Alfredo López Manuel

Expediente 1632/2015 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 25 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1632/2015
Año
2015
Actuaciones
25
Última actuación
28/04/2016

Partes del expediente

  • Alfredo López Manuel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    *pral. 1632/2015 mesa amp. 1-b Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintiocho de abril de dos mil dieciséis.Se advierte de autos que en la Secretaría de este Juzgado se encuentra un cuaderno de pruebas que la autoridad judicial responsable envió como justificación a su informe, consistente en copia certificada deducida de todo lo actuado en la causa penal número 208/2014, de su índice; y, toda vez que este juicio de amparo mediante proveído de veintitrés de febrero de esta anualidad (fojas 153-155), se ordenó el archivo de este expediente como asunto concluido; en consecuencia, carece de objeto la permanencia de esas documentales; por lo que, devuélvanse al lugar de su procedencia. Ahora, toda vez que la secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, residente en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, mediante oficio número PJEO/CJ/SE/733/2016, de veintiséis de enero de este año, comunicó que por Acuerdo General 12/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, que el Juzgado Sexto de lo Penal, con residencia en Ixcotel, Centro, Oaxaca, concluyó sus funciones a partir del uno y quince de febrero de esta anualidad. En esas condiciones, como la distribución de expedientes en los que existen órdenes de aprehensión y reaprehensión pendientes de ejecutarse se asignó conforme a las anualidades en que se hubieren emitido por parte del juez Séptimo de lo Penal, a los jueces Primero y Segundo Penal; en tanto que, respecto de todas aquellas órdenes de captura y recaptura pendientes de ejecutarse que hubiere librado el juez Sexto de lo Penal, asumirá competencia el juez Quinto de lo Penal. En consecuencia, devuélvase las referidas documentales al Juzgado Quinto de lo Penal, con residencia en Ixcotel, Centro, Oaxaca. NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    mesa 1 b inc. 1632/2015-Oaxaca de Juárez, Oaxaca, catorce de marzo de dos mil dieciséis. Vistos los autos y toda vez que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los puntos décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. 2 2 Se comunica a las partes que por haberse concedido la medida cautelar requerida por la parte quejosa, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, el original de este expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurra el término de cinco años de haberse ordenado el archivo del asunto como concluido. Así también, que durante los primeros tres años estará en este órgano jurisdiccional y fenecido dicho término, de tres años, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En tanto que, con apoyo en los puntos décimo primero, vigésimo, fracción III, vigésimo quinto, de ese Acuerdo General, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que se dictó la interlocutoria relativa, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente de suspensión. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    *pral. 1632/2015 mesa amp. 1-b Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a uno de marzo de dos mil dieciséis. Vista la razón asentada por el actuario adscrito el veintiséis de este mes, de la que se advierte no ha sido posible entregar el oficio número 2360, dirigidos al juez Sexto de lo Penal, residente en Santa María Ixcotel, Oaxaca, por haber concluido funciones, como lo establece el Acuerdo General 12/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. En atención a lo anterior, se deja de tener como responsable en este asunto a esa autoridad, cesando toda comunicación con la misma. Notifíquese.

  4. Principal

    ´´PRAL 1632/2015 MESA 1 B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a veintitrés de febrero de dos mil dieciséis. Vistos los autos y la certificación de la secretaría, de la que se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, haya interpuesto recurso de revisión en contra del auto de veintinueve de enero de esta anualidad (fojas 138 a 139), en el que se sobreseyó en el juicio, fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria la referida resolución; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos a que haya lugar. Sin que obste que la autoridad responsable, juez Séptimo de lo Penal, residente en Ixcotel, Oaxaca no haya quedado notificada del auto en comento; dado que, como se precisó, en la sentencia emitida se sobreseyó en el juicio y, por ende, ningún agravio genera a esa autoridad que carece de legitimación para inconformarse. Apoya lo anterior, con fundamento en el artículo 6° transitorio de la Ley de Amparo en vigor, por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXV, con el siguiente rubro y texto: "REVISIÓN MAL INTERPUESTA POR PARTE DE AUTORIDADES. De acuerdo con el artículo 86 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables solo podrán interponer el recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente al acto que cada una de ellas de reclame, por lo que debe desecharse la que interponga una de las autoridades responsables, si el inferior sobreseyó en el juicio relativo, en cuanto al acto que de ella fue reclamado". Así también la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 676, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo CXXX, bajo el rubro y texto: "RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISION INTERPUESTA POR AUTORIDADES DE, EN CASO DE SOBRESEIMIENTO." Por otra parte, como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, este auto estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información; y, para el caso de que se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones, pruebas o constancias que obren en el expediente, la unidad administrativa que lo tenga bajo resguardo, determinará si es información reservada o no. Pese a ello, de conformidad con el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares y personas morales jurídicas1, considerada como confidencial que, de acuerdo con los primeros preceptos, debe ser entendido como aquélla cuya difusión, conservación o distribución requiere, necesariamente, consentimiento expreso de los titulares de la misma. En ese contexto, al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de este auto con supresión de datos 1 Tesis P. II/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 274, tomo I, materia constitucional, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 3, Febrero de 2014, registro IUS 2005522, de rubro: "PERSONAS MORALES. TIENEN DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS QUE PUEDAN EQUIPARARSE A LOS PERSONALES, AUN CUANDO DICHA INFORMACIÓN HAYA SIDO ENTREGADA A UNA AUTORIDAD". personales identificables, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal2. Finalmente, como se advierte de la certificación que antecede, que en este expediente y en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción II, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Relevancia documental: Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Destino: Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo vigésimo primero, fracción II, del referido acuerdo. Archivo reciente: Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; 2Criterio 1/2011 (fecha de resolución 27/01/2011). "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ORGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.

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