Alfredo Betancourt Galaviz
Expediente 791/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 12 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 791/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 25/09/2018
Partes del expediente
- Alfredo Betancourt Galaviz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en este Juzgado Federal (fojas 110 a 112), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por auto de siete de septiembre del año en curso (foja 113), se dio vista a la parte quejosa con el referido comunicado y anexos, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa, el diez del citado mes y año (foja 114); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió para parte agraviada del doce al diecisiete de septiembre actual, sin que se realizara manifestación respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por sentencia terminada de engrosar el veintinueve de junio de este año, dentro del presente sumario constitucional (fojas 59 a 80), se determinó conceder a ********************, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que: "(.)a) Los artículos 23, fracción XIX, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit devuelva las contribuciones erogadas por el amparista con fundamento en las disposiciones anteriores, pago que fue realizado el once de abril de dos mil dieciocho, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago que se haya hecho al quejoso; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente." Es decir, los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica de la parte quejosa de los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolver al peticionario de garantías la cantidad precisada en la ejecutoria de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. Luego, en diverso proveído de treinta de julio de la presente anualidad (fojas 98 a 100), causó ejecutoria la resolución de mérito y, en consecuencia, se requirió al Secretario y Recaudador de Rentas, ambos dependientes de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado, a efecto de que dentro del término de diez días la acataran y remitieran las constancias que acreditaran el cumplimiento al fallo. En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexos presentados en la oficialía de partes de este juzgado el seis de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 110 a 112), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que había entregado el cheque número 0000781, al quejoso por la cantidad de $******************** moneda nacional); situación que acreditó con los anexos antes indicados. En ese tenor, si tenemos que al monto total de $******************** moneda nacional), monto que pagó la parte quejosa derivado de los preceptos declarados inconstitucionales, numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el once de abril dos mil dieciocho, y el cuatro de septiembre de este año se le efectuó el pago mediante el cheque correspondiente; por el cual la autoridad responsable pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria en análisis, por lo que, el periodo de actualización comprende del mes de marzo a agosto de esta anualidad (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de marzo de dos mil dieciocho fue 132.436; y para el mes de agosto de esta anualidad fue 100.492 De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 0.75879; sin embargo, cuando el resultado de la operación es menor a uno, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones será 1 de conformidad al último párrafo del citado numeral. Por tanto, resulta evidente que al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber: $******************** moneda nacional), se obtiene el mismo monto de dicha contribución. En consecuencia, se aprecia que la responsable de que se trata devolvió al promovente del amparo $******************** moneda nacional); sin embargo, éste debía reintegrarle la diversa de $******************** moneda nacional), es decir, tiene un excedente de $27.32 (veintisiete pesos 32/100 moneda nacional), pero dicho monto no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la mínima diferencia, a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto las autoridades responsables a fin de obtenerla, así como los que efectúe la peticionaria de garantías, a fin de devolver dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en este Juzgado Federal (fojas 110 a 112), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por auto de siete de septiembre del año en curso (foja 113), se dio vista a la parte quejosa con el referido comunicado y anexos, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa, el diez del citado mes y año (foja 114); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió para parte agraviada del doce al diecisiete de septiembre actual, sin que se realizara manifestación respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por sentencia terminada de engrosar el veintinueve de junio de este año, dentro del presente sumario constitucional (fojas 59 a 80), se determinó conceder a ********************, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que: "(.)a) Los artículos 23, fracción XIX, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit devuelva las contribuciones erogadas por el amparista con fundamento en las disposiciones anteriores, pago que fue realizado el once de abril de dos mil dieciocho, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago que se haya hecho al quejoso; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente." Es decir, los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica de la parte quejosa de los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolver al peticionario de garantías la cantidad precisada en la ejecutoria de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. Luego, en diverso proveído de treinta de julio de la presente anualidad (fojas 98 a 100), causó ejecutoria la resolución de mérito y, en consecuencia, se requirió al Secretario y Recaudador de Rentas, ambos dependientes de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado, a efecto de que dentro del término de diez días la acataran y remitieran las constancias que acreditaran el cumplimiento al fallo. En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexos presentados en la oficialía de partes de este juzgado el seis de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 110 a 112), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que había entregado el cheque número 0000781, al quejoso por la cantidad de $******************** moneda nacional); situación que acreditó con los anexos antes indicados. En ese tenor, si tenemos que al monto total de $******************** moneda nacional), monto que pagó la parte quejosa derivado de los preceptos declarados inconstitucionales, numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el once de abril dos mil dieciocho, y el cuatro de septiembre de este año se le efectuó el pago mediante el cheque correspondiente; por el cual la autoridad responsable pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria en análisis, por lo que, el periodo de actualización comprende del mes de marzo a agosto de esta anualidad (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de marzo de dos mil dieciocho fue 132.436; y para el mes de agosto de esta anualidad fue 100.492 De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 0.75879; sin embargo, cuando el resultado de la operación es menor a uno, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones será 1 de conformidad al último párrafo del citado numeral. Por tanto, resulta evidente que al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber: $******************** moneda nacional), se obtiene el mismo monto de dicha contribución. En consecuencia, se aprecia que la responsable de que se trata devolvió al promovente del amparo $******************** moneda nacional); sin embargo, éste debía reintegrarle la diversa de $******************** moneda nacional), es decir, tiene un excedente de $27.32 (veintisiete pesos 32/100 moneda nacional), pero dicho monto no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la mínima diferencia, a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto las autoridades responsables a fin de obtenerla, así como los que efectúe la peticionaria de garantías, a fin de devolver dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por la Delegada de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual, en cumplimiento al proveído de treinta de julio del presente año, en el que se le requirió a efecto de que diera cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio, informa que se solicitó una nueva dotación de recurso a la Dirección General de Tesorería de dicha dependencia, para dar cumplimiento a las ejecutorias dictadas en diversos juicios de amparo, lo cual se corrobora con el anexo que adjunta, por lo que solicita una prórroga para estar en condiciones de dar total cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, agréguense a sus autos el comunicado y constancia de mérito, para los efectos legales correspondientes Por tanto, como el fin que se persigue en el presente caso es que se restituya el goce del derecho humano violado al disidente y a fin de dar prontitud a la ejecutoria de amparo, de conformidad con los artículos 192, último párrafo y 193, párrafo tercero de la Ley de Amparo en el párrafo que antecede, se le concede únicamente una prórroga por el plazo de DIEZ DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, a efecto de que esté en condición de acatar la ejecutoria dictada en autos, pues este juzgado considera que el término de quince días que solicita la ocursante resulta excesivo. En la inteligencia de que subsiste el apercibimiento de multa decretado en auto de treinta de julio de este año.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación que antecede, se aprecia que no se interpuso medio de impugnación en contra de la sentencia terminada de engrosar el veintinueve de junio de este año (fojas 59 a 80); en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los arábigos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, dé cumplimiento al fallo protector concedido. En el entendido de que dicho cumplimiento deberá efectuarse debidamente actualizado conforme al ordinal 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo; asimismo, la autoridad debe allegar las operaciones aritméticas que realice para obtener la actualización de la cantidad a devolver. Asimismo, con sustento en el dispositivo 192, párrafo tercero de la actual Ley de Amparo, así como con el diverso artículo 31, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, requiérase al Secretario de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en su carácter de superior jerárquico, para que ordene al Recaudador de Rentas, antes indicado, dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo. Apercibidas que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en los dispositivos 193 y 258 de la Legislación invocada, se les impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización. En el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercero transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. De igual manera, se les hace del conocimiento a las citadas autoridades, que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo los Titulares respectivos dejaran el cargo que desempeñan, seguirán teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el numeral 193 de la Ley citada. Lo anterior, no obstante que las autoridades responsables se encontraban gozando de su periodo vacacional en el lapso señalado en la cuenta para interponer el recurso de revisión respectivo, pues ese hecho no interrumpe el término para hacer valer ese medio de impugnación; además, que la notificación de la presente determinación se les realizará una vez concluido éste. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página seiscientos dieciséis, Tomo I, Segunda Parte-2, de enero a junio de mil novecientos ochenta y ocho, Materia Civil, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que estatuye: "REVISIÓN. NO SE INTERRUMPE EL TÉRMINO PARA INTERPONERLA, CUANDO ESTÁN DE VACACIONES EL TRIBUNAL COLEGIADO Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE.- Carece de trascendencia que se demuestre mediante circular de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y el boletín judicial respectivo, que en determinado lapso disfrutaron los tribunales del fuero común del período de vacaciones, pues por disposición del artículo 86 de la Ley de Amparo, el recurso de revisión debe interponerse por conducto del Juez de Distrito que dictó la sentencia constitucional recurrida, ya que en ese período, en dichos juzgados siempre existe personal encargado de recibir todo tipo de promociones." Asimismo, la tesis XXI.2o.P.A.31 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página mil ochocientos setenta, Tomo XXIII, correspondiente al mes de mayo de dos mil seis, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:
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