Alfredo Guillen Ramírez
Expediente 658/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 17 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 658/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 16/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Alfredo Guillen Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
El dieciséis de julio de dos mil dieciocho, Jorge Martín Zamora González, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del veintisiete de junio al diez de julio de dos mil dieciocho, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de revisión contra el auto de diecinueve de mayo del año en curso, dictado por este juzgado, dentro del juicio de amparo número 658/2018. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión. Que no existen pruebas por devolver a la autoridad responsable. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. Conste. El Secretario En la misma fecha, se da cuenta con el estado que guardan los autos y con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a dieciséis de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de diecinueve de junio del año en curso, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; por tanto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes; y en atención a que el proveído de que se trata no requiere ejecución material, con fundamento en el ordinal 214, de la Ley de la Materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto, y este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro Archivístico Judicial, para los efectos legales correspondientes. Sin que en el caso, alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que amerite ser devuelto. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe. Brenda.
- Principal
<El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, el secretario certifica que: El término de tres días concedido al tercero interesado Gustavo Iván Nájera Reyes, a fin de que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, transcurrió del once al trece de junio del año en curso. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede, con la promoción con folio 12803 y con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por la juez Segundo de Ramo Penal de Fresnillo, Zacatecas, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el despacho 633/2018 (origen 182/2018). Acúsese recibo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, vista la certificación de cuenta de la que se desprende que transcurrió el término de tres días concedido al tercero interesado Gustavo Iván Nájera Reyes, para que señalara domicilio para recibir notificaciones de carácter personal en esta ciudad, sin que lo haya hecho dentro del plazo aludido; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de veintidós de mayo pasado y se determina que las subsecuentes que tengan el carácter de personales se le practiquen por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, en términos de los artículos 27, fracción III, inciso b) y artículo 29, de la Ley de Amparo; ello, mientras no señale domicilio para tal efecto en esta ciudad. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". La fracción transcrita establece que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hubieran cesado. Para considerar lo anterior, es necesario que, ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos los efectos hayan desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera concedido el amparo. En otras palabras, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no haya quedado huella alguna. Lo anterior, encuentra su razón en la circunstancia de que sería ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos en la esfera jurídica de la solicitante del amparo, ni los surtirá. De lo anterior, se sigue que el aspecto relevante para la causa de improcedencia en comento, lo constituye los efectos del acto reclamado y no así la subsistencia formal de éste. En ese sentido, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional. Ahora bien, para verificar si se actualiza el motivo de improcedencia en comento, no se requiere analizar la legalidad del diverso acto que revoca o sustituye al acto reclamado, sino únicamente determinar los efectos que aquél genera, ya que efectuar tal estudio implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, la cesación de los efectos del acto reclamado de forma incondicional y total impide el estudio del fondo del asunto, ya que a nada práctico conduciría tal actividad, al ser ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no causa perjuicio en la esfera de la quejosa, ni los causará. En esta instancia constitucional, el quejoso reclama toralmente la omisión de dar trámite al recurso de apelación interpuesto y remitir los autos de la causa penal número 269/2017, al Tribunal Superior de Justicia del estado de Zacatecas. Ahora bien, mediante proveído de veinte de marzo del actual, se recibieron copias certificadas de diversas constancias derivadas de la causa penal 269/2017, que remitió la juez responsable, de las que se advierte que anexó el oficio 649 de catorce de marzo de dos mil dieciocho (foja diecinueve de autos), dirigido a la secretaria general de acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, el administrador del juzgado, remitió para la substanciación del recurso de apelación interpuesto por Alfredo Guillen Ramírez, contra la resolución de vinculación a proceso dictada en audiencia pública oral el uno de diciembre del año próximo pasado, las actuaciones relativas a la citada causa penal. En otro aspecto, por auto de siete de junio de dos mil dieciocho, se recibió copia certificada de la resolución emitida el treinta de abril de la presente anualidad (fojas ciento treinta y siete a ciento cuarenta y cuatro), por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, dentro de los autos del toca penal oral A.P.O. 50/2018 y diversas constancias. Documentales que cuentan con valor probatorio, al tratarse de documentos públicos certificados y por contar con los signos que hacen presumir su autenticidad, relativos al sello de la autoridad responsable, sin que se hubiera demostrado su falsedad; lo anterior, en términos de los artículos 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia. De manera que es patente que, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (dieciséis de febrero de dos mil dieciocho), la autoridad responsable subsanó la omisión en que había incurrido y que corresponde el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Por tanto, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues éste se concretaba en la omisión por parte de la autoridad responsable Jueza de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Fresnillo, Zacatecas, de dar trámite al recurso de apelación interpuesto y remitir los autos de la causa penal número 269/2017, al Tribunal Superior de Justicia del estado de Zacatecas, por lo que al realizar tales diligencias debe estimarse que se subsanó la omisión reclamada. Ello es así, pues con las constancias antes relatadas se observa que por oficio 649, de catorce de marzo de dos mil dieciocho, dirigido a la secretaria general de acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, el administrador del juzgado, remitió para la substanciación del recurso de apelación interpuesto por Alfredo Guillen Ramírez, contra la resolución de vinculación a proceso dictada en audiencia pública oral el uno de diciembre del año próximo pasado, las constancias relativas de la causa penal 269/2017. Aunado a lo anterior, por resolución de treinta de abril de la presente anualidad, la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, resolvió el toca penal oral A.P.O. 50/2018 y determinó revocar la determinación apelada y en su lugar, ordenó reponer el procedimiento para los efectos ahí precisados. Lo anterior, demuestra que han cesado los efectos del acto reclamado, como si se hubiera concedido el amparo; esto, porque la posible concesión de la protección de la Justicia de la Unión solicitada envolvía ordenar que se diera trámite al recurso de apelación planteado ante el juez responsable, lo que ya aconteció en la especie, tan es así, que se resolvió el medio de defensa; por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que impone sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley invocada. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, lo que impone sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expedites en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (once horas con treinta minutos del veintinueve de junio de dos mil dieciocho); por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese, y personalmente a las partes. ..."
- Principal
12803 diecinueve de junio de dos mil dieciocho El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, el secretario certifica que: - El término de tres días concedido al tercero interesado Gustavo Iván Nájera Reyes, a fin de que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, transcurrió del once al trece de junio del año en curso. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede, con la promoción con folio 12803 y con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por la juez Segundo de Ramo Penal de Fresnillo, Zacatecas, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el despacho 633/2018 (origen 182/2018). Acúsese recibo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, vista la certificación de cuenta de la que se desprende que transcurrió el término de tres días concedido al tercero interesado Gustavo Iván Nájera Reyes, para que señalara domicilio para recibir notificaciones de carácter personal en esta ciudad, sin que lo haya hecho dentro del plazo aludido; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de veintidós de mayo pasado y se determina que las subsecuentes que tengan el carácter de personales se le practiquen por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, en términos de los artículos 27, fracción III, inciso b) y artículo 29, de la Ley de Amparo; ello, mientras no señale domicilio para tal efecto en esta ciudad. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". La fracción transcrita establece que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hubieran cesado. Para considerar lo anterior, es necesario que, ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos los efectos hayan desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera concedido el amparo. En otras palabras, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no haya quedado huella alguna. Lo anterior, encuentra su razón en la circunstancia de que sería ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos en la esfera jurídica de la solicitante del amparo, ni los surtirá. De lo anterior, se sigue que el aspecto relevante para la causa de improcedencia en comento, lo constituye los efectos del acto reclamado y no así la subsistencia formal de éste. En ese sentido, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional. Ahora bien, para verificar si se actualiza el motivo de improcedencia en comento, no se requiere analizar la legalidad del diverso acto que revoca o sustituye al acto reclamado, sino únicamente determinar los efectos que aquél genera, ya que efectuar tal estudio implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, la cesación de los efectos del acto reclamado de forma incondicional y total impide el estudio del fondo del asunto, ya que a nada práctico conduciría tal actividad, al ser ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no causa perjuicio en la esfera de la quejosa, ni los causará. En esta instancia constitucional, el quejoso reclama toralmente la omisión de dar trámite al recurso de apelación interpuesto y remitir los autos de la causa penal número 269/2017, al Tribunal Superior de Justicia del estado de Zacatecas. Ahora bien, mediante proveído de veinte de marzo del actual, se recibieron copias certificadas de diversas constancias derivadas de la causa penal 269/2017, que remitió la juez responsable, de las que se advierte que anexó el oficio 649 de catorce de marzo de dos mil dieciocho (foja diecinueve de autos), dirigido a la secretaria general de acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, el administrador del juzgado, remitió para la substanciación del recurso de apelación interpuesto por Alfredo Guillen Ramírez, contra la resolución de vinculación a proceso dictada en audiencia pública oral el uno de diciembre del año próximo pasado, las actuaciones relativas a la citada causa penal. En otro aspecto, por auto de siete de junio de dos mil dieciocho, se recibió copia certificada de la resolución emitida el treinta de abril de la presente anualidad (fojas ciento treinta y siete a ciento cuarenta y cuatro), por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, dentro de los autos del toca penal oral A.P.O. 50/2018 y diversas constancias. Documentales que cuentan con valor probatorio, al tratarse de documentos públicos certificados y por contar con los signos que hacen presumir su autenticidad, relativos al sello de la autoridad responsable, sin que se hubiera demostrado su falsedad; lo anterior, en términos de los artículos 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia. De manera que es patente que, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (dieciséis de febrero de dos mil dieciocho), la autoridad responsable subsanó la omisión en que había incurrido y que corresponde el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Por tanto, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues éste se concretaba en la omisión por parte de la autoridad responsable Jueza de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Fresnillo, Zacatecas, de dar trámite al recurso de apelación interpuesto y remitir los autos de la causa penal número 269/2017, al Tribunal Superior de Justicia del estado de Zacatecas, por lo que al realizar tales diligencias debe estimarse que se subsanó la omisión reclamada. Ello es así, pues con las constancias antes relatadas se observa que por oficio 649, de catorce de marzo de dos mil dieciocho, dirigido a la secretaria general de acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, el administrador del juzgado, remitió para la substanciación del recurso de apelación interpuesto por Alfredo Guillen Ramírez, contra la resolución de vinculación a proceso dictada en audiencia pública oral el uno de diciembre del año próximo pasado, las constancias relativas de la causa penal 269/2017. Aunado a lo anterior, por resolución de treinta de abril de la presente anualidad, la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, resolvió el toca penal oral A.P.O. 50/2018 y determinó revocar la determinación apelada y en su lugar, ordenó reponer el procedimiento para los efectos ahí precisados. Lo anterior, demuestra que han cesado los efectos del acto reclamado, como si se hubiera concedido el amparo; esto, porque la posible concesión de la protección de la Justicia de la Unión solicitada envolvía ordenar que se diera trámite al recurso de apelación planteado ante el juez responsable, lo que ya aconteció en la especie, tan es así, que se resolvió el medio de defensa; por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que impone sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley invocada. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, lo que impone sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expedites en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (once horas con treinta minutos del veintinueve de junio de dos mil dieciocho); por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese, y personalmente a las partes. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe. L'JMZG
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA ALFREDO GUILLEN RAMÍREZ, LA DETERMINACIÓN DE DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO: "Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por la juez Segundo de Ramo Penal de Fresnillo, Zacatecas, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el despacho 633/2018 (origen 182/2018). Acúsese recibo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, vista la certificación de cuenta de la que se desprende que transcurrió el término de tres días concedido al tercero interesado Gustavo Iván Nájera Reyes, para que señalara domicilio para recibir notificaciones de carácter personal en esta ciudad, sin que lo haya hecho dentro del plazo aludido; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de veintidós de mayo pasado y se determina que las subsecuentes que tengan el carácter de personales se le practiquen por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, en términos de los artículos 27, fracción III, inciso b) y artículo 29, de la Ley de Amparo; ello, mientras no señale domicilio para tal efecto en esta ciudad. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". La fracción transcrita establece que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hubieran cesado. Para considerar lo anterior, es necesario que, ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos los efectos hayan desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera concedido el amparo. En otras palabras, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no haya quedado huella alguna. Lo anterior, encuentra su razón en la circunstancia de que sería ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos en la esfera jurídica de la solicitante del amparo, ni los surtirá. De lo anterior, se sigue que el aspecto relevante para la causa de improcedencia en comento, lo constituye los efectos del acto reclamado y no así la subsistencia formal de éste. En ese sentido, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional. Ahora bien, para verificar si se actualiza el motivo de improcedencia en comento, no se requiere analizar la legalidad del diverso acto que revoca o sustituye al acto reclamado, sino únicamente determinar los efectos que aquél genera, ya que efectuar tal estudio implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, la cesación de los efectos del acto reclamado de forma incondicional y total impide el estudio del fondo del asunto, ya que a nada práctico conduciría tal actividad, al ser ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no causa perjuicio en la esfera de la quejosa, ni los causará. En esta instancia constitucional, el quejoso reclama toralmente la omisión de dar trámite al recurso de apelación interpuesto y remitir los autos de la causa penal número 269/2017, al Tribunal Superior de Justicia del estado de Zacatecas. Ahora bien, mediante proveído de veinte de marzo del actual, se recibieron copias certificadas de diversas constancias derivadas de la causa penal 269/2017, que remitió la juez responsable, de las que se advierte que anexó el oficio 649 de catorce de marzo de dos mil dieciocho (foja diecinueve de autos), dirigido a la secretaria general de acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, el administrador del juzgado, remitió para la substanciación del recurso de apelación interpuesto por Alfredo Guillen Ramírez, contra la resolución de vinculación a proceso dictada en audiencia pública oral el uno de diciembre del año próximo pasado, las actuaciones relativas a la citada causa penal. En otro aspecto, por auto de siete de junio de dos mil dieciocho, se recibió copia certificada de la resolución emitida el treinta de abril de la presente anualidad (fojas ciento treinta y siete a ciento cuarenta y cuatro), por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, dentro de los autos del toca penal oral A.P.O. 50/2018 y diversas constancias. Documentales que cuentan con valor probatorio, al tratarse de documentos públicos certificados y por contar con los signos que hacen presumir su autenticidad, relativos al sello de la autoridad responsable, sin que se hubiera demostrado su falsedad; lo anterior, en términos de los artículos 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia. De manera que es patente que, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (dieciséis de febrero de dos mil dieciocho), la autoridad responsable subsanó la omisión en que había incurrido y que corresponde el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Por tanto, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues éste se concretaba en la omisión por parte de la autoridad responsable Jueza de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Fresnillo, Zacatecas, de dar trámite al recurso de apelación interpuesto y remitir los autos de la causa penal número 269/2017, al Tribunal Superior de Justicia del estado de Zacatecas, por lo que al realizar tales diligencias debe estimarse que se subsanó la omisión reclamada. Ello es así, pues con las constancias antes relatadas se observa que por oficio 649, de catorce de marzo de dos mil dieciocho, dirigido a la secretaria general de acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, el administrador del juzgado, remitió para la substanciación del recurso de apelación interpuesto por Alfredo Guillen Ramírez, contra la resolución de vinculación a proceso dictada en audiencia pública oral el uno de diciembre del año próximo pasado, las constancias relativas de la causa penal 269/2017. Aunado a lo anterior, por resolución de treinta de abril de la presente anualidad, la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, resolvió el toca penal oral A.P.O. 50/2018 y determinó revocar la determinación apelada y en su lugar, ordenó reponer el procedimiento para los efectos ahí precisados. Lo anterior, demuestra que han cesado los efectos del acto reclamado, como si se hubiera concedido el amparo; esto, porque la posible concesión de la protección de la Justicia de la Unión solicitada envolvía ordenar que se diera trámite al recurso de apelación planteado ante el juez responsable, lo que ya aconteció en la especie, tan es así, que se resolvió el medio de defensa; por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que impone sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley invocada. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, lo que impone sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expedites en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (once horas con treinta minutos del veintinueve de junio de dos mil dieciocho); por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese, y personalmente a las partes. ..."
Quedan 13 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes
- Alfredo Díaz García877/2016
- Alfredo Espinosa Sánchez772/2021
- Alfredo Garcia Nuñez547/2019
- Alfredo Guillén Ramírez885/2018
- Alfredo Guillen Ramírez1076/2017
- Alfredo Guillén Ramírez8/2018
- Alfredo Hernández Escobedo154/2020
- Alfredo Lara FèLix418/2020
- Alfredo Lira Samaniego750/2019
- Alfredo López Venegas818/2019
- Alfredo Lozano Sánchez141/2023
- Alfredo Lozano Sánchez134/2020