Alfonso Trinidad Valencia

Expediente 845/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
845/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
07/08/2017

Partes del expediente

  • Alfonso Trinidad Valencia

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio de la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, mediante el cual que se avocó al conocimiento del presente asunto, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Dado lo anterior, archívese este asunto como totalmente concluido, procediendo a realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, y toda vez que el presente juicio, carece de relevancia documental, sin que se advierta del mismo documento alguno en original exhibido por las partes, lo anterior se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo y Vigésimo Primero, supuesto II, del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de ser DESTRUIDO. Se ordena hacer la anotación correspondiente en las carátulas del expediente y anexo, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. Finalmente, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes.

  2. Principal

    RADICACIÓN Con motivo de la demanda de amparo promovida por Alfonso Trinidad Valencia, contra actos de los Jueces Calificadores de la Ciudad de Puebla y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 845/2017. INCOMPETENCIA De la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa en el apartado de acto reclamado señaló como tal la orden de privación de su libertad, así como su ejecución. Por su parte, al narrar los antecedentes del mismo, bajo protesta de decir verdad, señaló que sus vecinos le contaron que Policías Estatales o Municipales preguntaban por ella, con el propósito de privarlo de su libertad llevando una supuesta orden de arresto o detención y más adelante indicó, en los conceptos de violación que el arresto administrativo de treinta y seis horas no es una pena pequeña e insignificante que no merezca la protección de las garantías constitucionales En mérito de lo anterior, del contexto integral de la demanda, se puede advertir que el acto que se controvierte en la presente vía constitucional es un arresto administrativo decretado por las autoridades administrativas. Ahora bien, dado el carácter de juzgado especializado en materia de amparo penal de este órgano jurisdiccional, el suscrito estima carecer de competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en razón de la materia, respecto de los referidos actos reclamados de los que se duele el quejoso, toda vez que los mismos son de carácter administrativo. Por tanto, la orden de arresto administrativa reclamada a los Jueces Calificadores de la Ciudad de Puebla, y otras son de carácter administrativo. En mérito de lo cual, en conformidad con lo dispuesto por la fracción IV, del artículo 52, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es competencia de un Juez de Distrito en materia administrativa el conocimiento de dicho acto, para lo cual, en lo que interesa, se transcribe la parte conducente que dice: "ARTICULO 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán:. IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente;." Es decir, los actos que por esta vía se pretenden combatir tienen como origen un conflicto de esta naturaleza, lo cual trae como consecuencia que la materia en relación a este acto reclamado sea eminentemente administrativos. Máxime que a los Jueces Calificadores de la Ciudad de Puebla, a los que se les reclama la orden de arresto administrativo, les corresponde conocer de las conductas antisociales y sancionar las faltas administrativas, en conformidad con lo establecido en los artículos 215, 247 y 248 de la Ley Orgánica Municipal, así como los diversos 206 bis y 229 del Código Reglamentario del Municipio de Puebla, lo cuales establecen: "LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE PUEBLA ARTÍCULO 215.- La justicia municipal se ejercerá por los juzgados menores, juzgados de paz, juzgados calificadores y agentes subalternos del Ministerio Público, en los términos y plazos que establezcan, además de la presente ley, las disposiciones legales aplicables. ARTÍCULO 247.- Los Presidentes Municipales y los de las Juntas Auxiliares tienen el deber de mantener el buen orden en las oficinas y recintos oficiales y exigir que les guarden el respeto y consideración debidos, tanto a ellos como a las instituciones que representan, así como a los funcionarios y empleados municipales, corrigiendo en el acto las faltas que se cometieren e imponiendo indistintamente las sanciones a que se refiere el artículo anterior. ARTÍCULO 248.- Los Municipios que cuenten con juzgados calificadores, será el Juez Calificador el encargado de conocer de las infracciones al Bando de Policía y Gobierno. CÓDIGO REGLAMENTARIO MUNICIPAL Artículo 206 Bis.- Corresponde al Municipio por conducto de los Jueces Calificadores, conocer de las conductas antisociales y sancionar las faltas administrativas en el presente Capítulo. Entendiéndose para tal efecto, por conductas antisociales aquéllas que van en contra de las normas de convivencia de la sociedad, en las cuales se atenta contra el patrimonio, la vida, la salud o cualquier otro bien jurídico protegido de una persona o de la sociedad en su conjunto. Artículo 229.- Son facultades y atribuciones de los jueces calificadores: I. Declarar la responsabilidad o no responsabilidad de los probables infractores; incorporando en su caso a los infractores mayores de doce años y menores de dieciocho años a la comisión, dependencia, institución, órgano o cualquier otra, que para tal efecto se establezca, a fin de lograr su reinserción familiar y social; II. Aplicar las sanciones establecidas en este Capítulo y las aplicables, así como vigilar la ejecución de las mismas; III. Ejercitar de oficio las funciones conciliatorias cuando de la falta cometida deriven daños y perjuicios que deban reclamarse por la vía civil. Entre particulares, cuando con motivo de la comisión de alguna infracción se causen daños y perjuicios a terceros que deban reclamarse por la vía civil y en su caso, obtener la reparación del daño o dejar a salvo los derechos del ofendido, siempre que los interesados se sometan voluntariamente para evitar una controversia jurisdiccional; actuando el Juez como amigable componedor; IV. Expedir constancia sobre hechos asentados en los libros de registro del Juzgado Calificador; V. Dirigir administrativamente las labores del Juzgado Calificador e informar de manera inmediata las ausencias del personal o cualquier falta a la Dirección de los Juzgados Calificadores, en el entendido de ser el Jefe directo de su personal al que deberán obedecerle de manera expresa; VI. Solicitar el auxilio de la fuerza pública en caso de que así se requiera, para el adecuado funcionamiento del Juzgado Calificador; VII. El Juez Calificador deberá firmar los recibos de multas impuestas; y VIII. El Juez Calificador deberá establecer estrecha coordinación con los titulares del Ministerio Público; IX. Cuidar que se respete la dignidad humana y las garantías constitucionales impidiendo todo maltrato, abuso físico o verbal, incomunicación, exacción o coacción moral en agravio de las personas que comparezcan al Juzgado y en general preservar los derechos humanos; X. Informar diariamente por escrito a la Sindicatura Municipal por medio de la Dirección de Juzgados Calificadores sobre los asuntos tratados y las resoluciones que haya dictado; XI. Habilitar al personal del Juzgado para suplir las ausencias temporales del Secretario; XII. Asistir a las reuniones a que sea convocado, así como aquéllas que se tengan con instituciones con las cuales haya celebrado convenio la Sindicatura Municipal; XIII. Girar instrucciones a la Policía Preventiva Municipal en su jurisdicción, por conducto de su superior jerárquico; XIV. La ejecución de los arrestos que impongan las Autoridades Administrativas Municipales, de conformidad con este Código será competencia del Juez Calificador; XV. De las conductas establecidas en el Capítulo 27 del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla, conocerá esta Autoridad Municipal y serán sancionadas en los términos establecidos en el artículo 1920 de dicho ordenamiento legal; XVI. Brindarán orientación legal a quien lo solicite y tratándose de quejas entre particulares, dejarán constancia de la orientación y los canalizarán mediante oficio, a los órganos competentes cuando proceda y mediante tres citatorios se buscará la mediación; XVII. En función de la competencia que corresponda, dar vista y/o poner a disposición del Agente del Ministerio Público Local o Federal, de manera directa por medio de oficio informativo a los infractores que considere han cometido delito, sea del orden estatal o federal y, en caso de que cualesquiera de ellos no acuda al aviso que se le dé, deberá poner en inmediata libertad al infractor, una vez concluido su arresto y/o pagada su multa; y XVIII. Las demás atribuciones que le confieran este Reglamento y otros ordenamientos. Como se advierte los Jueces Calificadores son parte de la estructura orgánica de un Municipio y, por ende, es de naturaleza administrativos, quienes son los encargados de conocer de las conductas antisociales y sancionar las faltas administrativas conforme al Código Reglamentario Municipal. Y si bien el impetrante también reclama dicha orden de arresto administrativo al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla y al Secretario de Seguridad y Tránsito Municipal, lo cierto, en principio, que estas también forman parte de la administración pública centralizada Estatal y Municipal, respectivamente, y en segundo términos, dichas instancias en conformidad a los artículos 48 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla y 12 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Puebla, estas carecen de facultades para emitir dichas órdenes. Lo anterior, sin perjuicio de que en la fracción XXXIII del primero de los preceptos citados se faculte al Secretario de Seguridad Pública de la Entidad a imponer y aplicar medidas preventivas o de seguridad y sanciones administrativas, en los ámbitos de su competencia y con sujeción a las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables, así como promover la aplicación de las que correspondan a otras autoridades, con relación a los asuntos de su despacho; ya que aquellas también les correspondería la naturaleza administrativa. Lo anterior, con independencia de las facultades que les pudieran corresponder como autoridades ejecutoras. De ahí que este órgano jurisdiccional, en razón de su especialidad, carece de competencia legal para conocer y resolver este asunto respecto a dicha orden, en virtud de que éste no es de carácter penal, sino, administrativa En efecto, en términos de los artículos 10 y 12 del Acuerdo General 23/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se determinó que este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla conocerá de los asuntos a que se refiere el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Del numeral transcrito se puede observar que los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal conocerán de los asuntos siguientes: a) Contra resoluciones judiciales del orden penal, lo que implica que el caso debe ser materialmente jurisdiccional y que la autoridad debe ser específicamente judicial. b) Contra actos que afecten la libertad personal, con independencia de la naturaleza de la autoridad que emita el acto reclamado si éste tiene como consecuencia la afectación de la libertad personal de la parte quejosa, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o medidas de apremio impuestas fuera del procedimiento penal. c) Contra actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. d) Contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito. e) Contra leyes o incumplimiento de declaratorias de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionadas con normas generales en materia penal. En el caso, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado antes precisado se advierte que el mismo no se ajusta a alguno de los supuestos establecidos en el numeral citado, ya que el mismo no constituye una resolución judicial del orden penal, si no se trata de una corrección disciplinaria fuera de procedimiento penal. En ese contexto, se estima que los actos combatidos por esta vía no corresponde conocer a un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, sino a un Juez Especializado en Materia Administrativa de este Circuito, razón por la cual este juzgado declara carecer de competencia legal para conocer de la presente demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase el original del juicio de amparo formado con la demanda de amparo al Juez de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en Turno en el Estado de Puebla, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común correspondiente, para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes manifieste si acepta o no la competencia en términos del numeral en cita. Así mismo, solicítese se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente. Fórmese, con las constancias necesarias, el expedientillo de amparo respectivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir sus notificaciones el que indica en su demanda de amparo y por autorizado únicamente en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Luis Ramírez Téllez, quien tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y, en términos del artículo 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo a Areli Lima Rojas, toda vez que no cuenta con el registro de su cédula profesional inscrita en dicho Sistema Computarizado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,898 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano