Alfredo Álvarez Hernández
Expediente 463/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 463/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Alfredo Álvarez Hernández
Actuaciones
- Principal
...Pachuca de Soto, Hidalgo; quince de junio de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. Vista la certificación de cuenta, y como ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que se haya recurrido el auto a través del cual se desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada legislación, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y el registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ARCHIVO. Con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente sumario como concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al haberse desechado la demanda que le dio origen..-. M-V
- Principal
...Pachuca de Soto, Hidalgo; uno de junio de dos mil veintiuno. SE RECIBE DESPACHO. Téngase al Juez Primero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tizayuca, Hidalgo, devolviendo diligenciado el despacho 285/2021-V, del índice de este órgano jurisdiccional, enviado a fin de notificar a la parte quejosa el proveído de veintiséis de abril de este año. Se ordena dar de baja el comunicado de referencia en el libro de gobierno de comunicaciones oficiales enviadas y realizar la captura correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para efectos de estadística. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Por otra parte, visto el estado procesal de autos, se advierte que ha concluido el plazo concedido a la citada parte para que señalaran domicilio procesal en Pachuca de Soto, Hidalgo, o bien, en el área conurbada de dicho municipio; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído inicial y, con fundamento en los artículos 27, fracción II, y 29 de la Ley de Amparo, en concordancia con los diversos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, se ordena realizar a dicha parte procesal las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de lista. SUBSANA PREVENCIÓN. Por otra parte, toda vez que, en proveído de cuatro de mayo de este año, se reservó proveer sobre el contenido del ocurso recibido en este órgano el treinta de abril, hasta en tanto fuera devuelta la comunicación oficial aludida con anterioridad; en esas condiciones, se tiene a Alfredo Álvarez Hernández dando total cumplimiento a la prevención formulada en el presente sumario. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De un análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama los actos dictados en el juicio de divorcio unilateral 382/2019, del índice del Juzgado Primero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tizayuca, Hidalgo, consistentes en: a) El auto de doce de octubre de dos mil veinte, mediante el cual se le requirió para que dentro del término de tres días se pusiera al corriente con el pago de la pensión alimenticia a favor de sus menores hijos, que se le decretó mediante diverso de cuatro de septiembre anterior, y se le apercibió de que, de no hacerlo, se le impondría una medida de apremio consistente en una multa equivalente a diez unidades de medida y actualizaciones a favor de la administración de la justicia. b) El proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, en el que se hizo efectivo el apercibimiento ordenado en el distinto de doce de octubre anterior. c) La determinación de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, en donde se acusa la rebeldía en la que incurrió el aquí quejoso Alfredo Álvarez Hernández, por lo cual se le impuso una multa de $1,737.60 (mil setecientos treinta y siete pesos 60/100 moneda nacional), y se le requirió para que tres días se pusiera al corriente con el pago de las pensiones alimenticias adeudas, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo, se procedería al aseguramiento de bienes de su propiedad, en términos de lo establecido por el artículo 463 del Código de Procedimientos Familiares, y se daría vista al agente del Ministerio Público adscrito. Una vez precisado lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede es desechar de plano la demanda. En efecto, el precepto citado es del tenor siguiente: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo transcrito seadvierte la obligación del juez de distrito de realizar un examen integral de la demanda de amparo, con la finalidad de determinar si el juicio de derechos fundamentales es procedente, pues de lo contrario dicha demanda debe ser desechada, ya que la acción constitucional sólo está reservada para aquellos casos previstos en el numeral 107 de la Ley de Amparo. Además, debe tenerse en cuenta que el diverso 62 del cuerpo de leyes en cita impone la obligación al juzgador de amparo de analizar oficiosamente las causas de improcedencia que advierta, pues estas son de orden público y por ello su estudio es imperativo. No obstante, es necesario aclarar que el desechamiento de la demanda de garantías se encuentra condicionado a que la actualización de la o las causales de improcedencia sea manifiesta e indudable, es decir, que debe ser clara, evidente por sí misma, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; tal como lo consideró el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en la jurisprudencia número XVII.2o. J/11, emitida por publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, Novena Época, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Precisado lo anterior, debe decirse que, respecto del acto reclamado señalado en el inciso a) esta juzgadora considera que se individualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia derivada de la interpretación sistemática del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en virtud de que la determinación reclamada no produce un perjuicio en la esfera de derechos del interesado. A fin de explicar tal conclusión, a continuación, se reproducen las porciones normativas invocadas: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. [.]. Conforme al contenido del artículo 6 de la ley de la materia, se tiene que para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o jurídica que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. En vía de consecuencia, la noción perjuicio para que proceda el juicio de amparo, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley misma, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurídico correspondiente, demandando el cese de esa trasgresión. En consecuencia, si la parte promovente reclama del anotado órgano jurisdiccional el proveído de doce de octubre de dos mil veinte, mediante el cual se le requirió para que dentro del término de tres días se pusiera al corriente con el pago de la pensión alimenticia a favor de sus menores hijos, que se le decretó mediante diverso de cuatro de septiembre anterior, y se le apercibió de que, de no hacerlo, se le impondría una medida de apremio consistente en una multa equivalente a diez unidades de medida y actualizaciones a favor de la administración de la justicia; ello no le irroga perjuicio alguno al accionante del juicio, en la medida en que, por sí mismo, ese acto procesal no produce alguna consecuencia jurídica que afecte la esfera jurídica de la promovente. Siendo que, en todo caso, el apercibimiento formulado por la autoridad designada como responsable, se encuentra supeditado, en primer término, a la voluntad de la parte impetrante "de cumplir", y en segundo lugar, a que el juzgador haga efectivo el apercibimiento de multa al aquí quejoso. Sirve de apoyo, la tesis aislada con registro digital 226691, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IV, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1989, página 88; que es del tenor siguiente: "APERCIBIMIENTO, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LO DETERMINA. No puede decirse que el acuerdo por medio del cual se requiere a una de las partes para que cumpla con determinado requisito, tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, o sea, que se encuentre dentro de lo previsto en la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, pues no causa un agravio personal y directo y por tanto el amparo que se promueve en contra del mismo resulta improcedente, conforme a lo dispuesto por los artículos 73 fracción XVIII y 74 fracción III de la ley en comento." Una vez expuesto lo anterior, se tiene que el auto de doce de octubre de dos mil veinte, mediante el cual se le requiere al quejoso para que dentro del término de tres días se pusiera al corriente con el pago de la pensión alimenticia que se le decretó mediante diverso de cuatro de septiembre anterior, y se le apercibe que de no hacerlo se le impondría una medida de apremio consistente en una multa, no produce por sí mismo un perjuicio en la esfera de la parte interesada. Por otro lado, por lo que concierne a los actos identificados con los incisos b) y c), se actualiza la causal de improcedencia derivada de la infracción al principio de definitividad, prevista en el precepto 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]. Del dispositivo legal en comento se desprende que para la procedencia del juicio de amparo, cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, respecto de los cuales conceda la ley algún recurso dentro del procedimiento que pueda tener como consecuencia su modificación, revocación o nulificación, es necesario que previamente se agote dicho medio ordinario de defensa previsto en la ley que rige el acto reclamado, ya que sólo de esa manera se cumple con el principio de definitividad previsto en el artículo 107 de la Ley Suprema. En el caso, el quejoso Alfredo Álvarez Hernández reclama el proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, en el que se le hace efectivo el apercibimiento ordenado en el distinto de doce de octubre anterior, así como la determinación de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, en donde se acusa la rebeldía en la que incurrió en el juicio génesis, y se le impone una multa de $1,737.60 (mil setecientos treinta y siete pesos 60/100 moneda nacional), mismos que fueron dictados en el juicio de divorcio unilateral 382/2019, del índice del Juzgado Primero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tizayuca, Hidalgo Sin embargo, contra tales determinaciones procede el recurso de apelación de conformidad con los artículos 364, fracción II, 379, 382, 383 y 395 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo, que a la letra dicen lo siguiente: Artículo 364. Éste Código prevé los siguientes recursos: [.] II. Apelación; [.]. Artículo 379. El Tribunal Superior de Justicia, es el competente para conocer y resolver del recurso de apelación." Artículo 382. El recurso de apelación tiene por objeto que el Superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Artículo 383. Pueden apelar: el litigante si creyere haber recibido algún agravio, los terceros que hayan salido al juicio y los demás interesados a quienes perjudique la resolución judicial." "Artículo 395. De los autos y de las sentencias interlocutorias de los que se derive una ejecución que pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación y la apelación proceda en el efecto devolutivo, se admitirán en ambos efectos si el apelante lo solicita al interponer el recurso, y señalará los motivos por los que considera el daño irreparable o de difícil reparación. El juez deberá resolver si la admite en ambos efectos conforme a lo solicitado, exhibiendo garantía conforme a lo establecido en el Artículo 398 de este ordenamiento." La correlación de dichos numerales permite afirmar la procedencia del recurso de apelación contra autos de los que se derive una ejecución que pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación. Además, mediante la interposición de ese medio de impugnación, se puede revocar o modificar la determinación recurrida y será admitido en ambos efectos, esto es, suspende desde luego la ejecución en términos del numeral 392 de la ley de enjuiciamiento familiar del Estado de Hidalgo, en caso de que el apelante lo solicite y se expongan los motivos por los que considere que el daño que ocasiona es irreparable o de difícil reparación. Ahora, los actos que la parte quejosa pretende someter a escrutinio constitucional deben calificarse como autos cuya ejecución es de difícil reparación, ya que se trata de la orden del juez de origen de hacer efectivo el apercibimiento ordenado en diverso auto, e imponerle una multa de $1,737.60 (mil setecientos treinta y siete pesos 60/100 moneda nacional); de ahí que las consecuencias de tales actos procesales afecten los derechos subjetivos del accionante, sin que estos sean susceptibles de repararse en el juicio familiar del que dimana. Por otra parte, en su escrito de demanda, el promovente manifestó bajo protesta de decir verdad que fue notificado de los actos reclamados, el cinco y treinta de abril de dos mil veintiuno, respectivamente; esto es, desde esas fechas tuvo conocimiento de ellos. Tales manifestaciones merecen valor demostrativo pleno en términos de los artículos 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al constituir una confesión espontánea admisible en este juicio. De ahí, que el promovente del juicio no tenga el carácter de tercero extraño por equiparación en el presente juicio; lo anterior, con apoyo de la tesis aislada (V Región)2o.2 K (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, contenida en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, página 2609; que es del tenor siguiente: "TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TIENE CONOCIMIENTO COMPLETO, EXACTO Y DIRECTO DEL JUICIO SEGUIDO EN SU CONTRA, AL PROMOVER UN PRIMER AMPARO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO. Carece del carácter de tercero extraño por equiparación quien reclama la falta o ilegal emplazamiento cuando promovió un amparo anterior contra el emplazamiento. Esto, al tener conocimiento completo, exacto y directo del juicio seguido en su contra, pues con independencia de que no comparezca al proceso, la existencia de un primer juicio de amparo acredita ese conocimiento y actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo." Por tanto, si los acuerdos reclamados son resoluciones de ejecución de difícil reparación, es evidente que, en su contra, procede el recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 334, fracción II, 379, 382, 383 y 395 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo. Además, cabe destacar que, el que los actos sean de difícil reparación, no implica una excepción a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8, que establece: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Asimismo, es necesario aclarar que, en la especie, no se surte ninguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad, establecidos en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, ya que los actos en estudio no son de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como tampoco se trata de incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Además, no consisten en una orden de aprehensión o reaprehensión; un auto que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos; una orden de arresto u otro que afecte la libertad personal del amparista. Asimismo, no se impugna un auto de vinculación a proceso. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.2o.C. J/260, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Marzo de 2006, página a1816, que establece: DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." En suma, si el Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo prevé el recurso de apelación contra resoluciones que sean de imposible o difícil reparación, el quejoso debe acudir a hacer valer dicho recurso, previo a acudir a la sede constitucional. Se invoca como sustento, la tesis aislada XXVII.1o.(VIII Región) 2 C, que emitió el Primer Tribunal Colegiado De Circuito Del Centro Auxiliar De La Octava Región, divulgada a través del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, Julio de 2011, página 1957, registro digital 161701; cuyo epígrafe y texto son: "APELACIÓN. DEBE AGOTARSE ESE RECURSO ANTES DE PROMOVER EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE IMPONE UNA MULTA EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE). De conformidad con los artículos 806 y 807 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche, los autos son apelables cuando tienen fuerza de definitivos o causan gravamen irreparable, es decir, cuando la afectación que provocan no puede enmendarse en la sentencia de fondo o en una resolución interlocutoria. Ahora bien, el acuerdo en el que se impone una multa en la etapa de ejecución genera un perjuicio de esa naturaleza. En efecto, tal daño no puede ser resarcido en la sentencia en tanto que ésta ya fue dictada, ni en la resolución que culmine el procedimiento ejecutivo, dado que en ella no se reexaminarán los medios de apremio impuestos a las partes. Así pues, ninguna resolución subsecuente del Juez sancionador podría extinguir o invalidar la multa. Por el contrario, cualquiera que sea el curso del procedimiento, prevalecerá la sanción pecuniaria y la obligatoriedad de su pago. Por ese motivo, el proveído que impone una multa en la fase de ejecución de sentencia tiene fuerza de definitivo y causa un gravamen irreparable, por lo que es susceptible de ser apelado. Luego, de no agotarse el recurso de apelación contra ese auto, resultará improcedente el juicio de garantías indirecto, al actualizarse la causa de improcedencia regulada en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo." Por ende, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia antes analizadas, se reitera el desechamiento de la demanda de mérito, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo.-. M-V
- Principal
...Pachuca de Soto, Hidalgo; cuatro de mayo de dos mil veintiuno. ESCRITO ACLARATORIO. Agréguese el escrito de cuenta, por medio el cual Alfredo Álvarez Hernández pretende dar cumplimiento a la prevención formulada en el presente sumario. Se reserva acordar lo conducente hasta en tanto se cuente con las constancias que integren el despacho 285/2021-V, del índice de este juzgado federal, enviado para notificar dicho auto al accionante, a fin de que la suscrita tenga certeza que el promovente desahogó la prevención en el plazo concedido...M.V
- Principal
...Pachuca de Soto, Hidalgo; veintiséis de abril de dos mil veintiuno. SOBRE DEVUELTO. Visto el sobre cerrado devuelto por el Administrador Postal de Correos de México, con residencia en esta ciudad, mismo que contiene la leyenda "Cambio de domicilio", con lo que se advierte la imposibilidad de entregar el oficio 1149-5, dirigidos al "Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo". GIRA DESPACHO (ENTREGA DE OFICIO). Por lo anterior, y a fin de evitar mayores dilaciones procesales, con fundamento en el párrafo segundo del ordinal 116 de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, gírese despacho al Juzgado Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, en turno; lo anterior, a efecto de que en auxilio de este juzgado, comisione al actuario de su adscripción a fin de que de no existir inconveniente haga entrega del oficio 1149-5, dirigido al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo. En el entendido de que, si la autoridad se niega a recibir el referido comunicado, de conformidad con el artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la ley de la materia, el diligenciario deberá hacer del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente, que no obstante esa circunstancia, se tendrá por hecha la notificación que se pretende, y en caso de subsistir la negativa, deberá asentar la razón procedente y tener por hecha la notificación. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar tiempo a lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional programada para el día de hoy y en su lugar se fijan las nueve horas con treinta y un minutos del veintiocho de mayo de dos mil veintiuno para su celebración...III
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