Alfredo Andrade Caporal

Expediente 1602/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1602/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
23/11/2015

Partes del expediente

  • Alfredo Andrade Caporal

Actuaciones

  1. Principal

    MESA III A Agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, el oficio 32325/2015, signado por el Titular del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, por el que acusa recibo del diverso 9523 del índice de este órgano jurisdiccional, por el que se le remitieron los autos originales del juicio de amparo 1602/2015, e informa que aceptó la competencia declinada a su favor para seguir conociendo del aludido juicio de amparo promovido por Alfredo Andrade Caporal, mismo que quedó radicado bajo el número 1134/2015. En este orden, en virtud de que no existe determinación pendiente que cumplimentar ni documentos originales que devolver, con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. En otro aspecto, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento; por tanto, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a su destrucción, en términos de la fracción I del invocado punto Vigésimo del aludido Acuerdo General Conjunto 1/2009. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    MESA III A Agréguese a los autos el escrito de Ángel Celestino Nicolás Melo, autorizado legal de la parte quejosa, por el que en atención al requerimiento formulado en proveído de veintisiete de octubre pasado, manifiesta que no señala como responsables a autoridades ejecutoras con residencia en el Estado de Oaxaca; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído, y este órgano jurisdiccional acordara lo procedente sobre la admisión del libelo de amparo. Ahora bien, del examen realizado a la demanda de mérito, se advierte que el quejoso señala como autoridad responsable ordenadora al Juez Mixto de Primera Instancia de Cosamaloapan de Carpio, Veracruz, y como ejecutora al Comandante de la Agencia Veracruzana de Investigación destacamentado en el Distrito de Cosamaloapan de Carpio, Veracruz. Acorde a lo anterior, este órgano de control constitucional considera que conforme al numeral 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo , la competencia para seguir conociendo del trámite de la demanda de amparo se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, en turno, pues en su jurisdicción reside el Juez Mixto de Primera Instancia de Cosamaloapan de Carpio, que libró la orden de reaprehensión en contra del quejoso, dentro de los autos del proceso penal 196/2014; máxime que del escrito de demanda se desprende que ahí tendrá ejecución material dicha orden por parte de la ejecutora Comandante de la Agencia Veracruzana de Investigación, destacamentada en el Distrito de Cosamaloapan de Carpio, Veracruz, pues en el capitulo concerniente a los antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, el quejoso expresó que el veintiséis de octubre de esta anualidad, se presentaron Agentes Estatales de Investigación, en su domicilio ubicado en Cosamaloapan de Carpio, Veracruz, con el fin de ejecutar una orden de reaprehensión en su contra, librada por el Juez Mixto de Primera Instancia de Cosamaloapan de Carpio, Veracruz, y que se encuentra de paso por esta ciudad; aunado a que, previo requerimiento efectuado el veintisiete del mes pasado, no señaló autoridades con el carácter de ejecutoras con residencia en ésta Entidad Federativa. Al efecto es aplicable la jurisprudencia 52/2013 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe y sinopsis: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables. De ahí que, que si la orden de reaprehensión dictada en contra del quejoso por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cosamalopan de Carpio, Veracruz, se esta tratando de ejecutar en dicho lugar, como así lo asegura el quejoso bajo protesta de decir verdad, de acuerdo con la división territorial en que se divide el Estado de Veracruz, compete a uno de los Juzgados de Distrito, con residencia en Boca del Río, conocer de este asunto, toda vez que el referido municipio se encuentra dentro del ámbito territorial en el que los Juzgados de Distrito en ese entidad, con sede en Boca del Río, ejercen competencia, por razón de territorio, de conformidad con lo dispuesto en el punto cuarto, apartado VIII, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece: VII. SÉPTIMO CIRCUITO: [.] Los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: (.) Cosamaloapan de Carpio (.). Por consiguiente, con apoyo en lo previsto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito, declara que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Alfredo Andrade Caporal y, por ello, se declina competencia a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, en turno, con residencia en Boca del Río, al que se estima competente para su conocimiento, por lo que mediante oficio que al efecto se gire, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, se ordena remitirle original de este juicio de amparo, así como copias de la demanda de que se trata; solicitando el acuse de estilo correspondiente. Fórmese el cuaderno de antecedentes relativo. Con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado se encuentra imposibilitado legalmente para dictar providencia alguna en relación a la suspensión provisional de los actos reclamados, toda vez que, en el caso se reclama una orden de reaprehensión, acto que no se trata de los que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    MESA II A Vistos los autos y certificación de cuenta, se advierte que el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, transcurrió sin que las partes hubiesen interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veinticuatro de septiembre de dos mil quince (fojas 58 a 68); en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia, para todos los efectos legales. Ahora, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 192, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, requiérase al Director General, y Encargada del Departamento de Servicios Médicos, ambos del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece, con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que queden notificados de este auto, cumplan con la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso José Daniel Franco Espinoza, y remitan dentro del mismo lapso copia certificada legible y completa de la determinación que al efecto adopten. Apercíbase a las citadas autoridades responsables que de no cumplir sin causa justificada, se les impondrá multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente, al momento de realizarse la conducta sancionada, conforme a lo establecido en el artículo 258, en relación con el 238, ambos de la Ley de Amparo, asimismo se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación.

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