Alfonso Velázquez Damian
Expediente 787/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 9 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 787/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 13/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Alfonso Velázquez Damian
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
MESA 2 VILLAHERMOSA, TABASCO, TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; como de la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por la parte quejosa Alfonso Velázquez Damián; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En tal virtud, ha´gase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrara´n materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, en el cual no obra documento alguno en original y certificado, pues así se desprende de la certificación secretarial de cuenta. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Finalmente, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Notifíquese.
- Incidental
MESA 2 VILLAHERMOSA, TABASCO, TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Décimo Octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó y concedió la suspensión provisional y definitiva, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse trascurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
mesa En Villahermosa, Tabasco, a las diez horas con cinco minutos del veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, en audiencia pública Rocío de los Ángeles Pérez Pérez, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, en funciones de Jueza de Distrito, autorización que le fue otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el nueve de agosto de dos mil veintiuno, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2840/2021, a partir del dieciséis de agosto del mencionado año y hasta en tanto dicha Comisión lo determine o el Pleno del Consejo adscriba titular en el referido órgano jurisdiccional, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, quien actúa asistida de Emilio Morales Hernández, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 787/2021-2, promovido por Alfonso Velázquez Damián. A continuación, el Secretario certifica que de la consulta en este órgano jurisdiccional existe el diverso juicio de amparo 85/2020-10, del índice de este juzgado, en el cual el veintiséis de febrero de dos mil veinte se dictó sentencia definitiva en la que en su primer punto resolutivo se sobreseyó en el citado juicio de amparo promovido por Alfonso Velázquez Damián, y en su segundo punto resolutivo se negó el amparo y protección de la Justicia federal solicitada por el referido quejoso; la cual causó ejecutoria mediante proveído de siete de agosto del mismo año, ordenándose el archivo del expediente como asunto concluido; mismo que se encuentra relacionado con el presente asunto, toda vez que ambos juicios fueron promovidos por el mismo quejoso, en el que señaló como acto reclamado el auto de once de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente TET-JDC-78/2018-I, del índice del Tribunal Electoral del Estado de Tabasco, en el que se impuso al quejoso una multa por la cantidad de $8,561.65 (ocho mil quinientos sesenta y uno 65/100 moneda nacional), así como su ejecución y como autoridad responsable al Tribunal Electoral de Tabasco, con sede en esta ciudad. La secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: Se tiene por hecha la anterior certificación para los efectos legales conducentes, toda vez que en el diverso juicio de amparo 85/2020-10, del índice de este Juzgado, se encuentra relacionado con el presente juicio de amparo en que se actúa. Lo anterior, constituyen un hecho notorio para esta juzgadora, en términos de lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; mismos que se tienen a la vista al emitir la presente resolución. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 285, del Tomo XXV, Junio de 2007, del Semanario Judicial de la Federación, Novena época, con número de registro 172215, cuyo rubro y texto señalan: HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Al respecto, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, el secretario da cuenta con las ofrecidas por la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo consistentes en: Copia simple de la credencial para votar a nombre del quejoso Alfonso Velázquez Damián . Copia simple del mandamiento de ejecución, designación del ejecutor e instrucción al mismo, de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, signado por la Receptora de Rentas de Centla . Copia simple del acta de requerimiento de pago y embargo de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, realizado por el Notificador-Ejecutor adscrito a la Receptoría de Rentas de Centla . De igual forma, se da cuenta con las constancias que el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Tabasco anexó a su informe justificado rendido en el diverso juicio de amparo 760/2021-3 del índice de este juzgado, las cuales la referida autoridad solicitó que bajo el principio de economía procesal se le tuvieran rendidas en el presente asunto, consistentes en: Copia certificada de los cuadernos de amparo TET- CAMP-04/2019, TET-CAMP-06/2019, TET-CAMP-07/2019, TET-CAMP-08/2019, TET-CAMP-09/2019, TET-CAMP- 10/2019, TET-CAMP-11/2019, TET-CAMP-12/2019, TET- CAMP-13/2019, TET-CAMP-14/2019, TET-CAMP-15/2019 y TET-CAMP-16/2019, del i´ndice de la responsable. Copia certificada de los incidentes de ejecución de sentencia 01/2019-I, constante de dos tomos. Copia certificada del expediente TET-JDC-78/2018-I y acumulados, del i´ndice de la responsable. Asimismo, se da cuenta con las constancias que el Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, en representación de la Secretaría de Finanzas de Tabasco y de la Receptoría de Rentas del Municipio de Centla, Tabasco, anexó a su informe justificado, consistentes en: Memora´ndum nu´mero SF/PF/SCP/0652/2021 emitido el veintiuno de julio del an~o dos mil veintiuno, por el Subdirector de Control de Procesos. Memora´ndum nu´mero DTR/1085/2021 de veintiséis de julio de dos mil veintiuno, expedido por el Director Te´cnico de Recaudacio´n. Memora´ndum nu´mero RRC/308/2021, de veintitrés de julio del an~o dos mil veintiuno, expedido por la Receptora de Rentas en el Municipio de Centla, Tabasco. Memora´ndum nu´mero RRC/0154/2020, expedido el veintiocho de abril del an~o dos mil veintiuno, por la Receptora de Rentas en el Municipio de Centla, Tabasco. Oficio nu´mero SF/SI/DTR/0629/2021, expedido el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, por el Director Te´cnico de Recaudacio´n. Oficio nu´mero TET-SGA-350/2021, expedido el diez de mayo de dos mil veintiuno, por la Secretari´a General de Acuerdos del Tribunal Electoral de Tabasco. Memora´ndum nu´mero DTR/0682/2021, expedido el veinte de mayo de dos mil veintiuno, por la Direccio´n Te´cnica de Recaudacio´n. Mandamiento de ejecucio´n, designacio´n del ejecutor e instruccio´n al mismo de fecha veintitrés de junio de dos mil veintiuno, expedido por el Receptor de Rentas en el Municipio de Centla, Tabasco. Acta de Requerimiento de Pago y Embargo realizada el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, por el Notificador Ejecutor de Frontera, Centla, Tabasco. Memora´ndum nu´mero DTR/2094/2019, expedido el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve por el Director Te´cnico de Recaudacio´n. Oficio TET-SGA-502/2019, emitido el quince de octubre del an~o dos mil diecinueve, por el Tribunal Electoral del Estado de Tabasco. Resolucio´n de ocho de julio de dos mil diecinueve, emitida por el Tribunal Electoral de Tabasco, en el expediente TET-JDC-78/2018-I. Ce´dulas de notificacio´n por estrados, de notificacio´n personal y por oficios, respecto de la citada resolucio´n, de once de julio de dos mil diecinueve. Acuerdo emitido el once de octubre de dos mil diecinueve, por el Pleno del Tribunal Electoral de Tabasco, en el expediente TET-JDC-78/2018-I. Ce´dulas de notificacio´n por oficio de catorce de octubre de dos mil diecinueve, respecto del acuerdo de once de octubre de ese an~o. Al respecto la secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho a las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 787/2021-2, promovido por Alfonso Velázquez Damian contra actos de la Receptoría de Rentas de Centla, Tabasco, y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 1º, 5º, 8º, 14, 16, 17, 27, 103, 107 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO Y RETURNO DE LA MISMA. Mediante escrito presentado el siete de julio de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada en esa misma fecha en la Oficina de Correspondencia Común, y turnado al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco, al día siguiente, Alfonso Velázquez Damián, promovió amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Recetoría de Rentas de Centla, Tabasco, y otras autoridades; el cual mediante auto de nueve de julio de dos mil veintiuno (fojas 30 a 32), radicó la demanda de amparo con el expediente 732/2021-VIII-15 de su índice, y determinó remitir la citada demanda de garantías a este Órgano Jurisdiccional, al estimar que éste conoció con anterioridad del diverso juicio de garantías 85/2020-10, en el cual el acto reclamado deriva del incidente de inejecución de sentencia 01/2019, derivado del expediente 78/2018-I y acumulados del índice del Tribunal Electoral del Estado de Tabasco. En la presente demanda el quejoso Alfonso Velázquez Damián demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS A LA ILEGAL DETERMINACIÓN DE PRETENDER EJECUTAR UNA MULTA EN MI CONTRA, YA QUE RECIBÍ EN MI CENTRO DE TRABAJO UNA ILEGAL Y VIOLATORIO DE MIS DERECHOS, MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN, DESIGNACIÓN DE EJECUTOR AL MISMO, DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2021, EN EL CUAL SE PRETENDE REALIZAR EL COBRO DE UN IMPORTE DE MULTA DE 8,561.65 OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS 65/100 M.N SUPUESTAMENTE DERIVADO DEL EXPEDIENTE TET-JDC-78/2018-1, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE TABASCO, CON UNA ACTUALIZACIÓN DE $648.54 SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 54/100 M.N. Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE $380.00 TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N), HACIENDO UN TOTAL DE LA CANTIDAD DE $9,590.19 NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA 19/100 M.N.; SIN QUE HAYA SIDO NOTIFICADO PARA UN PROCEDIMIENTO COACTIVO DE EJECUCIÓN, VIOLANDO MI DERECHO DE AUDIENCIA, PARA PODER DEFENDERME Y OFRECER PRUEBAS, violentándose mis garantías de legalidad y seguridad jurídica, derechos consagrados en el artículo 1, 14, 16 y 133 Constitucionales. B LA ILEGAL DETERMINACIÓN O INSTRUCCIÓN DE TRABAR EMBARGOS A MI PATRIMONIO, sin que haya sido parte de algún procedimiento DE ALGUNA NATURALEZA, violentándose mis Derechos fundamentales. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Tribunal Electoral del Estado de Tabasco. 2 Receptoría de Rentas de Centla, Tabasco. 3 Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de quince de julio de dos mil veintiuno, se aceptó la competencia planteada y admitió a trámite la demanda de amparo, quedando registrada con el expediente 787/2021-2; se instruyó a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco, para que realizara la compensación relativa en el SISE-OCC (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito), se solicitó a las autoridades responsables rindieran sus informes justificados; se ordenó dar la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2 SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 , fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado:? El auto de once de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente TET-JDC-78/2018-I, del índice del Tribunal Electoral del Estado de Tabasco, en el que se impuso al quejoso una multa por la cantidad de $8,561.65 ocho mil quinientos sesenta y un pesos 65/100 moneda nacional, así como su ejecución. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado al haberlo aceptado el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Tabasco fojas 56 y 57, y el Procurador Fiscal en representación de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco y de la Receptoría de Rentas del Municipio de Centla, Tabasco (fojas 69 a 62), por así haberlo señalado al rendir informe justificado, además de que se corrobora con las constancias que remitieron al mismo, las cuales obran glosadas en autos (fojas 63 a 180) y otras por cuerda separada. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, así como conforme a la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación de 1995, de rubro DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO"; por lo que así deberá tenerse para los efectos legales procedentes. De igual forma, sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por el aludido Pleno de nuestra Corte Suprema, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, titulada INFORME JUSTIFICADO AFIRMATlVO. CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo En ese sentido, este juzgador estima que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 del aludido ordenamiento jurídico, que instituye: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior. Porción normativa que debe relacionarse con la fracción X del propio dispositivo, en cuanto a los elementos que la configuran, es decir, el juicio constitucional será improcedente contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, cuando sea promovido por el mismo quejoso, contra la misma autoridad responsable y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean distintas. Al respecto, cabe precisar también que el término "ejecutoria en otro juicio de amparo", constituye el presupuesto de la figura jurídica de la cosa juzgada, que la doctrina ha definido como la autoridad y eficacia que adquiere la sentencia judicial cuando no proceden contra ella recursos ni otros medios de impugnación, y cuyos atributos son la coercibilidad, la inmutabilidad y la irrevisabilidad en otro proceso posterior. En materia de amparo, la cosa juzgada, por regla general, opera cuando existe una sentencia ejecutoria contra la que no procede recurso alguno y cuyo sentido no puede ser modificado, siempre y cuando se resuelva la controversia en lo principal y que en el juicio posterior exista identidad de partes y acto reclamado, en relación con el primer juicio de amparo. Su justificación parte de la intención del legislador de evitar el estudio reiterado de una misma acción constitucional, pues de lo contrario se afectarían los principios de seguridad jurídica, debido proceso y firmeza de las resoluciones que constituyen cosa juzgada, que resultan inmodificables, irrecurribles e inatacables, porque constituyen la verdad legal; además, conllevaría también una transgresión al orden constitucional (artículo 17), en virtud de que implicaría retrasar los procedimientos, obligando a los tribunales a examinar juicios ociosos y permitir el abuso del juicio de amparo en detrimento de la función jurisdiccional. Sobre el particular, se cita la jurisprudencia 1a./J. 161/2007 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Febrero de 2008, página 197 que es del tenor siguiente: COSA JUZGADA. PRESUPUESTOS PARA SU EXISTENCIA. Para que proceda la excepción de cosa juzgada en otro juicio es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en que ésta se invoque concurran identidad en la cosa demandada eadem res, en la causa eadem causa pretendi, y en las personas y la calidad con que intervinieron eadem conditio personarum. Ahora bien, si la identidad en la causa se entiende como el hecho generador que las partes hacen valer como fundamento de las pretensiones que reclaman, es requisito indispensable para que exista cosa juzgada se atienda no únicamente a la causa próxima consecuencia directa e inmediata de la realización del acto jurídico sino además a la causa remota causal supeditada a acontecimientos supervenientes para su consumación pues sólo si existe esa identidad podría afirmarse que las cuestiones propuestas en el segundo procedimiento ya fueron materia de análisis en el primero, y que por ello deba declararse procedente la excepción con la finalidad de no dar pauta a posibles sentencias contradictorias. Lo anterior, en el entendido de que cuando existan varias acciones contra una misma persona respecto de una misma cosa, deben intentarse en una sola demanda todas las que no sean contrarias, ya que el ejercicio de una extingue las otras, salvo que fuera un hecho superveniente debidamente acreditado. Por tanto, es claro que esto último no se daría si la causa remota que se involucra en uno y otro son distintas, con mayor razón si la causa próxima también es otra. En ese contexto, de la certificación realizada en la audiencia constitucional que antecede, se desprende que la parte quejosa promovió el juicio de amparo 85/2020-10 del índice de este órgano jurisdiccional, de la que se obtiene que el acto reclamado, quejoso y autoridades responsables son los mismos que los indicados en el presente asunto. En efecto, de la referida sentencia de veintiséis de febrero de dos mil veinte, se advierte que se sobreseyó y concedió el amparo de la justicia Federal a la parte quejosa en el juicio de amparo 85/2020-10, del índice de este juzgado, promovido por el aquí quejoso Alfonso Velázquez Damián y que en dicho juicio reclamó el auto de once de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente TET-JDC-78/2018-I, del índice del Tribunal Electoral del Estado de Tabasco, en el que se impuso al quejoso una multa por la cantidad de $8,561.65 ocho mil quinientos sesenta y un pesos 65/100 moneda nacional, así como su ejecución; y que señaló como autoridades responsables al Tribunal Electoral del Estado de Tabasco, Procuraduría Fiscal y Dirección de Ingresos ambos dependientes de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, Servicio de Administración Tributaria, Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral Xalapa, Veracruz. De igual forma, en la parte considerativa de la negativa del amparo se determinó lo siguiente En ese contexto normativo, son infundados los conceptos de violación planteados, porque el acto reclamado salvaguarda los aludidos derechos fundamentales. En efecto, de las constancias remitidas por las autoridades responsables, se obtiene que la resolución de ocho de julio de dos mil diecinueve -en la que el órgano jurisdiccional local ordenó a los integrantes del cabildo del Ayuntamiento de Centla, Tabasco, entre otras cosas, a que en el plazo de quince días, formularan ante el Cabildo la propuesta de modificación al presupuesto de egresos programado para el ejercicio dos mil diecinueve, de modo que se contemplara el pago de las cantidades indicadas en la sentencia; asimismo, vinculó al Congreso del Estado de Tabasco, y apercibió a la Presidenta municipal y a los integrantes del Cabildo y al Director de Finanzas del Ayuntamiento de Centla, que de no cumplir se harían acreedores a una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización- le fue notificada al ahora quejoso el once de julio de dos mil diecinueve, como consta en la cédula de notificación por oficio y en la razón actuarial de la misma data fojas identificadas con los folios 288 y 289 del tomo I de pruebas, a través de "María M. Montejo García, secretaria de la oficina de regidores de la aludida entidad municipal. Asimismo, se advierte que ante el incumplimiento en que incurrió el aquí impetrante de amparo, el Tribunal Electoral del Estado de Tabasco, mediante auto de once de octubre de dos mil diecinueve, emitido en el incidente de inejecución de sentencia 1/2019-I, derivado del expediente TET-JDC-78/2018-I y sus acumulados, ordenó hacer efectivo el apercibimiento de mérito y aplicar como multa, entre otros, al Octavo Regidor del Ayuntamiento de Centla, Tabasco (Alfonso Velázquez Damián), por la cantidad de $8,561.65 (ocho mil quinientos sesenta y un pesos 65/100 moneda nacional), lo cual le fue notificado a éste el catorce del referido mes y año, como se aprecia en la cédula de notificación por oficio y en la razón actuarial relativa (fojas identificadas con los folios 1258 y 1259 del tomo I de pruebas), a través de María M. Montejo García", secretaria de la oficina de regidores de la aludida entidad municipio De ahí que, contrario a lo argumentado por el quejoso, sí fue notificado del procedimiento del que deriva la multa que le fue impuesta, por lo que tuvo oportunidad de comparecer en el mismo a hacer valer sus derechos, oponer sus excepciones y defensas en relación a aquélla o al cumplimiento que le fue requerido de la sentencia de doce de abril de dos mil diecinueve, dictada en el expediente TET-JDC-78/2018-I y sus acumulados, del índice del Tribunal Electoral del Estado de Tabasco. Sin que obste para ello que las notificaciones de las referidas determinaciones le fueran hechas en el domicilio relativo a su centro de trabajo, pues el ahora quejoso fue requerido del cumplimiento de la aludida sentencia en virtud del cargo que ostenta como Octavo Regidor del Ayuntamiento Constitucional del municipio de Centla, Tabasco, siendo parte del Cabildo del mismo. De igual forma, no le asiste la razón respecto a que por tratarse de un asunto oficial, la responsable debió dirigirse al ente público y no a la persona física. Ello, porque el impetrante como Octavo Regidor del Ayuntamiento Constitucional demandado, incurrió en la omisión de cumplir con la sentencia en cuestión, por lo que se le impuso una multa como persona física, pero en virtud de las funciones que le corresponden como integrante del Cabildo de dicho municipio, para que sea cubierta de su peculio y de esta forma, la medida de apremio adquiera efectividad, y no a la entidad pública que aquélla represente, pues el objetivo de la multa es evitar la reincidencia de la conducta sancionada. Al respecto, es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 65/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 974, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, Décima Época, número de registro 2009360, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: JUICIO DE AMPARO. LA PERSONA FÍSICA O TITULAR DE UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE EN SU ACTUAR COMO AUTORIDAD FUE MULTADA POR UN TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ESTATAL, POR CONTUMACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA, POR DERECHO PROPIO ESTÁ LEGITIMADA PARA PROMOVERLO CONTRA LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA. Si un Tribunal Contencioso Administrativo estatal estima que la persona física o titular de una unidad administrativa demandada en el juicio contencioso administrativo incurrió en la omisión de cumplir la sentencia dictada en el juicio relativo y le impone una multa equivalente a ciertos días de su salario, con independencia de que la imposición se haga relacionando su nombre, o bien, refiriéndose al titular de la unidad administrativa (dirección, dependencia del Gobierno Estatal o del organismo descentralizado), se entiende que aquélla se impone a la persona física o funcionario que, en su actuación como autoridad, omite cumplir la sentencia y no así a la unidad administrativa; tan es así, que la multa se impone en el equivalente a cierto número de días de salario vigente del funcionario responsable, quien debe cubrirla de su propio peculio y no con el presupuesto de la unidad administrativa. En consecuencia, como la resolución que impone multa en los términos referidos es susceptible de violar los derechos fundamentales de la persona física mencionada, afectando su esfera jurídica, se concluye que, por su propio derecho, está legitimada para promover el juicio de amparo en su contra. Asimismo, la tesis XXI.2o.C.T.6 L 10a., visible en la página 2771, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo IV, Décima Época, con número de registro 2013930, Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO PARA HACER CUMPLIR EL LAUDO. DEBE IMPONERSE AL SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE PERSONA FÍSICA Y NO A LA ENTIDAD PÚBLICA QUE REPRESENTE LEGISLACIÓN BUROCRÁTICA DEL ESTADO DE GUERRERO. La Ley No. 51. Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero en su artículo 95 establece la potestad del tribunal laboral para imponer multas de 200 a 500 días de salario mínimo, como medida de apremio para hacer cumplir sus determinaciones durante la etapa de ejecución del laudo. Asimismo, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 65/2015 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 12 de junio de 2015 a las 9:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 19, Tomo I, junio de 2015, página 974, de título y subtítulo: JUICIO DE AMPARO. LA PERSONA FÍSICA O TITULAR DE UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE EN SU ACTUAR COMO AUTORIDAD FUE MULTADA POR UN TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ESTATAL, POR CONTUMACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA, POR DERECHO PROPIO ESTÁ LEGITIMADA PARA PROMOVERLO CONTRA LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA., la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que en aquellos casos en que el titular de una unidad administrativa demandada incurra en la omisión de cumplir con la sentencia dictada en un juicio contencioso administrativo se le impondrá una multa equivalente a ciertos días de salario vigente, en su calidad de funcionario o persona física y no así a la unidad administrativa. De ahí que, una vez fijada la multa en la etapa de ejecución del laudo en el procedimiento laboral burocrático, ésta debe ser impuesta al servidor público en su carácter de persona física para que sea cubierta de su peculio y de esta forma, la medida de apremio adquiera efectividad, y no a la entidad pública que aquél represente, pues el objetivo de la multa es evitar la reincidencia de la conducta sancionada. De igual forma, contrario a lo alegado por el quejoso, el acto reclamado se encuentra fundado y motivado, pues tiene como sustento la determinación de ocho de julio de dos mil diecinueve, en donde se apercibió a la Presidenta municipal, a los integrantes del Cabildo y al Director de Finanzas del Ayuntamiento de Centla, Tabasco, que de no cumplir se harían acreedores a una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con base, entre otros, en el artículo 34 inciso c) de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral de esa entidad federativa; las que, como quedó evidenciado anteriormente, le fueron notificadas oportunamente a la impetrante de amparo. Asimismo, contiene los motivos por los cuales se impuso la multa al hoy quejoso, esto es, se expusieron las circunstancias particulares del caso, es decir, que hasta esa fecha persistía la conducta omisiva de dar cumplimiento a lo ordenado por ese Tribunal, el incumplimiento indubitable por parte del ayuntamiento responsable a través de los y las regidoras, entre ellos, el impetrante de amparo, respecto a la realización de los pagos indicados en las ejecutorias dictadas en el expediente principal a cada uno de los actores. También se expusieron las circunstancias personales de la responsable, es decir, que en las sentencias, se ordenó al Ayuntamiento responsable por conducto de los integrante del Cabildo, realizar los pago indicados en dichas ejecutorias, bajo el apercibimiento que de no cumplir, se les aplicaría multas de cien y cincuenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, conforme al artículo 34, inciso c) de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Tabasco. De la misma forma, se ocupó de señalar la gravedad de la conducta en los siguientes términos: Por último, en cuanto al tercer supuesto que refiere la gravedad de la conducta debe señalarse que ante la conducta omisiva por parte del H. Ayuntamiento de Centla, Tabasco, a través de las y los Regidores y su Director de Finanzas; procede aplicar una medida de apremio acorde a la magnitud de la irregularidad, con el objeto de inhibir la reiteración de esta clase de conducta que transgrede los principios esenciales procesales de esta materia. En ese orden de ideas, atendiendo a que no se ha cumplido con lo ordenado por este órgano jurisdiccional, en la sentencia de ocho de julio, resulta evidente el desacato a lo ordenado por este Tribunal, considerándose tal conducta lesiva de la justicia pronta y expedita, prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal. Por tanto, se desestiman las tesis invocadas relativas a la fundamentación y motivación del acto reclamado. Por otra parte, si bien del artículo 1°, en relación con el 133 ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se obtiene que todas las autoridades del país, en el ámbito de sus competencias, deben garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, para lo cual cuentan con la facultad de ejercer un control de regularidad constitucional difuso o ex officio, lo cierto es que este juzgador únicamente puede hacer un control difuso de regularidad constitucional en los ordenamientos que rigen el procedimiento del juicio de amparo, esto es, la Ley de Amparo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Código Federal de Procedimientos Civiles. En estas circunstancias, se concluye no es factible realizar un control de regularidad constitucional, respecto del acto reclamado, ya que éste no se encuentra sustentado en la Ley de Amparo, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que resulta infundado el argumento al respecto del quejoso. Tiene sustento lo anterior en la tesis P. IX/2015 10a., sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 355, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, con número de registro 2009816, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL EX OFFICIO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN EJERCERLO SÓLO EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA. Por imperativo del artículo 1o., en relación con el diverso 133, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, en el ámbito de sus competencias, deben garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, para lo cual cuentan con la facultad de ejercer un control de regularidad constitucional difuso o ex officio, que corresponde a un sistema que confía a cualquier autoridad, sin importar su fuero, la regularidad constitucional de las leyes y por virtud del cual toda autoridad debe, ante un caso concreto que verse sobre cualquier materia, inaplicar la norma que debería fundar su acto, si ésta es violatoria de un derecho humano contenido en la Carta Fundamental o en un tratado internacional. Ahora bien, cuando se habla del control ex officio debe tenerse presente que dicha expresión significa que ese tipo de examen pueden hacerlo, por virtud de su cargo de Jueces, aun cuando: 1) no sean de control constitucional; y, 2) no exista una solicitud expresa de las partes, pues la propia Norma Fundamental los faculta a inaplicar una norma cuando adviertan que viola derechos humanos, de manera que el control difuso no constituye un proceso constitucional sino sólo una técnica al alcance del Juez para que pueda ejercer un control de constitucionalidad en un proceso, sea éste constitucional o de cualquier otra naturaleza y cuyo ejercicio da lugar al dictado de una resolución con efectos entre las partes. En estas circunstancias, se concluye que los Tribunales Colegiados de Circuito, como órganos del Poder Judicial de la Federación, deben ejercer el control difuso de regularidad constitucional ante la violación de derechos humanos, con la observación de que sólo pueden hacerlo en el ámbito de su competencia, es decir, respecto de las disposiciones que ellos mismos están facultados para aplicar, específicamente, las contenidas en los ordenamientos que rigen el procedimiento del juicio de amparo, esto es, la Ley de Amparo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de aquélla". Por tales motivos, se desestiman las tesis que al respecto cita el quejoso. Con motivo de lo expuesto, se niega al impetrante el amparo y protección de la justifica federal. Además, en proveído de catorce de agosto de dos mil veinte, causó ejecutoria la referida sentencia dictada en el diverso juicio de amparo 85/2020-10, del índice de este juzgado de distrito, y se ordenó el archivo del expediente como asunto totalmente concluido. Lo anterior, constituyen un hecho notorio para esta juzgadora, en términos de lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; mismos que se tienen a la vista al emitir la presente resolución. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 285, del Tomo XXV, Junio de 2007, del Semanario Judicial de la Federación, Novena época, con número de registro 172215, cuyo rubro y texto señalan: HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista. En ese tenor, es evidente que en el presente juicio de amparo y el diverso 85/2020-10 del índice de este órgano jurisdiccional, el quejoso, el acto reclamado y las autoridades responsables son los mismos. Esto es, en ambos juicios el quejoso es Alfonso Velázquez Damián; el acto reclamado lo constituye el auto de once de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente TET-JDC-78/2018-I, del índice del Tribunal Electoral del Estado de Tabasco, en el que se impuso al quejoso una multa por la cantidad de $8,561.65 ocho mil quinientos sesenta y uno 65/100 moneda nacional, así como su ejecución; y la autoridad responsable es el Tribunal Electoral del Estado de Tabasco. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que en el diverso 85/2020-10 del índice de este órgano jurisdiccional, el ahora quejoso haya señalado como autoridades responsables a la Procuraduría Fiscal y Dirección de Ingresos ambos dependientes de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, Servicio de Administración Tributaria, Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral Xalapa, Veracruz, siendo que a las dos primeras de las mencionadas dependen de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, autoridad señalada como responsable en el presente juicio de amparo 787/2021-2, incluso el Procurador Fiscal de esa secretaría fue quien rindió informe justificado en su nombre y de la Receptoría de Rentas de Centla, Tabasco, autoridades a las cuáles les asiste el carácter de responsables ejecutoras; ello por corresponderles ejecutar la multa impuesta al quejoso en auto de once de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente TET-JDC-78/2018-I, del índice del Tribunal Electoral del Estado de Tabasco, por la cantidad de $8,561.65 (ocho mil quinientos sesenta y uno 65/100 moneda nacional, la cual fue objeto de análisis en el diverso juicio de amparo 85/2020-10 del índice de este juzgado; y respecto a las dos últimas se sobreseyó en el juicio antes mencionado por ser inexistentes los actos que se le atribuyeron; por tanto, se considera la identidad de las autoridades responsables para los efectos legales conducentes. De ahí que se estime que en el caso se actualiza la causa de improcedencia en estudio, toda vez que la referida parte quejosa por segunda ocasión promueve amparo contra el mismo acto reclamado e idénticas autoridades responsables precisados en el juicio de garantías 85/2020-10, del índice de este juzgado federal. Por tanto, lo resuelto en el precitado juicio constitucional, torna improcedente la nueva acción de amparo intentada por la parte quejosa en el presente sumario, en términos de la disposición legal invocada. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis 1a.LXVI/2017 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federacio´n, De´cima E´poca, Libro 43, junio de 2017, Tomo I, pa´gina 576, Registro Digital 2014643, bajo el rubro y texto siguientes: COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIO´N DIRIGIDOS A COMBATIRLA. Los procesos de garanti´as constitucionales se rigen por el principio de cosa juzgada que conduce a impedir que lo resuelto en definitiva en un juicio de amparo pueda ser objeto de nuevo ana´lisis y decisio´n en otro juicio de la misma clase, pues uno de los presupuestos procesales radica en que la materia de decisio´n subsista, lo cual no acontece cuando tal materia ya ha quedado resuelta en un procedimiento judicial previo. Este principio se refleja en el arti´culo 61, fraccio´n IX, de la Ley de Amparo, donde se determina expresamente que el juicio constitucional es improcedente contra las resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecucio´n de las mismas. La aplicacio´n de este enunciado legal en sus te´rminos, so´lo tiene lugar en los casos en que el fallo reclamado se encuentre dictado en su totalidad en cumplimiento de una sentencia de amparo, caso en el cual debe desecharse la demanda, si tal situacio´n se advierte al proveer sobre la admisio´n, o bien, decretar el sobreseimiento en la resolucio´n terminal. Sin embargo, cuando el fallo reclamado contiene una parte de consideraciones emitidas en cumplimiento a una ejecutoria de amparo y otra fundada en las propias atribuciones de la autoridad responsable, la primera porcio´n no es susceptible de estudio en el nuevo juicio de amparo, por constituir cosa juzgada, y la porcio´n restante si´ puede ser analizada, razo´n por la cual no procede desechar la demanda ni decretar el sobreseimiento, pero si´ declarar inoperantes los argumentos dirigidos a confrontar la parte de la resolucio´n reclamada que ya fue juzgada por la jurisdiccio´n constitucional". En las relatadas circunstancias, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63 fracción V, en relación con la fracción XI del diverso 61, ambos de la Ley de Amparo. El sobreseimiento se hace extensivo a los actos de ejecución atribuidos a la autoridades responsables Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco y Receptoría de Rentas de Centla, Tabasco, en virtud de que no se combatieron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de la atribuida a los actos reclamados a la señalada como responsable ordenadora. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, visible en el tomo VI, página 339, bajo el rubro: SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIO´N NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de quince de julio de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Alfonso Velázquez Damián, en contra de las autoridades responsables, por las razones y los motivos expuestos en el considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. En atención a lo señalado en el último considerando de esta sentencia, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual el Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, en representación de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco, y de la Receptoría de Rentas del Municipio de Centla, Tabasco, autoridades responsables, rinde informe justificado, anexando las siguientes documentales consistentes en: 1.- Memorándum número SF/PF/SCP/0652/2021 de fecha 21 de julio del año dos mil veintiuno, emitido por el Subdirector de Control de Procesos. 2.- Memorándum número DTR/1085/2021 de fecha 26 de julio de 2021, expedido por el Director Técnico de Recaudación. 3.- Memorándum número RRC/308/2021, de fecha 23 de julio del año dos mil veintiuno, expedido por la Receptora de Rentas en el Municipio de Centla, Tabasco. 4.- Memorándum número RRC/0154/2020, de fecha 28 de abril del año dos mil veintiuno, expedido por la Receptora de Rentas en el Municipio de Centla, Tabasco. 5.- Oficio número SF/SI/DTR/0629/2021 de fecha 29 de abril de 2021, expedido por el Director Técnico de Recaudación. 6.- Oficio número TET-SGA-350/2021, de fecha 10 de mayo de 2021, expedido por la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Electoral de Tabasco. 7.- Memorándum número DTR/0682/2021 de fecha 20 de mayo de 2021, expedido por la Dirección Técnica de Recaudación. 8.- Mandamiento de ejecución, designación del ejecutor e instrucción al mismo de fecha 23 de junio de 2021, expedida por el Receptor de Rentas en el Municipio de Centla, Tabasco. 9.- Acta de Requerimiento de Pago y Embargo de fecha 24 de junio de 2021, expedida por el Notificador Ejecutor de Frontera, Centla, Tabasco. 10.- Memorándum número DTR/2094/2019, de fecha 17 de octubre de 2019, expedido por el Director Técnico de Recaudación. 11.- Oficio TET-SGA-502/2019, de fecha quince de octubre del año dos mil diecinueve, expedido por el Tribunal Electoral del Estado de Tabasco. 12.- Resolución de ocho de julio de dos mil diecinueve, emitida por el Tribunal Electoral de Tabasco, en el expediente TET-JDC-78/2018-I. 13.- Cédulas de notificación por estrados, de notificación personal y por oficios, respecto de la citada resolución, de once de julio de dos mil diecinueve. 14.- Acuerdo de fecha once de octubre de dos mil diecinueve, emitido por el Pleno del Tribunal Electoral de Tabasco, en el expediente TET-JDC-78/2018-I. 15.- Cédulas de notificación por oficio de catorce de octubre de dos mil diecinueve, respecto del acuerdo de once de octubre de ese año. En tal razón, con el contenido de éstos, dése vista a las partes para su conocimiento, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante, las documentales que anexó, de las que se harán relación al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese.
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