Alfredo Carrillo León

Expediente 129/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 21 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
129/2020
Año
2020
Actuaciones
21
Última actuación
24/01/2022

Partes del expediente

  • Alfredo Carrillo León

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio 70-lll-A signado por la secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con el que remite el juicio de amparo 129/2020, diez tomos de pruebas, un disco compacto, así como testimonio de la resolución emitida en el toca INCONFORMIDAD 25/2021, en la cual resolvió declarar infundada la inconformidad interpuesta; en consecuencia, realícense las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente; agréguese el cuaderno de antecedentes; y, hágase del conocimiento de las partes. Asimismo, se hace constar que este juicio no es de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa en éste y en los cuadernos incidentales que derivan del mismo, no se encontraron valores, ni documentos originales exhibidos por las partes. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN -una vez transcurran tres años- al haberse concedido la protección constitucional y carecer de relevancia documental. En cuanto al original del incidente de suspensión dado que fueron negadas las medidas cautelares, se decreta que -una vez transcurran tres años- es susceptible de destrucción, mismo destino que tendrá el duplicado del incidente de suspensión -una vez transcurra el término de seis meses-. Al resultar innecesaria la conservación de los tomos de pruebas remitidos por las autoridades responsables, devuélvanseles sin que haya necesidad de solicitar el acuse de recibo correspondiente, pues como tal se tendrá la constancia en la que obre el sello de recibido. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la nueva ley de la materia, ARCHÍVESE este expediente como asunto concluido. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    Agréguese el oficio de cuenta, procedente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mediante el cual acusa recibo del diverso por el que se le remitieron los autos originales del juicio de amparo 129/2020; original y copia del escrito mediante el cual interpuso recurso de inconformidad el quejoso ..., contra los autos de nueve y dieciocho de noviembre del año en curso, en los que se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo e infundada la denuncia de repetición del acto reclamado respectivamente; diez tomos de pruebas; y, un disco compacto, informando que el citado medio de impugnación se admitió a trámite y quedó registrado con el número de inconformidad 25/2021, de su índice; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguese el escrito de cuenta signado por el quejoso ..; en atención a su contenido, se advierte que aparentemente se inconforma contra el auto de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, donde se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto y contra la resolución de la denuncia de repetición del acto reclamado; en esas condiciones, se le tiene interponiendo inconformidad en contra de los autos de nueve y dieciocho de noviembre del año en curso. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 201 y 203 de la ley de la materia, en relación con el instrumento normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el diecisiete de septiembre de dos mil trece, por el que se modifican los puntos segundo, fracción XVI; cuarto, fracción IV; octavo, fracción I; noveno, al que se adiciona un párrafo segundo; y décimo tercero, párrafo segundo, del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos del Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito; fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo con las constancias necesarias y remítanse los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en turno, para la substanciación de la inconformidad planteada, lo anterior hágase del conocimiento de las autoridades responsables y tercero interesada. Notifíquese.

  4. Principal

    Visto los autos para resolver la repetición del acto reclamado relativo al juicio de amparo 129/2020, que denunció la parte quejosa. R E S U L T A N D O: Trámite del juicio de amparo Los antecedentes que dieron origen a la pretensión de la parte quejosa son los siguientes: Mediante sentencia terminada de engrosar el diecinueve de enero de dos mil veintiuno, este juzgado concedió el amparo y protección que de la justicia Federal solicitó ..., contra el auto dictado el siete de febrero de dos mil veinte en la causa penal 157/2017, del índice del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, para los siguientes efectos: 1. La autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado; 2. En su lugar emita otro en el que subsane el argumento falaz de petición de principio; 3. De no encontrar alguna causa que imposibilite el estudio de fondo de la cuestión planteada, aperture el incidente propuesto; y, 4. En el dictado de la resolución correspondiente, considere lo lineamientos dictados y, con plenitud de jurisdicción, fundando y motivando, resuelva lo que estime procedente. Las directrices señaladas en el fallo fueron que el juez responsable debía de abstenerse de realizar consideraciones de fondo para el caso que determinara la improcedencia del incidente propuesto. De considerar que la incidencia solicitada era procedente debía resolver el fondo del asunto, fundando y motivando. Para resolver sobre el cómputo de la prisión preventiva debía de ponderar que se trataba de una extradición activa, que este procedimiento no excluye al sujeto de gozar las garantías que consagra la constitución y, debería tomar en cuenta además que, la prisión preventiva comprende el tiempo en que la persona permanece detenida con motivo de los hechos, salvo que esa persona obtenga el beneficio provisional. Inconforme con la sentencia, el Ministerio Público de la adscripción interpuso recurso de revisión, resuelto mediante sesión ordinaria de veintidós de abril de dos mil veintiuno por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, confirmando la determinación impugnada. Mediante oficio 191/VI, el juez responsable transcribió el acuerdo de veinte de mayo de la anualidad en curso en el que dejó sin efectos el proveído de siete de febrero de dos mil veinte, que constituyó el acto reclamado y por el que se concedió el amparo y protección solicitado, además, indicó que no obstante haberse declarado cerrada la instrucción, el estudio de la incidencia era adecuado y ordenó sustanciarla por separado, indicando, entre otros, que una vez que emitiera la resolución interlocutoria la haría del conocimiento de este juzgado. Asimismo, a través del oficio 192/VI transcribió el auto de veinte de mayo de este año, en el que se advierte que aperturó el incidente no especificado solicitado y ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera. El veinticinco de octubre de dos mil veintiuno se dictó la resolución interlocutoria del incidente no especificado promovido por el aquí quejoso indicando que la prisión preventiva se computó a partir del doce de junio de dos mil dieciocho, en el que recibió el oficio PGR/AIC/PFM/DGAPII/5751/2018, a través de cual diversos policías federales dieron cumplimiento a la orden de aprehensión. Para justificar su afirmación tomó en consideración diversas documentales que indica existen en el sumario de referencia de donde concluyó que .si ... se vio sujeto al procedimiento de extradición en la República de Costa Rica con motivo del reclamo de las autoridades mexicanas, dicho tratamiento en forma alguna implicó que estuviera siendo enjuiciado con motivo de los hechos que se le atribuyen en la causa penal de la que deriva este incidente; sino únicamente obedece al trámite administrativo derivado del compromiso entre los estados para entregarse recíprocamente a las personas que encontrándose en el territorio de alguna de las dos partes, sea perseguida para ser sometida a un proceso penal, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica. Cuenta habida que, en dicho procedimiento el aludido CARRILLO LEÓN no desplegó acción alguna relacionada a ejercitar su derecho con motivo de los hechos atribuidos en la causa penal de referencia, pues su intervención se limitó a acceder o no a la pretensión del Estado requirente, alegar si la petición en cuestión estaba ajustada a la legislación correspondiente o si se trataba de diversa persona a la reclamada y, no a defenderse de los hechos que en ese momento le eran atribuidos a título de probable responsable. (.) De tal suerte que, no es posible considerar como prisión preventiva el tiempo que aluden el sentenciado y su defensa en que el primero estuvo sujeto al procedimiento de extradición, aún cuando fuera motivado por los hechos que dieron origen a la causa penal de la que deriva este incidente pues en aquél momento se encontraba a disposición de la República de Costa Rica, dando cumplimiento a la sentencia que le fue impuesta en ese país, sin que por el hecho de que se le siguiera el procedimiento de extradición (sic) de referencia estuviere sujeto aún a algún procedimiento penal en la República Mexicana, por ende, se insiste, durante el procedimiento administrativo de extradición ...no tenía el carácter de procesado, acusado o sentenciado conforme a la legislación penal interna. (.) De esta manera, las constancias del ordinario revelan que, contrario a lo estimado por el incidentista y su defensa, la dilación para concretar la extradición se debió a que ...se encontraba compurgando una sanción corporal en la República de Costa Rica y, luego, con motivo de la petición del Estado Mexicano, la autoridad requerida hasta el veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, concedió la solicitud de entrega temporal en diligencias de extradición voluntaria; procedimiento que fue concretado el doce de junio de dos mil dieciocho. Concluyendo que por las razones apuntadas no había lugar a computar temporalidad alguna relativo al procedimiento administrativo que se le siguió en la República de Costa Rica. Posteriormente, la autoridad responsable realizó el cómputo de la prisión preventiva indicándole el tiempo transcurrido. Seguido, el juzgador natural analizó la necesidad de mantener la medida cautelar de prisión preventiva a la que estaba sujeto el aquí quejoso concluyendo que existe un alto peligro de sustracción de la justicia por parte del sentenciado, por lo que al no actualizarse las consideraciones previstas en el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales era improcedente modificar la medida cautelar de prisión preventiva. II. Trámite del incidente Por auto de cuatro del mes y año en curso, se admitió la denuncia de repetición del acto reclamado, y se ordenó dar vista a la autoridad responsable, para que en el plazo de tres días remitiera el informe con justificación, en torno al citado medio de impugnación. El diez posterior, se tuvo a la responsable, rindiendo informe con justificación, lo que al día siguiente fue hecho del conocimiento del directo quejoso. C O N S I D E R A N D O: Competencia Este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad es competente para conocer de la denuncia de repetición del acto reclamado, con fundamento en los preceptos 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 199 de la Ley de Amparo, por tratarse de un asunto relativo un juicio de ampro indirecto de la estadística de este órgano jurisdiccional. Efectos de la sentencia protectora En sentencia terminada de engrosar el diecinueve de enero de dos mil veintiuno, este juzgado concedió el amparo y protección que de la justicia Federal solicitó ..., contra el auto dictado el siete de febrero de dos mil veinte en la causa penal 157/2017, del índice del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, para los siguientes efectos: 1. La autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado; 2. En su lugar emita otro en el que subsane el argumento falaz de petición de principio: 3. De no encontrar alguna causa que imposibilite el estudio de fondo de la cuestión planteada, aperture el incidente propuesto; y, 4. En el dictado de la resolución correspondiente, considere lo lineamientos dictados y, con plenitud de jurisdicción, fundando y motivando, resuelva lo que estime procedente. Cumplimiento realizado por la responsable. Mediante oficio 191/VI, el juez responsable transcribió el acuerdo de veinte de mayo de la anualidad en curso en el que dejó sin efectos el proveído de siete de febrero de dos mil veinte, que constituyó el acto reclamado y por el que se concedió el amparo y protección solicitado, además, indicó que no obstante haberse declarado cerrada la instrucción, el estudio de la incidencia era adecuado y ordenó sustanciarla por separado, indicando, entre otros, que una vez que emitiera la resolución interlocutoria la haría del conocimiento de este juzgado. Asimismo, a través del oficio 192/VI transcribió el auto de veinte de mayo de este año, en el que se advierte que aperturó el incidente no especificado solicitado y ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera. El veinticinco de octubre de dos mil veintiuno se dictó la resolución interlocutoria del incidente no especificado promovido por el aquí quejoso indicando que la prisión preventiva se computó a partir del doce de junio de dos mil dieciocho, en el que recibió el oficio PGR/AIC/PFM/DGAPII/5751/2018, a través de cual diversos policías federales dieron cumplimiento a la orden de aprehensión. Para justificar su afirmación tomó en consideración diversas documentales que indica existen en el sumario de referencia de donde concluyó que .si ... se vio sujeto al procedimiento de extradición en la República de Costa Rica con motivo del reclamo de las autoridades mexicanas, dicho tratamiento en forma alguna implicó que estuviera siendo enjuiciado con motivo de los hechos que se le atribuyen en la causa penal de la que deriva este incidente; sino únicamente obedece al trámite administrativo derivado del compromiso entre los estados para entregarse recíprocamente a las personas que encontrándose en el territorio de alguna de las dos partes, sea perseguida para ser sometida a un proceso penal, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica. Cuenta habida que, en dicho procedimiento el aludido CARRILLO LEÓN no desplegó acción alguna relacionada a ejercitar su derecho con motivo de los hechos atribuidos en la causa penal de referencia, pues su intervención se limitó a acceder o no a la pretensión del Estado requirente, alegar si la petición en cuestión estaba ajustada a la legislación correspondiente o si se trataba de diversa persona a la reclamada y, no a defenderse de los hechos que en ese momento le eran atribuidos a título de probable responsable. (.) De tal suerte que, no es posible considerar como prisión preventiva el tiempo que aluden el sentenciado y su defensa en que el primero estuvo sujeto al procedimiento de extradición, aún cuando fuera motivado por los hechos que dieron origen a la causa penal de la que deriva este incidente pues en aquél momento se encontraba a disposición de la República de Costa Rica, dando cumplimiento a la sentencia que le fue impuesta en ese país, sin que por el hecho de que se le siguiera el procedimiento de estradición (sic) de referencia estuviere sujeto aún a algún procedimiento penal en la República Mexicana, por ende, se insiste, durante el procedimiento administrativo de extradición ...no tenía el carácter de procesado, acusado o sentenciado conforme a la legislación penal interna. (.) De esta manera, las constancias del ordinario revelan que, contrario a lo estimado por el incidentista y su defensa, la dilación para concretar la extradición se debió a que ...se encontraba compurgando una sanción corporal en la República de Costa Rica y, luego, con motivo de la petición del Estado Mexicano, la autoridad requerida hasta el veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, concedió la solicitud de entrega temporal en diligencias de extradición voluntaria; procedimiento que fue concretado el doce de junio de dos mil dieciocho. Concluyendo que por las razones apuntadas no había lugar a computar temporalidad alguna relativo al procedimiento administrativo que se le siguió en la República de Costa Rica. Posteriormente, la autoridad responsable realizó el cómputo de la prisión preventiva indicándole el tiempo transcurrido. Seguido, el juzgador natural analizó la necesidad de mantener la medida cautelar de prisión preventiva a la que estaba sujeto el aquí quejoso concluyendo que existe un alto peligro de sustracción de la justicia por parte del sentenciado, por lo que al no actualizarse las consideraciones previstas en el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales era improcedente modificar la medida cautelar de prisión preventiva. Síntesis de los argumentos de agravio Al respecto, resulta oportuno destacar que el quejoso en su escrito en el que además de hacer manifestaciones sobre el cumplimiento denunció la repetición del acto reclamado, vertió en esencia los siguientes argumentos sobre este último tema: La responsable no consideró las documentales consistentes en el expediente de extradición; Mantuvo el mismo criterio que utilizó en el acto reclamado; Realizó una arbitraria interpretación de la norma invocada en la resolución del asunto; y, Adelantó su criterio en la sentencia de veinte de octubre de dos mil veintiuno. V. Estudio Es infundada la denuncia de repetición del acto reclamado. De inicio, resulta necesario establecer que la presente incidencia consiste en determinar si la autoridad responsable, en un nuevo acto, reiteró los vicios de inconstitucionalidad advertidos en la ejecutoria donde se concedió el amparo, esto es, que el acto denunciado sea idéntico en su contenido, naturaleza y finalidad y, en consecuencia, reitere las violaciones formales o de fondo de las que se ocupó el fallo protector. En ese sentido, cabe destacar que la configuración del supuesto de repetición del acto reclamado exige confrontar el acto analizado en la sentencia de amparo con el diverso acto que motivó la denuncia de repetición, para determinar si entre ellos existe la reiteración en idénticos términos que permita concluir que la autoridad responsable, desconociendo el principio de cosa juzgada y la eficacia vinculatoria de los fallos constitucionales, reitera la conducta que ha sido declarada violatoria de los derechos fundamentales del quejoso. Encuentra apoyo, en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PARA DETERMINAR SI EXISTE, DEBE EFECTUARSE UN ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LA NUEVA RESOLUCIÓN DENUNCIADA COMO REPETICIÓN Y AQUELLA QUE FUE MATERIA DEL FALLO PROTECTOR. Tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, resulta ineludible para la autoridad que deba resolver el incidente que por repetición del acto reclamado se le plantee, procurarse todos los elementos de convicción necesarios para el legal pronunciamiento, siendo particularmente necesario allegarse ambas resoluciones, la reclamada y la que se denuncia como repetición, sin perjuicio de otros elementos que pudieran resultar idóneos, a fin de que el juzgador esté en posibilidad legal de efectuar el debido análisis comparativo y determinar así, mediante la correcta valoración de todos los elementos de juicio, si el acto denunciado incurre en los mismos vicios que aquel impugnado en el juicio de garantías y objeto del fallo protector. Consecuentemente, si el Juez de Distrito resuelve el incidente sin tales elementos, procede devolverle los autos para que falle con apego a derecho. Resulta importante apuntar que, al realizar la ponderación, el órgano revisor procederá oficiosamente a examinar el contenido de ambas resoluciones, con el fin de determinar si se actualiza la repetición, con independencia de los argumentos expresados por el denunciante, en razón del orden público que debe prevalecer en el cumplimiento a la sentencia de amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. MATERIA DEL INCIDENTE RELATIVO. Para comprobar la repetición del acto reclamado que regula el artículo 108 de la Ley de Amparo, no basta que la autoridad emita otro acto de la misma naturaleza y en el mismo sentido del declarado inconstitucional, sino que la esencia de esta figura implica la emisión de un acto de autoridad que reitere las mismas violaciones de garantías individuales que fueron declaradas inconstitucionales en la sentencia de amparo. Por ello, la autoridad responsable incurrirá en las sanciones previstas en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal, precisamente porque esta figura pretende asegurar el respeto de las sentencias de amparo revestidas de la firmeza de cosa juzgada. Puntualizado lo anterior, de las constancias del expediente, específicamente de las relativas a la determinación emitida por el juez responsable, el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, se advierte que sus pronunciamientos no constituyen reiteración de las violaciones por las cuales se concedió el amparo. En efecto, de la resolución emitida en cumplimiento, se desprende que la autoridad responsable dejó insubsistente la determinación reclamada, aperturó y tramitó el incidente que le fue planteado y que originalmente en el acto reclamado había desechado con argumentos de fondo, además, una vez que tramitó dicho incidente lo resolvió indicando que no era procedente el cómputo del tiempo en que Carrillo León estuvo privado de su libertad en la República de Costa Rica en razón de que ello se debió a que estaba compurgando diversa pena impuesta por tribunales de ese Estado y no por la solicitud de extradición realizada por este país. Argumentos con lo que se advierte consideró lo señalado en la ejecutoria, ya que ponderó que el impetrante fue sujeto a una extradición activa, que debía gozar de sus derechos humanos, empero, estimó que no podía computar el tiempo que estuvo privado de su libertad en aquél país en razón de que ello obedecía a que estaba compurgando otra sentencia. Para lo cual tomó en consideración las constancias que tenía en su poder de donde advirtió que la privación de la libertad del aquí quejoso en la República de Costa Rica se debió a que estaba interno con motivo de la imposición de diversa pena de prisión, por lo que resulta infundado el alegato señalado con el inciso a). Conclusión con la que si bien, mantuvo el mismo criterio que sustentó en el acto reclamado y por el que se concedió la protección solicitada, ello, contrariamente a lo que señala el impetrante en el alegato marcado con el inciso b), no significa una reiteración de éste ya que si bien en la sentencia se le constriñó a que siguiera las directrices apuntadas -lo cual como ya se vio, sí acató- se le dejó en libertad de jurisdicción para resolver lo que considerara, esto es, podía reiterar el sentido del asunto o cambiarlo de acuerdo a lo que estimara, aspecto que no fue materia de la sentencia que lo amparó. En esas consideraciones, es evidente lo infundado de la pretensión de la parte quejosa. Así, se insiste, la resolución emitida en cumplimiento de la ejecutoria de amparo contiene consideraciones propias e independientes que, sin prejuzgar acerca de su legalidad, evidencian que la responsable no efectuó una reiteración de las violaciones por las que se concedió la protección constitucional, pues, en todo caso matiza en un contexto diverso al que fue materia del fallo protector, lo que la convierte en un acto distinto y no en una repetición del reclamado. En ese tenor, es menester reiterar que en la ejecutoria de amparo se otorgó a la responsable libertad de jurisdicción, de tal forma que no estaba obligada a resolver en un sentido determinado, por lo que ello, aun cuando haya retomado algunos de los argumentos de la resolución reclamada originalmente, éstos fueron emitidos dentro del arbitrio propio a la libertad de jurisdicción reservada en la sentencia de amparo. Así, toda vez que la nueva resolución no constituye una reiteración en idénticos términos del acto reclamado, la presente incidencia resulta infundada. Finalmente, resultan inoperantes las inconformidades del amparista que fueron precisadas en los incisos c) y d), toda vez que el análisis que pretende en cuanto a la indebida interpretación de la ley y que en la sentencia adelantara el criterio que iba tener en la interlocutoria, no puede ser materia de esta determinación ya que se trata de cuestiones que forman parte del criterio jurisdiccional que si bien pueden ser revisables, son ajenas al acto reclamado y a los motivos por los que se dictó la sentencia ejecutoria en esta instancia constitucional. Dése vista a las partes para que en el plazo de quince días, contados a partir del en que surta efectos la notificación, manifiesten lo que a su derecho corresponda, en términos de lo establecido en el precepto 202 de la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado se, R E S U E L V E: ÚNICO. Es INFUNDADA la denuncia de repetición del acto reclamado. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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