Alfredo Bejar Díaz

Expediente 189/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 25 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
189/2018
Año
2018
Actuaciones
25
Última actuación
23/01/2019

Partes del expediente

  • Alfredo Bejar Díaz
  • Alfredo Bejar Díaz y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Incidental

    Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado de autos, y tomando en consideración que se ordenó el archivo definitivo en los autos del juicio de amparo de donde deriva el presente cuaderno incidental, se acuerda: Toda vez que por auto de once de abril de dos mil dieciocho, se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados y por resolución interlocutoria de quince de mayo de dos mil dieciocho, se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados; en esa medida, de conformidad con el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo; asimismo, en cumplimiento al artículo Vigésimo Primero, fracción III, del referido acuerdo, se establece que el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, por haberse concedido la suspensión provisional. En cuanto a los autos del duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, con apego a la hipótesis contenida en la fracción III del artículo Vigésimo del acuerdo que nos ocupa, toda vez que éste carece de valor jurídico o histórico y al no considerarse de relevancia documental, y en razón que no existen documentos originales, por lo que una vez transcurrido el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Notifíquese.

  2. Principal

    En razón de que la parte quejosa ALFREDO BEJAR DIAZ o sus autorizados, no comparecieron ante este juzgado, dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se les dejó en el domicilio señalado en autos, el veinticuatro de enero del año en curso, se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación del proveído de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Proveído de veintinueve de agosto que en lo conducente dice: Vista la certificación que antecede de la que se advierte que no se interpuso recurso de revisión dentro del término de diez días que contempla el artículo 86 de la Ley de Amparo, en contra del auto de once de octubre de dos mil dieciocho, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En tal virtud, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo y en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los exedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual entró vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo como asunto totalmente concluido. También se hace la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el último párrafo del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General Conjunto número 1/2009; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el último párrafo del punto décimo primero del citado acuerdo, toda vez que como consta de la certificación secretarial que antecede, en el juicio de amparo en que se actúa, no existen documentos originales por entregar. En su oportunidad, transfiérase el expediente al archivo judicial conforme al calendario respectivo que el Centro de Documentación y Análisis elabore, tal y como lo establece el punto décimo, fracción I, del acuerdo aludido con anterioridad. En el entendido de que el presente asunto es destruible. Conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del punto décimo primero del acuerdo que nos ocupa, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otro lado, acuérdese lo conducente en los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo en que se actúa Por otra parte, como de la certificación de cuenta se advierte que obran documentos originales en el juicio en que se actúa, ante tal circunstancia, con apoyo en el punto décimo primero del acuerdo invocado, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, acuda a recoger los documentos exhibidos en el expediente, apercibiéndola que en caso de no hacerlo, dichas documentales podrán ser destruidas junto con el expediente en el momento oportuno. Finalmente, devuélvase las constancias siguientes: Copia certificada de la carpeta de investigación 13907/UATP/LZC/2017 del índice de la Fiscalía Regional Sierra Costa de Lázaro Cárdenas, Michoacán, (ciudadana Roció Jaimes Reyes, Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana), mismo que anexó como complemento a su informe justificado (foja 91 y 92) A la citada Agente, toda vez que el presente juicio de amparo se encuentra totalmente concluido y al ordenarse su archivo en esta propia data resulta innecesaria la retención de tales constancias; solicitándole el acuse de recibo de estilo respectivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde el oficio suscrito por el Jefe del departamento de Anotaciones y Trámites Procesales de la Dirección del Registro Público de la Propiedad en el Estado, por el que en cumplimiento al oficio 19236 de fecha diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, en el sentido de que no encontró domicilio de la tercera interesada GRUPO DE ORO DESARROLLADORA DE VIVIENDA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, sin que resulte necesario acordar sobre su contenido, ya que en proveído de once de octubre de dos mil dieciocho, se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto. Notifíquese.

  4. Principal

    En razón de que la parte quejosa ALFREDO BEJAR DIAZ o sus autorizados, no comparecieron ante este juzgado, dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se les dejó en el domicilio señalado en autos, el quince de octubre del año en curso, se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación del proveído de once de octubre de dos mil dieciocho, queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, mismo proveído que en lo conducente dice:Agréguese a sus autos el escrito presentado por *********, en cuanto autorizado de la parte quejosa mediante el cual manifiesta que: "ha sobrevenido una causa de improcedencia, por lo que el mismo deberá sobreseerse, ante lo cual manifiesta que "Una vez estando ante el órgano jurisdiccional, le fue asignado el número 82/2018 a la causa penal. Y a la Fiscalía, solicitó al Juez Oral de los Autos que vinculará a proceso al aquí Quejoso, Señor********. Pero en la Audiencia Inicial el Juzgador NEGO vincularlo a proceso, porque encontró causas de improcedencia del Delito de Despojo del cual se le acusaba. Razón por la cual la Fiscalía y el Apoderado Jurídico de la Tercera Interesada interpusieron Recurso de Apelación frente al auto de fecha 5 cinco de Junio del 2018 dos mil dieciocho, relativo a la NO VINCULACIÓN A PROCESO del Señor Alfredo Bejar Díaz. Así una vez que se remitieron los autos al Tribunal de Alzada, el Recurso de marras fue turnado a la 8° Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la que una vez admitido le asignó el número de Toca: XI-27/2018 y, una vez substanciado, con fecha 2 dos de Julio de del año en curso, dictó sentencia en la cual confirmó el auto de fecha 5 cinco de junio también de la presente anualidad en la cual se negó la vinculación a proceso al señor Alfredo Bejar Díaz dentro de la causa penal número 82/2018 por el delito de despojo. No conforme con tal fallo, al Apoderado Jurídico de la Tercera Interesada, Grupo de Oro, Desarrolladora de Vivienda, S.A. de C.V. Interpuso formal demanda de amparo ante el Juzgado Segundo de Distrito del Décimo Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de Morelia, Michoacán. Habiendo recaído a tal Juicio de Garantías el número: II-621/2018-1, el cual BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD expreso que mediante sentencia de fecha 6 seis de septiembre de la presente anualidad fue resuelto habiendo NEGADO el amparo y protección de la justicia federal. (.)" "Consecuentemente, si a la fecha ha dejado de subsistir el acto reclamado, nos encontramos ante una causa de improcedencia, (.) Por lo que solicito sea sobreseído tal juicio de garantías. Y me sean devueltas todas y cada una de las constancias en las que apoyo mi demanda de amparo". Ahora, como se advierte del informe justificado de la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía Regional Sierra Costa, (Roció Jaimes Reyes), con residencia en Lázaro Cárdenas, Michoacán, "efectivamente en esta oficina investigadora a mi cargo, se integró la carpeta con número único de caso 1002201719708 número de expediente 13907/UATP/LZC/2017, por el delito de DESPOJO DE INMUEBLE, en agravio de la empresa GRUPO DE ORO DESARROLLADORA DE VIVIENDA S.A. DE C.V. y señalando como presunto responsable el quejoso *******(.)" "por otro lado, en efecto que con fecha 13 trece de marzo de la presente anualidad, se dicto por parte de esta actuante, acuerdo a la solicitud de medida cautelar, de restitución de inmueble, dentro del cual, se acuerda que a lugar a la solicitud planteada, sin embargo, esta actuante en ningún momento realizó desposesión alguna al quejoso con dicho acuerdo, y en virtud de que la mencionada carpeta de investigación se consideró completa, con fecha 3 tres de abril de la presente anualidad, la misma fue judicializada, dando origen a la causa penal número 82/2018, ello como se dijo, con la finalidad de que el quejoso sea llamado ante el órgano jurisdiccional" Actualización de una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia. En principio es conveniente señalar que el estudio de las causales de improcedencia y sobreseimiento, al ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación del Juez de amparo, que tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, entrar a su estudio, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7º.P.13 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de 2010, página 1947, cuyo rubro y texto dicen:******* Del análisis integral de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se estima que se actualiza de forma notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que obliga a sobreseer en el presente juicio, en términos del artículo 64, del citado ordenamiento legal, por las consideraciones que a continuación se exponen: El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia de cesación de efectos del acto reclamado anunciada, que ocurre cuando la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación u omisión; lo que implica, no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, lo que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia establecida en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad del acto ya que no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, al haberse restituido a quejoso en el goce de su derecho humano violado establecido para su protección. A mayor abundamiento, los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce de la garantía violada; de ahí que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido u omitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de aquél, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causal de improcedencia a estudio no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, o como en el caso, se resarció la omisión, por lo que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección constitucional, es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional; esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia 2ª./J.59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: ******* Ahora, deviene improcedente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente: "IV.- ACTO RECLAMADO. . 2°La inminente DESPOSESIÓN por parte de las Responsables, de una fracción de terreno de aproximadamente 14.50 catorce punto cincuenta metros de ancho por 200.00 doscientos metros de largo, de un terreno de mi propiedad ubicado entre la Avenida Tariacuri, Avenida Belisario Domínguez y el Libramiento Sicartsa, de Lázaro Cárdenas, Michoacán, Sin Haberme permitido acreditar mi propiedad en la Carpeta de Investigación antes aludida, mucho menos ser sido y vencido en juicio.". ". Acto que deriva de la carpeta de investigación 1002201719708 formada por el delito de DESPOJO DE INMUEBLE, en agravio de la empresa GRUPO DE ORO DESARROLLADORA DE VIVIENDA S.A. DE C.V. Ahora del informe justificado que obra agregado en autos a fojas 82 y 83, del que se advierte que la misma fue judicializada, dando origen a la causa penal número 82/2018. Por su parte el quejoso en su escrito de cuenta manifiesta bajo protesta de decir verdad entre otras cosas que una vez que el Agente del Ministerio Público responsable consignó dicha carpeta de investigación al Juez Oral que ordenó formar la Causa Penal 82/2018, que con fecha cinco de junio de dos mil dieciocho, se decretó auto de no vinculación a proceso en favor de Alfredo Bejar Díaz, que por escrito de ocho de junio de dos mil dieciocho, el Agente del Ministerio Público del Fiscalía Regional de Justicia de Lázaro Cárdenas, Michoacán, interpuso Recurso de Apelación, así como también el apoderado jurídico de la empresa GRUPO DE ORO DESARROLLADORA DE VIVIENDA S.A. DE C.V., el cual por resolución de dos de julio de dos mil dieciocho, el Magistrado de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado confirmó el auto de no vinculación a proceso. Resolución la anterior, contra la cual se interpuso juicio de Amparo Indirecto, del cual le tocó conocer al Juez Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en Morelia, que quedó registrado bajo el número III-621/2018-1, circunstancia, la anterior, que se corrobora con la copia de la sentencia dictada en dicho juicio de amparo, misma que se obtuvo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, de la cual se advierte que con fecha seis de septiembre de dos mil dieciocho, dentro del Juicio de amparo III-621/2018-1 se dictó la resolución en la que se negó el amparo y la Protección de la Justicia a GRUPO DE ORO DESARROLLADORA DE VIVIENDA S.A. DE C.V., la cual causó ejecutoria el dos de octubre de dos mil dieciocho, como se desprende de la consulta realizada vía SISE. A las documentales referidas se otorga pleno valor probatorio, conforme a lo previsto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su segundo precepto. Sobre el particular, tiene aplicación la Jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". En efecto, como refiere el autorizado de la parte quejosa, al haber quedado firme el auto de no vinculación a proceso, a la fecha ha dejado de subsistir el acto reclamado, por lo que nos encontramos ante una causa de improcedencia. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la ley de la materia, lo procedente es decretar el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento. En esa tesitura, el sobreseimiento en el juicio constitucional impide realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por el peticionario del amparo, para demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, que en esta vía combate, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: ******** Por lo expuesto, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba fijada para las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Háganse las capturas correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente.

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