntos, señala: "En mérito a lo anterior, al no existir prueba alguna que confirmen la manifestación del agraviado; lo procedente concluir el expediente en el que se actúa al no existir elementos suficientes para acreditar violaciones a derechos humanos." y que en su Resolutivo Primero dicta: "Se concluye el presente expediente en atención a lo plasmado en el considerando tercer de la presente resolución". En el caso, se aprecia que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo; que establecen lo siguiente: "ARTICULO 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". "ARTICULO 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Asimismo, se considera conveniente transcribir el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, sobre la materia de estudio de los Tribunales de la Federación, dice: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales; II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencia del Distrito Federal; y III. Por leyes o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal." Del anterior precepto, así como de los diversos 1º, fracción I. y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, transcritos con anterioridad, se advierte que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que las normas generales, actos u omisiones de autoridad que vulneren los derechos fundamentales de los gobernados y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, provengan de una autoridad; entendiéndose por tal, aquélla que I) dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u II) omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; en tanto que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos antes señalados, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Así, no es suficiente que se reclame una violación a los derechos fundamentales para que el juicio de amparo sea procedente, sino que es menester que la contravención se atribuya a una autoridad, pues no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse a través del juicio de amparo, sino únicamente los "actos de autoridad". En la jurisprudencia por reiteración de tesis 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión privada del siete de septiembre de dos mil once, se determinó que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emitan actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Además, dichos criterios son orientadores para determinar, en términos del precepto 5, fracción II, párrafo segundo de la Ley de Amparo, cuales actos de particulares pueden ser considerados como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. En la demanda de amparo, la parte quejosa señala como acto reclamado el acuerdo de conclusión recaído en el expediente * * * * * * . Ahora, es menestar determinar si la Comisión Nacional de Derechos Humanos así como sus equivalentes en las entidades federativas, son autoridades para efectos del juicio de amparo, para lo cual, resulta necesario trascribir el contenido del artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es del tenor siguiente: "Artículo 102. (.) B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa. Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales. El organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión Nacional de los Derechos Humanos; contará con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios. Las Constituciones de las entidades federativas establecerán y garantizarán la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos. (.) El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentará anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. Al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos conocerá de las inconformidades que se presenten en relación con las recomendaciones, acuerdos u omisiones de los organismos equivalentes en las entidades federativas. (.)." Numeral del que se advierte que la referida Comisión y sus equivalentes en las entidades federativas conocerán de quejas contra actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, que violen derechos humanos; y con motivo de aquéllas formularan recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Empero, dichas recomendaciones no son vinculatorias, por ende, carecen de impero y coerción, ya que su cumplimiento no puede ser exigido por la fuerza. Como ya se vio, la quejosa reclama el acuerdo de conclusión recaído en el expediente * * * * * * * al Titular de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, al tratarse de una acto atribuido a un órgano público autónomo, no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo; por ello, se actualiza la causal de improcedencia establecida por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, interpretados a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, pues, como se precisó, las actuaciones u omisiones de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos o sus equivalentes en las Entidades Federativas no tienen fuerza vinculatoria ni son de carácter imperativo. Refuerza lo anterior, ya que no tienen el carácter de acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, ya que de acuerdo con la normatividad que la rige carece de los atributos esenciales que caracterizan a todo acto de esa naturaleza. Es así, toda vez que basado en las constancias de que se allega, se limita a emitir recomendaciones, mismas que no pueden ser exigidas por la fuerza, ni anulan o modifican los actos contra los que se haya formulado la queja o denuncia; pues las autoridades a las que se dirigen pueden abstenerse de realizar lo que se les recomienda; por lo que la recomendación carece de fuerza coactiva. Lo anterior, tal como se establece en el artículo 73 de la Ley de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, que a la letra dice: "Artículo 73.- La recomendación será pública y autónoma, no tendrá carácter imperativo para la autoridad o servidor público a los cuales se dirija y, en consecuencia, no podrá por sí misma anular, modificar o dejar sin efecto las resoluciones o actos contra los cuales se hubiese presentado la queja. En todo caso, una vez recibida, la autoridad o servidor público de que se trate informará, dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación, si acepta dicha recomendación. Entregará, en su caso, en otros quince días adicionales, las pruebas correspondientes de que ha cumplido con la recomendación. Dicho plazo podrá ser ampliado cuando la naturaleza de la recomendación así lo amerite." Se invoca en apoyo, por identidad jurídica, la tesis P. XCVII/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguiente: "COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO EN CONTRA DE LA DECLARATORIA DE INCOMPETENCIA PARA CONOCER DE UNA DENUNCIA DE VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS, POR NO SER UN ACTO DE AUTORIDAD. La resolución final que dicta la Comisión Nacional de Derechos Humanos en materia de quejas y denuncias que se formulan en contra de presuntas violaciones a los derechos humanos, no tiene la naturaleza de "acto de autoridad", ya que aunque se emita en el sentido de hacer recomendaciones, de lo dispuesto en el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que no obliga a la autoridad administrativa contra la cual se dirige y, por ende, ésta puede cumplirla o dejar de hacerlo; luego, por sí misma no crea, modifica o extingue una situación jurídica concreta que beneficie o perjudique al particular. Asimismo, por sus efectos y consecuencias, la resolución emitida por la comisión, en la que declara su incompetencia para conocer de una denuncia o queja, es equiparable a sus determinaciones finales, en razón de que, tácitamente, está concluyendo que no hará ninguna recomendación con base en los motivos y fundamentos jurídicos señalados en la propia declaración de incompetencia, que se dicte aun antes de llevar a cabo la investigación, por lo que tampoco puede considerarse esta otra resolución como un acto de autoridad. Por consiguiente, sobre el particular se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 1o., fracción I, de la misma, conforme a los cuales el amparo solamente procede en contra de actos de autoridad. De igual manera, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada VI.3o. 16 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Novena Época, Tomo IX, Abril de 1999, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible a página 507, Registro digital: 194175, de rubro y texto siguiente: "COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. SUS RECOMENDACIONES NO TIENEN EL CARÁCTER DE ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Si bien la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de acuerdo con la ley que la regula es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto es el de conocer, e investigar aun de oficio, presuntas violaciones de derechos humanos y formular recomendaciones; éstas no pueden ser exigidas por la fuerza o a través de otra autoridad en los términos de lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que establece: "La recomendación será pública y autónoma, no tendrá carácter imperativo para la autoridad o servidor público a los cuales se dirigirá y, en consecuencia, no podrá por sí misma anular, modificar o dejar sin efecto las resoluciones o actos contra los cuales se hubiese presentado la queja o denuncia ...". Por tanto la resolución final que dicte la citada comisión en las quejas y denuncias correspondientes no tiene el carácter de acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, ya que de acuerdo con la normatividad que la rige carece de los atributos esenciales que caracterizan a todo acto de esa naturaleza; puesto que además de que dichas recomendaciones no pueden ser exigidas por la fuerza no anulan o modifican los actos contra los que se haya formulado la queja o denuncia; pues las autoridades a las que se dirigen pueden abstenerse de realizar lo que se les recomienda; careciendo por tanto la recomendación de fuerza compulsora." Aunado a que los procedimientos comprendidos en el artículo 102, apartado B, de la Constitución federal (sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos) no pueden ser sometidos a un diverso análisis constitucional como lo es el juicio de amparo porque ambas vías atienden a la protección de los derechos humanos. Luego entonces el acuerdo de conclusión recaído en el expediente * * * * * * *, emitido por el Titular de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, es el resultado de un proceso de rango constitucional no formalmente jurisdiccional que por disposición constitucional expresa no es vinculante, y no puede encontrarse sujeto a un posterior análisis a través de otro mecanismo de control como es el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 1066/2015, en donde sobreseyó el juicio de amparo respecto de actos atribuidos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Así como las consideraciones vertidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 742/2015, en donde sobreseyó el juicio respecto de actos atribuidos a la Oficina Foránea de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en Nogales, Sonora, en el que se sustentó que no son impugnables mediante el juicio de amparo los procedimientos de queja tramitados ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la presunta violación de derechos humanos con base en el artículo 102, apartado B, primer párrafo de la Constitución, en relación con el artículo 103 constitucional. Por tanto, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al advertirse de manera manifiesta e indudable la aludida causal de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo planteada. Así como la jurisprudencia I.1o.A J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, materia común, Novena Época, Tomo VI, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Domicilio. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que indica; asimismo, se tiene como su autorizado legal, en términos de la última parte del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las persona que menciona por solicitarlo expresamente. Ahora, por lo que hace a su petición de que se autorice el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, al usuario "LicMiqueas" dentro de los Servicios de Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; con fundamento con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se autoriza el acceso a este expediente electrónico, con el nombre de usuario antes mencionado, a fin de que pueda realizar la consulta correspondiente. Asimismo, en términos de los artículos 26, fracción IV, 30 fracción II, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, y del capítulo Sexto "De las notificaciones" del Acuerdo General mencionado, se autoriza se realicen las notificaciones personales de forma electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por así haber solicitado expresamente la parte quejosa que este juicio se tramite en línea y haber proporcionado el usuario y el correo electrónico al que se encuentra vinculado. En consecuencia, se instruye al oficial judicial A, para que proceda a realizar los trámites respectivos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de dar cumplimiento a lo señalado en el párrafo inmediato anterior. Lo anterior, no obstante que también señala domicilio físico para tal efecto, toda vez que se prioriza la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus SARS COV2, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes. Autorización de medios electrónicos. Por otra parte, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para obtener fotografía de las actuaciones en este asunto; lo anterior de acuerdo a la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debiendo dejar constancia. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que hagan las partes, quienes estarán obligadas a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales. Ilustra a lo anterior, la tesis con el rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Publicación de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Gratuidad en el servicio y solicitud de expedición de copias. Asimismo, se hace de su conocimiento que los servicios que presta este Juzgado son gratuitos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional; y que, la expedición de copias simples o certificadas, previa solicitud y autorización por acuerdo, se hará atendiendo a las circunstancias que imperen en el momento de la petición. Notifíquese vía electrónica al quejoso.

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