Alfredo Aguilar Cortez
Expediente 231/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 231/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Director del Hospietal Regional de Los Reyes perteneciente a la Secretaría de Salud de Michoacán y /o Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán en Los Reyes, Michoacán
- Alfredo Aguilar Cortez
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán, ocho de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que no se interpuso recurso de queja dentro del término de cinco días que contempla el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, en el que se tuvo por no presentada la demanda que dio origen al expediente que nos ocupa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Por tanto, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo en el presente asunto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el segundo párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, toda vez que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como se advierte de la certificación de cuenta. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible, de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 21 inciso b), del aludido Acuerdo General, por lo que una vez transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo de dicho numeral, deberá procederse a su destrucción en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del mismo precepto legal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 35 del acuerdo de que se trata, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
En razón de que la parte QUEJOSA ALFREDO AGUILAR CORTEZ, o su autorizada, no comparecieron ante este juzgado, dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se les dejó en el domicilio señalado en autos, el veintiuno de mayo del año en curso; ni tampoco ingresó al juzgado a notificarse o bien a ponerse de acuerdo con el Actuario para que le notificara, por lo que se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación del proveído de diecinueve de mayo del presente año, queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados. PROVEIDO QUE DICE: Uruapan, Michoacán, diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, y atendiendo al estado procesal que guardan los presentes autos, del que se advierte que feneció el plazo de tres días que se concedió al quejoso Alfredo Aguilar Cortez por acuerdo de veintitrés de abril del año en curso, a fin de que cumpliera con la prevención que le fue formulada, sin que lo hubiera hecho. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el mencionado proveído, y se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por Alfredo Aguilar Cortez. Por otro lado, agréguese a sus autos el oficio que remiten la (1) Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, (2) Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, con residencia en Morelia y el (3) Director General del Hospital Regional de Los Reyes, Michoacán, mediante el cual refieren rendir informe justificado, sin embargo, el presente juicio de amparo no ha sido admitido, por lo cual no le fue requerido el informe de ley. Ahora bien, glósese el comunicado signado por las autoridades responsables (1) Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, (2) Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, con residencia en Morelia y el (3) Director General del Hospital Regional de Los Reyes, Michoacán, mediante el cual rinden el informe relativo a la suspensión de plano concedida en autos; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar, y sin que haya lugar a realizar mayor proveído respecto de la cita médica programada, toda vez que como se advierte de párrafos precedentes, en este proveído se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Alfredo Aguilar Cortez. Finalmente, téngase a las autoridades oficiantes designando como delegados de su parte a las personas que indican señalando domicilio para recibir notificaciones, lo anterior, en términos de los artículos 9° y 28, fracción II, de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
En razón de que la parte QUEJOSA ALFREDO AGUILAR CORTEZ, o su autorizada, no comparecieron ante este juzgado, dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se les dejó en el domicilio señalado en autos, el veinticuatro de abril del año en curso; ni tampoco ingresó al juzgado a notificarse o bien a ponerse de acuerdo con el Actuario para que le notificara, por lo que se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación del proveído de veintitrés de abril del presente año, queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado. PROVEÍDO DE VEINTITRÉS DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, que dice: Uruapan, Michoacán, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Vista la demanda de ampro promovida por Alfredo Aguilar Cortez, por su propio derecho, contra los actos reclamados y autoridades que a continuación se precisan: Director del Hospital Regional de Los Reyes, perteneciente a la Secretaría de Salud de Michoacán y/o Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán. Secretaria de Salud de Michoacán, con residencia en Morelia. Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, con residencia en Morelia. ... Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 231/2021. Suspensión de oficio de los actos reclamados. Tomando en consideración que el promovente reclama la falta de medicamento, tratamiento y/o debida atención médica para la enfermedad que padece diagnosticada como insuficiencia renal crónica y diabetes mellitus y que en el Hospital Regional de Los Reyes, Michoacán, se niegan en proporcionarle el tratamiento que necesita para vivir, toda vez que no la manifestaron que no cuentan con las maquinas que se requieren para realizar sesiones dialíticas, así como médico especialista, además de que le comentaron que únicamente están atendiendo pacientes con Covid -19. No obstante lo anterior, se tiene que el acto que se reclama encuadra en el supuesto normativo del numeral 15 de la Ley de Amparo, como aquellos actos de autoridad que ponen en peligro la vida del quejoso; por tanto, es evidente que ante la omisión de no prestarle la atención médica que requiere el promovente, se pone en riesgo su existencia. En efecto, el derecho a la salud es fundamental para todo ser humano, a cuyo reconocimiento está obligado cualquier servidor público, pues su protección no se merma, sino que el Estado tiene la obligación de procurarla. Además de que el artículo 126 de la Ley de Amparo refiere que procede la suspensión de oficio y de plano cuando, entre otros actos, importen peligro de privación de la vida de una persona, y en el caso, nos encontramos como lo refiere el promovente que tiene una enfermedad grave que, al no ser atendida, debido a la omisión que se atribuye a la autoridad responsable, se pone en peligro la vida del quejoso. Por tanto, ello obliga al Juez de amparo a que aborde la cuestión con plenitud y analice las implicaciones pronta y frontalmente, para exigir a las autoridades responsables las acciones médicas correspondientes relativas al estado de salud de la solicitante del amparo. ... Además, el derecho humano a la salud, se encuentra consagrado en el 4°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 4º. (.) Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución." ...De lo anterior, permite advertir que el derecho a la protección de la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que toda persona tenga acceso a los servicios de salud, porque ese derecho no se limita a la salud física; es decir, a no padecer, o bien, a prevenir y tratar una enfermedad, sino que atento a la propia naturaleza humana, va más allá, en tanto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado de salud mental y emocional del individuo. De ahí que el derecho a la salud se traduzca en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental. Ahora bien, en su demanda de amparo, el quejoso solicita atención médica al Hospital General Regional de Los Reyes, Michoacán, para que le practiquen las hemodiálisis que requiere, sin embargo, lo asentado en la demanda, en la que se menciona bajo protesta de decir verdad que no cuentan con las maquinas que se requieren para realizar sesiones dialíticas, así como médico especialista, además de que le comentaron que solo estaban enfocados a atender Covid-19. Además, cabe mencionar que por los padecimientos que presenta el quejoso, esto es, INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA Y DIABETES MELLITUS, se encuentran entre las personas de mayor vulnerabilidad al referido Covid-19, enlistadas en el acuerdo emitido por el Secretario de Salud, por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus Sars-Cov2, artículo primero, fracción V, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil veinte; por tanto, no resulta procedente conceder al quejoso la suspensión de plano en los términos que lo solicita, ya que de obligar a la autoridad responsable a que se otorgue el servicio médico en el hospital donde aduce fue negado el procedimiento de hemodiálisis, por estar enfocados en atender el Covid-19, implicaría un riesgo mayor para su salud en caso de contagio. Bajo ese tenor, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 48, primer párrafo, 126 y 147 penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS, CON EFECTOS RESTITUTORIOS, para los siguientes efectos: Para que las autoridades responsables en el ámbito de sus respectivas competencias, determinen a la brevedad en cuál hospital o centro de salud se debe prestar el servicio de hemodiálisis al quejoso y lo cubran, procurando que sea el adecuado para proteger al promovente de amparo en la medida de lo posible, de una infección relacionada con la pandemia que se encuentra activa en el país y en especial que no sea referida a algún hospital o centro que este designado sólo para atender pacientes Covid-19; debiendo tomar en cuenta que conforme a la Ley General de Salud en su artículo 77-bis 5, apartado B), fracciones I y VII, corresponde a los Gobiernos de las entidades federativas: "ARTICULO 77 Bis 5.- La competencia entre la Federación y las entidades federativas en la ejecución de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados, para las personas sin seguridad social quedará distribuida conforme a lo siguiente: A) (.) B) Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales: I. Proveer los servicios de salud a que se refiere este Título en los términos previstos en la presente Ley, los reglamentos aplicables y las disposiciones que al efecto emita la Secretaría de Salud, garantizando la infraestructura, personal, insumos y medicamentos necesarios para su oferta oportuna y de calidad; (.) VII. Adoptar esquemas de operación que mejoren la atención, modernicen la administración de servicios y registros clínicos, alienten la certificación de su personal y promuevan la certificación y acreditación de establecimientos de atención médica; para tal efecto podrán celebrar convenios entre sí y con instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud con la finalidad de optimizar la utilización de sus instalaciones y compartir la prestación de servicios, en términos de las disposiciones y lineamientos aplicables." En la inteligencia, de que si el servicio médico se proporciona subrogado en Instituciones diversas, debe ser puesto a disposición del quejoso. En todo lo anterior, las autoridades responsables tomarán en cuenta el lugar de residencia del quejoso, su edad y su estado de salud y deberán gestionar las medidas administrativas necesarias para lograr tal objetivo, considerando que de ser necesario deben recurrir de manera coordinada con otras autoridades que puedan auxiliar a su cometido. Lo anterior, con base en el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que establece que: ".cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos." REQUERIMIENTO DE INFORMES EN RELACIÓN A LA SUSPENSIÓN DE PLANO. Hágase saber la suspensión de oficio a las autoridades responsables, quienes deberán informar dentro del término de veinticuatro horas como lo establece el artículo 158 de la ley de la materia, sobre el cumplimiento de esta determinación, apercibidas que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se les impondrá MULTA equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización al momento en que no se atienda la encomienda, de conformidad con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. Orden que deben obedecer bajo su más estricta responsabilidad; haciéndoles de su conocimiento que la desobediencia de este auto de suspensión se considera un delito especial y se sanciona con una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, según lo prevé el artículo 262, fracción III, ambos numerales de la Ley de Amparo. Ahora, dada la particularidad del asunto, también requiérase a las autoridades responsables: Informen si en el Hospital General Regional de Los Reyes, Michoacán, cumple con alguna disposición que restrinja su atención únicamente a los casos Covid-19. Una vez que la refieran al hospital o centro que la atenderá y que haya sido, efectivamente, atendida informen el estado de salud del solicitante del amparo. Informen el plan o tratamiento médico para el promovente de que se trata. Indiquen si el promovente necesita algún o algunos medicamentos; así como si en efecto requiere de la hemodiálisis para la atención de su enfermedad, y de ser así, si ya se los proporcionaron, para el caso de no ser así, expliquen los motivos. Ahora bien, toda vez que las autoridades responsables tienen su sede fuera de esta ciudad, para efectos de notificación urgente del presente acuerdo, se autoriza la expedición de telegramas o correo electrónico institucional con efectos de notificación para las responsables, con independencia del medio empleado, deberán confirmar su recepción; ello, sin perjuicio de ordenar la expedición de oficios por la vía de correo ordinario. Con fundamento en los artículos 26, fracción II, y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, dígasele a las autoridades responsables que la notificación que se le haga surtirá todos sus efectos legales desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable, a su representante o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina, y si se negare a recibir dicho oficio se tendrá por hecha la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que ésta contenga. RATIFICACIÓN DE LA DEMANDA. Virtud a lo anterior y toda vez que en el escrito de demanda se señaló domicilio físico para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Ciclismo número 1022, colonia Granjas de Bella Vista, de esta ciudad de Uruapan, Michoacán, se comisiona al Actuario Judicial de este Juzgado para que se constituya en dicho domicilio, a efecto de que realice lo siguiente: Localice a Alfredo Aguilar Cortez y, le notifique el presente proveído, asimismo, lo requiera para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, comparezca ante este órgano jurisdiccional, debidamente identificado con documento oficial vigente, para que al momento de la diligencia manifieste si reconoce la firma y huella dactilar que calzan dicho escrito y si ratifica ambas; o bien manifieste si tiene alguna complicación de salud para acudir a este juzgado, en cuyo caso deberá señalar un domicilio donde se le notifique en la ciudad de Los reyes, Michoacán, para que sea ante un Juez auxiliar de aquella ciudad ante quien comparezca a la diligencia de ratificación; apercibido que en caso de no hacerlo dentro del término concedido para tal efecto, o no manifestar el impedimento que tenga para ello, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo en vigor, dicha demanda se tendrá por no presentada. Asimismo, deberá requerirlo para que indique si desea señalar como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Sonia Patricia Bautista Servín, en el presente juicio de amparo y de igual forma, indique si solicita la consulta de expediente electrónico, así como que se le practique cualquier notificación personal que se origine en el presente juicio a través del usuario "litigante2021" y señalar el correo electrónico sonia_kl123@hotmail.com y número telefónico 452 130 15 91; lo anterior, para los efectos legales a los que haya lugar. Además, deberá requerirlo para que dentro de dicho término de tres días, manifieste bajo protesta de decir verdad que las documentales anexas a la demanda de amparo, son copia íntegra e inalterada de sus originales, o bien, si son copia simple; lo anterior, de conformidad con el artículo 3, fracción VI, del Acuerdo General número 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Ahora bien, por cuestiones de seguridad e higiene para salvaguardar la integridad tanto de la parte quejosa como del funcionario que le notifique, se solicita comedidamente, a éste último, tenga a bien limitarse a asentar en el acta de notificación respectiva, que leyó y entregó copia de este acuerdo a la quejosa, absteniéndose de recabar firma respectiva, lo que también deberá asentar en el acta correspondiente; ello a fin de respetar las medidas de sana distancia, lo anterior, en términos del artículo 11, del Acuerdo General 8/2020, del Consejo de la Judicatura Federal. Además, Con fundamento en los artículos 77 bis 1, 77 bis 2, 77 bis 6, 77 bis 7, de la Ley General de Salud, requiérase al quejoso para que manifieste lo siguiente: Manifieste si es beneficiario o derechohabiente de los servicios de salud pública, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y en su caso, si recientemente a comparecido ante dicha Institución a solicitar le sean practicadas las hemodiálisis que requiere. Además, indique si, en su caso, ha exhibido documentación necesaria para mantener vigentes sus derechos de beneficiario ante dichos Institutos, a afecto de ser valorado por médico especialista, y determinen si requiere o no, del medicamento y tratamientos solicitados, y en su caso sea canalizado al área de atención correspondiente. Apercibido que de no manifestar nada al respecto, se tomará en cuenta al momento procesal oportuno. Domicilio procesal y autorizado. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en la demanda de amparo y, resérvese acordar respecto a las facultades concedidas en el presente juicio de amparo a Sonia Patricia Bautista Servín, así como la solicitud del juicio en línea, hasta en tanto, el quejoso ratifique la firma y huella digital que calzan la demanda de amparo y cumpla con los requerimientos formulados para tal efecto. Hágase saber a las partes que, acorde a los artículos 3° y 80 de la Ley de Amparo, sus promociones y recursos deben de contener su firma autógrafa física o si es la promoción vía electrónica debe firmarse electrónicamente, acorde con las reglas de esos preceptos y aplicables de la misma Ley. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, con excepción de aquellos que llegaren a declararse inhábiles laborales, para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario y/o Actuaria de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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