Alfredo Guillen Ramírez
Expediente 1076/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 12 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1076/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 19/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Alfredo Guillen Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, se da cuenta con el estado que guardan los autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a diecinueve de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos se advierte que en el juicio de amparo en que se actúa mediante proveído de tres de mayo de este año, causó ejecutoria la resolución emitida por el juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla y se ordenó el archivo. Consecuentemente, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente sí es susceptible de depuración, en razón de que se negó la protección constitucional solicitada, con excepción del escrito de demanda y de la sentencia emitida en autos, en razón de que este juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Por otra parte, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del mencionado acuerdo, se determina que el expediente original del incidente de suspensión relativo al expediente principal en que se actúa sí es susceptible de destrucción, en razón de que se negó la suspensión definitiva; además de que este juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Asimismo, el cuaderno duplicado del incidente de suspensión correspondiente al presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse para que se lleve a cabo su destrucción en el momento oportuno. Por último, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro Archivístico Judicial, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firmó Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado, quien actúa con Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. cecy*
- Principal
El tres de mayo de dos mil dieciocho, Jorge Martín Zamora González, secretario del juzgado Primero de Distrito en el Estado certifica: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del dieciséis al veintisiete de abril del año en curso, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de revisión contra la resolución de cuatro del mismo mes y año (fojas 47 a 52), dictada por el juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, dentro del juicio de amparo número 1076/2017. Que no existen pruebas por devolver a las autoridades responsables. De igual forma, se hace constar que sí se aperturó incidente de suspensión, que no se exhibió billete de depósito para garantizar la suspensión provisional, y que no existe recurso pendiente por resolver. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. Conste. En la misma fecha se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, tres de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el secretario adscrito a este tribunal federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por el juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región con sede en San Andrés Cholula, Puebla el cuatro de abril del año en curso, en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal solicitados; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, glósese a este expediente el incidente de suspensión derivado del mismo, virtud de que se encuentra concluido. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
El seis de abril de dos mil dieciocho, se da cuenta con el oficio registrado con el folio 7178 con anexo que se acompaña. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, seis de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo en que se actúa, en el que emitió la sentencia constitucional respectiva; asimismo, este juzgado se hace sabedor respecto de que la misma ha sido digitalizada y vinculada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como está ordenado en la circular CAR06/CCNO/2011 y en la diversa CAR 4/CCNO/2014. Acúsese el recibo de estilo al órgano jurisdiccional resolutor y agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese personalmente a las partes y remítase copia certificada de la citada resolución a las autoridades responsables, a efecto de que se impongan del sentido en el que la misma se pronunció. En el entendido de que será este órgano jurisdiccional quien continuará con el trámite del presente asunto hasta su archivo definitivo. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Carlos Saucedo Ramírez, secretario que autoriza y da fe. Jessy* VÍA ELECTRÓNICA OFICIO. 435/2018 JUEZ PRIMERO DE DISTRITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN, CON SEDE EN SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA. SECC. AMPAROS. PRAL. 1076/2017. Por medio del presente acuso a usted recibo de su oficio 177/2018, por medio del cual remite el juicio de amparo 1076/2017, del índice de este Juzgado de Distrito, promovido por Alfredo Guillén Ramírez y otro, en el que se emitió la sentencia constitucional respectiva, relativo al cuaderno auxiliar 146/2018-III, de su índice. Protesto a Usted mi atenta consideración y respeto. Zacatecas, Zacatecas, a seis de abril de dos mil dieciocho. Iván Ojeda Romo. Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en la ciudad del mismo nombre.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LOS TERCEROS INTERESADOS ALFREDO GUILLÉN RAMÍREZ Y GUILLERMO SALAS MARTÍNEZ, TANTO EL AUTO DICTADO POR ESTE JUZGADO FEDERAL EL SEIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, ASÍ COMO LA SENTENCIA DE FECHA CUATRO DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, EMITIDA POR EL JUEZ PRIMERO DE DISTRITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN, CON SEDE EN SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: El seis de abril de dos mil dieciocho, se da cuenta con el oficio registrado con el folio 7178 con anexo que se acompaña. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, seis de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo en que se actúa, en el que emitió la sentencia constitucional respectiva; asimismo, este juzgado se hace sabedor respecto de que la misma ha sido digitalizada y vinculada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como está ordenado en la circular CAR06/CCNO/2011 y en la diversa CAR 4/CCNO/2014. Acúsese el recibo de estilo al órgano jurisdiccional resolutor y agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese personalmente a las partes y remítase copia certificada de la citada resolución a las autoridades responsables, a efecto de que se impongan del sentido en el que la misma se pronunció. En el entendido de que será este órgano jurisdiccional quien continuará con el trámite del presente asunto hasta su archivo definitivo. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Carlos Saucedo Ramírez, secretario que autoriza y da fe. Jessy* VÍA ELECTRÓNICA OFICIO. 435/2018 JUEZ PRIMERO DE DISTRITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN, CON SEDE EN SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA. SECC. AMPAROS. PRAL. 1076/2017. Por medio del presente acuso a usted recibo de su oficio 177/2018, por medio del cual remite el juicio de amparo 1076/2017, del índice de este Juzgado de Distrito, promovido por Alfredo Guillén Ramírez y otro, en el que se emitió la sentencia constitucional respectiva, relativo al cuaderno auxiliar 146/2018-III, de su índice. Protesto a Usted mi atenta consideración y respeto. Zacatecas, Zacatecas, a seis de abril de dos mil dieciocho. Iván Ojeda Romo. Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en la ciudad del mismo nombre. SENTENCIA DE 04 DE ABRIL DE 2018. San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de abril de dos mil dieciocho. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1076/2017, promovido por Alfredo Guillén Ramírez y Guillermo Salas Martínez, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO [Presentación de la demanda]. Mediante escrito presentado el quince de diciembre de dos mil dieciocho [foja 2], en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, Alfredo Guillén Ramírez y Guillermo Salas Martínez solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad responsable y acto reclamado siguientes: Autoridad responsable: Juez de Control de la Capital. Acto reclamado: La negativa de resolver en la audiencia de fecha veintiséis de noviembre de dos mil diecisiete, la petición de declarar la nulidad de todas las pruebas obtenidas a raíz de la detención ilegal de la que fueron objeto los quejosos. La parte quejosa señaló como preceptos constitucionales vulnerados, los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO [Admisión de la demanda]. Por auto de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete [fojas 8 a 11], el Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, admitió a trámite la demanda de garantías; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó uno de marzo de dos mil diecisiete conforme al acta que obra a foja 38. TERCERO [Recepción del juicio de amparo en el juzgado auxiliar]. Mediante oficio 22/2018 de fecha siete de marzo de dos mil dieciocho, signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre; en cumplimiento al oficio STCCNO/154/2018, de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal; remitió el juicio de amparo 1076/2017, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Segunda Región con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, a este Juzgado Primero de Distrito del citado Centro Auxiliar, a fin de que se emita la sentencia correspondiente. CUARTO [Radicación en el juzgado auxiliar]. En auto de doce de marzo de dos mil dieciocho, este Juzgado Primero de Distrito Auxiliar tuvo por recibido el juicio de amparo indicado, que para efectos de registro de este órgano auxiliar se radicó con el número 146/2018-III, y se acusó el recibo respectivo. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO [Competencia]. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 1, 33 fracción IV, 35, 107, 108, 112 de la Ley de Amparo; en el Acuerdo General 24/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil quince, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como de conformidad con el oficio STCCNO/154/2018, de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en el que hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que se determinó otorgar auxilio al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre. SEGUNDO [Precisión de los actos reclamados]. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligación del Juez de Distrito de analizar la demanda de garantías en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se precisa que el acto reclamado en el presente asunto es: La resolución de fecha veintiséis de noviembre de dos mil diecisiete, en la que se declaró improcedente la solicitud de la defensa de los quejosos, respecto de que se declararan ilícitas aquellas pruebas obtenidas a raíz de la detención que no fue calificada de legal, dentro de la causa penal 1236/2017, que se radicó contra Alfredo Guillén Ramírez y Guillermo Salas Martínez, por los delitos de narcomenudeo y portación ilegal de arma. Acto que se atribuye a la Juez de Control del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas. En lo que a la precisión de los actos reclamados se refiere, sirve de apoyo el siguiente criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO [Registro No.181810. Localización: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XIX, Abril de 2004. Página: 255. Tesis: P. VI/2004. Tesis Aislada. Materia(s): Común], en el cual estableció que para lograr la fijación del acto reclamado debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, e incluso a la totalidad del expediente del juicio, a fin de atender a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo. TERCERO [Certeza de actos]. Es cierto el acto que se reclama al Juez de Control del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas, consistente en la resolución de fecha veintiséis de noviembre de dos mil diecisiete, dictada en la causa penal 1236/2017, por así haberlo manifestado al rendir su informe justificado [foja 21]. Certeza que se corrobora con el disco compacto remitido por el Juez responsable, al que se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: Época: Décima Época Registro: 2004362 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 43/2013 (10a.) Página: 703 VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. CUARTO [Estudio de fondo]. Al no advertir que se actualice alguna causa de improcedencia, se procede al análisis de los conceptos de violación formulados por los quejosos, los que se contienen en el escrito de demanda de amparo, y que en este apartado se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, ya que no existe obligación de transcribirlos, ello con apoyo en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN" [Registro No. 164618. Localización: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXI, Mayo de 2010. Página: 830. Tesis: 2a./J. 58/2010. Jurisprudencia. Materia(s): Común]. Los solicitantes del amparo expresaron los conceptos de violación que enseguida se sintetizan. I. Que la Juez responsable viola lo previsto en el artículo 17 Constitucional, toda vez que al omitir realizar el pronunciamiento respecto a la ilicitud de las pruebas recabadas, contraviene la garantía de justicia pronta. II. Que la autoridad responsable contraviene lo dispuesto por el artículo 16 Constitucional, toda vez que no funda ni motiva la negativa a resolver sobre la ilicitud de las pruebas planteada por la defensa. III. Que la autoridad responsable viola lo previsto en el artículo 14 Constitucional, toda vez que debió dar el cauce legal al incidente de ilicitud de pruebas planteado por la defensa, pues pierde de vista que el artículo 264 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que se considera prueba ilícita cualquier dato de prueba obtenido con violación a los derechos fundamentales. QUINTO [Análisis sistemático de los conceptos de violación]. Es infundado el concepto de violación sintetizado en el punto I, en el que la parte quejosa aduce que se viola lo previsto en el artículo 17 Constitucional al no existir pronunciamiento respecto a la ilicitud de las pruebas planteada, pues contrario a lo que sostiene, del análisis del disco versátil digital se desprende que la juez responsable, una vez que se realizó la solicitud por parte de la defensa, emitió un pronunciamiento en el sentido de que no era posible atender la incidencia planteada al ignorar los restantes datos de prueba recabados por el fiscal investigador durante la detención de los imputados, pues desconoce la carpeta de investigación; de igual forma, sostuvo que esa circunstancia no impedía que la defensa, en el momento procesal oportuno, en caso de que se formulara imputación contra los aquí quejosos, solicitara la ilicitud de las pruebas recabadas en la referida carpeta, ya que en ese momento procesal [control de detención], únicamente se concretó a analizar la detención de los peticionarios de amparo la cual consideró ilegal [minutos 31:00 a 31:59]. De ahí que contrario a lo que sostiene, sí existió pronunciamiento por parte de la juez responsable respecto a la petición formulada por la defensa. También es infundado el concepto de violación sintetizado en el punto II, pues contrario a lo que sostienen los quejosos, si bien la juez responsable no cita precepto legal alguno en que apoye su determinación, esa circunstancia es insuficiente para considerar que existe deficiente fundamentación y motivación, ya que la juez responsable expuso las razones por las que consideró improcedente dar trámite al incidente de nulidad de pruebas ilícitas planteado por la defensa, en específico que, al ignorar los restantes datos de prueba recabados por el fiscal investigador no era factible analizar la ilicitud de las pruebas que obran en la carpeta de investigación; de igual forma, precisó que, en caso de formularse imputación contra los quejosos, la defensa estaba en aptitud de hacerlo valer y así, ser susceptible de verificar si existen pruebas obtenidas de manera ilícita para proceder a su declaración [minutos 31:00 a 31:59], lo cual se estima jurídicamente correcto, dado que el artículo 264, del Código Nacional de Procedimientos Penales establece: "Artículo 264. Nulidad de la prueba Se considera prueba ilícita cualquier dato o prueba obtenidos con violación de los derechos fundamentales, lo que será motivo de exclusión o nulidad.- - - Las partes harán valer la nulidad del medio de prueba en cualquier etapa del proceso y el juez o Tribunal deberá pronunciarse al respecto". Por tanto, aun cuando el precepto citado establezca que la nulidad del medio de prueba podrá hacerse en cualquier etapa del proceso, se estima jurídicamente correcto que la juez responsable haya negado dar trámite a dicha incidencia, pues en la etapa en que se encontraba [control de detención], únicamente analizó el parte informativo y puesta a disposición de los quejosos, en el que se expuso la forma en que fueron detenidos y, con base en dicho dato de prueba, consideró que la citada detención había sido ilegal. De ahí que, al no exponerse los restantes datos de prueba recabados por la fiscalía, se encontraba jurídicamente impedida para analizar si existían pruebas ilícitas o no, ya que ello implicaría que el fiscal expusiera los demás medios de convicción que recabó en la carpeta de investigación para que así, la juez de control estuviese en aptitud de emitir un pronunciamiento al respecto, lo cual no es propio de esa etapa del proceso penal, ya que los imputados manifestaron su deseo de no escuchar la formulación de imputación por parte del fiscal [minutos 29:43 a 29:55]. Por tanto, la determinación adoptada por la juez de control, se estima apegada a derecho. En ese sentido, es infundado el concepto de violación sintetizado en el punto III, pues si bien en artículo 264 del Código Nacional de Procedimientos Penales, antes transcrito, prevé que se considerará prueba ilícita cualquier dato de prueba obtenido con violación a derechos fundamentales, lo cierto es que, el que se haya declarado ilegal la detención de los peticionarios de amparo, esa circunstancia, por sí sola, es insuficiente para considerar que los demás datos de prueba recabados durante la investigación son ilícitos. En efecto, la prueba ilícita es la que surge con violación a las normas constitucionales que tutelan derechos fundamentales, cuya obtención a la postre, producirá que exista prohibición en su admisión y en su valoración, es decir, para determinar cuándo una prueba debe reputarse ilícita, tendrá que analizarse el proceso para su obtención, si se realizó de forma fraudulenta o bajo una conducta ilícita, lo que en su caso resultaría violatorio de los derechos fundamentales. También es preciso mencionar, que no toda irregularidad en la forma de practicar una diligencia de investigación o de obtención de prueba conducirá necesariamente a considerarla ilícita, pues para ello hay que determinar cuál es la causa u origen de la ilicitud, a la luz de los derechos humanos contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, del análisis de la audiencia de control de detención, se desprende que el único dato de prueba expuesto por el fiscal fue el parte informativo y puesta a disposición de los imputados, en el que se narró la forma en que fueron sorprendidos y detenidos desplegando la conducta ilícita, es decir, únicamente se precisó cómo es que los elementos aprehensores se percataron de la forma en que los imputados cometían los hechos ilícitos que la ley prevé como delitos. Por tanto, se estima jurídicamente correcto que la juez de control haya declarado improcedente la solicitud de tramitar el incidente de nulidad de pruebas ilícitas planteado por la defensa, ya que al no haber sido expuestos los demás datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, la juez responsable no estaba en aptitud de emitir un pronunciamiento sobre la forma en que se obtuvieron dichos medios de convicción, es decir, si se consideran apegados a la ley o se consiguieron con violación a derechos fundamentales, pues al haberse negado los quejosos a escuchar la imputación por parte del fiscal, no se expusieron los restantes datos de prueba, para que así, la autoridad responsable tuviese elementos para determinar si eran ilícitos o no. Por ende, al no ser el momento procesal oportuno para determinar la ilicitud de las pruebas, no existe violación alguna a lo previsto en el artículo 14 Constitucional; además, no debe perderse de vista que si bien, la detención puede declararse ilegal, no todos los datos de prueba que existan en la carpeta de investigación corren la misma suerte, pues el descubrimiento que existió de los objetos que fueron hallados en el vehículo que tripulaban los imputados, no puede considerarse que fueron obtenidos de manera ilícita, ya que esa circunstancia tendrá que ser valorada por el juez correspondiente, en caso de que se solicite audiencia de formulación de imputación, en donde la defensa tendrá el derecho de controvertir si la obtención de diversos datos de prueba son ilegales o no. En lo conducente, se cita la tesis siguiente: Época: Décima Época Registro: 2015004 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 45, Agosto de 2017, Tomo IV Materia(s): Penal Tesis: I.1o.P.50 P (10a.) Página: 3031 PRUEBA ILÍCITA. SI EXISTEN PRUEBAS QUE SE DESAHOGARON DESPUÉS DE QUE SE DECLARÓ LA DETENCIÓN ILEGAL DEL SENTENCIADO, ÉSTAS NO NECESARIAMENTE DEBEN TENER ESE CARÁCTER Y EXCLUIRSE DE VALORACIÓN, SI SE ACTUALIZA EL SUPUESTO DE LA TEORÍA DEL DESCUBRIMIENTO INEVITABLE. Cuando la detención del sentenciado se declara ilegal, por regla general, todas las pruebas derivadas y directamente relacionadas con ésta deben declararse ilícitas y excluirse de valoración; sin embargo, cuando existen probanzas que se desahogaron después de la detención, como las declaraciones ministeriales de testigos de cargo, éstas no necesariamente deben declararse ilícitas y excluirse, si se actualiza el supuesto de la teoría del descubrimiento inevitable, adoptada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. CCCXXVI/2015 (10a.), de título y subtítulo: "PRUEBA ILÍCITA. LÍMITES DE SU EXCLUSIÓN.", porque inevitablemente esas declaraciones surgirían a la vida procesal o se hubiesen allegado a la causa penal por el curso de las investigaciones, hipótesis que se presenta cuando con anterioridad existía una denuncia de hechos, en la cual, el denunciante hizo referencia a esos testigos, por lo que sus declaraciones ineludiblemente se hubiesen descubierto, aun cuando no se hubiera detenido al sujeto activo del delito; por tanto, por el transcurso de la averiguación, iniciada por la denuncia, inevitablemente hubiera llevado al llamamiento de esos atestes a la indagatoria penal. Por tanto, si la juez responsable únicamente analizó la forma en que se llevó a cabo la detención de los imputados, se estima ajustado a derecho que haya sostenido que, en ese momento procesal, no era factible analizar si los restantes datos de prueba eran ilícitos o no, en primer término, porque no fueron expuestos por la fiscalía y, en segundo lugar, debido a que no tenía en su poder la carpeta de investigación, es decir, únicamente valoró el parte informativo y puesta a disposición, en el aspecto relativo a la detención de los aquí quejosos, lo cual se estima jurídicamente correcto. En lo conducente, se cita la jurisprudencia siguiente: Época: Décima Época Registro: 2012186 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II Materia(s): Constitucional Tesis: 1a./J. 8/2016 (10a.) Página: 723 DEMORA EN LA PUESTA A DISPOSICIÓN DEL DETENIDO EN FLAGRANCIA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO. LA VALORACIÓN DEL PARTE INFORMATIVO U OFICIO DE PUESTA A DISPOSICIÓN DE LOS AGENTES APREHENSORES, DEBERÁ ATENDER A LA INDEPENDENCIA FÁCTICA Y SUSTANCIAL DE LA DETENCIÓN Y LA PUESTA A DISPOSICIÓN. Esta Primera Sala ha determinado que la violación al derecho fundamental del detenido a ser puesto a disposición del Ministerio Público sin demora, genera la anulación de la declaración del detenido, así como la invalidez de todos los elementos de prueba que tengan como fuente directa la demora injustificada, y aquellas recabadas por iniciativa de la autoridad aprehensora, sin conducción y mando del Ministerio Público; no así las pruebas obtenidas estrictamente con motivo de la detención en flagrancia, a menos que se acredite la existencia de vicios propios de la misma detención. En ese tenor, la valoración probatoria del parte informativo u oficio de puesta a disposición de los agentes aprehensores, deberá atender a la independencia fáctica y sustancial de esos dos momentos -detención y puesta a disposición-, para lo cual se tendrá que fragmentar el contenido informativo del parte u oficio, conforme a dos elementos sustanciales: a) la descripción de las circunstancias que motivaron la intervención de la policía y aquellas en las que tuvo lugar la detención del inculpado, así como la relación de los objetos y evidencias aseguradas en esa acción; y b) todas aquellas referencias a circunstancias y medios de prueba obtenidos por la policía, que derivan directamente de la demora injustificada en la puesta a disposición del detenido, o que hayan sido recopilados con motivo de una investigación policial no dirigida y controlada por el Ministerio Público. Hecho lo anterior, se deberá excluir de la valoración probatoria únicamente lo relativo al segundo inciso, pues conforme a los parámetros establecidos por esta Primera Sala, la violación en cuestión sólo afecta la información relacionada con la siguiente acción que se debe realizar al detenerse a una persona, que es su presentación oportuna ante el Ministerio Público, sin que ello ocurra con la relativa al primer inciso, siempre y cuando la detención se ajuste al parámetro constitucional de la flagrancia. En tales condiciones, lo procedente es negar la protección de la Justicia Federal solicitada. Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 103, fracción I y 107 constitucionales, 74, 75, 78, 107 fracción I, de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Alfredo Guillén Ramírez y Guillermo Salas Martínez, contra el acto reclamado y la autoridad responsable precisados en el considerando segundo, por las razones expresadas en esta sentencia. Notifíquese a las partes en términos de ley, por conducto del juzgado de origen. Cúmplase. Así lo resolvió y firma el licenciado Pedro Arroyo Soto, Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, ante el licenciado Raúl Antonio Herrera Herrera, secretario que autoriza y da fe, hasta hoy cuatro de abril de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy Fe.
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