Alfredo Barrera Flores
Expediente 1611/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 21 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1611/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 10/04/2018
Partes del expediente
- Alfredo Barrera Flores
- ALFREDO BARRERA FLORES y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en este juzgado federal (fojas 131 a 133), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por auto de quince de marzo de la presente anualidad (foja 134), se dio vista a la parte quejosa con el referido comunicado, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa, el veintitrés de marzo del presente año (fojas 135 a 137); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió del veintisiete del mes pasado al tres abril del referido año, como se aprecia de la certificación que antecede. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "..." Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el diecisiete de octubre de dos mil diecisiete (fojas 67 a 81), se determinó conceder a ********************, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: A). Que no le fuera aplicado a la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, en relación con los dispositivos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos; y B). Devolverle a los quejosos única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $848.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), que corresponde a la aplicación de cada uno de los actos jurídicos que inscribió, así como lo relativo a la "cancelación de inscripción" y "certif. exit. o inexist, gravamen por hasta por hasta de 20 años", respecto de la cantidad de $78,897.12 (setenta y ocho mil ochocientos noventa y siete pesos 12/100 moneda nacional), que pagó por conceptos de inscripción de documento público e inscripción de préstamo hipotecario, fomento a la educación, asistencia social e impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit"; la cual debía ser actualizada. Luego, en diverso proveído de diez de noviembre de dos mil diecisiete, causó ejecutoria la sentencia de mérito; y, en consecuencia, se requirió a la autoridad responsable para que dentro del plazo de diez días la acatara (fojas 87 a 89). En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexo presentado en la oficialía de partes de este juzgado el quince de diciembre del dos mil dieciocho (fojas 101 y 102), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en representación del recaudador responsable, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que realizó la devolución de la cantidad de ******************** a la parte quejosa por medio de transferencia bancaria. Por lo que a través de auto de ocho de febrero del año en curso (fojas 111 a 115), se determinó que el fallo protector concedido no se encontraba cumplido en sus términos, toda vez que, como se señaló en dicho acuerdo, faltaba reintegrarle a la parte quejosa el concepto de actualización de la cantidad erogada en autos, esto es, el monto de $1,076.26 (mil setenta y seis pesos 26/100 moneda nacional); por tanto, se requirió nuevamente al recaudador responsable, para que dentro del término de diez días, siguientes al en que surtiera efectos la notificación de la determinación de referencia, acatara la ejecutoria de mérito, esto es, que acreditara que había devuelto dicha cantidad. En consecuencia a lo anterior, mediante comunicado y anexos presentados ante este órgano jurisdiccional el catorce de marzo pasado (fojas 131 a 133), el director general jurídico adscrito a la secretaría responsable, manifestó la forma en que dio cumplimiento a lo requerido en proveído de ocho de febrero del año en curso (fojas 111 a 115); es decir, le devolvió a la parte quejosa la cantidad de ********************, el doce del mes pasado mediante cheque (foja 132), con motivo de la actualización fiscal respectiva. En ese contexto, se advierte que las autoridades citadas, por conducto de su representante, devolvieron la cantidad total de $80,495.98 (ochenta mil cuatrocientos noventa y cinco pesos 98/100 moneda nacional). De igual manera, mediante libelo presentado por el quejoso Alfredo Barrera Flores, el quince de marzo de dos mil dieciocho (foja 138), manifestó su conformidad respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en autos efectuado por la autoridad responsable, toda vez que informó que se le entregó el referido numerario que comprendía la cantidad erogada por concepto de actualización. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en este juzgado federal (fojas 131 a 133), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por auto de quince de marzo de la presente anualidad (foja 134), se dio vista a la parte quejosa con el referido comunicado, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa, el veintitrés de marzo del presente año (fojas 135 a 137); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió del veintisiete del mes pasado al tres abril del referido año, como se aprecia de la certificación que antecede. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "..." Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el diecisiete de octubre de dos mil diecisiete (fojas 67 a 81), se determinó conceder a ********************, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: A). Que no le fuera aplicado a la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, en relación con los dispositivos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos; y B). Devolverle a los quejosos única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $848.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), que corresponde a la aplicación de cada uno de los actos jurídicos que inscribió, así como lo relativo a la "cancelación de inscripción" y "certif. exit. o inexist, gravamen por hasta por hasta de 20 años", respecto de la cantidad de $78,897.12 (setenta y ocho mil ochocientos noventa y siete pesos 12/100 moneda nacional), que pagó por conceptos de inscripción de documento público e inscripción de préstamo hipotecario, fomento a la educación, asistencia social e impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit"; la cual debía ser actualizada. Luego, en diverso proveído de diez de noviembre de dos mil diecisiete, causó ejecutoria la sentencia de mérito; y, en consecuencia, se requirió a la autoridad responsable para que dentro del plazo de diez días la acatara (fojas 87 a 89). En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexo presentado en la oficialía de partes de este juzgado el quince de diciembre del dos mil dieciocho (fojas 101 y 102), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en representación del recaudador responsable, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que realizó la devolución de la cantidad de ******************** a la parte quejosa por medio de transferencia bancaria. Por lo que a través de auto de ocho de febrero del año en curso (fojas 111 a 115), se determinó que el fallo protector concedido no se encontraba cumplido en sus términos, toda vez que, como se señaló en dicho acuerdo, faltaba reintegrarle a la parte quejosa el concepto de actualización de la cantidad erogada en autos, esto es, el monto de $1,076.26 (mil setenta y seis pesos 26/100 moneda nacional); por tanto, se requirió nuevamente al recaudador responsable, para que dentro del término de diez días, siguientes al en que surtiera efectos la notificación de la determinación de referencia, acatara la ejecutoria de mérito, esto es, que acreditara que había devuelto dicha cantidad. En consecuencia a lo anterior, mediante comunicado y anexos presentados ante este órgano jurisdiccional el catorce de marzo pasado (fojas 131 a 133), el director general jurídico adscrito a la secretaría responsable, manifestó la forma en que dio cumplimiento a lo requerido en proveído de ocho de febrero del año en curso (fojas 111 a 115); es decir, le devolvió a la parte quejosa la cantidad de ********************, el doce del mes pasado mediante cheque (foja 132), con motivo de la actualización fiscal respectiva. En ese contexto, se advierte que las autoridades citadas, por conducto de su representante, devolvieron la cantidad total de $80,495.98 (ochenta mil cuatrocientos noventa y cinco pesos 98/100 moneda nacional). De igual manera, mediante libelo presentado por el quejoso Alfredo Barrera Flores, el quince de marzo de dos mil dieciocho (foja 138), manifestó su conformidad respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en autos efectuado por la autoridad responsable, toda vez que informó que se le entregó el referido numerario que comprendía la cantidad erogada por concepto de actualización. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el libelo de cuenta, signado por el quejoso ***************, a través del cual realiza manifestaciones en relación con el cumplimiento efectuado al fallo protector por la autoridad responsable; en consecuencia, se tienen por hechas las mismas, sin perjuicio de tomarse en consideración en el momento procesal oportuno.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el libelo de cuenta signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el libelo y anexos de cuenta, así como con los diversos presentados el quince de diciembre del año próximo pasado (fojas 101 y 102), dése vista a la parte quejosa a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, indique lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestaciones dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará respecto a lo anterior.
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