ALFREDO AZAMAR PARRA y Otros.

Expediente 1364/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1364/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
15/12/2017

Partes del expediente

  • ALFREDO AZAMAR PARRA y Otros.
  • Alfredo Azamar Parra

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VII A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    MESA VII A NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    NOTIFICACION POR LISTA "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de noviembre de dos mil diecisiete. Con el escrito de demanda de amparo, promovida por ...; fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1364/2017. Antes de admitir a trámite la demanda de amparo, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es pertinente examinar si existe alguna causa de improcedencia que, por ser manifiesta e indudable, haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, que al efecto señala: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el aquí quejoso, esencialmente, reclama el auto de nueve de octubre de dos mil diecisiete, dictado en el expediente civil 153/2015 del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca, relativa a la Jurisdiccion Voluntaria sobre Información de Dominio, al haberse ordenado el archivo del citado expediente como asunto concluido. Precisado lo anterior, la suscrita juzgadora advierte que en contra del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso, previo a la presentación de su demanda de amparo, debió impugnar mediante el recurso de apelación el acuerdo a que hace alusión. En efecto, el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." Del precepto transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, es decir, que no sean definitivas o que sean susceptibles de reparación ante la potestad común. Luego, de la disposición legal transcrita se puede establecer que para que se actualice la causa de improcedencia referida, es necesario que concurran los siguientes elementos: I. Que el acto reclamado provenga de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; II. Que la ley ordinaria conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; III. Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; IV. Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada, y V. Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el propio precepto. Cobra aplicación a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia 85 del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito , que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." En ese sentido, cabe señalar que el principio de definitividad consiste en la obligación de los impetrantes de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa que la ley ordinaria establezca y que puedan revocar, modificar o anular el acto reclamado. Dicho principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, previo a solicitar la protección de la Justicia de la Unión. De lo que resulta evidente que el acto reclamado en esta instancia emana de un tribunal jurisdiccional y que el ahora quejoso no se encuentra en ninguno de los casos de excepción a que se refiere el numeral antes transcrito, pues no se trata de actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, o de aquéllos que afecten la libertad personal del impetrante, o bien, que sea persona extraña al juicio o se trate el acto reclamado de un auto de vinculación. Respecto a los puntos consistentes en que la ley ordinaria conceda contra esos actos algún recurso o medio de defensa, que éste se dé dentro del procedimiento en que se emitió la resolución reclamada y que por virtud de dicho medio, el acto pueda ser modificado, revocado o nulificado, debe destacarse que el artículo 889 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, dispone lo siguiente: "Artículo 889. Las providencias de jurisdicción voluntaria serán apelables en ambos efectos, salvo los casos en que la ley disponga otra cosa, y la apelación se substanciará conforme a lo establecido en este Código para los juicios ordinarios.." Por lo que si el asunto del que deriva el acto reclamado se tramita en la vía de jurisdicción voluntaria, resulta incuestionable que antes de la promoción del juicio de amparo, el impetrante del amparo debió impugnar el acuerdo que en esta instancia constitucional reclama, a través del recurso ordinario de apelación, puesto que, como se vio, el numeral 974 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, establece claramente que son procedentes en materia de recursos, todos los previstos en este Código y su tramitación se sujetara a las disposiciones generales del mismo y en el Título Décimo Segundo, Capítulo I, del citado ordenamiento legal en que se prevé la procedencia de los recursos de revocación y apelación, estableciéndose específicamente en el numeral 673 los supuestos en los que procede el recurso de apelación . Bajo tales premisas, es evidente que el quejoso estuvo en condiciones de promover en forma oportuna el recurso de apelación previsto en el ordinal 673 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, contra el auto de nueve de octubre de dos mil diecisiete, dictado en el expediente civil 153/2015, al haberse ordenado el archivo del citado expediente como asunto concluido; ello, en virtud de que es parte actora en el procedimiento natural y no se actualiza algún caso de excepción de los que se refiere la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia. Por tanto, es incuestionable concluir que el promovente de la acción constitucional, no agotó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Se afirma lo anterior, en virtud de que, como se vio, en contra del auto aquí reclamado procede recurso de apelacion; sin embargo, como quedó evidenciado en líneas precedentes, el peticionario del amparo no interpuso dicho medio de defensa. En consecuencia, ya que conforme a lo previsto en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, antes de acudir al juicio de amparo se exige como requisito previo para su procedencia que se agoten todos los medios legales que prevean las legislaciones que rijan el acto, y el ahora inconforme no lo hizo así, es indudable que en el caso se actualiza la causa de improcedencia analizada. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Por otro lado, se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en el escrito de demanda, y por autorizada para los mismos efectos a la persona que señala, por así solicitarse expresamente. Asimismo, se autoriza a las partes para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos. En otro contexto, para el caso de que en este asunto se ordene alguna notificación personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias que sean de interés público, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a éstas que al elaborarse la versión pública del fallo que se llegare a dictar se suprimirá o testará todo dato confidencial o reservado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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