Alfonso Zacarías Amezcua Zepeda

Expediente 2039/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2039/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
17/02/2022

Partes del expediente

  • Alfonso Zacarías Amezcua Zepeda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Como se advierte de la certificación que antecede, transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso e) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara con la sentencia de diez de enero de dos mil veintidós, por la que se sobreseyó en el juicio e hiciera valer el recurso de revisión en su contra, sin que lo haya hecho, en consecuencia, con apoyo en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme. Orden de archivo. En consecuencia, toda vez que el presente asunto se encuentra concluido, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente como asunto concluido. Toda vez que en el presente asunto se sobreseyó en el juicio, el expediente se encuentra en el supuesto previsto en el inciso a) del artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por tanto, será destruible una vez que transcurra el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo. Oposición de datos personales. Asimismo, de las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Se ordena devolver documentos. Finalmente, devuélvase los documentos que acompañó la responsable Director Jurídico Contencioso de la Sindicatura del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco mediante oficio registrado bajo folio 24883, toda vez que no es necesario ya resguardarlos.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 2039/2021, promovido por Alfonso Zacarías Amezcua Zepeda, por derecho propio, contra actos del Comisario General de la Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco, y otras autoridades; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno y turnado a este Juzgado Decimocuarto Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, Alfonso Zacarías Amezcua Zepeda, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que en él precisó, y señaló como vulnerados los derechos fundamentales previstos en los artículos 1º, 5º, 13, 14, 16, 17, 123, apartado B, fracción VI y 127 de la Constitución Federal y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite. El veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, previa prevención y ratificación de firma cumplida, se admitió a trámite la demanda de protección de derechos fundamentales, misma que se había registrado con el número 2039/2021; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que en derecho correspondía al Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción y señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado, que reforma y adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así´ como al acuerdo 41/2018, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, entre otras cuestiones, al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; por tratarse de un amparo en materia administrativa y reclamarse actos cuya ejecución se verificó en la jurisdicción territorial de este juzgado de distrito SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, se precisa que de la lectura integral de la demanda, se advierte que lo es: La omisión del pago íntegro del estímulo ordinario denominado "Estímulo a la Perseverancia", correspondiente al año dos mil veintiuno. TERCERO. Existencia de la materia de reclamo. Es cierto el acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables, pues no obstante que las autoridades señaladas como responsables lo negaron al rendir su informe justificado, de las documentales públicas consistentes en los recibos de nómina originales aportados por el quejoso, la constancia laboral por él exhibida, los cuales no fueron rebatidos por las autoridades en cita, se evidencia su certeza; documentales a las que se otorga eficacia probatoria plena en términos de los artículos 129 y 202 del Enjuiciamiento Civil Federal supletorio de la Ley de Amparo. CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo análisis que se haga de los conceptos de violación vertidos por el promovente, el órgano jurisdiccional debe analizar, de oficio, la procedencia del asunto, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen las partes o no. Sobre el particular, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al existir un medio de defensa ordinario contra el acto reclamado por el que puede ser modificado, revocado o nulificado, dicho dispositivo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior". De lo transcrito con anterioridad se observan las siguientes reglas a fin de que se actualice el supuesto de improcedencia del juicio de amparo, a saber: I) que en contra del acto reclamado proceda un recurso que pueda modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; II) que la ley que establezca el juicio o medio de defensa que rija el acto, no exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva en el amparo; III) que el plazo no sea mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional; IV) que no se aleguen violaciones directas a la Constitución; y, V) que dicho medio de impugnación se encuentre establecido en una ley formal, es decir, expedida por el órgano legislativo competente. Ciertamente, el principio de definitividad que rige al juicio de garantías en materia administrativa encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos con anterioridad, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Ello es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses, se abre el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo. Lo anterior, porque si se pasan por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos administrativos no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, pues de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública, lo cual no es permitido conforme a la técnica del juicio de garantías. Sentado lo anterior, conviene precisar que el principio de definitividad que rige el juicio de protección de derechos humanos, tiene que ver con la naturaleza jurídica de ésta, pues no es un recurso, sino un medio extraordinario de defensa que sólo procede respecto a actos definitivos, con relación a los cuales no exista algún recurso cuya interposición pueda dar lugar a la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado; y en el supuesto del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo que se examina, atañe a los actos de autoridades no judiciales, como lo son las administrativas o fiscales; el cual no es absoluto sino que admite algunas excepciones, a saber: a) Que no tendrán que agotarse esos recursos, juicios o medios de defensa legales, antes de promover el amparo, si en virtud de la interposición de ellos no se obtiene la suspensión de los efectos de los actos de las citadas autoridades. b) Tampoco tendrán que agotarse esos recursos, juicios o medios de defensa legales, antes de promover el amparo, para obtener la suspensión de los efectos de los actos de autoridad administrativa o fiscal, si se exigen mayores requisitos que los que la Ley de Amparo señala para conceder la suspensión provisional. c) De igual forma, no es indispensable la promoción del medio ordinario de defensa, cuando únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal. d) Finalmente el supuesto en examen, prevé una excepción más al apuntado principio, que se actualiza en los casos en que el acto carezca de fundamentación, lo que se justifica, pues es inútil impugnar previamente lo carente de respaldo jurídico, que de suyo es inconstitucional en sí mismo, por violar el artículo 16 constitucional, dada la omisión de fundamentación; además por la propia naturaleza de los actos administrativos que de ordinario nacen de manera unilateral de parte de las autoridades sin intervención del particular, que de esa forma no tiene oportunidad de conocer, si la autoridad que la emite tiene competencia para hacerlo y si dentro de sus facultades se encuentra precisamente el actuar en la forma conocida, por lo que se hace imprescindible invocar su fundamentación para que el particular pueda defenderse de manera adecuada. Es aplicable al caso concreto, la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.),del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2017117, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." De ahí la importancia de que las partes interesadas agoten los medios de defensa que la ley que rija el acto reclamado prevea para tal efecto. En ese sentido, el acto reclamado es impugnable mediante el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, en términos de lo establecido en el artículo 1, primer párrafo, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, bajo su última reforma publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", el nueve de septiembre de dos mil veintiuno, el cual dispone: "Artículo 1. El juicio en materia administrativa tiene por objeto resolver las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre las autoridades del Estado, las municipales y de los organismos descentralizados de aquellas, con los particulares. Igualmente, de las que surjan entre dos o más entidades públicas de las citadas en el presente artículo. Procede el juicio en materia administrativa en contra de disposiciones normativas de carácter general siempre que no se trate de leyes emanadas del Congreso. En estos casos la demanda deberá interponerse en contra del primer acto de aplicación, ante las Salas del Tribunal de Justicia Administrativa. Para efectos del párrafo anterior, se entiende por disposiciones normativas de carácter general los reglamentos locales y municipales, así como los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones administrativas de observancia general. También procede el juicio en materia administrativa en cualquier otro caso que expresamente determinen las leyes. El juicio en materia administrativa no procede en contra de las resoluciones de los recursos de revisión y de transparencia, en materia de información pública y protección de datos personales emitidas por el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Cuando la resolución recaída a un recurso administrativo, no satisfaga el interés jurídico del recurrente y éste la controvierta en el juicio en materia administrativa, se entenderá que simultáneamente impugna la resolución recurrida en la parte que continúa afectándolo, pudiendo hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso. Asimismo, cuando la resolución a un recurso administrativo declare por no interpuesto o lo deseche por improcedente, siempre que el Tribunal de Justicia Administrativa determine la procedencia del mismo, el juicio en materia administrativa procederá en contra de la resolución objeto del recurso, pudiendo en todo caso hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso. En estos casos, tal prerrogativa no implica la oportunidad de exhibir en juicio los medios de prueba que, conforme a la ley, debió presentar en el procedimiento administrativo de origen o en el recurso administrativo respectivo para desvirtuar los hechos u omisiones advertidos por la autoridad administrativa, estando en posibilidad legal de hacerlo". En ese tenor, el artículo 4, punto 1, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, establece lo siguiente: "Artículo 4. Tribunal - Competencia 1. En materia de justicia administrativa, el Tribunal tiene competencia para conocer y resolver de las controversias jurisdiccionales: I. En contra de actos o resoluciones de autoridades pertenecientes a las administraciones públicas, estatal o municipales: a) Que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares y se consideren definitivos en los términos de la legislación aplicable; (.)". En tales condiciones, previo a la interposición de la demanda de amparo, el quejoso debió agotar el juicio de nulidad respectivo, y, al no contar con alguna constancia que permita concluir que haya sido así, es evidente que no cumplió con las exigencias del principio de definitividad. Como se adelantó, el quejoso reclama la omisión del pago íntegro del estímulo ordinario denominado "Estímulo a la Perseverancia", correspondiente al año dos mil veintiuno; entonces, debe recordarse que el numeral que contiene la causa de improcedencia en estudio -fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo-, señala que para que sea obligatorio agotar los medios de defensa ordinarios, las leyes que los prevean puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. De lo anterior, se deduce que los conceptos jurídicos que se utilizan para el otorgamiento de la suspensión, consisten en: 1) Alcances. 2) Requisitos. 3) Plazos. Aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad. Esto sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla y, por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Es importante destacar que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo hace referencia a la no exigibilidad de mayores requisitos, lo cual significa que si la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio de defensa, señala mayores requisitos que los previstos en la referida ley para conceder la suspensión definitiva, el principio de definitividad no debe regir en ese caso concreto y, en consecuencia, la parte quejosa no deberá agotar el medio ordinario de impugnación previamente a promover el juicio de amparo. Luego, es necesario comparar las medidas cautelares establecidas en la Ley de Amparo y la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, a efecto de determinar si la legislación citada en último lugar prevé mayores requisitos y menores alcances que los establecidos en la Ley de Amparo. En ese sentido, la suspensión del acto reclamado, prevista en Capítulo IX, de las Medidas Cautelares, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, bajo su última reforma, se encuentra regulada, entre otros, por los artículos del 66 al 70 Octies, que se transcriben a continuación. "Artículo 66. Una vez iniciado el juicio administrativo, salvo en los casos en que se ocasione perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público, y con el fin de asegurar la eficacia de la sentencia, el Magistrado Instructor podrá decretar la suspensión de la ejecución del acto impugnado, así como todas las medidas cautelares positivas necesarias, para evitar que quede sin materia el juicio o se cause daño irreparable a la parte demandante. Las medidas cautelares positivas se decretarán, entre otros casos, cuando, tratándose de situaciones jurídicas duraderas, se produzcan daños substanciales al actor o una lesión importante del derecho que pretende por el simple transcurso del tiempo. Para esto, será necesario realizar una apreciación preliminar, sobre la legalidad de la resolución administrativa impugnada, de manera que, para conceder tales medidas, bastará la comprobación de la apariencia del buen derecho, a fin de mantener la situación de hecho existente en el estado que se encuentra". "Artículo 67. La solicitud de medidas cautelares, presentada por la parte demandante o su representante legal, se tramitará y resolverá con el incidente respectivo, de conformidad con lo siguiente: La promoción en donde se soliciten las medidas cautelares señaladas, deberá contener los siguientes requisitos: I. Señalar los hechos que se pretenden resguardar; y II. Manifestar el interés suspensional del promovente y expresar los motivos por los cuales solicita la suspensión o medida cautelar positiva. La parte promovente deberá adjuntar copia de la solicitud, para cada una de las partes y autoridades relacionadas, a fin de correrles traslado. En caso de no cumplir con los requisitos previstos en las fracciones I y II del presente artículo, se tendrá por no interpuesto el incidente. La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala Unitaria, y podrá ser presentada en cualquier tiempo, hasta antes de que se dicte sentencia definitiva". "Artículo 68. El incidente de suspensión se tramitará por cuerda separada. El Magistrado instructor deberá proveer lo conducente sobre las medidas cautelares provisionales peticionadas, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud, y en dicho acuerdo, ordenará correr traslado a quien se impute el acto administrativo o los hechos objeto de la controversia, pidiéndole un informe que deberá rendir en un plazo de cuarenta y ocho horas siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo respectivo. Si no se presenta el informe requerido o si éste no se refiere específicamente a los hechos que le impute el promovente, se presumirá cierto el acto o resolución impugnada, para el sólo efecto de resolver la materia del incidente. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado de Sala Unitaria, en un término máximo de cinco días, resolverá en definitiva la promoción formulada". "Artículo 69. Tratándose de créditos fiscales podrá suspenderse su ejecución, pero tal suspensión sólo surtirá efectos si, quien la solicita, garantiza su importe ante: I. La Secretaría de la Hacienda Pública del Estado cuando el crédito fuere estatal; II. La Tesorería del municipio que corresponda, cuando el crédito fuere municipal; III. La Secretaría de la Hacienda Pública del Estado cuando el crédito fuere a favor de alguna entidad pública paraestatal del Estado; IV. La Tesorería del municipio que corresponda, cuando el crédito fuere a favor de una entidad pública paraestatal municipal; y V. La Tesorería del municipio que corresponda al domicilio del actor, cuando el crédito fuere a favor de una entidad pública intermunicipal. En el caso de las fracciones III y IV del presente artículo, cuando se trate de organismos descentralizados que tengan el carácter de organismos fiscales autónomos, la garantía se depositará en su tesorería. La garantía a que alude el primer párrafo de este artículo no se exigirá cuando se trate de sumas que, a juicio de la Sala, excedan las posibilidades de quien deba prestarla, o cuando se trate de persona distinta del obligado directamente al pago, caso en el cual podrá garantizarse el crédito en cualquiera de las formas permitidas por la legislación fiscal aplicable. En los casos en que proceda la suspensión, pero que pueda ocasionar daños y perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con ella se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el juicio". "Artículo 70. En los casos en los que la suspensión o las medidas cautelares solicitadas puedan causar daños a terceros, el Tribunal las ordenará siempre que la parte demandante otorgue garantía bastante para reparar, mediante indemnización, los daños y perjuicios que con ellas pudieran causarse, si no obtiene sentencia favorable en el juicio. Esta garantía deberá expedirse a favor de los terceros que pudieran tener derecho a la reparación del daño o a la indemnización citada y quedará a disposición de la Sala Unitaria correspondiente. Si no es cuantificable la indemnización respectiva, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía, expresando los razonamientos lógicos y jurídicos respectivos. Si se carece por completo de datos que permitan el ejercicio de esta facultad, se requerirá a las partes afectadas para que proporcionen todos aquéllos que permitan conocer el valor probable del negocio y hagan posible la fijación del monto de la garantía. Por su parte, la autoridad podrá obligarse a resarcir los daños y perjuicios que se pudieran causar al particular; en cuyo caso, el Tribunal, considerando las circunstancias del caso, podrá no dictar las medidas cautelares. En este caso, si la sentencia definitiva es contraria a la autoridad, el Magistrado, deberá condenarla a pagar la indemnización administrativa que corresponda". "Artículo 70 Bis. Las medidas cautelares positivas y la suspensión de la ejecución del acto impugnado, podrán quedar sin efecto, si la contraparte exhibe contragarantía para indemnizar los daños y perjuicios que pudieran causarse a la parte actora. Además, la contragarantía deberá cubrir los costos de la garantía que hubiese otorgado la parte demandante, la cual comprenderá, entre otros aspectos, los siguientes: I. Los gastos o primas pagados, conforme a la ley, a la empresa legalmente autorizada que hubiere otorgado la garantía; II. Los gastos legales de la escritura respectiva y su registro, así como los de cancelación y su registro, cuando la parte actora hubiere otorgado garantía hipotecaria; III. Los gastos legales acreditados para constituir el depósito; y/o IV. Los gastos efectivamente erogados para constituir la garantía, siempre que estén debidamente comprobados con la documentación correspondiente. No se admitirá la contragarantía, si de ejecutarse el acto impugnado, o de no concederse la medida cautelar queda (sic) sin materia el juicio, o cuando resulte en extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes del inicio del juicio, lo cual deberá ser motivado por el Magistrado. Cuando el solicitante de la suspensión o medida cautelar positiva obtenga sentencia favorable firme, el Magistrado de Sala Unitaria ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte, o en su caso del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala Unitaria ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad" "Artículo 70 Ter. En los casos en que las medidas cautelares positivas o la suspensión del acto impugnado sean procedentes, se concederá en forma tal (sic), que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto o resolución impugnada, hasta dictarse resolución firme en él; a no ser que la continuación de dicho procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse a la parte demandante". "Artículo 70 Quáter. Cuando apareciere debidamente probado que ya se resolvió sobre las medidas cautelares en otro juicio de nulidad, promovido con anterioridad por la misma parte demandante o por otra persona en su nombre o representación, contra el mismo acto impugnado y contra las mismas autoridades, se declarará sin materia el incidente de suspensión". "Artículo 70 Quinquies. Las medidas cautelares otorgadas de manera provisional del acto o resolución impugnada dejarán de surtir sus efectos a partir del momento en que se dicte la interlocutoria que resuelva en definitiva si se otorga o se niega lo peticionado, o bien, transcurra el término improrrogable de quince días contados a partir del día siguiente en que haya sido concedida; lo que ocurra primero". "Artículo 70 Sexies. La resolución que conceda o niegue las medidas cautelares de manera definitiva, podrá modificarse o revocarse de oficio o a petición de parte, cuando ocurra un hecho superveniente que lo motive, mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria en el juicio en materia administrativa, debiendo tramitarse en la misma forma que el incidente a que alude el presente capítulo". "Artículo 70 Septies. Para la ejecución y cumplimiento de las resoluciones que otorguen la suspensión del acto impugnado, así como todas las medidas cautelares que se prevén en este capítulo; se observarán las disposiciones a que se refiere (sic) los artículos 10 y 104 de esta Ley; pudiendo este Tribunal en su caso, cuando la naturaleza del acto lo permita, hacer cumplir la resolución correspondiente". "Articulo 70 Octies. Tratándose del incumplimiento de la resolución que conceda la suspensión de la ejecución del acto impugnado o alguna otra de las medidas cautelares previstas en esta Ley, procederá la queja mediante escrito interpuesto en cualquier momento hasta antes de que se dicte sentencia definitiva. En el escrito en que se interponga la queja se expresarán los hechos por los que se considera que se ha dado el incumplimiento y en su caso, se acompañarán los documentos en que consten las actuaciones de la autoridad que pretenda vulnerar la suspensión o la medida cautelar otorgada. El Magistrado pedirá un informe a quien se impute el incumplimiento, que deberá rendir dentro del plazo de tres días, en el que, en su caso, se justificará el acto o la omisión que provocó la queja. Vencido dicho plazo, con informe o sin él, el Magistrado Instructor resolverá en un plazo máximo de cinco días. Si la Sala resuelve que hubo incumplimiento, declarará la nulidad de las actuaciones realizadas en violación a la suspensión o de otra medida cautelar otorgada; y ordenará su cumplimiento en los términos del artículo que antecede". En tanto que, la Ley de Amparo regula la medida cautelar, entre otros, en los artículos, 128, 130, 132, 135, 136 y 138, 139, 142, 144 y 147, en los cuales se precisa: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva". "Artículo 130. La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria". "Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos". "Artículo 135. Cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía o dispensar su otorgamiento, en los siguientes casos: I. Si realizado el embargo por las autoridades fiscales, éste haya quedado firme y los bienes del contribuyente embargados fueran suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal; II. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del quejoso; y III. Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. En los casos en que se niegue el amparo, cuando exista sobreseimiento del mismo o bien cuando por alguna circunstancia se deje sin efectos la suspensión en el amparo, la autoridad responsable hará efectiva la garantía". "Artículo 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aún cuando sea recurrido. Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional. Al vencimiento del plazo, dicho órgano, de oficio o a instancia de parte, lo notificará a las autoridades responsables, las que podrán ejecutar el acto reclamado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, el quejoso podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional". "Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, en su caso, acordará lo siguiente: I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes". "Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional". "Artículo 142. La falta de informe previo hará presumir cierto el acto reclamado para el sólo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva. Tratándose de amparo contra normas generales, las autoridades que hayan intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la norma general o en su publicación, únicamente rendirán el informe previo cuando adviertan que su intervención en el proceso legislativo o de creación de la norma general, se impugne por vicios propios. La falta del informe previo de las autoridades legislativas, además de lo señalado en el párrafo anterior, no dará lugar a sanción alguna". "Artículo 144. En la audiencia incidental, a la cual podrán comparecer las partes, se dará cuenta con los informes previos; se recibirán las documentales que el órgano jurisdiccional se hubiere allegado y los resultados de las diligencias que hubiere ordenado, así como las pruebas ofrecidas por las partes; se recibirán sus alegatos, y se resolverá sobre la suspensión definitiva y, en su caso, las medidas y garantías a que estará sujeta". "Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo". De lo anterior, se desprende que el momento en que puede solicitarse la medida cautelar, está regulado en el artículo 130 de la Ley de Amparo en confrontación con el 67 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, mientras que los alcances de la suspensión, se prevé en los numerales 147 de la Ley de Amparo y 66 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. Así, los puntos de divergencia son que el artículo 130 de la Ley de Amparo, prevé que podrá pedirse la suspensión del acto en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria; en tanto que el numeral 67 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, dispone que la suspensión podrá solicitarse en cualquier etapa del juicio hasta antes del dictado de la sentencia definitiva. Como se advierte, existe una diferencia en el plazo en que habrá de solicitarse la medida cautelar, pues, mientras en el juicio de amparo podrá pedirse en cualquier momento, hasta que no se dicte sentencia ejecutoria; en el juicio administrativo será hasta antes de que se dicte la sentencia definitiva en primera instancia. Sin embargo, dicha exigencia no es, propiamente, un requisito que deba cumplir el quejoso para el otorgamiento de la suspensión, sino el momento procesal en el que podrá solicitarse su otorgamiento, ello en atención a las particularidades que rigen a cada uno de los juicios, por tanto, no se trata de un elemento comparativo, pues la Ley de Amparo no prevé que para que opere la excepción al principio de definitividad de que se trata, las leyes que establezcan el recurso, juicio o medio de defensa susceptible de modificar el acto, deban contener esquemas suspensionales idénticos o semejantes en cuanto a requisitos de procedencia y efectividad, pues únicamente exige que las leyes que rigen el acto no deben contener más requisitos para conceder la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo, con similares alcances y en plazos no mayores. Sin que haya lugar a añadir otros requisitos para que opere la excepción aludida más que aquellos que el Constituyente y el legislador ordinario han establecido. De ahí que, aun cuando las etapas procesales en las que puede solicitarse el otorgamiento de la medida cautelar son distintas, pues tratándose del juicio de amparo, se puede solicitar en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria y en el juicio contencioso administrativo, hasta antes del dictado de la sentencia definitiva, ello no exime al quejoso de agotar el principio procesal, pues se insiste, éstas no constituyen elementos comparables para resolver si se ubica o no en el supuesto de excepción. En efecto, dicho requisito sólo se refiere a la temporalidad o etapa procesal en que se puede solicitar y otorgar la medida, lo que no se vincula con cuestiones de procedencia y efectividad de la medida cautelar. Lo cual concuerda con lo expuesto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 102/2002-SS, entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito y los Tribunales Colegiados Décimo Tercero y Décimo Segundo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, en sesión de veintidós de noviembre de dos mil dos, en donde analizó, entre otros supuestos, si las disposiciones contenidas en el ahora derogado artículo 208 Bis, fracción II, del Código Fiscal de la Federación que establecía que la suspensión se podía solicitar por escrito presentado en cualquier tiempo, hasta que se dicte sentencia, constituía, o no, un requisito mayor que los que la Ley de Amparo consignaba para conceder la suspensión y, por tanto, si constituía una excepción al principio de definitividad. En esa ejecutoria se precisó que la circunstancia de que la suspensión en el juicio de nulidad se pudiera solicitar en cualquier tiempo hasta que se dictara sentencia; y que el incidente de suspensión en el juicio de amparo pueda promoverse en cualquier tiempo, mientras no se dicte sentencia ejecutoria, únicamente tenía el propósito de fijar la preclusión del derecho del interesado a solicitar la suspensión de la ejecución del acto, es decir, precisar el límite de tiempo en que se puede ejercer tal prerrogativa, después de transcurrido el cual queda extinguido, mas no el de impedir que tal derecho se ejerza con antelación, desde el lapso comprendido de la presentación de la demanda hasta el dictado de la sentencia, en la inteligencia de que el lapso es suficientemente amplio para darle oportunidad al interesado de solicitar el beneficio suspensional y sólo podría considerarse como una desventaja cuando se limitara al momento de presentar la demanda de nulidad. En ese tenor, la circunstancia de que en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se establezca que la suspensión podrá solicitarse en cualquier etapa del juicio hasta antes del dictado de la sentencia definitiva, únicamente precisa el límite de tiempo en que se puede ejercer tal derecho, mas no el de impedir que el mismo se ejerza; aunado a que, en la ejecutoria señalada en párrafos precedentes, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el lapso comprendido que va desde la presentación de la demanda hasta el dictado de la sentencia, es suficientemente amplio para darle oportunidad al interesado de solicitar el beneficio suspensional. De ahí que, la etapa procesal en que se puede solicitar y otorgar la medida, no se vincula con cuestiones de procedencia y efectividad de la misma. En esas condiciones, el análisis comparativo de ambas legislaciones, evidencia que tanto en el juicio administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud del interesado, respecto de la cual, ambas legislaciones son coincidentes en el plazo en que se deberá proveer dicha solicitud. Además, ambas legislaciones son coincidentes en establecer que la autoridad jurisdiccional deberá tomar las medidas pertinentes a efecto de conservar la materia del juicio correspondiente y con el fin de que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Máxime, que con la nueva reforma a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", el nueve de septiembre de dos mil veintiuno, en el juicio de nulidad ya no resulta necesario demostrar el interés jurídico como requisito a efecto de que se decrete la medida cautelar solicitada, y por tanto perdió aplicación la jurisprudencia 2a./J.104/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al verse superada con el texto legal reformado. Dicho criterio jurisprudencial establece: "CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO. NO ES NECESARIO AGOTAR ESE JUICIO ANTES DEL AMPARO PUES SE DA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD AL ESTABLECERSE EN EL ARTÍCULO 67, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE ESE ESTADO MAYORES REQUISITOS PARA LA SUSPENSIÓN QUE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO. Al instituirse en el precepto citado que quien solicite la suspensión de los actos reclamados deberá justificar su interés jurídico, se contiene un requisito adicional de los que exige el artículo 124 de la Ley de Amparo, para conceder dicha medida suspensional, en atención a que la única condición que establece el citado numeral respecto a la instancia de parte, es el contenido en la fracción I, relativo a que tal medida debe ser solicitada expresamente al órgano jurisdiccional respectivo. Por tanto, si en la Ley de Amparo no se establece como obligación del solicitante de la medida cautelar, que tenga que justificar su interés jurídico al pretender la medida suspensiva y, en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se exige expresamente la comprobación de este extremo, es obvio, que son mayores los requisitos exigidos en la Ley antes citada que en la Ley de Amparo, lo que determina que se está en el caso de excepción al principio de definitividad que rige el juicio de garantías, por lo que éste resulta procedente de conformidad con el contenido del artículo 73, fracción XV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Carta Magna, sin que sea necesario acudir previamente al juicio contencioso administrativo". Por ende, dado que fue eliminado el requisito de acreditar el interés jurídico para el otorgamiento de la suspensión provisional, sino que basta la simple manifestación del interés suspensional, así como el hecho de que el plazo para el otorgamiento de ésta es de veinticuatro horas siguientes a la solicitud; es inconcuso que con la descrita reforma a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, ya no se prevén mayores requisitos para el otorgamiento de la suspensión provisional y existe obligación para los gobernados de agotar el citado medio ordinario de defensa previo a acudir al juicio de amparo, a fin de cumplir el principio de definitividad. Asimismo, no se actualiza la causa de excepción al principio de definitividad consistente en que el recurso o medio ordinario de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia, ya que como fue demostrado con anterioridad, el medio de defensa relativo se establece en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. Ello es así, si se toma en consideración que la demanda de amparo se presentó el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, cuando ya había entrado en vigor la reforma de que se habló. En consecuencia; procede sobreseer en el presente juicio de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Alfonso Zacarías Amezcua Zepeda, contra los actos reclamados de las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, a veinte de diciembre de dos mil veintiuno. Informe justificado. Se tiene por recibido el comunicado que signa el Director Jurídico de lo Contencioso de la Sindicatura del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, mediante el cual con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo rinde informe justificado, en representación de la Comisaría General de Seguridad Pública, Dirección Administrativa de Seguridad Pública, Dirección de Recursos Humanos y la Unidad de Nóminas del citado ayuntamiento. Pruebas. Se tiene a la responsable ofreciendo como pruebas de su parte las documentales que anexa a su informe las cuales, con fundamento en los numerales 119 y 123 de la Ley de la materia, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. Vista a las partes. Con fundamento en lo dispuesto en el canon 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, dese vista a las partes con el referido informe y las constancias respectivas, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Nombra delegados. Atento a lo que solicita, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se le tiene nombrando como sus delegados en términos del citado numeral a las personas que refiere en su oficio de cuenta por así solicitarlo expresamente. Manifestaciones a manera de alegatos y causales de improcedencia. Asimismo, formula las manifestaciones que a manera de alegatos expresa, acorde al numeral 124 de la Ley de Amparo, y hace valer causales de improcedencia las cuales, en caso de ser procedentes, serán tomadas en consideración al momento de dictar la sentencia que en derecho corresponda. Autorización de uso de medios electrónicos. De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y como lo peticiona la autoridad oficiante, se le autoriza a las personas que propone el uso de medios electrónicos tales como cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares con dispositivos fotográficos o similares con el fin de reproducir las actuaciones que obran en el presente expediente, previo razón de uso que dejen en autos. En el entendido, que deberá contar con los medios para su reproducción (cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos), así como si se trata de documentos cuya difusión este reservada por disposición legal. Asimismo, dígasele a la solicitante que el uso que le dé a las copias obtenidas como cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, será bajo su más estricta responsabilidad. Resulta aplicable en el presente caso la siguiente tesis que establece: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran" Notifíquese.

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, a veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el escrito signado por José Francisco Pérez Espinoza, en su carácter de perito oficial, mediante el cual rinde el dictamen pericial que le fue solicitado en autos, el cual ya se encuentra debidamente ratificado. Con lo anterior, dese vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por la secretaria Lorena Guadalupe Frías Oviedo, que autoriza y da fe. RAAG/LGFO/maa

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