Alfonso Plascencia Sainz
Expediente 1659/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1659/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Alfonso Plascencia Sainz
Actuaciones
- Principal
MESA 6.-Villahermosa, Tabasco, diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir la sentencia emitida en el presente asunto en la que se sobreseyó en el mismo; sin que la parte quejosa haya hecho uso de ese derecho. Por tanto, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la resolución mencionada en el párrafo anterior HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido. Por otro lado, en términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. Hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos.
- Principal
MESA 6.-En Villahermosa, Tabasco, a las diez horas con diez minutos del veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, en audiencia Jorge Alberto Orantes López, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa debidamente asistido de Jesús Leodan Rios Maldonado, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia del juicio de amparo 1659/2018-6 promovido por Alfonso Plascencia Sainz, a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo. A continuación, el juez declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el secretario hace una relación de las constancias que obran en el expediente entre las que se encuentran: 1. Escrito de demanda recibido el veinticinco de octubre pasado, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Villahermosa, Tabasco, turnado a este juzgado al día siguiente (fojas 2 a 12); 2. Auto admisorio de veintinueve de octubre citado, asimismo no se ordenó emplazamiento de la parte tercero interesada, dada la naturaleza del acto reclamado (fojas 14 a 18); y demás actuaciones judiciales. Atento a lo anterior, el juez acuerda: se tiene por hecha la anterior relación de constancias para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con la documental que exhibe en su escrito inicial de demanda, así como la presuncional legal y humana; al respecto, el juez acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes los formuló; por lo que, el suscrito juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes a presentarlos con posterioridad; acto continuo, se hace constar que el Fiscal Federal de la adscripción no formuló alegato ministerial, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, procédase en su oportunidad a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1659/2018-6; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el veinticinco de octubre de dos mil dieciocho en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional, al día siguiente, Alfonso Plascencia Sainz, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra el acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO: "[.] NO ACORDAR EL ESCRITO DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2018 Y PRESENTADO ANTE OFICIALÍA DE PARTES EL 27 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO [.] AUTORIDAD RESPONSABLE: 1. Junta Especial 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. SEGUNDO. Admisión y trámite. En proveído de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de que se trata, se registró con el número de expediente 1659/2018-6, se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe justificado, se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque se reclama un acto atribuido a autoridad que tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; para eso, es imprescindible efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Al respecto, es de tomar en cuenta la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Asimismo, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa expuso como acto reclamado: La omisión por parte de la Junta Especial 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, en dar contestación al derecho de petición ejercido por el quejoso mediante escrito de uno de agosto de dos mil dieciocho. TERCERO. Certeza o inexistencia del acto reclamado. De acuerdo con la técnica jurídica que rige al juicio de garantías, resulta oportuno pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia del acto que se tilda de inconstitucional, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo dicho proceder debe ocurrir previamente, y sólo en el caso de su existencia, lo aleguen o no las partes, el órgano jurisdiccional que conoce del procedimiento debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen para, por último y de ser procedente el juicio, entrar al análisis del fondo del asunto. En este contexto, la Junta Especial 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, fue omisa en rendir su respectivo informe justificado, no obstante de encontrarse debidamente notificado para tal efecto, como se advierte de la constancia de notificación respectiva que obra en autos. Por tanto, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo se presume cierto el acto reclamado a dicha autoridad. Se invoca a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. CONSECUENCIAS DEL MOMENTO DE RENDICIÓN O DE SU OMISIÓN (HIPÓTESIS DIVERSAS DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO). Del contexto del artículo 149 de la Ley de Amparo, en relación con los efectos que se producen en el juicio de amparo con la rendición u omisión del informe justificado, se advierten las siguientes hipótesis: a) Por regla general, el Juez de Distrito, al solicitar los informes justificados de las autoridades responsables, concede un término de cinco días, contados a partir de la notificación del auto correspondiente; b) Si el Juez Federal lo estima conveniente, por la importancia y trascendencia del caso, a lo que procede agregar que puede haber situaciones de complejidad para la obtención de constancias, es posible discrecionalmente ampliar el término por cinco días más, para que la autoridad responsable rinda su informe con justificación; c) La circunstancia de que las autoridades responsables presenten sus informes justificados con posterioridad al término de cinco días o, en su caso, al de su ampliación discrecional, no trae como consecuencia que se deba tener por presuntivamente cierta la existencia de los actos que se les atribuyen, según se destacará en inciso subsecuente; d) Las autoridades responsables rendirán sus informes con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la audiencia constitucional; e) La consecuencia de que se rinda el informe justificado con insuficiente anticipación en relación con la fecha de la celebración de la audiencia constitucional, será que el Juez difiera o suspenda tal audiencia, según lo que proceda, a solicitud de las partes, que inclusive podrá hacerse en la misma fecha fijada para la celebración de la diligencia; f) Si el Juez de Distrito omite dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido con insuficiente anticipación en relación con la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, el tribunal revisor podrá ordenar la reposición del procedimiento, atento lo que establece el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo; y g) Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Esta parte del precepto se refiere a casos de ausencia de rendición de informe justificado por parte de la autoridad responsable, o bien, para el evento en que dicho informe hubiera sido rendido con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, lo que hace precluir cualquier oportunidad de las partes para apersonarse, presentar promociones o aportar constancias en el juicio de garantías." CUARTO. Causas de improcedencia. De acuerdo al artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia deben estudiarse de oficio; asimismo, su análisis resulta preferente lo aleguen o no las partes. Tiene aplicación al respecto la Jurisprudencia 814, del entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." No obstante la certeza del acto reclamado, en el presente asunto se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" En efecto, la parte quejosa, no acreditó tener interés jurídico, para promover el presente juicio de amparo, como se expondrá a continuación. En términos del artículo 107, fracción I, de la Carta Magna, en relación con el diverso 5, fracción I, de la ley de la materia, el juicio de garantías solamente puede pedirse contra actos que afecten el interés jurídico del quejoso, el cual debe entenderse como el cúmulo de derechos subjetivos tutelados por la ley a favor de una persona; así, su afectación se traduce en una perturbación, disminución o privación de la libertad, patrimonio o derechos. Es así, que el interés jurídico debe demostrarse mediante la comprobación fehaciente de los hechos a que se refiere el quejoso en su demanda. En la especie, la parte quejosa se duele de la omisión por parte de la Junta Especial 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, en dar contestación al derecho de petición ejercido mediante escrito de uno de agosto de dos mil dieciocho, en el expediente laboral 1285/2011, del índice de la responsable; sin que el quejoso haya aportado prueba alguna, para acreditar su interés jurídico en el asunto, esto es, que funge como parte en el controvertido de origen; ello, con el objeto de demostrar que el acto combatido afecta sus intereses jurídicos y por tanto, al no encontrarse comprobada dicha circunstancia, y la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento laboral del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico, y en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo, por lo que debe sobreseerse en el juicio al operar la causal que señala la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior, no obstante que la autoridad responsable no haya rendido su respectivo informe justificado, ya que ello no establece una presunción juris tantum que acredite el interés jurídico del quejoso, pues ningún precepto de la ley establece que la sola presentación de la demanda de amparo y la relación de los hechos afirmados en ella traiga aparejada esa presunción, de manera que la omisión de la responsable de rendir su respectivo informe sólo acarrea la presunción de ser cierto el acto reclamado, conforme a lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, sin que ello signifique que esa presunción se extienda hasta el grado de relevar al peticionario de garantías de la carga procesal de demostrar su interés jurídico; no bastando que el quejoso en su demanda asegure que es parte en el juicio de donde emana el acto reclamado, ya que al no haber rendido la responsable informe con justificación, la presunción de certeza del acto reclamado, no infiere la del acto o hechos en que el quejoso basa su acción de amparo. Tiene sustento lo anterior en la tesis de jurisprudencia número 854, visible en la página 582, Tomo VI, Parte TCC, Octava Época, Apéndice de 1995, cuyo rubro y texto dicen: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUE CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Asimismo, la jurisprudencia P./J. 23/2014 (10ª), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 206, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Materia Común, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO.- La impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo." Lo anterior, sin que haya necesidad de analizar si en el caso la parte quejosa cuenta o no con interés legítimo para instar el presente juicio constitucional, puesto que, por una parte, no acredita con elemento de prueba alguno tener una situación especial frente a la autoridad responsable y, por otra, porque tratándose de actos provenientes de tribunales de trabajo, como en el caso sucede, de conformidad con el artículo 107, fracción I, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reformada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, resulta necesario comprobar ser titular de un derecho subjetivo (Interés Jurídico) que se afecte de manera personal y directa, situación que el caso no se demostró. Y, si bien la parte quejosa trata de demostrar ese interés con la copia fotostática simple, del escrito de uno de agosto del presente año (foja 13); empero, tal documento pueden ser de fácil alteración, dado los avances tecnológicos, aunado a que por sí solo carece de valor, ya que en todo caso, para poder ser merecedor de valor de indicio, debe estar adminiculado con otros medios de prueba, lo que en el caso no aconteció. Así, el interés debe ser demostrado de manera plena y fehaciente, y no a base de presunciones, sobre el tema, son aplicables, del índice de la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, la jurisprudencia 2a./J. 3/93, que dice: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La omisión de las autoridades responsables de rendir sus informes justificados sólo acarrea la presunción, juris tantum, de ser ciertos los actos reclamados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 149 de la Ley de Amparo, pero ello no significa que esa presunción exima al quejoso de la obligación que tiene de acreditar su interés jurídico para promover el juicio de garantías." De la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la jurisprudencia 1a./J. 71/2002, que dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. CARECEN, POR SÍ SOLAS, DE VALOR PROBATORIO PLENO Y, POR ENDE, SON INSUFICIENTES PARA DEMOSTRAR EL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO QUE SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO, PARA OBTENER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, CONSISTENTES EN EL ACTO DE PRIVACIÓN O DE MOLESTIA EN BIENES DE SU PROPIEDAD O QUE TIENE EN POSESIÓN. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en reiteradas ocasiones, que para que el quejoso esté legitimado para solicitar la suspensión definitiva de los actos reclamados, debe acreditar, aunque sea en forma presuntiva, que tiene interés jurídico para obtener dicha medida cautelar, esto es, que es titular de un derecho respecto del cual recae el acto que se estima inconstitucional; aunado a ello, de lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del diverso numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte que el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio judicial. Atento lo anterior, se concluye que las copias fotostáticas sin certificación (simples) carecen, por sí mismas, de valor probatorio pleno y, por ende, son insuficientes para demostrar el interés jurídico del quejoso que se ostenta como persona extraña a juicio, para obtener la suspensión definitiva de los actos reclamados, consistentes en el acto de privación o de molestia en bienes de su propiedad o que tiene en posesión, según sea el caso, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente sus derechos jurídicamente tutelados, pues con tales documentos no se acredita el primer requisito para que opere la prueba presuncional, relativo al conocimiento de un hecho conocido, esto es, a la existencia del bien mueble o inmueble respecto del cual se aduce que recae el acto que se impugna como lesivo de garantías individuales; sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que en el juicio principal obren los documentos originales o copias certificadas de éstos, pues como el incidente de suspensión es un procedimiento que se sigue por cuerda separada, únicamente pueden ser tomadas en cuenta las probanzas que se ofrezcan en éste." Del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, la jurisprudencia I.3o.C. J/37, de rubro y texto siguientes: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles." Y, de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, la jurisprudencia 2a./J. 16/94, de contenido: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones" En consecuencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63 fracción V de la Ley de la Materia. QUINTO. Transparencia y Acceso a la Información Pública. En otro orden, toda vez que aun cuando por auto de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, dictado en el presente juicio de amparo, se les señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales, conforme lo establece el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, no obstante de lo anterior, no hicieron manifestación expresa con relación a lo puntualizado anteriormente. En consecuencia, conforme lo establecen los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18, del ordenamiento legal antes invocado y 8° del reglamento antes precisado, los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, por lo que ante la falta de manifestación expresa de aquéllas de oponerse a la publicación de sus datos, lo procedente es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Alfonso Plascencia Sainz, contra el acto que reclamó de la autoridad referida en el resultando primero, por las razones y motivos expuestos en el considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en la parte final de este fallo, elabórese versión pública de la resolución.
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MESA 6.-Villahermosa, Tabasco, veintinueve de octubre de dos mil dieciocho. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto; el escrito de demanda mediante el cual Alfonso Plascencia Sainz, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que reclama de la Junta Especial número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, que estima violatorios de los artículos 8, 14, 16, 17 y 123 fracción XXXI, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1659/2018-6. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 35, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos. REQUERIMIENTO Y APERCIBIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO Ahora bien, con fundamento en los numerales 116 y 117 de la ley de la materia, se requiere a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de quince días, siguientes al en que reciba el oficio que al efecto se libre, rinda informe justificado, al que deberá anexar copia certificada de todas y cada una de las constancias que integran el acto reclamado, debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; el que también podrá remitir vía fax al número 01(99-3) 3-10-50-23, apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil dieciocho, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil dieciocho. Se hace del conocimiento de la autoridad señalada como responsable, que si bien se le otorga un término de quince días para rendir su informe justificado, no existe disposición que le impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se le exhorta para que en cuanto tenga la información necesaria para rendirlo, de inmediato lo haga saber a este órgano jurisdiccional, en el entendido que deberá hacerlo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de éste por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le aplicará la multa referida en el párrafo anterior. AVISO DE EVENTUAL PROMOCIÓN DE DIVERSOS JUICIOS Y DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, se le hace saber a la autoridad responsable que tiene la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido que de no hacerlo, en términos del artículo 251 de la citada legislación, se hará acreedora a una multa de 30 (treinta) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $2,418 (dos mil cuatrocientos dieciocho pesos); la que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos) valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil dieciocho, publicado en el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil dieciocho. PREVENCIÓN EN CASO DE NEGARSE A RECIBIR NOTIFICACIÓN. Se le hace saber a la autoridad que tiene la obligación de recibir el oficio que al efecto se libre, aun cuando su denominación no sea la actual pero lleve a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido que de negarse a recibir los oficios de referencia, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos); la que se deduce en los mismos términos de lo decretado con anterioridad. NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Se hace del conocimiento de la autoridad responsables, que de conformidad con lo establecido por los artículos 29, 30 y 31 de la Ley de Amparo, en relación a la trascendencia que tenga el auto o resolución que con posterioridad al auto de admisión de demanda, se le pretenda notificar, una vez que exista constancia de notificación de este auto en el presente juicio, este Órgano Jurisdiccional, está en aptitud de notificarlas por medio de lista, por lo que los posibles diferimientos del presente asunto que llegaran a presentarse y, como consecuencia la fecha que al efecto se señale para la celebración de la audiencia constitucional, se notificarán por medio de lista. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." APERCIBIMIENTO DE LAS AUTORIDADES QUE NO EXISTAN. Ahora bien, el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables; en consecuencia, se apercibe al quejoso, que si la autoridad responsable que señala no existen con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite se le tendrá por inexistente, suspendiéndose toda comunicación con la misma y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de ésta; tomando en consideración que le corresponde estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. FIJACIÓN DE FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se señalan las diez horas con diez minutos del veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Por otra parte, con fundamento en los numerales 9°, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse por autorizados y delegados a las personas que, en su caso, nombre la autoridad responsable y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señale. INTERVENCIÓN DE LAS PARTES. Con copia de la demanda, dese la intervención que compete al Fiscal de la Federación adscrito a este juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Ahora bien, en el caso no se ordena emplazar a quienes refiere el quejoso como terceros interesados, dada la naturaleza de acto que reclama la parte quejosa, esto es, un acto omisivo. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordinales invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Y, de igual forma, una vez que se emita resolución en este asunto, expídase a las partes reproducción de la determinación respectiva, con excepción de la autoridad responsables, a quienes se les comunicará por oficio con transcripción del fallo correspondiente. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones, el que indica en la demanda, y como autorizados a las personas que señala en la misma, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por otra parte, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. PRUEBAS. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene al promovente de mérito, ofreciendo como prueba en el presente asunto la documental que exhibe con su escrito de demanda y la presuncional legal y humana, probanzas que se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, por no requerir forma especial para su desahogo, sin perjuicio de que se haga nueva relación de ellas al celebrarse la audiencia constitucional. Ahora bien, respecto a la instrumental de actuaciones se reserva acordar lo conducente, hasta en tanto obren en autos dichos informes. En lo tocante al medio probatorio anunciados por la parte quejosa, consistentes las tesis jurisprudenciales, contradicción de tesis, ejecutorias, no ha lugar a admitirlos; en virtud que el análisis de los hechos y la valoración de derecho en el juicio la realiza el juzgador como facultad de su cargo, y no como prueba ofrecida por alguna de las partes; toda vez que el derecho no está sujeto a prueba, tomando en consideración que la jurisprudencia constituye una fuente formal de éste. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS. Por otra parte, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. INCIDENTE. No se tramita incidente de suspensión, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa, en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo.
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