Alfonzo Montalvo Zamudio
Expediente 1989/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1989/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Alfonzo Montalvo Zamudio
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; diez de abril de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN DE EJECUTORIA. Por recibido el testimonio de la ejecutoria que envía la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. Acúsese el recibo de estilo. Hágase saber a la parte quejosa, que en sesión ordinaria virtual de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, dicho tribunal emitió ejecutoria en el recurso de queja civil 6/2023, cuyo punto resolutivo es el siguiente: "ÚNICO. Se declara sin materia el recurso de queja interpuesto por el quejoso Alfonso Montalvo Zamudio, por propio derecho, en contra del auto de veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, dictado por la Jueza Primera de Distrito en el Estado de Hidalgo, en el juicio de amparo indirecto *** mediante el cual determinó desechar de plano de la demanda de amparo". Háganse las anotaciones conducentes en el libro de gobierno. DESGLOSE. Por otra parte, se ordena desglosar las constancias originales que obren en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de queja interpuesto, a fin de que sean integradas al presente sumario. ARCHIVO Y VALORACIÓN. Ya que el expediente electrónico coincide con el cuaderno principal físico, con fundamento en los artículos 3, último párrafo y 214, de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, toda vez que se desechó la demanda de amparo que le dio origen. VALORACIÓN DEL CUADERNO DE ANTECEDENTES. En términos de los artículos 12, 14 y 20, fracción I, inciso a), del citado acuerdo general, dicho expediente auxiliar es susceptible de destrucción, en el plazo de seis meses....II
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; veinte de enero de dos mil veintitrés. ACUSE DE RECIBO. Téngase a la secretaria del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, informando la admisión del recurso de queja que hizo valer la parte quejosa, mismo que quedó radicado bajo el número ***, de su índice...II
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; nueve de enero de dos mil veintitrés. QUEJA. Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso e), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo: 1. Se tiene a la parte quejosa *** interponiendo recurso de queja contra el auto de desechó la demanda. 2. Una vez que se notifique al recurrente el presente auto y sin necesidad de acuerdo previo, envíense al Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, en turno, (I) el informe sobre la materia de la queja; (II) el original del escrito de agravios; y, (III) original del expediente en que se actúa. 3. Fórmese cuaderno de antecedentes.II
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. RADICACIÓN Y EXPEDIENTE. Téngase por recibida la demanda promovida por *****, contra actos del Gobernador del Estado de Hidalgo y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno, con el número 1989/2022-II-A. DESECHAMIENTO. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda que se provee, ya que se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio. En efecto, al examinar la demanda de amparo se estima actualizada, de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción IV, los cuales establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. FRANCISCO ALBERTO GARCIA RAMIREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.66.3f 29/08/23 10:32:34 2 (.) En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. (...) De la interpretación sistemática de los preceptos normativos transcritos, se obtiene la regla de procedencia del amparo indirecto respecto de actos de tribunales judiciales realizados fuera de juicio o después de concluido. Además, en lo que aquí interesa, estatuye que, en el procedimiento de remate sólo podrá promoverse el juicio constitucional contra la última resolución, pudiéndose reclamar hasta ese momento las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa; lo cual implica que no se puede entorpecer la ejecución de una sentencia que constituya cosa juzgada. Cabe aclarar, que el procedimiento de remate se traduce en una venta pública y se realiza en la fase de ejecución de la sentencia de un juicio, por orden y con la dirección del órgano jurisdiccional, que tiene como finalidad vender o adjudicar bienes propiedad de la parte condenada en el juicio, para poder cubrir el pago ordenado en la sentencia a favor de una de las partes, con el producto del remate En general, dicho procedimiento comprende básicamente las tres etapas siguientes: (i) avalúo; (ii) subasta o remate, y (iii) entrega del precio, otorgamiento de escritura y pago al ejecutante, o bien, adjudicación directa del bien al ejecutante. Mediante este procedimiento, el titular del derecho real del bien sujeto a remate es sustituido respecto de la facultad de su disposición, y se transfiere al juez, el cual está autorizado por la ley para vender el bien como un medio ejecutivo de hacer cumplir una resolución judicial, y en su defecto para adjudicarlo en favor del rematante, en caso de que no concurran postores interesados. Ahora, en términos del numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, las violaciones cometidas durante el procedimiento de remate deben hacerse valer mediante la promoción del juicio de amparo, cuando se reclame la última resolución, porque de demostrarse que hubo la infracción constitucional y por ello se dejó sin defensa al quejoso, se deberá reponer el procedimiento a partir de tal violación; pero, de ser infundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento de la cosa juzgada, lo cual equilibra el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de amparo, que no permite ser utilizado como instrumento dilatorio de la administración de justicia. Luego, a fin de precisar el alcance de la hipótesis de procedencia en comento, es menester acudir a la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), en la que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en aras de claridad y certeza, estableció que la última resolución del procedimiento de remate es, indistintamente, aquella que: a) En forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación; o bien, b) Ordena la entrega de bienes rematados. En efecto, en la ejecutoria de la contradicción de tesis 74/2015, que dio origen al citado criterio jurisprudencial, la Primera Sala del Máximo Tribunal del Estado Mexicano concluyó que la conjunción copulativa y contenida en el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, pudiera interpretarse en el sentido de que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, pero ello provocaría un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial y sostuvo que dicha disposición debe leerse no como una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate. El referido criterio jurisprudencial es consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, página 1066, registro digital 2011474; que es del tenor siguiente: REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Por tanto, basta que se emita una sola de las resoluciones antes precisadas, para considerar actualizada lo que se considera como la última resolución en relación con el procedimiento de remate, y permitir así la procedencia del juicio de amparo biinstancial; sin embargo, de no reclamarse alguna de ellas, se tornaría improcedente. Ahora, conviene ahondar más en el supuesto precisado en el inciso a), esto es, la determinación jurisdiccional que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación. En la contradicción de tesis 29/2019, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió cuál de las resoluciones que ordena la escrituración del bien inmueble rematado es la que deberá entenderse como la última resolución en la etapa de remate, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, si aquella que requiere al ejecutado la escrituración voluntaria, o bien, la posterior, que la ordena en su rebeldía. En la ejecutoria correspondiente, señaló que el vocablo definitividad al que alude el precepto 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, puede entenderse desde dos criterios: (a) el formal, que se asocia con la cualidad de que en su contra no procede recurso procesal alguno, o bien, (b) el material, que corresponde con la circunstancia de que su materialización ya no esté a elección de las partes, o sea, que deba requerirse la realización efectiva de la decisión jurisdiccional, de manera que ésta no está sujeta a la elección de la parte a la que va dirigida (desde este punto de vista, la resolución definitiva sería aquella que hace efectivo el apercibimiento y que, ante la contumacia del sujeto que está facultado para otorgar la escritura, traslada esa facultad al propio juez). Concluyó que, tratándose de la escrituración en el procedimiento de remate, la última resolución para efectos del juicio de amparo indirecto es la que ordena requerir al ejecutado el otorgamiento voluntario de la escritura por la venta judicial. Destacó, que la circunstancia de que el proveído que ordena el otorgamiento voluntario de la escritura, para llevar a cabo la formalización de la venta judicial, con apercibimiento que de no hacerlo el juzgador lo hará en su rebeldía, apele a la voluntad del ejecutado, no implica que ésta no constituya la última resolución, pues lo definitivo es que la eficacia de lo ordenado, esto es, la capacidad de materializar en su totalidad los efectos del derecho sustantivo de propiedad por medio de la formalización de la transmisión de la propiedad, no depende del resultado de la diligencia de notificación ni de la actitud que pueda adoptar el ejecutado, pues la eventual contumacia de éste solamente dará lugar a que la facultad de otorgar la escritura pase al juzgador en su rebeldía. De dicha contradicción, derivó la jurisprudencia 1a./J. 57/2019 (10a.) publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo I, página 110, registro digital 2020631; que establece: ESCRITURACIÓN EN EL REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA SU OTORGAMIENTO EN FORMA VOLUNTARIA. En el caso, el accionante reclama la sentencia de segunda instancia de treinta de noviembre de dos mil veintidós, dictada por la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, en el toca civil 216/2022; determinación mediante la cual aprobó la diversa dictada por el juez de primera instancia, que aprobó el remate realizado en el juicio especial hipotecario 511/2017. Cabe mencionar, que dicha resolución se señala también como el primer acto de aplicación de los artículos 473, fracción VI, y 561, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo, mismos que el quejoso tilda de inconstitucionales. En ese sentido, la resolución reclamada, que se señala como el primer acto de aplicación de las normas legales que se impugnan en esta instancia constitucional, fue emitida durante el procedimiento de remate dentro del juicio especial hipotecario 511/2017, del índice del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo. Sin embargo, esta juzgadora estima que no constituye aquella resolución que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado. Por lo que tal determinación en este momento es inatacable por la vía constitucional, dado que, si bien la resolución impugnada fue emitida después de concluido el juicio, es decir, dentro del procedimiento de remate, lo cierto es que no se trata de aquella que se considera la última resolución dentro del mismo. Por tanto, como el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo establece que, tratándose del procedimiento de remate, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, y tratándose del remate, aquella que haya ordenado el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados; luego, a criterio de este juzgado federal, resulta improcedente el presente juicio de amparo contra la resolución reclamada en la que se aprobó el remate del bien inmueble motivo de la controversia, pues se reitera, no encuadra en los supuestos precisados con antelación. Ahora, el quejoso también reclama la sentencia de segunda instancia, confirmatoria de la diversa resolución que aprobó el remate, como el primer acto de aplicación de los artículos 473, fracción VI, y 561, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo, mismos que también señala como reclamados, atribuyendo su emisión a los órganos que intervinieron en el proceso legislativo. Con todo, la impugnación de las citadas previsiones legales, por una aparente inconstitucionalidad, no constituye un supuesto de excepción a la hipótesis de procedencia del juicio de amparo, contenida en el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, es decir, la que se refiere al momento procesal que permite la procedencia del juicio constitucional, cuando el acto reclamado deriva de un procedimiento de remate. Lo anterior, porque no existe disposición legal que así lo prevea, en tanto que debe recordarse que el juicio de amparo, como medio extraordinario de defensa meta procesal, sólo procede en los supuestos expresamente previstos en la citada ley, bajo las condiciones, presupuestos y requisitos que la misma establece. Además, en tratándose del juicio de amparo contra leyes, cuando estas se impugnan con motivo de un acto de aplicación (heteroaplicativas), su procedencia no es autónoma o inmediata ni queda al margen de las condiciones necesarias que deben reunirse para que la persona juzgadora pueda ocuparse de la demanda y, en su caso, emitir una resolución sobre el problema jurídico planteado. Esto, porque la procedencia del juicio de amparo contra normas generales está supeditada a que dicho medio extraordinario de defensa sea procedente contra el acto que se señala como el primero de aplicación; por ende, si contra este no procede el juicio de amparo, por consecuencia, tampoco puede prosperar respecto de la norma legal impugnada, pues el análisis de constitucionalidad está supeditado a que se colmen las condiciones necesarias para que el procedimiento alcance el estado de resolución y la autoridad de amparo pueda emitir un pronunciamiento de fondo; lo que no ocurrirá si el juicio es improcedente respecto del acto de aplicación. Con fines meramente ilustrativos se invoca la tesis aislada de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 163-168, Quinta Parte, página 31, Séptima Época, de rubro y texto siguientes: LEYES, AMPARO CONTRA. IMPROCEDENCIA. Por esa razón, es innegable la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción IV del diverso 107, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario; de ahí que procede desechar de plano la demanda de amparo presentada por *****. Es importante señalar que la causa de improcedencia invocada es manifiesta porque, como se expuso, se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Además, es indudable porque se tiene la certeza y plena convicción de que efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda de amparo y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. Por ello, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que permite desechar de plano la demanda de amparo indirecto al advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sirve de apoyo la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. DOMICILIO PROCESAL DE LA QUEJOSA. Téngase como tal el ubicado en *****. AUTORIZADO. Téngase como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a *****. Asimismo, se tienen como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones, a ******. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas). HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En atención al principio de economía procesal y, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento se autoriza a las partes para hacer uso de cámaras fotográficas, lectores de láser u otros medios electrónicos, para la reproducción de los acuerdos y resoluciones dictados en el presente sumario...II
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