Alfredo Efraín Icedo Valenzuela

Expediente 899/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 13 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
899/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
14/11/2022

Partes del expediente

  • Alfredo Efraín Icedo Valenzuela

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta se hizo constar que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso e) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con la sentencia de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, por la que se determinó sobreseer este juicio de amparo, y que así, hicieran valer el recurso de revisión en su contra, sin que lo hayan hecho; en consecuencia, con apoyo en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme. Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido. Orden de destrucción. Por lo que ve a este sumario constitucional, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Depuración del incidente de suspensión. Asimismo, procédase a la depuración del cuaderno original del incidente de suspensión al haberse concedido la medida cautelar tanto en lo provisional, como en lo definitivo, en términos del artículo 21, inciso c) del Acuerdo General citado en el párrafo anterior. Y en atención a la fracción II, inciso a) del artículo 20 del aludido Acuerdo General, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión; por ende, remítase al legajo correspondiente. Oposición de datos personales. Asimismo, de las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Información reservada. De igual forma, hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 899/2022, promovido por Alfredo Efraín Icedo Valenzuela, por conducto de su apoderado, contra actos del Gobernador del Estado de Jalisco y otras autoridades; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado electrónicamente el dos de mayo de dos mil veintidós y turnada a este Juzgado Decimocuarto Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, Alfredo Efraín Icedo Valenzuela, por conducto de su apoderado, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que en él precisó, señaló como vulnerados los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite. El doce de mayo de dos mil veintidós, previa prevención y registro del expediente bajo el número 899/2022, se admitió la demanda; se ordenó requerir a las autoridades responsables por su informe de ley; se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado, que reforma y adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así´ como al acuerdo 41/2018, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, entre otras cuestiones, al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; por tratarse de un amparo en materia administrativa y reclamarse actos de autoridades residente en la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, se precisa que de la lectura integral de la demanda y del escrito aclaratorio, se advierte que lo es: 1. De Cristina Maleny de Anda Delgado, Policía Vial de la Comisaría Vial de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, así como del Secretario de Transporte del Estado de Jalisco, se reclama: A) La cédula de notificación de infracción 34222775-1, a través de la cual no solamente se concretó la desposesión del vehículo marca MCLAREN, tipo COUPE, línea 720S, serie SBM14DCB9JW000422, modelo 2018 y placas de circulación TMK6365, sino que también se impuso al quejoso una multa por sendas infracciones viales. 2. Del Depósito Vehicular número 2 dependiente del Director de Depósitos Vehiculares de la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco, así como de Adolfo Eletvan Chávez Manzo, Director de Depósitos Vehiculares de la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco se reclama: A) El depósito del vehículo de que se trata, bajo la figura de guardia y custodia, junto con los efectos relativos. 3. Del Congreso del Estado de Jalisco, se reclama: A) El decreto por el cual se emitió la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, en particular, los artículos 169, fracción I, 44, 70, fracción I, 182, fracción II, 174 y 176. 4. Del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, se reclama: A) La promulgación del Reglamento General de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, en concreto, los artículos 108, fracción I, 106, fracción I y 136, fracción IV. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No son ciertos los actos atribuidos al Secretario de Transporte, que se hicieron consistir en la cédula de notificación de infracción 34222775-1, a través de la cual no solamente se concretó el desposeimiento del vehículo marca MCLAREN, tipo COUPE, línea 720S, serie SBM14DCB9JW000422, modelo 2018 y placas de circulación TMK6365, sino que también se impuso al quejoso una multa por sendas infracciones viales, porque al rendir el informe justificado negó expresamente su certeza. Ello es así, pues más allá de que la parte quejosa exhibiera una prueba eficaz encaminada a desvirtuar la negativa de que se trata, la inexistencia de dichos actos reprochados a la autoridad que nos ocupa, se demuestra con las constancias existentes en el presente juicio, en las cuales se advierte que quien participó únicamente en tales actos no fue aquel Secretario, sino la Policía Vial de la Comisaría Vial de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco de Transporte, o sea, Cristina Maleny de Anda Delgado. Por tanto, se sobresee en el juicio, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto de los actos atribuidos al Secretario de Transporte. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las demás responsables, ya que así lo manifestaron al rendir su informe justificado, motivo por el cual debe tenerse por cierto lo reprochado, pues su manifestación constituye una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Cobra aplicación en el caso, la jurisprudencia, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Esta certeza se corrobora más aún con la circunstancia de que las leyes no están sujetas a prueba, dado que se trata de un hecho notorio derivado de su publicación a través del medio oficial de comunicación relativo, tal como sucedió en el caso que nos ocupa. Es aplicable al tópico, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis 2a./J. 65/2000, de la Novena Época, con número de registro 191452, visible a página 260, tomo XII, que es del tenor literal siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Por lo anterior, no hay duda de que en este juicio de amparo quedó plenamente acreditada la existencia de los actos reclamados por la parte quejosa, desde luego, en los términos de que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. QUINTO. Análisis de la procedencia del juicio. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo análisis que se haga de los conceptos de violación vertidos por el promovente, el órgano jurisdiccional debe analizar, de oficio, la procedencia del asunto, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen las partes o no. Extemporáneo. Se advierte, de oficio, que en este juicio se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que en lo que interesa, prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos (.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días salvo:...(.) "Artículo 18.-Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de entrada en vigor". De la lectura de los preceptos legales transcritos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los cuales no se promueva el amparo dentro del término de quince días, contados a partir del día siguiente: a) Al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. b) Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución. c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En consecuencia, cuando un gobernado estima que sufrió una afectación en su esfera jurídica motivada por un acto de autoridad susceptible de impugnarse vía juicio de amparo, debe ineludiblemente plantear su demanda dentro del término de quince días siguientes a cualquiera de las tres hipótesis que regula el citado precepto, luego, si no obstante tener conocimiento de la existencia de un acto que transgrede sus derechos fundamentos, deja transcurrir el plazo que para ejercitar la acción respectiva prevé la propia ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, tal conducta, según el criterio del legislador, debe tomarse como manifestación tácita de conformidad con la mencionada actuación supuestamente lesiva de sus derechos. En el caso, el quejoso reclama la cédula de infracción 34222775-1 y sus efectos que radican en el desposeimiento, multa y resguardo del vehículo marca MCLAREN, tipo COUPE, línea 720S, serie SBM14DCB9JW000422, modelo 2018 y placas de circulación TMK6365, de lo cual, refirió que tuvo conocimiento el veintiséis de abril de dos mil veintidós. Sin embargo, lo anterior se encuentra desvirtuado, dado que de las constancias certificadas que integran el presente sumario, que merecen valor pleno, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la ley de la materia, se aprecia que tuvo conocimiento del contenido de la cédula de infracción 34222775-1, a las veintitrés horas con veinte minutos del seis de agosto de dos mil veintiuno (folio 93 de autos), tal como se observa de la siguiente imagen: De lo anterior, se desprende que en esa data, a la parte quejosa se le hizo del conocimiento del acto reclamado, dado que se observa su nombre, fecha, hora y su firma a un costado, o sea, el impetrante tuvo conocimiento directo y pleno de los actos reclamados que nos ocupan, justamente, al momento de su realización, ya que se realizaron en su presencia y se le hicieron del conocimiento personalmente, se insiste, desde el seis de agosto de dos mil veintiuno. En tales condiciones, la presentación de la demanda de amparo resulta inoportuna, ya que del seis de agosto de dos mil veintiuno, que es la fecha en que el impetrante tuvo conocimiento pleno y directo de los actos de que se trata, por estar presente y entenderse directamente con él esos actos, al dos de mayo de dos mil veintidós, que fue cuando se presentó la demanda de amparo, transcurrieron casi nueve meses, lo que, desde luego, excede en demasía los quince días que para tal efecto prevén los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo. Tal como se ilustra a continuación: AGOSTO 2021 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 2 3 4 5 6 Fecha del conocimiento 7 8 9 -1- Inicio del plazo 10 -2- 11 -3- 12 -4- 13 -5- 14 15 16 -6- 17 -7- 18 -8- 19 -9- 20 -10- 21 22 23 -11- 24 -12- 25 -13- 26 -14- 27 -15- Conclusión del plazo 28 29 30 31 Siendo que la parte quejosa presentó vía electrónica su demanda de amparo hasta el día dos de mayo de dos mil veintidós, tal como se aprecia de la siguiente imagen: En consecuencia, al no haberse promovido la demanda de amparo en estudio, dentro del término a que se contraen los preceptos 17 y 18 de la Ley de Amparo, debe entenderse que el quejoso consintió tácitamente los actos reclamados de que se trata, actualizándose la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia. Orienta lo anterior la tesis: "DEMANDA DE GARANTÍAS. EXTEMPORANEIDAD DE LA. Es correcto el actuar del juez de Distrito al dar el trámite correspondiente a una demanda de garantías, y que al momento de dictar su resolución constitucional sobresea en el juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que al rendir el informe justificado la autoridad responsable acompañó las constancias que estimó pertinentes y el juez de amparo advirtió que la demanda de garantías era extemporánea pues de las referidas constancias se desprendía la extemporaneidad de la misma, además de que el juez federal con la sola presentación de la demanda no podía advertir esa circunstancia, pues en ella la parte quejosa expresó que en determinada fecha se enteró del acto de molestia, por lo cual en ese momento el juez no estaba en aptitud de advertir la extemporaneidad de la demanda". En congruencia con todo esto la improcedencia del amparo, claro está, abarca las normas atacadas en la vía que nos ocupa, dado el estrecho vínculo jurídico que hay entre las disposiciones y su acto de aplicación, desde luego, a efecto de la procedencia del juicio de amparo contra leyes, pues cuando, como en la especie, se trata de un juicio de amparo contra leyes, el juzgador no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, precisamente, porque ese acto de aplicación es el que causa perjuicio al promovente, mas no las normas jurídicas por sí solas, sin duda, consideradas en abstracto. En esas condiciones, lo conducente en el caso es decretar el sobreseimiento en este amparo, en términos del artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, lo cual, sin duda, abarca o se hace extensivo al acto de aplicación de las normas jurídicas, como las propias disposiciones legales. Al respecto, cabe citar las tesis de jurisprudencia sustentadas por el más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto dicen así: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación." (Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 2. Amparo contra leyes Primera Parte - SCJN Segunda Sección. Tesis: 149. Página: 3750.) "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 2. Amparo contra leyes Primera Parte - SCJN Sexta Sección. Tesis: 348. Página: 4034.) Por último, dado el sentido que orienta el fallo que ahora nos ocupa, este juzgador está jurídicamente imposibilitado para abordar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos atacados en este juicio, pues la principal consecuencia del sobreseimiento es, justamente, dar por concluido el juicio sin entrar al fondo del asunto, lo que se extiende al acto de ejecución, por no reclamarse vicios propios al respecto. Por su aplicación, son de citarse las tesis sustentadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos, rubro y texto son los que siguen: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." (Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen: 187-192 Primera Parte. Página: 88.) "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995. Tomo: VI, Parte SCJN. Tesis: 509. Página: 335.) Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 73, 74 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Alfredo Efraín Icedo Valenzuela. Notifíquese y personalmente.

  3. Incidental

    Se resuelve.- ÚNICO. Es infundado el incidente de exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional de doce de mayo de dos mil veintidós, promovido por Gilberto Cardona Gómez Verea, apoderado legal de la parte quejosa, por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, a quince de junio de dos mil veintidós. Autoridad informa en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Téngase por recibido el comunicado que signa la Coordinadora General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS o Comisión Federal) en representación del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite copias certificadas del oficio CAS/DEREPSQ/11883/2020, en el que deja insubsistente el oficio de quince de noviembre de dos mil diecinueve, que constituye el acto reclamado en este juicio, y, en su lugar, emitió otro en el que otorgó al quejoso la autorización sanitaria para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos -adquirir la semilla, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar- del estupefaciente "cannabis" (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: A6a (10a), A6a (7), A7, A8, A9, A10, A9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana, estableciendo los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla y los fines, así como las limitantes de dicha autorización, estableciendo la autoridad responsable entre otras cosas que, la concesión del amparo no es para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refieran a la enajenación y/o distribución de las sustancias antes aludidas, y el ejercicio del derecho no debe perjudicar a terceros. Dese vista y córrase traslado. En razón de lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, debiendo correrle traslado con el comunicado y anexos de cuenta, para que, dentro del plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga; en el entendido de que con manifestación o sin ella se proveerá lo conducente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, ante Diana Ulloa Hernández, secretaria que autoriza y da fe. RAAG/DUH/hmre

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