Alfredo Andrade Ramirez
Expediente 767/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 767/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 25/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Alfredo Andrade Ramirez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
La licenciada María Victoria Sánchez Méndez, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hago constar y certifico: Que concluyó el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada dentro del juicio de amparo en que se actúa en la cual sobreseyó el presente, pues transcurrió del once al veinticuatro agosto del presente año, tomando en consideración únicamente los días hábiles correspondientes, de conformidad con los artículos 19 y 22 de la misma ley, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno; asimismo, se hace constar que no obran documentos originales para ordenar su devolución a las partes, no fueron exhibidos valores, no obran constancias para ser devueltas y si se aperturó incidente de suspensión. Morelia, Michoacán, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta al juez dentro del juicio de amparo 767/2023, con la certificación secretarial que antecede y el estado de autos. Conste. Morelia, Michoacán, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 20 fracción I del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.13.6a MARIA VICTORIA SANCHEZ MENDEZ años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Con fundamento en el artículo 20, fracción III del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 20 fracción I, del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio, así como el original del incidente de suspensión. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado María Victoria Sánchez Méndez, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con treinta minutos del ocho de agosto de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 767/2023, sin la comparecencia de las partes. Enseguida el secretario da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo actualmente en vigor, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio el secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció pruebas. El Juez provee: Dado que no hay medios de prueba pendientes por admitir ni desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos se hace constar que ninguna de las partes los formuló. En relación con lo anterior el Juez acuerda: Se declara precluido el derecho de las partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del Juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. R E S U L T A N D O : Primero. Mediante escrito recibido el veinte de junio del presente año, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Alfredo Andrade Ramírez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en los términos siguientes: Autoridades responsables: 1. MAGISTRADO DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DIECISIETE; 2. MAGISTRADO DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO TREINTA Y SEIS; 3. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN; y, 4. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN. TODAS CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD. 5. JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL; 6. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL; 7. JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL; 8. JUEZ DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL ZAMORA; 9. FISCAL REGIONAL DE ZAMORA, MICHOACÁN; 10. DIRECTOR DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA DE ZAMORA MICHOACÁN; 11. DIRECTOR DE LITIGACIÓN DE LA FISCALÍA DE ZAMORA, MICHOACÁN; y, 12. DIRECTOR DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA DE ZAMORA, MICHOACÁN. TODAS CON RESIDENCIA EN ZAMORA, MICHOACÁN. Actos reclamados: 1. El desalojo de las parcelas 69 Z-1 P2/2 y 57 Z-1 P/2 del Ejido de Villafuerte, municipio de Zamora, Michoacán, dada la falta de llamado al procedimiento de origen, así como sus consecuencias jurídicas; y, 2. La orden privativa de la libertad en contra del quejoso y su ejecución. Actos que estimó violatorios de los artículos 14 y 16 Constitucionales. Segundo. Por acuerdo de veintidós de junio de dos mil dieciocho se admitió a trámite la demanda de amparo y se registró en el libro de gobierno con el número 767/2023; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, la intervención legal que le compete; se pidió el informe justificado a las autoridades responsables, se fijó fecha para la audiencia constitucional y ahora se procede resolver de acuerdo a las siguientes: CONSIDERACIONES: Primera. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues los actos reclamados se pretenden ejecutar dentro del territorio donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segunda. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 192097, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En cumplimiento al precepto y la jurisprudencia referidos, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado consiste en lo siguiente: 1. El desalojo de las parcelas 69 Z-1 P2/2 y 57 Z-1 P/2 del Ejido de Villafuerte, municipio de Zamora, Michoacán, dada la falta de llamado al procedimiento de origen, así como sus consecuencias jurídicas; y, 2. La orden privativa de la libertad en contra del quejoso y su ejecución. Tercera. Las autoridades siguientes autoridades responsables: 1. MAGISTRADO DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DIECISIETE; 2. MAGISTRADO DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO TREINTA Y SEIS; 3. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN; y, 4. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN. TODAS CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD. 5. JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL; 6. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL; 7. JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL; 8. JUEZ DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL ZAMORA; 9. DIRECTOR DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA DE ZAMORA MICHOACÁN; y, 10. DIRECTOR DE LITIGACIÓN DE LA FISCALÍA DE ZAMORA, MICHOACÁN; TODAS CON RESIDENCIA EN ZAMORA, MICHOACÁN. Al momento de rendir su informe justificado manifestaron que no son ciertos los actos que se les reclaman. Igual determinación debe tomarse respecto del Fiscal Regional y el Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, ambas con residencia en Zamora, Michoacán, por su calidad de ejecutoras aun cuando no rindieron su informe de ley. Por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, atento al aforismo que reza el que afirma está obligado a probar, como en la especie, pues la emisión la orden privativa de la libertad son actos positivos en tanto que implica una actividad desplegada por las citadas autoridades responsables, la cual deja huella en el tiempo y en el espacio, lo que la hacía susceptible de prueba, sin que aportara alguna para desvirtuar tales negativas. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades responsables mencionadas se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo actualmente en vigor, con apoyo en dicho precepto, debe sobreseerse en el juicio de garantías. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 37, 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo actualmente en vigor y en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Alfredo Andrade Ramírez, por inexistencia de los actos reclamados, atribuidas a las autoridades responsables. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que contempla el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables el trece, diecinueve y veintiuno de julio del presente año. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy y se fijan para su verificativo las nueve horas con treinta minutos del ocho de agosto de dos mil veintitrés. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 54/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada de veintiocho de marzo de dos mil, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, abril de dos mil, página 5, de la Novena Época, de rubro y contenido siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo (". el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado..") sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe deferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Es aplicable el criterio transcrito en virtud de que no se contrapone con la actual Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 6° transitorio. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con motivo del primer periodo vacacional correspondiente al año dos mil veintitrés, autorizado al titular, en sesión celebrada el tres de julio de dos mil veintitrés, por la Comisión de Carrera Judicial y comunicado en oficio CCJ/ST/3982/2023, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente, y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", y quien actúa con el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 270 del Código Federal de Procedimientos Civiles, agréguese sin mayor pronunciamiento el informe justificado que remite el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Zamora, Michoacán, dado que el diecinueve de julio del presente año se tuvo por recibido y se acordó lo relativo a su contenido. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con motivo del primer periodo vacacional correspondiente al año dos mil veintitrés, autorizado al titular, en sesión celebrada el tres de julio de dos mil veintitrés, por la Comisión de Carrera Judicial y comunicado en oficio CCJ/ST/3982/2023, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente, y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", y quien actúa con el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
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