Alfredo Carrillo León
Expediente 215/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 215/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Alfredo Carrillo León
Actuaciones
- Principal
Ténganse por recibidos los oficios de idéntico contenido 12075/2021, provenientes del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, al que adjunta el juicio de amparo 433/2021-3 de su índice, promovido por ...; al considerar que no corresponde a ese juzgado federal conocer del mismo, por razón de turno, al encontrarse relacionado con el juicio de amparo 215/2021 de la estadística de este órgano jurisdiccional, en razón de que los actos que reclama tienen su origen en la causa penal 157/2007-Vl del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México. Acúsese recibo de estilo al juzgado declinante, asimismo, infórmesele que este órgano federal se avoca al conocimiento del asunto. Ahora bien, atendiendo a los argumentos plasmados en la misiva de cuenta y previa copia certificada que se deje en autos, remítase el original a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, así como con sus anexos (juicio de amparo 433/2021-3) para que por su conducto los haga llegar a este juzgado, asignando el turno correspondiente. Lo anterior, tal como lo prevé el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el catorce de marzo de la presente anualidad, en el Diario Oficial de la Federación, que reforma y adiciona el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común, a fin de equilibrar las cargas de trabajo. Cúmplase.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el término de cinco días, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja, contra el auto de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda que dio origen a este juicio de amparo; en consecuencia, se declara que dicha determinación ha causado estado; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, ARCHÍVESE este expediente como asunto concluido. Notifíquese y, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Visto el escrito de demanda y copias, presentados por ..., contra actos del Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 215/2021-V. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo y copia del auto de ocho de marzo de dos mil veintiuno dictado en la causa penal 157/2007-VI que se anexó, se aprecia que resulta notoriamente improcedente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, 173, apartado A, fracción IV y 171, de la Ley de Amparo. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: (. ) Apartado A. Sistema de Justicia Penal Mixto. (.) IV. El juez no actúe con secretario o con testigos de asistencia, o cuando se practiquen diligencias en forma distinta de la prevenida por la ley. (.)" "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Es importante destacar que respecto de los actos de cuyos efectos sean de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, interpretó el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, concluyendo que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Destacando que el legislador secundario dispuso dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, cuya afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Así, si los actos de ejecución reclamados son reparables, por no afectar de manera inmediata los derechos sustantivos del quejoso, el juicio de amparo es improcedente al tratarse de una violación procesal, esto es, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. En el caso, se advierte que respecto del acto reclamado consistente en el auto de ocho de marzo de dos mil veintiuno, a través del cual el juez responsable señaló que las conclusiones acusatorias de la representación social fueron presentadas en tiempo y forma, se actualiza la causal de improcedencia invocada, en razón de que no tiene sobre las personas una ejecución que sea de imposible reparación porque dicho acto no causa de inmediato una situación de imposible reparación y su trascendencia sería posterior, por lo que se trata de una infracción meramente adjetiva que no afecta de manera material ningún derecho sustantivo del quejoso, en virtud de que en el caso de que ese proceder fuese ilegal o transcendiera al resultado del fallo, podría reclamarla con motivo del dictado de otros actos que se analice su trascendencia. Por tanto, sólo mediante su revisión o bien, en el amparo directo, puede realmente determinarse de manera cierta si la actuación del juzgador amerita la reposición procedimental, lo anterior ya que el haber tenido como válida la presentación de las conclusiones del Ministerio Publico formuladas, en su caso, fuera del plazo legal, constituye una violación a las normas del procedimiento penal prevista en el artículo 173, apartado A, fracción IV de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo que antecede, la tesis de jurisprudencia P./J. 6/1991 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la páginas cinco, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VIII, Agosto de 1991, que precisa: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Y la tesis IX.2o.30 P emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, diciembre de 2003, página 1473, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: "VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO ANÁLOGA A LA PREVISTA EN LA SEGUNDA PARTE DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 160 DE LA LEY DE AMPARO. CUANDO EL JUEZ TENIENDO LA OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR EN FORMA PERSONAL AL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PRESENTAR SUS CONCLUSIONES DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL, NO LO HACE Y EN SU LUGAR ACEPTA COMO VÁLIDAS LAS PRESENTADAS EXTEMPORÁNEAMENTE POR EL FISCAL. El Código de Procedimientos Penales para el Estado de San Luis Potosí dispone en su artículo 321: "Cerrada la instrucción, se mandará poner la causa a la vista del Ministerio Público, por diez días, para que formule conclusiones por escrito. Si el expediente excediere de doscientas fojas, por cada cien de exceso o fracción, se aumentará un día al plazo señalado, sin que nunca sea mayor de quince días hábiles.-Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior sin que el Ministerio Público haya presentado conclusiones, el Juez de oficio deberá informar mediante notificación personal al procurador general de Justicia acerca de esta omisión, para que dicha autoridad presente u ordene la formulación de las conclusiones pertinentes, en un plazo de cinco días hábiles, contados desde la fecha en que se le haya notificado la omisión, sin perjuicio de que se apliquen las sanciones que correspondan, pero si el expediente excediere de doscientas fojas, por cada cien de exceso o fracción se aumentará un día en el plazo señalado, sin que nunca sea mayor de quince días hábiles.-Si transcurren los plazos a que alude el párrafo anterior sin que se presenten las conclusiones, el Juez tendrá por formuladas las de no acusación y el procesado será puesto en inmediata libertad, sobreseyéndose el proceso."; mientras que en su diverso artículo 77 establece: "Los términos son improrrogables y empezarán a correr el día siguiente al de la fecha de la notificación, salvo en los casos dispuestos en este código.", como en el caso, el Ministerio Público omitió presentar las conclusiones dentro del término legal, pues las exhibió extemporáneamente, es evidente que el Juez de la causa imperativamente, por disposición de la ley, debió informar mediante notificación personal tal omisión al procurador general de Justicia del Estado para que fuese éste el que decidiera por sí presentar u ordenar, en su caso, la formulación de las conclusiones pertinentes en el término legal. Ello debido a que sólo puede formular el Ministerio Público conclusiones dentro del plazo que para tal efecto se le concede y por ello el Juez en lugar de haber tenido como válida la presentación de las conclusiones del Ministerio Público formuladas fuera del plazo legal, debió ordenar la notificación personal al procurador para el efecto antes explicado. De tal suerte que la apuntada omisión del juzgador, vinculada al hecho de haberle atribuido validez a la presentación que hizo el Ministerio Público de las conclusiones, no obstante su calidad de extemporáneas, que le sirvieron de base para continuar normalmente la tramitación del proceso hasta el dictado de la sentencia condenatoria, debe considerarse como una violación a las normas del procedimiento análoga a la establecida por la fracción IV del artículo 160 de la Ley de Amparo, en la parte en que establece "cuando se practiquen diligencias en forma distinta de la prevenida por la ley." con infracción a los derechos del quejoso, al haber actuado el Juez en forma contraria a la prevenida por el artículo 321 del código citado.". En esas condiciones, se concluye que el juicio de amparo es improcedente, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 63, fracción V, 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, 173,apartado A, fracción IV y 171, de la Ley de Amparo, por lo que se debe desechar la presente demanda. No obstante lo anterior, en el particular también se advierte la actualización de la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. .XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 31 así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Cabe destacar que para agotar el principio de definitividad, establecido en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, es necesario interponer los recursos ordinarios correspondientes, entendiéndose por éstos, los medios de impugnación que tienen derecho de hacer valer las partes, para combatir las resoluciones que consideren les irroga perjuicio, dichos recursos se interponen generalmente ante el juzgado o tribunal de mayor jerarquía y de manera excepcional ante el mismo juzgador, con el objeto de que dicha resolución sea revocada, modificada o anulada. Establecido lo anterior, es menester señalar lo establecido en los artículos 361, 362 y 367 del Código Federal de Procedimientos Penales, que establecen: "Artículo 361. Solamente los autos contra los cuales no se conceda por este Código el recurso de apelación, serán revocables por el tribunal que los dictó. También lo serán las resoluciones que se dicten en segunda instancia antes de la sentencia." "Artículo 362. El plazo para interponer el recurso de revocación y ofrecer pruebas será de cinco días, contados a partir de que surta efectos la notificación de la resolución que se impugna. El tribunal resolverá el recurso oyendo a las partes en una audiencia que se efectuará dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación que se haga a la parte que no interpuso el recurso, acerca de la admisión de éste. En la audiencia se desahogarán las pruebas ofrecidas, se escuchará a las partes y se dictará resolución, contra la que no procede recurso alguno. Si no es posible que en esa audiencia concluya el desahogo de pruebas, el juez podrá convocar, por una sola vez, a otra audiencia." "Artículo 367. Son apelables en el efecto devolutivo: I. Las sentencias definitivas que absuelven al acusado, excepto las que se pronuncien en relación con delitos punibles con no más de seis meses de prisión o con pena no privativa de libertad, en los términos del primer párrafo del artículo 152; II. Los autos en que se decrete el sobreseimiento en los casos de las fracciones III a VI del artículo 298 y aquéllos en que se niegue el sobreseimiento. III. Los autos en que se niegue o conceda la suspensión del procedimiento judicial; los que concedan o nieguen la acumulación de autos; los que decreten o nieguen la separación de autos; los que concedan o nieguen la recusación; III bis. Los autos que ratifiquen la constitucionalidad de una detención a que se refiere el párrafo sexto del artículo 16 constitucional; IV. Los autos de formal prisión; los de sujeción a proceso; los de falta de elementos para procesar; y aquéllos que resuelvan situaciones concernientes a la prueba. V. Los autos en que se conceda o niegue la libertad provisional bajo caución; los que concedan o nieguen la libertad por desvanecimiento de datos, y los que resuelvan algún incidente no especificado; VI. Los autos en que se niegue la orden de aprehensión o se niegue la citación para preparatoria. Estos autos sólo son apelables por el Ministerio Público. VII. Los autos que nieguen el cateo, las medidas precautorias de carácter patrimonial, el arraigo del indiciado o la prohibición de abandonar una demarcación geográfica; VIII. Los autos en que un tribunal se niegue a declarar su incompetencia por declinatoria, o a librar el oficio inhibitorio a que se refiere el artículo 436, y IX. Las demás resoluciones que señala la Ley." En estas condiciones, si la parte quejosa no hizo valer en contra del auto de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el recurso ordinario de defensa, esto es, el recurso de revocación, en términos del Código Federal de Procedimientos Penales -al no ubicarse dentro de los supuestos del de apelación-, previo a la promoción de este juicio bi-instancial, este último, resulta notoriamente improcedente, ello es así, puesto que el agraviado debió haber interpuesto el recurso citado, mediante el cual el auto combatido podría haber sido reparado ante la autoridad que hubiere conocido del mismo; máxime que el acto aquí reclamado no se encuentra en alguno de los supuestos de excepción a que se refieren los artículos 61 fracción XVIII y 107 de la Ley de Amparo, pues no se trata de actos que importen peligro de una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal, ni de los que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; por tanto al no haberse agotado el principio de definitividad, la vía constitucional no es la procedente. En consecuencia, al surtirse las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 XVIII y XXIII, ésta última en relación con el 107, fracción V, 173, apartado A, fracción IV y 171, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. DE LA PARTE QUEJOSA: El quejoso señaló el interior del Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México, para oír y recibir notificaciones; en esas condiciones, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificarle personalmente esta determinación, así como las subsecuentes, en el lugar de su reclusión. Se tiene por autorizada a la licenciada Evelyn Ramos Plata en los términos indicados, quien tiene el carácter de defensora particular del aquí promovente en la causa penal 157/2007-VI, como se advierte de la documental exhibida. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" Y SOLICITUD DE ALGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN En términos del artículo 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se les exhorta a que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, esto es, a) Promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; b) Consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo; y, c) Solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Para lo cual, deberán solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. La actuación por este medio requerirá de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, conforme con lo dispuesto en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General en cita, se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. AUTORIZACIÓN DE MEDIOS DIGITALES Con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y en atención a lo dispuesto en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite fotocopiar los acuerdos que se emitan en el presente asunto a través del medio digital correspondiente, para lo cual se procurará evitar fotocopiar, fotografiar o escanear, las firmas y sellos que aparezcan en éstos; con excepción de las constancias respecto de las que, en su caso, se deba guardar sigilo, por lo que, únicamente las podrán tener a la vista en el plazo que para tal efecto establece la ley de la materia. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Con base a lo dispuesto por el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 9, 16, 68, 110, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, este juzgado está constreñido a garantizar el acceso a la información pública, así como a proteger los datos personales con los que cuenta, con motivo de la demanda de amparo que se provee, llevando a cabo las versiones públicas correspondientes, en las que deberán testarse las secciones reservadas o confidenciales, ello en pleno respeto a una interpretación armónica de los artículos mencionados y en atención al principio pro persona, como así lo establece el último párrafo del artículo 6 del ordenamiento citado. HABILITACIÓN AL ACTUARIO Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilita al actuario judicial para que en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen, las cuales deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal Notifíquese y, personalmente al quejoso en el lugar de su internamientos.
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