Alfonso Torres Larrañaga
Expediente 1052/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1052/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 07/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Alfonso Torres Larrañaga
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 270 del Código Federal de Procedimientos Civiles, agréguese sin mayor pronunciamiento el oficio que remite la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, dado que por auto de cinco de octubre del presente año causo ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio de amparo por la cual sobreseyó el presente. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 20 fracción I del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 20 fracción I, del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las diez horas con veinte minutos del dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1052/2023, sin la comparecencia de las partes. El secretario da cuenta al juez con el pedimento registrado con el número 16168, que rinde la Agente del Ministerio Público Federal Adscrita a este juzgado. El Juez acuerda: Provéase lo conducente en la etapa correspondiente de la presente audiencia. Enseguida el secretario da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio el secretario da cuenta con las documentales que anexó la autoridad responsable a su informe justificado. Al respecto el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las probanzas exhibidas por la responsable. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. En el periodo de alegatos el secretario da cuenta con el pedimento presentado en esta propia fecha por la agente del Ministerio Público de la Federación y se hace constar que las demás partes no formularon alegatos. El juez acuerda: Se tienen por formulados los alegatos de mérito en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo y por precluido el derecho de las demás partes para formularlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídase a la fiscal copia de la presente resolución, previo acuse de recibo que se deje en autos para debida constancia legal. A lo que el juez acuerda: Se tiene por precluido el derecho de las partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. RESULTANDO: Primero. De la demanda. Mediante escrito presentado el once de agosto de dos mil veintitrés ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, recibido en este juzgado el día catorce siguiente, ********************, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra el acto del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, en los términos siguientes: La dilación en el dictado del laudo dentro del juicio ordinario laboral número ******************** Segundo. Trámite del juicio. Por acuerdo de quince de agosto de la presente anualidad, se admitió a trámite la demanda; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, mediante oficio recibido el día diecisiete del mismo mes y año; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación la intervención que le corresponde; y se fijó fecha para la audiencia constitucional. Asimismo, una vez integrado el expediente, el día de hoy se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues se reclama un acto proveniente de una autoridad laboral con sede en esta ciudad, lugar donde este juzgado ejerce jurisdicción. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Materia del amparo. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, esta juzgadora procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de garantías en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, debe decirse, que en la especie, el acto reclamado consiste en: La dilación en el dictado del laudo dentro del juicio ordinario laboral número ******************** Tercera. La Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, al momento de rendir su informe de ley informó que es parcialmente cierto el acto que se le reclama. Lo anterior, dado que del informe rendido por la Presidenta del Tribunal e Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, se advierte que mediante proveído de catorce de agosto del presente año, emitido dentro del juicio laboral de origen ********************, certificó que no había pruebas por desahogar y otorgó el término de tres días a las partes a efecto de que formularan sus alegatos, mismo día que fue recibida la demanda de amparo por este juzgado. Asimismo, mediante auto de cinco de septiembre actual, el tribunal responsable decretó el cierre de instrucción y ordenó poner los autos a la vista de la autoridad colegiada a efecto de emitir el laudo correspondiente dentro del juicio laboral de origen, lo cual revela la inexistencia de la dilación que refiere la parte quejosa en su escrito de demanda, ya que como se dijo, en la misma fecha en que se recibió la demanda de amparo en este juzgado (catorce de agosto de dos mil veintitrés), la autoridad responsable determinó que no queda pendiente por desahogar ninguna prueba admitida por lo que concedió a las partes el plazo de tres días para formular alegatos y posteriormente declaró el cierre de instrucción referido, por lo que el estudio de la litis se delimita únicamente a la función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa éste dentro del procedimiento laboral de origen. Lo anterior, tomando en cuenta que la concesión del amparo abarca únicamente la dilación a estudio en el presente juicio y no respecto de aquellas futuras o inciertas que lleguen surgir en el procedimiento, toda vez que de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, existe jurisprudencia obligatoria aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, décima época, de rubro y testo siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a la autoridad responsable mencionada se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo actualmente en vigor, con apoyo en dicho precepto, debe sobreseerse en el juicio de amparo. Cuarto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado y motivado, con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo; así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se resuelve: RESUELVE: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, por inexistencia de los actos reclamados, atribuidas a la autoridad responsable. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
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...SE AGREGA INFORME JUSTIFICADO....
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